ALEJANDRA ORTEGA...DE AQUÍ Y DE ALLÁ

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2010-11-24T05:44:00.000-08:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

INCONGRUENCIA “LEGÍTIMA”

Es enfermiza la obsesión del frustrado ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, por arribar al poder a como dé lugar, aún a costa de seguir dividiendo a los mexicanos en el momento en que más deberían estar unidos, tanto por la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana, como por los graves problemas de crisis financiera, de valores y de seguridad que prevalecen en el país.

A esa maniquea actitud que no ha cesado desde hace casi 10 años se le podría calificar como una “incongruencia legítima” característica del ex dirigente del PRI en Tabasco, del ex dirigente nacional del PRD y del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien ante su inesperada derrota de 2006 –y digo inesperada para él y para los suyos- perdió la razón, y en su locuaz soberbia de no aceptar la realidad no ha vuelto a tocar el piso.

Las incongruencias del señor López Obrador comenzó desde hace muchos años, cuando como jefe de gobierno capitalino consideró –a la Hugo Chávez- que el haber sido electo como gobernante del Distrito Federal equivalía a una patente de corso para violar cuantas leyes se atravesaran en su camino.

De ahí surgió la polémica por el desafuero, del que los perredistas culparon al entonces presidente Vicente Fox, a quien por ser del PAN suponían que le interesaba –y por supuesto que así era- sacar del camino al tabasqueño para hacer más fácil el triunfo para su partido en la elección presidencial de 2006. Lo que nunca quisieron reconocer es lopezobradoristas es que el intento de desafuero que por presiones políticas y sociales nunca se llevó a efecto, no hubiera tenido razón de ser si antes el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal no hubiera violado las leyes en perjuicio de particulares. Había “un compló”, decía él.

También como encargado del gobierno en la capital del país, fue exhibido de manera indirecta porque su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, era viajero frecuente a Las Vegas, donde apostaba y daba jugosas propinas presuntamente con dinero del erario público, mientras que otro de sus más cercanos, el entonces delegado Carlos Imaz y el entonces asambleísta René Bejarano, fueron captados también en sendos videos recibiendo dinero del corrupto empresario de origen argentino, Carlos Ahumada Kurtz.

Su campaña a la Presidencia de la República comenzó cuando menos cuatro años antes que la del ahora presidente, Felipe Calderón Hinojosa, pero a nadie se le ocurrió acusarlo de actos anticipados de campaña, so pena de haber sido linchado por sus incondicionales, tan irascibles, irracionales e intolerantes como su propio líder.

Como candidato presidencial, López Obrador no admitió nunca consejos ni de sus más cercanos ni de las dirigencias nacionales de los partidos que se dicen de izquierda que lo apoyaban. Siempre se creyó por encima de todo y de todos. Por eso en algún momento se dio el lujo de no atender invitaciones a distintos medios de comunicación y fue el único de los aspirantes presidenciales que en televisión nacional se negó a contestar un muy simple cuestionario sobre la historia de México con el argumento de que esa entrevista no formaba parte de su estrategia.

Por eso, el autodenominado “rayito de esperanza” también rechazó acudir al primer debate entre los candidatos presidenciales, pues aseguraba que su ventaja en las encuestas, las que él mandó hacer, era de 10 puntos y ya nada más debía conservarlos; poco después, a regañadientes accedió a acudir al segundo debate, donde fue superado por Felipe Calderón y al final dio una serie de pataleos con acusaciones escandalosas que después se demostró, eran verdades a medias y mentiras completas.

Usted recordará, que la dirigencia nacional del PRD ofreció entregar las pruebas de la supuesta vinculación de la familia de la esposa de Calderón, Margarita Zavala en negocios con la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos (Pemex). El día pactado, López Obrador envió al Comité Ejecutivo Nacional del PAN varias cajas de archivo que sólo contenían unos cuantos folders y un disco compacto, con copias sin ningún valor legal. Los panistas tuvieron el buen tino de abrir las cajas en el mismo momento ante la prensa.

Ya el día de la elección, el candidato del PRD, del PT y de Convergencia se declaró virtual ganador antes de tiempo. En la madrugada el conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) le dio un revés del que nunca se recuperó. Su respuesta, acusaciones de fraude, manifestaciones, tomas, bloqueos y la intención de no permitir la toma de protesta de Calderón Hinojosa.

En aquella ocasión, hasta sus propios representantes de casilla en un municipio de Guanajuato fueron acusados de supuestamente introducir votos a favor del PAN en dos urnas. Después se confirmó que no existió anomalía alguna y el tabasqueño perdió a los primeros cuatro o cinco desencantados ex simpatizantes, de los millones que ha perdido en los años subsecuentes.

Los berrinches de López Obrador y sus incondicionales llegaron al extremo de ordenar callar las campanas de la Catedral de la Ciudad de México y golpear a los feligreses, porque desde su perspectiva, formaban parte de un “compló” en su contra porque tañieron las campanas para evitar que se escuchara su discurso en el Zócalo capitalino. Siendo ex jefe de Gobierno del Distrito Federal por más de cinco años, nunca reparó en pensar que era el tradicional llamado a la misa de las 12:00 horas.

Tal fue la cerrazón de un grupo cada vez menor de personas, así como la exigencia de un recuento “voto por voto” que no existía en la ley y que de llevarse a cabo implicaría la anulación de la elección, que malamente, PAN y PRI aceptaron, pocos meses después, una reforma electoral con las exigencias del frustrado aspirante a presidente, entre ellas, la de adelantar de manera injustificada el relevo de los miembros del Consejo General del IFE.

Dichas reformas derivaron en una especie de “ley mordaza” que desde entonces ha sido fuertemente criticada como un grave ataque contra la libertad de expresión, y es que el tabasqueño se quejaba del daño que le hicieron las campañas pagadas por empresarios para calificarlo como “un peligro para México”. La respuesta del Poder Legislativo, plagado entonces de simpatizantes del tabasqueño, fue prohibir de manera tajante que particulares que no pertenezcan a los partidos políticos o sean candidatos de alguno de ellos puedan expresar libremente su opinión a favor o en contra de determinados candidatos en los medios de comunicación.

En tanto, el aludido se autoproclamó como “presidente legítimo” de México, en un ridículo acto con sus incondicionales y se fijó, según dice él, un sueldo de 50 mil pesos mensuales, sin contar con que obligó a los senadores y diputados del PRD, del PT y de Convergencia, así como a gran parte de la militancia de dichos partidos a colaborar para el sostenimiento de él y su patético gabinete.

La ilusa idea de López Obrador resultó de plano un fracaso, mismo que ha reconocido de manera tácita al anunciar que nuevamente buscará la Presidencia de la República en 2012, una incongruencia más en su ya muy larga lista de falacias. ¿Pues no que ya era “presidente legítimo”? ¿Será que ahora ya está a favor de la reelección? ¿Va a pedir licencia al supuesto cargo público que ahora ostenta y por el que cobra, para contender por un puesto al que él mismo pretendió restarle legitimidad?

Cosas muy extrañas suceden en la cabeza de este señor, pues todo indica que con tal de cumplir su capricho del momento es incluso capaz de faltar al respeto a sus propias proclamas.

Sin embargo, las inconsistencias de su actuar y su decir no paran ahí. Ahora resulta que después de que fue directa, indirectamente también, impulsor de las cuestionadas reformas electorales hoy vigentes que tienen hoy al IFE en el peor momento de su historia, el supuesto “presidente legítimo” se ha anunciado abiertamente como candidato presidencial por el PT, algo que en la legislación electoral actual está sumamente penado, más penado que nunca.

Lo peor del caso es que el nuevo Consejo General del IFE, tal vez por el miedo de la posibilidad de caer, igual que sus antecesores en la viperina lengua del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, no determinaron aplicar sanciones contra éste por los evidentes actos anticipados de campaña como candidato presidencial del PT, lo que se supone que debería ser sancionado con la pérdida automática del registro.

Ya existen antecedentes de esto, a Freyda Maribel Villegas Canché, candidata del PAN a la diputación federal por el Distrito 3 de Quintana Roo, se le canceló su registro como candidata porque promovió su imagen en radio y televisión antes del inicio del proceso electoral. ¿Entonces porque los consejeros electorales del IFE se aterraron con las amenazas de López Obrador y no lo sancionaron?

Si la absurda legislación electoral que supuestamente tendría por objeto evitar “campañas negras” se aplica, tal como en su momento lo pidió el ahora candidato petista, entonces lo lógico sería que éste pierda el registro antes de la elección presidencial de 2012, lo que seguramente implicaría una vez más en una intentona del mesiánico personaje por desestabilizar al país. ¿Con su “legítima incongruencia”, será que éste señor ha dejado de ser un peligro para México?

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2010-09-14T14:26:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

LOS GOBIERNOS DE LAS DEUDAS

Caótico fin de año se anticipa para el gobierno de Michoacán y el Congreso del Estado. Como un acto más que confirma la desvergüenza con que en el plano financiero han trabajado los gobiernos perredistas en la entidad, el secretario de Finanzas y Administración, Humberto Suárez López, acaba de solicitar un nuevo endeudamiento público que se ha denominado con el rimbombante nombre de “reestructuración de la deuda”.

De acuerdo con fuentes del Poder Legislativo, el monto que se solicita es por la nada despreciable suma de los 5 mil millones de pesos, para casi duplicar la deuda pública que actualmente tiene Michoacán y que suma pasivos por 6 mil millones de pesos a mediano y largo plazo y deudas por otros mil millones de pesos a corto plazo con proveedores.

Es decir, hasta la fecha los gobiernos perredistas de Michoacán han endeudado al estado con 7 mil millones de pesos, y no conformes con ello, ahora pretenden elevar la suma hasta los casi 12 mil millones de pesos, para un estado que en este 2010 ejerce un presupuesto por 41 mil 150 millones de pesos.

Ya fue bastante complicado el fin del año pasado, cuando ni el Ejecutivo estatal ni varios ayuntamientos del estado contaban para los pagos de los aguinaldos de sus muy infladas nóminas, en algunos casos ni para los pagos de las quincenas de sus trabajadores, ya sea de base o de confianza, para el mes de diciembre.

El pretexto en aquella ocasión fue que las participaciones federales no llegaron ni en el tiempo ni en los montos que se esperaban, sobre todo por la caída en la producción petrolera y la prácticamente total inexistencia de los excedentes petroleros a los que los gobiernos de todos los niveles se habían acostumbrado en años anteriores.

Con el argumento de salir a la defensa de los pobres municipios con sus inexpertos tesoreros y contralores municipales que no supieron prever ni atender la contingencia, el gobierno de Michoacán encabezó una suma de esfuerzos con el Congreso del Estado y la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) para buscar mecanismos que permitieran resolver las graves adversidades financieras que enfrentaban los ayuntamientos michoacanos.

El resultado fue una solicitud de un crédito por 1 mil 500 millones de pesos para que los novatos presidentes municipales pudieran pagar desde aguinaldos hasta nóminas. Lo curioso del caso es que de esa suma sólo 300 millones eran para los ayuntamientos y los otros mil 200 para la administración estatal, que hizo hasta lo imposible para tratar de ocultar a los medios de comunicación que su situación era similar, pero peor a la de los gobiernos municipales.

No conformes con la amarga experiencia de diciembre de 2009, en los primeros meses de 2010 el Ejecutivo estatal, otra vez con su grupo de “expertos” encabezados por Humberto Suárez, se inventó otro mecanismo para apoyar a los ayuntamientos que venían arrastrando deudas del pago de aguinaldo y de la falta de pago a proveedores de finales del año anterior.

Así, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa para adelantar a los municipios hasta el 25 por ciento de sus recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), pagaderos, igual que los 1 mil 500 millones de pesos anteriores, a más tardar el 31 de diciembre del próximo año, con la noble intención de no dejar deuda a las próximas administraciones, ni a la estatal ni a las municipales.

Y ahora resulta que tan sólo unos meses después, cuando aún no se hace el balance del impacto que tuvieron en las finanzas estatales y municipales los créditos y anticipos de aportaciones federales, pero tampoco se ha revisado por parte de la ASM cómo, dónde y de qué manera se aplicaron los recursos obtenidos por esos medios, el gobierno de Michoacán apareció casi de manera intempestiva para en los últimos meses del año decirle al Poder Legislativo que otra vez los recursos no le alcanzan.

En el colmo de la desvergüenza, y como si las experiencias anteriores de nada les hubieran servido, Humberto Suárez, secretario de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal por nueve años consecutivos, citó a reuniones extra-urgentes a los grupos parlamentarios del PRD, del PAN y del PRI en el Congreso del Estado, así como a los diputados únicos del PVEM, del PT, de Convergencia y de Nueva Alianza, para informarles que otra vez la administración estatal está en dificultades económicas.

Ahora lo que no conocemos aún es el pretexto. Este año no ha habido dificultades con las participaciones federales, tampoco las ha habido con los excedentes petroleros que por errores de planeación, por irresponsabilidad, por inconsciencia, de gobiernos estatales y municipales son desgraciadamente utilizados para inflar el gasto corriente, y no para la inversión en obras y acciones pública, que era su supuesto objetivo.

El funcionario estatal pidió total discreción a los diputados locales sobre los motivos del nuevo desastre financiero del gobierno del estado de Michoacán, pero como es sabido, ni todos los políticos, ni todos los diputados, ni todos los funcionarios estatales tienen palabra de honor, y lo que se ha logrado filtrar en los pasillos del Palacio Legislativo es que el Ejecutivo estatal tiene deudas a pagar en el corto plazo que dificultan su operación financiera para los próximos meses.

De ahí surgió el argumento de que habrá una reestructuración supuesta de la deuda, con la solicitud de un nuevo empréstito por 5 mil millones de pesos y la redefinición de los plazos a 25 años, con lo que supuestamente la carga financiera sería menor para los próximos gobiernos estatales. Lo que nunca dicen, es que igual que pasa con la compra de un auto o de una casa, entre más largo sea el plazo para pagar mayor será el monto real a erogar. A veces se paga el doble o más del valor real del crédito obtenido originalmente.

Por si todo lo anterior fuera poco, cada determinado lapso de tiempo entre los partidos políticos de oposición, tanto en sus dirigencias como en sus grupos parlamentarios, surgen comentarios y dudas muy bien fundadas acerca de cómo ha aplicado el Ejecutivo estatal los 6 mil millones de pesos que la LXX Legislatura le aprobó al “gobierno diferente” del perredista Lázaro Cárdenas Batel.

En aras de la continuidad, el también gobierno perredista de Leonel Godoy Rangel, que ahora dice que “trabaja”, no sólo no ha disminuido la deuda pública de Michoacán, sino que ha logrado incrementarla a los alrededor de 7 mil millones de pesos que suma actualmente.

Tal vez en la lógica del PRD esa es la continuidad en las acciones de gobierno, y si se aprueban los otros 5 mil millones de pesos que ahora han solicitado, convertirán a Michoacán en una de las 5 entidades federativas más endeudadas del país. Ello no sería malo si el número de recursos con que el estado cuenta en su presupuesto estuviera también entre los 5 mayores del país. Desgraciadamente no es así, y Michoacán no está ni entre los 15 estados con los mayores ingresos de México.

A estas alturas y en las actuales circunstancias, la lógica (no la perredista, sino la común) indicaría que los diputados locales inteligentes, decentes y responsables se opondrían de manera tajante a la posibilidad de aprobar un nuevo y multimillonario endeudamiento público del estado que les vio nacer, que pensarían en las futuras generaciones y se opondrían a la realidad de no heredar ni leyes de vanguardia, ni obra pública ni una deuda que les implicaría una severa parálisis parcial de su gobierno estatal.

Lamentablemente todo indica que no será así. Si es que puede haber un nuevo colmo para la desgracia financiera que acompaña a Michoacán en los últimos nueve años de gobiernos emanados del PRD, en el Congreso del Estado también existe un grave problema financiero que aunque no alcanza las dimensiones de la contingencia en el Ejecutivo si es delicado para la operatividad del Poder Legislativo.

Estamos a unas horas de que en la LXXI Legislatura se presente una solicitud de ampliación presupuestal, porque ahora resulta que a los diputados tampoco les alcanzaron los recursos que ellos mismos se aprobaron para este 2010 por el orden de los 430 millones 646 mil pesos, y que representan solo un poco más del 1 por ciento de los recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos de Michoacán para este año.

También les ocurrió a los legisladores de todos los partidos a finales del año pasado, que por quedar bien con la opinión pública, que los condenaba por pedir un presupuesto superior a los 460 millones de pesos, decidieron recortar sin mayor análisis 30 millones de pesos que ahora les hacen falta y otros 20 con los que se han comprometido, de manera inexplicable en estos momentos, para homologar sueldos de sus trabajadores de confianza con los empleados estatales.

Deben pensar que los michoacanos no tenemos memoria, pero los representantes populares se comprometieron a hacer recortes de personal, sobre todo de personal de confianza, porque en su plantilla de personal que ronda por las 700 plazas, sobraban alrededor de 100 trabajadores. Hasta la fecha no han cumplido, de la misma forma que no lo ha hecho el gobierno de Michoacán justamente con su compromiso de principios de año en el mismo sentido.

En resumen, el Congreso del Estado está prácticamente comprometido a aprobar el desmedido endeudamiento del gobierno perredista de Michoacán para que logre pagar las elevadas deudas que de manera por lo menos sospechosa ha contraído, porque de no hacerlo corre el enorme riesgo de tampoco tener recursos para solventar sus gastos de octubre en adelante.

No cabe duda, con las malas administraciones y pésimas decisiones, Michoacán vive hoy el peor desastre financiero de su historia.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2010-08-04T21:47:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

AMLO Y SU CAMPAÑA DE MENTIRAS

Insulta a la inteligencia de los mexicanos el hecho de que el mesías tropical de Andrés Manuel López Obrador haya anunciado una vez más, en su mitin-asamblea-destape de hace unos días en el Zócalo de la Ciudad de México que competirá por segunda vez por la Presidencia de México en la elección de 2012.

La primera pregunta que surge es: ¿No que él ya era presidente “legítimo”? Si de verdad el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal fuera un demócrata como presume, lo primero que haría sería recordar una de las frases célebres más recordadas de Francisco I. Madero, quien proclamaba como lema de campaña presidencial el “sufragio efectivo, no reelección”.

Nadie sensato podría encontrar una pizca de seriedad en el discurso de López Obrador, quien ahora más que nunca se mostró mesiánico, incongruente, simplista y mentiroso. Engañó a su público, por cierto, un público más que predispuesto a ser engañado, con verdades a medias y mentiras completas, como nos tiene acostumbrados a todos los mexicanos.

Es imposible, leyendo y releyendo su discurso, que podamos encontrar en el tabasqueño a un político de izquierda, mucho menos a un estadista o a un aspirante serio al poder público. Lo que todos pudimos ver fue a un político que ha dejado crecer su encono y su resentimiento desde su derrota de 2006 y propone cambiar a México con medidas absurdas, ilógicas, irrealizables.

Sería bueno que el fracasado ex candidato presidencial tuviera al menos un poco de seriedad para informar cuánto costó el acarreo de personas desde varios puntos del país, quién pagó la organización, la logística, las mantas de apoyo, porque de otra forma sólo nos demuestra que no es honesto, que es incongruente al criticar por años el acarreo de otros y al no mirar la viga en el propio ojo.

López Obrador se siente el único capaz de ordenar, decidir y dictar a sus seguidores cuáles son sus designios para alcanzar sus deseos personalísimos, para saciar su sed de poder con el apoyo de una masa de acarreados que sólo decían sí a todo lo que decía el político recientemente evidenciado por sus reuniones con representantes del gobierno de Estados Unidos durante su campaña presidencial de hace unos años. ¿Esa es la democracia desde su perspectiva?

El mitin para autodestaparse nuevamente como aspirante a la Presidencia de la República se realizó frente al Palacio de Gobierno del Distrito Federal, a decir de analistas nacionales, con la intención de mandar un mensaje claro al actual jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, emanado también del PRD, en el sentido de afirmar que el único candidato posible de la izquierda mexicana es AMLO y al mismo tiempo desconocer los acuerdos de unidad y de civilidad que han pretendido realizar los diversos partidos de izquierda en el país.

Dice en el libro que como parte de su campaña presenta en diversos puntos del país, que existe un grupo de 30 potentados que son responsables de la “tragedia nacional” de que él no gobierne a México. ¿Se referirá sólo a políticos del PRI, del PAN y del PRD o también hará referencia a partidos familiares como el PT, el PVEM, Nueva Alianza y Convergencia, algunos de los cuáles lo han apoyado incondicionalmente por los pocos, pero seguros votos que representa actualmente?

Cuando de transparencia habla el señor López Obrador, lo primero que debería hacer sería transparentar los recursos de los que viven él y su familia en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, así como aquellos que utilizan tanto él como su hijo en viajes de placer y los recursos para mantener su campaña por todo el país.

En su discurso, el frustrado político propone una renovación tajante, una auténtica democracia y el renacimiento de México, al mismo tiempo que cuestiona el desempeño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que califica como un grupo de magistrados que se comportan como “jueces de consigna”.

Por eso, siguiendo las enseñanzas del dictador de Venezuela, Hugo Chávez, el mesías tropical propone que los integrantes de la Suprema Corte se elijan de manera democrática y fundar una nueva República con la gente más afín a su proyecto de gobierno, que no son más que su más cercano grupo de colaboradores. ¿Se referirá a su brazo derecho, René Bejarano; a su ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce; su chofer Nicolás Mollinedo Bastar; al ex delegado de Tlalpan, Carlos Imaz Gispert y a toda su parentela misteriosamente enriquecida?

Para seguir con su lista de locuras, Andrés Manuel López Obrador vuelve a parafrasear a su ídolo Hugo Chávez y amenaza con recuperar la riqueza y los bienes públicos que a su muy particular parecer han sido concesionados ilegalmente, como es el caso de la minería, la industria eléctrica y la petrolera. Es decir, que al igual que el dictador venezolano pretende arrebatar sus bienes a los particulares, lo que suena atractivo para quien no lo ha trabajado o no lo ha ahorrado y a estas alturas no tiene nada, pero preocupante no sólo para los grandes empresarios, sino para los particulares que por años trabajan de sol a sol para tener un patrimonio y generar algo que puedan heredar a sus hijos.

En tanto, a los medios de comunicación los amenaza con “democratizarlos”, que es otro término de Hugo Chávez que no quiere decir otra cosa que serán expropiados en beneficio del Estado para no sólo acabar con las libertades básicas de la democracia, sino hasta con la libertad de expresión, como pasa en Venezuela.

Pero el tabasqueño no se queda ahí, asegura que durante su gobierno no se venderá un solo barril de petróleo al extranjero, pues asume que será presidente, aunque no aclara si será electo constitucionalmente o sólo se autodesignará “presidente legítimo” por seis años más, pero también anticipa que México no ocupará de los mercados internacionales para mover su economía, que el petróleo se procesará sólo en las pocas refinerías que existen o que dejará de invertir en algún rubro importante del presupuesto para construir las refinerías que faltan en el país y que la nación puede vivir sin las divisas que generan los hidrocarburos.

Sumado a lo anterior, López Obrador promete no crear nuevos impuestos y a no elevar los ya existentes. ¿Cómo podría sobrevivir una economía basada en un proyecto de ese nivel de locura, sin ingresos petroleros, sin ingresos tributarios, sin medios de comunicación libres y sin empresas que compitan libremente en el mercado por ofrecer los mejores precios o los mejores servicios?

Por si eso fuera poco, asegura que parte de la causa de la crisis económica mundial es el hecho de que se haya convertido la codicia en virtud, que el dinero se ha elevado a rango supremo y se ha inducido la creencia de que se puede triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole.

¡Qué curioso que lo diga!, porque justamente es él quien codicia el poder, el que vive lujosamente a escondidas de sus seguidores, el que dice que es válido triunfar a cómo dé lugar, y si no gana por la buena, pues basta con autodesignarse ganador aún a costa de la estabilidad y gobernabilidad de un país.

¿Se habrá mordido la lengua al decir todo esto? ¿Por qué nunca ha aclarado de manera fehaciente de dónde saca los recursos con los que viven él, su familia y sus colaboradores más cercanos, quienes hacen las veces de managers de un profesional del mundo del espectáculo? ¿Por qué nunca dice de dónde saca los recursos para el acarreo de personas al Zócalo de la Ciudad de México?

¿Será que después de tantos bandazos que ha dado a lo largo de los últimos cinco años todavía hay quien le crea? Las encuestas dicen que sí, pero que son menos cada vez.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2010-08-04T21:43:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

¿AJUSTES O DESAJUSTES?

Los recientes relevos en el gabinete del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que constituyeron el ajuste número 18 en lo que va de la actual administración federal, han desatado una serie de especulaciones en los diferentes medios de comunicación nacionales, muchos de los cuáles especulan sobre las causas de las salidas y enroques en el gobierno federal.

El caso que más llama la atención, por supuesto, es el de la salida de Fernando Gómez Mont de la Secretaría de Gobernación, cuando en los hechos había sido tal vez el más solvente, serio y comprometido con la política interior de México de los secretarios de Gobernación con los que ha contado el país en los últimos años.

Sobre los motivos que originaron su renuncia, la mayoría de las especulaciones que se han vertido, con claros fines partidistas, son en el sentido de que había perdido su capacidad de interlocución con los distintos partidos políticos a raíz del incumplimiento hecho con la dirigente nacional del PRI y sus diputados federales para que se aprobaran el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de este año a cambio de que el PAN no hiciera alianzas con el PRD en aquellos estados en los que en 2004 hubo elecciones locales.

Algunos otros especulan respecto del fastidio que ya tenía el prominente abogado en torno a las presiones recibidas no sólo de los actores políticos de oposición, sino hasta del propio partido al que él mismo ayudó a fortalecer por varias décadas, lo que incluso derivó en su renuncia a su militancia panista.

Lo cierto es que ni los bandazos del dirigente nacional del PAN, César Nava Vázquez, ni la falta de respaldo que en ocasiones tuvo de la Presidencia de la República, sumados a la sistemática crítica de la oposición y los recientes procesos electorales que derivaron en una enfurecida reacción priísta que ya se regodeaba con la posibilidad de ganar las 14 elecciones locales del pasado 4 de julio, pusieron a Gómez Mont ya no a dos fuegos, sino en una encrucijada compleja que le restaba autoridad y la posibilidad de fomentar el diálogo para lograr la gobernabilidad en el país.

Así las cosas, quien más gana con el relevo en la Secretaría de Gobernación es el propio Fernando Gómez Mont, quien nunca ha sido del grupo calderonista y a quien se le veía sonriente en el acto donde el presidente Calderón anunció los relevos y enroques en su administración, porque con su trayectoria no tiene necesidad de un desgaste de tales dimensiones en el que incluso se puso en la mira hasta de grupos delincuenciales a los que institucionalmente tuvo que retar, enfrentar y advertir en diversas ocasiones, al mismo tiempo que algunos sectores de la población y actores políticos le vigilaban y criticaban cualquier paso que daba o postura que asumía.

El gran perdedor es México, porque en su lugar se designó, como cuarto secretario de Gobernación en lo que va de la administración de Felipe Calderón, a José Francisco Blake Mora, panista y amigo del presidente que hasta hace unos días se desempeñaba como secretario de Gobierno en Baja California, estado en el que deja el antecedente de que el PAN perdió no sólo el gobierno estatal, sino el Congreso del Estado y todos los ayuntamientos.

Si bien, entre los partidos de oposición hay desconcierto por el bajo perfil del nuevo secretario de Gobernación, los más preocupados son los propios militantes de Acción Nacional, quienes no se explican cuál es el motivo por el que se le designa en el cargo y sólo encuentran que es amigo del mandatario federal, con quien compartió la 58 Legislatura de 2000 a 2003.

El segundo enroque en importancia es la renuncia de Gerardo Ruiz Mateos a la Secretaría de Economía para reincorporarse a la Oficina de la Presidencia de la República. Su salida obedece más bien al otro ajuste por la salida de Patricia Flores Elizondo del círculo más cercano a Calderón Hinojosa.

De ella se menciona que es una especie de dictadora que llegó a tener tal control de la Oficina de la Presidencia que incluso se confrontó con un buen número de miembros del gabinete presidencial, porque trataba de mantenerlos lo más alejados posible del presidente de la República. Una labor ineficaz la de la funcionaria, sobre todo por darle trabajo a su esposo, quien cobraba incluso más que ella, y por tener a su madre y hermanas trabajando en puestos clave de la administración federal.

Contrario a lo ocurrido con Gómez Mont, a Patricia Flores se les observaba con el rostro desencajado en aquél acto que se anunciaron formalmente los ajustes en el gabinete de Felipe Calderón, mientras que Ruiz Mateos se mantiene en el primer círculo del presidente de la República y su regreso confirma que es una de las personas de mayor confianza del mandatario.

“Confianza” es justamente la palabra clave, motivo por el que Bruno Ferrari de Alba, compañero universitario de Calderón, ha sido nombrado como secretario de Economía, después de ser director de Pro México, organización de la sociedad civil que ha sido calificada como “fatua” y falta de compromiso.

Lo anterior ha despertado un marcado descontento entre el sector empresarial, donde se ha criticado su falta de perfil, igual que pasó en su momento con el propio Ruiz Mateos, aunque con la observación de que ahora los empresarios dicen que preferirían al ahora titular de la Oficina de la Presidencia porque ya había rebasado la curva de aprendizaje.

Hablando de la confianza, todo hace indicar que Felipe Calderón está claramente ávido de contar en su gabinete con la mayor cantidad de personajes de su confianza que lo rodeen y lo respalden. Sus motivos tendrá, pero ha sido muy criticado por ello.

Tal vez es por ello que en la residencia oficial de Los Pinos destacó las virtudes de Blake Mora al calificarlo como “político legal, práctico y eficaz”, a quien le encargó como papel fundamental el enfrentar de manera decidida el problema de la violencia y al crimen organizado, mientras que a Ruiz Mateos le pidió una revisión y reestructura puntual de la Oficina de la Presidencia para que incremente su eficiencia y a Ferrari de Alba le recomendó en todo momento apoyar la economía de las familias mexicanas y promover la inversión, además de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, sin descuidad la necesidad de profundizar en materia de comercio internacional.

DE AQUÍ DE ALLÁ

2010-08-04T21:41:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

¿FUNCIONARON LAS ALIANZAS ELECTORALES?

En términos reales, las alianzas electorales entre el PAN y el PRD en distintos puntos del país funcionaron, al menos para lo que verdaderamente eran, pues su objetivo real era el de impedir la anunciada victoria arrolladora del PRI y sus gobernadores, encabezados por el mandatario del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

Muchos cuestionaron las alianzas entre la derecha, representada por Acción Nacional y encabezada por el moreliano César Nava Vázquez, y la izquierda, encabezada por el sol azteca y presidida por el nativo de Aguascalientes, Jesús Ortega Martínez, quienes en un hecho sin precedentes y aún contra las voces de líderes internos de sus partidos, decidieron coaligarse para reducir en la medida de lo posible ser aplastados electoralmente por el tricolor.

Para nadie es un secreto que lo que estuvo en juego en la jornada electoral del 4 de julio en 14 estados del país, no sólo fue la elección de 12 gobernadores, decenas de diputados locales y cientos de presidentes municipales, sino la reconfiguración del mapa político de cara a las campañas presidenciales de 2012.

El PRI apostaba a ser una aplanadora que dejara sin esperanzas a sus contrincantes políticos y que le planchara el camino para regresar victorioso a la Presidencia de la República que desocupó en el 2000; tenía amplias esperanzas de conservar los nueve estados que ya gobernaba y recuperar los tres que había perdido en elecciones anteriores.

Concentraron los priístas sus esfuerzos en Aguascalientes y Tlaxcala, dos estados gobernados por el PAN, así como en Zacatecas gobernado por el PRD; aprovecharon la inmejorable coyuntura que les brindaron los panistas en Aguascalientes, que con sus conflictos internos por la inconformidad del grupo en el poder con el candidato designado por la dirigencia nacional dejaron abierta la puerta a la oposición.

En Tlaxcala, las anteriores elecciones intermedias habían estado mucho muy reñidas, así que bastó la operación política de Peña Nieto y algunos de sus principales colaboradores, algunos de ellos gobernadores de estados vecinos, para inclinar la balanza a favor del tricolor y obtener un triunfo, aún con un muy cerrado margen.

Por lo que se refiere al caso de Zacatecas, la gobernadora perredista Amalia García Medina hizo un mal gobierno, al estilo del gobierno “que trabaja” en Michoacán, y tomó malas decisiones; su injerencia en la designación de su candidato en Zacatecas y sus pugnas con el ahora senador del PT, Ricardo Monreal Ávila, así como la solidez de la estructura priísta, fueron justamente lo que el PRI necesitaba para apoderarse de ese otro estado.

Hubo otros casos que llamaron la atención, como Durango, donde presuntos miembros de la Confederación Nacional Obrera y Popular (CNOP), organización de inminente filiación priísta, robaron 40 urnas que, a decir de Jesús Ortega, podrían inclinar los resultados a favor de la alianza conformada por el PAN y el PRD.

En Veracuz, el PRI, encabezado por su gobernador Fidel Herrera Beltrán, a quien se acusó constantemente de esperaba una aplastante victoria en contra de la alianza del PAN y PRD; en las semanas previas a la elección se sumaron apoyos a favor del candidato opositor y sus bonos subieron; se especuló sobre la posibilidad de que el candidato de Convergencia, el eterno Dante Delgado Rannauro, declinara también a favor de la campaña encabezada por el blanquiazul, pero no fue así.

Al término de la jornada electoral, eso no ocurrió y favoreció al candidato de la otra alianza, la del PRI y la del PVEM, así como de uno de los mandatarios estatales que se conducen a la vieja usanza priísta, quien semanas antes había sido denunciado en medios de comunicación nacional por presuntamente ordenar el desvío de recursos públicos a las campañas de los abanderados del tricolor, de lo cual existen supuestas grabaciones de conversaciones telefónicas que lo confirman.

La diferencia que tiene hasta el momento el PRI, respecto del PAN y del PRD es de 12 puntos, justo la cantidad de votos que obtuvo el candidato de Convergencia que en el último momento se negó a declinar como en su momento había ofrecido, según los enterados. Con lo habilidoso que es Dante Delgado, no sería de extrañar que desde un principio haya trabajado para los priístas, ¡claro!, a cambio de algo.

En contraparte, el tricolor perdió tres estados que por el número de votantes y por los cacicazgos imperantes desde principios del siglo pasado eran muy importantes para la estrategia de Enrique Peña Nieto rumbo a la Presidencia de la República.

Oaxaca, Puebla y Sinaloa, tres entidades que nunca en la historia había perdido el PRI, ya no serán más gobernadas por los Murat Casab, los Ulises Ruiz, los Mario Marín (“El Gober Precioso”), los Francisco Labastida, los Jesús Aguilar Padilla. Ahí es donde los efectos de las alianzas tan extrañas entre derecha e izquierda se hicieron más patentes y donde ahora César Nava y Jesús Ortega pretenden justificar sus decisiones.

En el caso de Oaxaca, encabezados por el candidato de Convergencia, Gabino Cué, quien durante 10 años ha buscado la gubernatura del estado, los aliancistas lograron derrocar al PRI después de más de ocho décadas, mientras que en Puebla el voto de castigo favoreció al abanderado del PAN y del PRD, Javier Moreno Valle; y, en Sinaloa, se registró un fenómeno similar al de Sonora, donde después de décadas de inmovilidad y de falta de resultados de los gobiernos priístas, la sociedad determinó votar por una opción distinta para gobernar.

En términos cuantitativos simples, todo parecería indicar que las cosas quedaron igual que antes de la elección para el PRI, pues llegó a la jornada electoral con nueve gubernaturas y se quedó con la misma cantidad; conservó seis, ganó tres y perdió otras tres. Sin embargo, al hacer un análisis más profundo y dejando de lago las declaraciones triunfalistas de la dirigente nacional del tricolor, Beatriz Paredes Rangel, y del propio gobernador mexiquense, Peña Nieto, es claro que el priísmo sufrió un ligero retroceso.

Las tres entidades federativas que perdió el PRI, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, cuentan con 9.8 millones de votantes potenciales, mientras que las tres que ganó, Tlaxcala, Aguascalientes y Zacatecas, aglutinan a sólo 2.7 millones de votantes. Es decir, que las alianzas entre el PAN, el PRD y alguno que otro partido pequeño, tuvieron un avance colectivo al gobernar a 7.1 millones de votantes más que antes de la jornada electoral, mientras que para el tricolor la misma cifra es negativa, gobernará 7.1 millones de votantes menos.

Incluso César Nava y Jesús Ortega se han aventurado a señalar que hay otros estados, como Durango, por ejemplo, en donde los resultados de la elección se podrían revertir en los tribunales, mientras que el PAN ha señalado que en la mayoría de los estados su porcentaje de votación ha estado cercano al 40 por ciento, lo que indica que a pesar de ser la segunda fuerza política tiene amplias posibilidades de competir en las siguientes elecciones.

El PRI sigue muy fuerte, pero ya no es tan intimidante y avasallador como se veía en los dos años anteriores. Ha alcanzado, dicen algunos analistas, su tope de crecimiento, mientras que otras fuerzas políticas, como el PAN y el PRD ven subir sus bonos, aunque sea ligeramente, de cara a la elección presidencial.

Hay quienes aún cuestionan si las alianzas entre derecha e izquierda funcionaron. Para las dirigencias esa pregunta ya ha sido respondida, al grado que incluso dejan entrever la posibilidad de nuevas alianzas para el próximo año, aunque la más viable, según se ha visto, será la del Estado de México, donde están dispuestos a complicar las cosas a las huestes de Peña Nieto, o de Arturo “La Rata” Montiel, que para el caso son las mismas.

Que nadie se confunda, las alianzas entre PAN y PRD tuvieron como objetivo principal el hacer un bloque en contra del que parecía un incontenible crecimiento del PRI. El objetivo se alcanzó y punto.

Ahora, habrá que ver cómo les va a los gobiernos que serán integrados con mandatarios de una filiación política, funcionarios de diferentes partidos, diputados de distintas fuerzas políticas y que, hasta donde se ve, no tienen planes concretos de gobierno que respondan a las formas de ver la problemática nacional tan diversas que tienen las diferentes ideologías en el país.

En resumen, las alianzas funcionaron para los partidos, pero será necesario ver en los próximos años si funcionaron para los ciudadanos de aquellos estados en los que éstas surtieron efectos. A final de cuentas, la próxima elección está a la vuelta de la esquina y es en la que toda la clase política está pensando, la contienda por la Presidencia de la República.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2010-08-04T21:38:00.000-07:00

Por. Alejandra Ortega Rodríguez

LOS TONTOS ÚTILES Y LOS DERECHOS HUMANOS

Durante los últimos días una gran polémica se ha suscitado en torno a las declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien durante la Jornada de Prevención contra la Tortura, realizada en el Archivo General de la Nación, instó varias veces a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a las comisiones estatales en la materia a ser perspicaces para distinguir qué huellas son producto de la tortura y cuáles son resultado del sometimiento de alguien que se niega a ser detenido.

En algún momento, el encargado de la política interna en el país señaló ante los ombudsman del país que: “Hay veces que en estas operaciones hay resistencia de los particulares al llamado legítimo de la autoridad y se tiene que entrar por vías de hechos a someterlos”.

Sin embargo, la aseveración más contundente, más directa y, por supuesto, más polémica, fue cuando llamó a los titulares de las comisiones protectoras de los derechos humanos a ser más perspicaces y menos suspicaces para evitar servir a los intereses contrarios a la sociedad.

“Esta es la difícil tarea que hoy nos congrega: ni ser cómplices ni encubridores de las anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad ni ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar, la acción de esa autoridad”, afirmó.

Lo anterior generó una serie de reacciones, tanto de los presidentes de las comisiones de derechos humanos en el país, así como de representantes de organizaciones no gubernamentales y puristas de los derechos humanos, además de los oportunistas adversarios políticos al partido en el poder, quienes calificaron a Gómez Mont de “autoritario”, “prepotente” y muchas cosas más.

Incluso el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, con la complacencia de los consejeros del organismo, envió una misiva que hizo pública en la que sarcástica y mordazmente responde a los señalamientos del secretario de Gobernación.

Pero pongamos todo en contexto. Tal vez las declaraciones de Fernando Gómez Mont han sido cuestionadas, criticadas y descalificadas por algunos sectores de la sociedad, pero sobre todo por gran parte de aquellos que hacen opinión pública en el país y que se sienten las “vacas sagradas” del periodismo, los mismos que siempre están en contra de todo, pero no ofrecen a cambio propuestas de cómo sí hacer las cosas bien.

Sin embargo, lo cierto es que entre la población en general, lo digan o no lo digan abiertamente, si existe una percepción generalizada de que se encuentran atrapados entre dos fuegos, primero por autoridades, principalmente municipales y estatales, que no hacen su trabajo como debieran y que no les garantizan la seguridad de sus familias en lo físico y en lo patrimonial, y después, por la delincuencia, tanto la común como la organizada, que se aprovechan de los grandes vacíos de autoridad que existen en grandes extensiones del territorio nacional y son los primeros, los que más y los que continuamente violentan los derechos humanos de los mexicanos.

Añadamos a eso que nuestras comisiones, la nacional y las estatales, para la defensa de los derechos humanos, han encontrado un prolífico y tentador foro mediático en vigilar, cuestionar, criticar y desvirtuar todo aquello que hacen y hagan las autoridades federales, el Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva (PFP) para tratar de cumplir con su cometido de garantizar la seguridad de los mexicanos. Han encontrado que es más fácil y conveniente señalar a los que están uniformados, a los que diariamente circulan uniformados por las calles y las carreteras del país, que a aquellos que se esconden vestidos de civiles entre las mujeres, los ancianos y los niños.

Los severos, y dicen algunos “descontextualizados” pronunciamientos del secretario de Gobernación se dieron en el marco de la más reciente recomendación del presidente de la CNDH en contra del Ejército Mexicano y respecto del caso de la lamentable muerte de los niños Almanza, asesinados en un retén militar en Tamaulipas, de la que familiares y organismos que se dicen protectores de los derechos humanos culpan a las fuerzas armadas mexicanas.

De acuerdo con los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que coinciden en mucho con lo dicho por la madre de los infantes, la muerte de los menores ocurrió cuando en un retén militar los soldados fueron atacados por sicarios que viajaban en seis camionetas que justamente rodeaban a la otra camioneta en la que viajaba la familia Almanza. Así, por las trayectorias de los proyectiles, se determinó que las balas fueron de armas activadas por los delincuentes.

Raúl Plascencia, como presidente de la CNDH lamentó, dijo él, “no haber tenido acceso a toda la información necesaria del caso” y mencionó la posibilidad de que la escena del crimen haya sido manipulada, lo que rechazó la Secretaría de Gobernación, pero además, concluyó que con base en que las balas utilizadas eran de las consideradas como de “uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Las anteriores afirmaciones que se basan en suposiciones, dan a entender que el organismo nacional es tan suspicaz como para concluir que los grupos de la delincuencia son respetuosos de la legalidad y se abstienen, o al menos en ese caso se abstuvieron de utilizar armas que son de uso exclusivo del Ejército. Lo anterior fueron elementos suficientes como para emitir la recomendación 36/2010 en contra del Ejército Mexicano.

A todo esto, hemos visto en los últimos días los comentarios irresponsables de políticos y supuestos defensores de los derechos humanos que destacan que desde que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra al crimen organizado son más de 3 mil las quejas por presuntas violaciones de las garantías individuales que se han presentado en contra de las fuerzas armadas mexicanas.

Lo que no han dicho es que cualquiera puede presentar una queja o denuncia, incluso un delincuente consumado, por lo que la presentación de las mismas no es referente para medir el grado de responsabilidad o irresponsabilidad del Ejército Mexicano en el cumplimiento de los derechos humanos y en el contexto de el combate a la delincuencia organizada; sólo en aquellos casos en los que hay elementos que permiten presumir que “podría haber una violación a las garantías individuales” se puede emitir una recomendación.

Dicho lo anterior, nos encontramos con que a la fecha la CNDH ha emitido sólo 58 recomendaciones contra el Ejército, mismas que han derivado de un gran total de más de 3 mil quejas; de esas 58 recomendaciones, 57 ya han sido aceptadas, la mayoría en su totalidad y algunas parcialmente, además de que en el mismo evento del que hemos hablado Fernando Gómez Mont anunció que en breve se responderá ésta última recomendación.

El secretario de Gobernación advirtió que en ocasiones pueden existir polémicas entre la CNDH y la Secretaría de Gobernación, porque el terreno es complejo, pero debe existir el compromiso de que esos desencuentros tengan como fruto garantizar y fomentar la perspicacia y dejas la suspicacia que debilita y sirve a intereses mezquinos. “Que nadie se alarme si de repente hay diferencia de opiniones”, anticipó.

Así que es de preverse que la más reciente recomendación, en la que algunos líderes de opinión ya han puesto la vista y han señalado que contiene elementos que permiten adelantar que está descontextualizada y carece de fundamentos, es muy probable que la respuesta del gobierno federal sea negativa o que sólo se acepte parcialmente lo dicho por el organismo defensor de los derechos humanos.

Ya en las últimas fechas y ante la enorme polémica suscitada, así como en virtud de la “más enérgica protesta” emitida por el consejo consultivo de la CNDH, Gómez Mont respondió que no buscó ofender a nadie y establece entre otras cosas lo siguiente:

“He leído con cuidado el texto del mensaje cuya versión estenográfica te anexo. En él no encuentro haber inferido ofensa ni a la Comisión Nacional ni a las estatales de Derechos Humanos. Sin perjuicio de lo anterior, reconozco que la expresión de ‘tontos útiles’, referida en dicho discurso, ha sido utilizada en el pasado por izquierdas y derechas con un tufo autoritario. Nada más lejos de mi formación y de las prácticas y principios a los que he sometido mi vida.”

Asimismo, agrega “ante los destellos de mordacidad de que hace gala” la CDNH es necesario aclarar que él es parte de la generación que durante más de 30 años ha participado en la construcción de instituciones que promueven y fortalecen el respeto de los derechos fundamentales.

Por ese motivo, pide al titular de la CNDH que le diga qué parte del discurso, pronunciado en el Archivo General de la Nación, le parece ofensiva, con el objetivo de “valorar si éstas (afirmaciones) merecen una disculpa o ratificación de mi parte”. “Me temo –agrega Gómez Mont– que no es a mí a quien debes reclamar, sino a quienes han hecho interpretaciones de lo que yo dije frente a ti”.

Pero a como están las cosas ahora, el ombudsman mexicano está valorando la posibilidad de exigir unas disculpas del secretario de Gobernación, mientras que los mexicanos seguimos entre la espada y la pared, sin recibir ninguna clase de disculpa, ni de las autoridades, principalmente las municipales y estatales, y mucho menos de los organismos defensores de los derechos humanos y hasta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que parecen sumamente entusiasmados ante la posibilidad de sacar a los criminales a las calles.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2010-08-04T21:30:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

CULPABLES DE LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

En honor a la verdad, y sin mayores rodeos, la autodenominada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que aglutina a nivel nacional a una gran cantidad de profesores que dicen identificarse con la izquierda y con los verdaderos intereses y demandas del pueblo, son en los hechos los responsables de las nuevas generaciones de mexicanos incompetentes, irresponsables, sin valores, flojos y sin cultura, proclives a delinquir ante la carencia de una educación básica de calidad.

No nos engañemos, todo eso es lo que millones de niños y jóvenes del país aprenden a diario en las aulas vacías o en las calles ante la falta de continuidad en las clases que se deberían impartir en los planteles de educación pública a lo largo y ancho de México.

Eso de que “el maestro marchando también está educando” es una falacia. No están educando, están demostrando cómo un grupo medianamente organizado de personas puede eludir sus responsabilidades y compromisos laborales, así como violentar las leyes y los derechos de terceros en la más detestable impunidad, ya sea porque son “camaradas” del partido en el poder en algunas entidades del país, o bien, porque amenazan a las autoridades federales y de otros estados de la República con el secuestro de la tranquilidad de los mexicanos en caso de sentirse “reprimidos”.

Hay muchos ejemplos de la barbarie en la que constantemente incurren quienes deberían de ser los educadores de la niñez y la juventud mexicanas. Apenas el pasado 3 de junio un grupo de presuntos maestros, entre ellos algunas delegaciones de profesores michoacanos, cometieron en la ciudad de México un acto que ejemplifica con claridad los alcances intelectuales de las actuales generaciones de docentes que se dicen “de izquierda” y “de avanzada”.

En las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), miles de supuestos profesores rompieron con diferentes herramientas e intentaron quemar, incluso con sopletes, la histórica puerta principal del edificio, misma que data del año de 1731 y que es catalogada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como patrimonio histórico de la humanidad.

De acuerdo con las autoridades competentes, el daño causado a la puerta, similar al que una vez hicieron, para variar, los docentes michoacanos en la puerta principal del Palacio de Gobierno en Morelia, se valúa en sólo 300 mil pesos, pero la verdad es que el perjuicio ocasionado a un monumento histórico es invaluable, incalculable e imperdonable.

Lamentablemente, la mayoría de los mexicanos que condenamos esos hechos nos vamos a quedar con las ganas de que los responsables sean sancionados, puesto que las alianzas políticas y las presiones de ese grupo de chantajistas no permitirán por enésima vez la aplicación de la ley. Ni siquiera en su momento hubo el interés de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal (SSPGDF) por salvaguardar el inmueble sede de la SEP.

De hecho, a pregunta expresa de los reporteros, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcero Ebrard Casaubón, salió a decir que manifestaciones como los hechos violentos protagonizados por los profesores son legítimas, son muestras de la pluralidad y deben ser permitidas, declaraciones con las que el perredista da a conocer su verdadero nivel de estadista y en qué lugar deja su promesa de cumplir y hacer cumplir la ley.

Si esas son las autoridades, si esos son los gobiernos con los que contamos en el país, entonces, ¿quién se va a hacer responsable de llevar a buen puerto al sector educativo mexicano?

¿Cómo será posible hacer cambios en las políticas públicas, en las políticas educativas, para mejorar la calidad y la competitividad, si tenemos sindicatos que funcionan como retrógradas grupos de choque que se oponen a todo de todo sistemáticamente?

La educación pública en Michoacán estará generando a quienes serán los trabajadores y subordinados de los jóvenes que hoy se preparan en escuelas particulares, con una educación más acorde a la realidad y las necesidades del país.

Pero al mismo tiempo que el magisterio michoacano denuncia lo que según él son intentos de privatizar la educación, son los mismos docentes quienes orillan a los padres de familia, preocupados por la educación de sus hijos, a buscar escuelas particulares con maestros responsables con programas actualizados y con calendarios escolares completos, lo que tácitamente no es más que dar un mayor impulso a esta tendencia de hacer privado el sector educativo en el país.

México se enfrenta a un reto muy grande para poder convertirse en una nación fuerte, con mejores niveles de cultura, con mejor educación, con mejor economía, con mejores niveles de bienestar social, mientras los gobiernos sigan tolerando y soportando a agrupaciones sindicales y porriles que no hacen más que mantener al país en el atraso, la ignorancia, la incultura y la incompetencia.

En otras épocas, los profesores eran verdaderos guías, eran ejemplo para la niñez y la juventud, eran pieza clave en la sociedad, líderes de las comunidades, de los pueblos. Pero todo eso se debía a que tenían una vocación de servicio genuina. Ahora todo eso se ha quedado en el olvido, cada vez son menos los docentes que cubren el perfil de los académicos de antaño, de los que transformaban a sus comunidades.

Resulta improbable que las nuevas generaciones de maestros se comprometan realmente con la educación, cuando a donde volteen la mirada, sea con los gobiernos, con las autoridades educativas o con sus compañeros de gremio, ven que es más fácil hacer como que trabajan y cobrar como si trabajaran.

Aún en el caso de que cumplieran con sus supuestos horarios de trabajo y con su calendario escolar, los profesores son privilegiados, porque en pocos, en muy pocos sindicatos, se tienen tan buenos sueldos y tan buenas prestaciones por tan sólo unas horas de labor al día. Pero si a lo anterior sumamos que pueden dejar de asistir a clases casi tanto como lo deseen y que tienen muchos más derechos que obligaciones laborales, entonces nos explicamos el por qué de las actitudes tan irresponsables que en las últimas décadas importantes grupos del sector educativo han asumido.

Las situaciones de salvajismo que el sector magisterial ha protagonizado en Michoacán y en el resto del país han sido ampliamente documentadas, lo que incluso le ha valido severas críticas ante la opinión pública.

Recientemente, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Juan Carlos Campos Ponce, hizo severos pronunciamientos por los lamentables hechos ocurridos en las oficinas centrales de la SEP, mientras que en la misma sesión el diputado único de Nueva Alianza, Juan Manuel Macedo Negrete, señaló varias deficiencias en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), donde la titular, Graciela Carmina Andrade García Peláez, no ha resuelto ni uno sólo de los problemas que le encargó el gobernador Leonel Godoy Rangel al nombrarla para relevar a Aída Sagrero Hernández.

Tristemente, esos y otros comentarios, incluso de figuras políticas y públicas no tendrán mayores repercusiones ante la protección y la grave impunidad de la que hacen gala los miembros de las corrientes izquierdistas del magisterio, por lo que a los medios de comunicación no nos queda más que responsablemente replicarlas para que lleguen a oídos de la opinión pública.

Lo cierto es que el sindicalismo en México se ha pervertido, puesto que en la mayoría de los casos sólo ha derivado en corrupción, en abusos del poder y en el olvido en el que han caído las que realmente eran las conquistas laborales de los sindicatos.

Así, hoy tenemos a un sindicato de profesores fraccionado, politizado, enviciado, que en lugar de educar a las nuevas generaciones de mexicanos sólo les imbuye la irresponsabilidad, la incompetencia, la ignorancia, la incultura y la falta de valores. A ese paso, México nunca dejará de estar destinado al atraso, al subdesarrollo y al fracaso.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2010-06-06T17:06:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

¿CONOCE A SU DIPUTADO?

¿Conoce usted a su diputado local o federal? ¿Conoce a su senador, a su presidente municipal o a su gobernador? De acuerdo con recientes sondeos y estudios de opinión realizados en distintos puntos del país, si usted no es una persona altamente politizada contestará erróneamente al tratar de dar el nombre de tres o cuatro de los funcionarios que le he mencionado.

¿De quién es la culpa de que la mayoría de los mexicanos no sepan quién lo representa en el Ejecutivo estatal, en su ayuntamiento, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en el Congreso del Estado?

Hay quienes responsabilizan a los propios ciudadanos, por el desinterés que sistemáticamente muestran cuando de participar en la política o en las elecciones se trata. Llegan incluso a argumentar que “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”, con lo que pretenden endilgar parte de la culpa de los malos gobiernos, de los malos funcionarios y de los malos representantes populares a los electores, tanto a los que acuden como a los que se abstienen de participar en las urnas.

Sin embargo, existimos aquellos que creemos que el aparente desinterés de todo un pueblo por la política, por los políticos y por el sistema político de partidos que tenemos y que es obligatorio para poder participar como candidato a un puesto de elección popular, no se debe a que a los mexicanos nos dé lo mismo quién o qué partido nos gobierne o nos represente.

Por el contrario, después de casi 100 años de una democracia que sólo existía en el papel y que hasta los años recientes dio señas de vida, la inmensa mayoría del pueblo de México está desencantada con su clase política. El desánimo, el desaliento, la desazón han llegado a tales niveles que, aunque cada vez son más los recursos económicos y humanos que se invierten para promover el voto, son cada vez menores, mucho menores, los índices de participación ciudadana en las urnas.

Así las cosas, ¿es culpa de los ciudadanos no conocer los nombres de quienes le gobiernan o le representan ante el Poder Legislativo o es responsabilidad de los políticos y del sistema político mexicano la falta de interés de la gente común en la política?

Al paso que vamos, las elecciones federales y locales en un tiempo más y en muchos puntos del país terminarán siendo ganadas por aquellos candidatos que pertenezcan al partido con más militantes, quienes votarán no por convencimiento, sino porque en cierta forma los estatutos partidistas los inducen a trabajar y sufragar a favor de los candidatos de su instituto político, so pena de ser sancionados con la suspensión de derechos, entre otras cosas.

Con las más recientes reformas electorales federales y locales, los gobernantes y muchas veces los representantes populares, desde senadores hasta diputados federales, diputados locales, incluso regidores, han justificado en parte su inasistencia a informar y a atender a sus representados con el argumento de que la ley electoral les prohíbe informar permanentemente de sus acciones o incluso realizar acciones publicitadas de manera constante, porque ambos hechos pueden considerarse como actos anticipados de campaña y las sanciones de los órganos electorales les pueden cortar la que, ellos piensan, es una promisoria carrera política.

Las reformas electorales impulsadas para dar gusto al capricho del fracasado mesías de la izquierda mexicana han sido contrarias al espíritu de transparencia y rendición de cuentas que muchos candidatos a lo largo y ancho del país han pretendido vendernos.

Al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales se les han impuesto una serie de candados y reglas que llegan hasta el absurdo en muchos casos de interrumpir la entrega de programas sociales a los sectores más desprotegidos de la población durante las campañas electorales. Esto, en un país que por lo general tiene elecciones dos años sí y uno no.

En tanto, para evitar que senadores, diputados y otros funcionarios de designación o de elección popular brinquen de un puesto a otro, también se les han impuesto frenos para que no presenten informes, no rindan cuentas ni publiciten lo que sólo algunos de ellos han hecho. Como consecuencia, en plena era de la información la gran mayoría de los mexicanos no sabe quién lo gobierna o quién lo representa ante el Poder Legislativo.

La reforma electoral reciente va en contra de la transparencia y la rendición de cuentas, pero también de la libertad de expresión, puesto que en el transcurso de un proceso electoral cualquier particular que desee opinar en los medios de comunicación a favor o en contra de alguno de los candidatos corre el riesgo de ser censurado y sancionado por el órgano electoral que corresponda.

Habrá quien diga que entonces la culpa de la falta de conocimiento sobre el trabajo de los gobernantes y legisladores, ¡es más!, de su identidad, es responsabilidad directa de los órganos electorales por impedir que nuestra clase política nos rinda informes sobre lo que hacen en el desempeño de las funciones para las que fueron electos.

Pero aquellos que así piensen estarán equivocados, porque los institutos electorales, tanto el federal como los locales, lo único que hacen es apegarse a las leyes que emanan del Congreso de la Unión y de los congresos locales, de tal forma que todas aquellas disposiciones restrictivas contra la transparencia, la rendición de cuentas y la libertad de expresión, son impuestas ni más ni menos que por los senadores, diputados federales y diputados locales emanados de los partidos políticos y del sistema de partidos que tanto se aborrece en nuestro país.

Como consecuencia, si usted no sabe quién es su representante popular o su gobernante y qué han hecho en su representación, si no ha recibido un informe de sus actividades, si no conoce cuánto gana y con quién cabildea las reformas que a todos nos afectan…, entonces al menos ya tiene una idea respecto de quién es la responsabilidad.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2010-05-23T20:32:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

MÉXICO Y SU EXCESIVA DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO

Por responder a intereses políticos mezquinos, por seguirle el juego al fracasado mesías de las masas, por evitar el estallido social que desde hace años ha sido la amenaza de la izquierda, por preferir “la mejor reforma posible” y no “la reforma necesaria”, México perdió hace dos años la gran oportunidad de contar con un marco legal adecuado que le permitiera avanzar de manera sustancial en su política energética.

En nuestro país, como en otras partes del mundo, existen dos grandes problemas con la excesiva dependencia del petróleo, el primero, es que tenemos una economía petrolizada, que depende de manera excesiva de las ventas de hidrocarburos, mismos que en su gran mayoría se venden crudos.

Los derivados del petróleo, que podrían contar con un valor agregado, requieren de refinación, de petroquímica y otros procesos que con la muy limitada reforma energética que quisieron el PRD y el PRI, pero que además aceptó el PAN, tienen alcances muy limitados en México.

No funcionan las mezcolanzas de propuestas que se hicieron con puntos de vista políticos para resolver problemas que son más bien de carácter técnico, económico, fiscal y financiero. Por eso se siguen importando gasolinas, porque no hay suficiente refinación y eso disminuye las utilidades que recibe el país, por lo que el crudo sólo se sobreexplota sin tener proyección a futuro.

Las ganancias no se invierten, ni siquiera cuando hay alza de los precios, porque el nuevo poder fáctico denominado Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se avoraza sobre los denominados excedentes petroleros, cuando los hay, y exigen y se molestan cuando no reciben esos recursos que en realidad deberían contar como un ingreso adicional para sus gobiernos. En resumen, no se piensa a futuro.

Por si eso fuera poco, el Frankenstein que se aprobó con la rimbombante denominación de “Reforma Energética”, prácticamente no permite, sino que por el contrario, restringe la inversión en exploración para asegurar nuevos yacimientos que igualen la cantidad de los que ya se están explotando para garantizar la continuidad en la obtención de los hidrocarburos.

Mientras el PRI protegía sus intereses en el Sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), uno de los más corruptos de la administración pública y paraestatal en el país, el PRD defendía ante la opinión pública con un patriotismo, casi chauvinista lo que en ese partido se considera que es la soberanía nacional y mientras el PAN pretendía proteger sus bonos político-electorales y evitar desgastes o estallidos sociales, el otro gran problema de la excesiva dependencia del petróleo es que éste se está acabando, no sólo en México, sino en el mundo.

En toda la faz de la Tierra no existe un solo organismo regulador que garantice que los países que dicen tener una cierta cantidad de petróleo realmente lo tengan. Por ello no se sabe a ciencia cierta con cuánto hidrocarburo se cuenta en el mundo. Incluso en México tampoco se tiene claro cuáles y cuántas son las reservas probadas, probables y posibles, porque no existen parámetros que arrojen ese dato con certeza.

La posibilidad de encontrar grandes yacimientos del denominado “oro negro” es cada vez menor en el mundo. México cuenta con el segundo mayor depósito natural del hidrocarburo, que es Cantarell, sólo después de uno ubicado en Arabia Saudita, con la salvedad de que en los últimos años ha perdido su capacidad de producción, toda vez que se ha explotado de manera desmedida por mucho tiempo.

Para desgracia de la petrolizada economía nacional, la explotación nacional de crudo se base en gran parte en ese yacimiento y, actualmente, no hay manera alguna de saber cuánto va a durar en realidad y si en algún momento aparecerá algún otro depósito que lo sustituya, incluso, ni siquiera es posible saber si alguno de los yacimientos ya explotados podría sustituirlo.

Ahora lo ideal, si se piensa seguir por el camino de financiar el mantenimiento de las finanzas públicas mexicanas a través del petróleo, sería continuar con la exploración en aguas profundas, porque las aguas someras se han explorado sin que se hayan encontrado muchos yacimientos, pero el flamante marco legal aprobado por nuestra clase política contiene una serie de restricciones que lo dificulta.

Lo anterior, sin contar con el hecho de que aún con la mejor tecnología del mundo llegan a suceder desastres en la exploración marítima, como el que se ha registrado durante las últimas semanas en el Golfo de México, cerca de las costas de Luisiana, en Estados Unidos, que amenaza incluso con afectar la actividad pesquera estadounidense y mexicana, además del incuantificable daño ambiental que genera.

Hablando de esto, es también un hecho que la explotación y el consumo del petróleo van de la mano con la contaminación y a la vez con el cambio climático que es una realidad que la gran mayoría de los habitantes del mundo hemos podido percibir como algo tangible en nuestra propia experiencia en los últimos años.

Con todo este contexto, es increíble que en México, un país al que otros han calificado como con “enorme potencial” para la generación de energías alternativas, como la eólica y la solar, así como para la producción de bioenergéticos como el etanol, apenas comience a dar los primeros pasos para transformarse en un país que además de no depender de manera excesiva de los hidrocarburos, se prepare para convertirse en un país en el que se usen tecnologías, combustibles y energía más amigables con el medio ambiente.

Sólo fue hasta el 28 de noviembre de 2008 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, misma que gira en torno a principios como el fortalecimiento institucional en la materia mediante el otorgamiento de facultades explícitas a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Asimismo, se estableció un programa de aprovechamiento y una estrategia nacional de transición energética; se evalúan los beneficios económicos asociados a las energías renovables como criterio para su promoción; y, se otorgará financiamiento gubernamental en diversos aspectos, incluyendo desde la investigación hasta la misma promoción de proyectos.

Con este marco legal y los nuevos instrumentos que expedirá la CRE, se esperaría el desarrollo de muchos proyectos, permitiendo que el país aproveche una riqueza de recursos importantes y reduzca su dependencia de las energías fósiles.

Sin embargo, aquí cabría la pena preguntar si después de tener por casi 80 años una economía, una política y hasta una ideología petrolizada, en la que incluso nos atrevemos a idolatrar al hidrocarburo como si fuera un símbolo patrio o un emblema nacional, no habremos llegado tarde al inicio de esta carrera en la que países latinoamericanos como Brasil y Colombia nos llevan 30 años de ventaja.

Empresas consultoras internacionales especializadas como Baker y McKenzie, han hecho una valoración sobre los alcances de nuestro nuevo marco legal, y para como son las autoridades mexicanas de volátiles y de indispuestas a seguir planes de largo plazo, los pronósticos no son alentadores, los primeros resultados comenzaríamos a verlos no ahora ni el año próximo, sino de aquí a cinco años.

Yo creo que vale la pena perseverar, pero… ¿qué dirán nuestros representantes populares? ¿Qué opinan de esto el PRI, el PAN, el PRD y la chiquillada? ¿Les dará o les quitará votos una política de largo plazo para eventualmente reemplazar nuestro venerado petróleo?

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2010-05-07T12:50:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

ISLA DE LA PALMA, ¿NEGOCIO DE QUIÉN?

Después de casi dos años de jaloneos y de polémicas, todo pinta para que, como producto de la enorme presión que ha decidido imprimir el gobierno de Leonel Godoy Rangel, en los próximos días por fin se apruebe en el Congreso del Estado un dictamen en relación a la solicitud de desincorporar del patrimonio estatal un predio de 444 hectáreas conocido como Isla de la Palma, mismo que se encuentra adyacente al Puerto de Lázaro Cárdenas.

Según se ha podido entender, de entre las versiones encontradas y confusas que han surgido de un lado y de otro a lo largo de los dos últimos años, el proyecto consiste en otorgar a la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México (KCSM) un predio de 181 hectáreas para la construcción de un patio de maniobras.

El objetivo es maniobrar y trasladar miles de contenedores que diariamente llegan al que se ha convertido en el puerto del Pacífico con más potencial en América del Norte desde su desembarque y hasta distintos puntos del corredor conocido como NASCO, que comienza justamente en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, pasa por varias de las ciudades más industrializadas del país y también lo hace por algunas de las principales zonas industriales de Estados Unidos para desembocar en Canadá.

Se habla de un negocio de cientos de miles de millones de dólares, y tal vez hasta de más, por el cual inicialmente la transnacional KCSM estaba dispuesta a pagar alrededor de 27 millones de dólares, ya que con la propiedad del predio obtendría con instituciones financieras de Estados Unidos un crédito por algo así como 80 millones de dólares para la construcción del denominado “patio multimodal de maniobras”.

Ya son varios los intentos del gobierno del estado, desde que Eloy Vargas Arreola era el secretario de Desarrollo Económico, por agilizar la elaboración de un dictamen favorable en el Congreso del Estado, pero en el Poder Legislativo de Michoacán se prendieron los focos de alerta ante el hecho de que la LXXI Legislatura local cuenta con diputados de un perfil mucho mayor a los anteriores y no se dejaron engatusar fácilmente.

De inmediato se cuestionó que en noviembre de 2006 la LXX Legislatura recibió, dictaminó y aprobó en un solo día la iniciativa del gobernador Lázaro Cárdenas Batel para desincorporar del patrimonio estatal un predio de 183 hectáreas en la misma zona de la Isla de la Palma, a un costado de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (Apilac).

La idea era la creación de un parque industrial que impulsaría el desarrollo del área, pero hubo mucha opacidad en el proceso y no son pocos quienes dicen que Eloy Vargas salió muy beneficiado en ese proyecto, ya que consiguió para prestanombres y amigos una serie de terrenos que por su simple ubicación ahora valen millones y millones de pesos.

También se habla de que entre los entonces diputados locales algunos fueron beneficiados con vehículos, con la entrega de recursos en efectivo y hasta con terrenos en la zona para que cuenten con un espacio que les garantice una renta que les permita vivir cómodamente por el resto de sus vidas. Lo cierto, es que hasta la fecha nada se ha hecho en esos predios, están abandonados como una cosa perdida.

Cuando los nuevos diputados locales, éstos sí más experimentados en lo general, comenzaron a cuestionar a Eloy Vargas sobre el proyecto, sus evasivas, su manipulación de datos e insistencia con la urgencia de aprobar el proyecto despertaron más y más dudas, éstas crecieron a tal grado que finalmente Leonel Godoy debió ceder a la presión para cambiar al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Ya con Isidoro Ruiz Argáiz al frente del proyecto, las cosas comenzaron a caminar mejor y se avanzó en materia de transparencia, pero ya son varias las ocasiones en las que estando a punto de aprobar un dictamen, surgen nuevas dudas o desconfianza ante la falta de cumplimiento de acuerdos, principalmente del Ejecutivo estatal.

Hace poco más de un año el grupo parlamentario del PRI, encabezado por Wilfrido Lázaro Medina, dio a conocer la existencia de dos cartas compromiso signadas en su momento en Estados Unidos por el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel y el ahora mandatario estatal, Leonel Godoy, en los que ambos políticos emanados del PRD se comprometen a hacer lo que sea necesario para que el Congreso de Michoacán apruebe a entera satisfacción de la ferroviaria KCSM la desincorporación de la Isla de la Palma para la construcción del patio de maniobras.

El asunto fue una bomba en los medios de comunicación y se habló de él durante todo un día, pero por la tarde, antes de que las redacciones de los periódicos estatales publicaran el contenido de las cartas, se recibió una instrucción desde el gobierno del estado para parar la nota, y aquellos michoacanos que en su momento no se enteraron del tema, se quedaron sin saberlo.

Después de esto Leonel Godoy cedió más y ha comprometido una serie de cambios en el Fideicomiso 2112, encargado de la administración del recinto estratégico fiscalizado que se pretende implementar en la Isla de la Palma, así como una serie de medidas de transparencia, pero la falta de cumplimiento y indisposición que ha mostrado en varias ocasiones, además de los intereses políticos o económicos de algunos diputados del PRI, del PAN y hasta del propio PRD han frenado la emisión de un dictamen.

En virtud de que el tiempo apremia, y el Ejecutivo estatal nada tendrá que presumir de aquí a las elecciones de 2011, ante el hecho de que no se obtuvo la refinería para Michoacán ni se instaló la armadora de autos FAW en la entidad, como Eloy Vargas había presumido desde el sexenio anterior, desde la administración estatal se ha ordenado una nueva arremetida para ahora sí concretar la desincorporación a como dé lugar en los últimos días.

Ahora, según informan fuentes muy confiables del propio gobierno estatal, existe la posibilidad hasta de “echar la casa por la ventana” para que el negocio de concrete, aunque el negocio principal no sea precisamente para los michoacanos, sino para funcionarios estatales, diputados locales y por supuesto, la empresa transnacional KCSM.

Algo que no se ha dicho, pero que la opinión pública debería saber, es que a estas alturas ya no está en discusión si se vende o no a la ferroviaria. Eso está resuelto y hay unanimidad en cuanto a la negativa para enajenar esa parte del patrimonio nacional. De hecho, la idea es que la propiedad del predio una vez en operación el patio de maniobras pase al gobierno federal.

En los momentos en que éstas líneas se escriben, la bancada del PRI ha presentado ante el Congreso del Estado un posicionamiento en el que señala que la desincorporación de 183 hectáreas en 2006 se hizo para la creación del recinto estratégico fiscalizado, pero sólo 48 hectáreas se han aplicado al mismo, por lo que de acuerdo con el mismo decreto 83 en el que se validó la desincorporación, los predios que se aplican a fines distintos a los autorizados deberían haber regresado al patrimonio estatal desde hace mucho tiempo.

Además, argumentan los priístas, cuando se solicitó la inscripción del Comité Técnico del Fideicomiso 2112 a la Administración de Aduanas, sólo se registraron para el recinto 100 de las 183 hectáreas, lo que también es una incongruencia, sin contar con que el Ejecutivo estatal pide que se le autorice la desincorporación de la Isla de la Palma, cuando la desincorporación es una facultad constitucional exclusiva del Poder Legislativo.

A pesar de lo anterior, la discusión actual en el Congreso se centra sobre la posibilidad de que se vendan o no el resto de los terrenos que se destinarán al Parque Industrial y al Parque de la Pequeña y Mediana Industria. En el PRD la mayoría están a favor de la propuesta del gobierno estatal de que sí se vendan, en el PRI la mayoría están en contra y en el PAN están divididos en este único punto.

El dictamen podría salir por mayoría, pero la idea es alcanzar los consensos, pues sólo de esa forma los ganadores quedarán blindados, como pasó con la anterior Legislatura. De esa forma, todo parece indicar que lo que se requiere es llegarle al precio a la minoría.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2010-05-03T07:00:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

¿MÉXICO EN SU PEOR CRISIS?

Más allá de la veracidad o no de los datos con los que constantemente se nos bombardea en los medios de comunicación, principalmente inducidos con fines electorales por los partidos opositores, como el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), bien valdría la pena preguntarnos si, como se nos ha dicho, realmente estamos atravesando la peor crisis económica en la historia de México.

Tal vez sí, los indicadores internacionales hablan de que estamos enfrentando una recesión económica de impresionantes proporciones que habría acabado con el mundo financiero en la década de los treintas o en los sesentas, en el siglo pasado. Pero lo cierto es que en un mundo globalizado y en crecimiento, en donde casi todos los países tienen relaciones comerciales con sus vecinos y hasta con aquellos que están al otro lado del planeta, era lógico que una crisis se pudiera vivir de manera exponencialmente mayor a las de aquellos años en los que la gran mayoría de las naciones del mundo estaban aisladas.

Ahora bien, un punto que los conspicuos actores políticos han pretendido ignorar, con lógicas, muy lógicas intenciones, es que la crisis económica que ahora enfrenta México es la primera que no fue generada en el país por un gobierno priísta.

Si tenemos que asumir, como se nos ha dicho con insistencia y muchas veces sin mostrar datos concretos y contundentes, que la recesión económica que ahora enfrentamos los mexicanos es la peor en la historia del país, entonces también tendríamos que reconocer que justamente en este momento contamos con el gobierno y las autoridades federales que de mejor manera han sabido hacer frente a tan desproporcionada contingencia financiera.

Hay países del mundo en situaciones desastrosas ante la crisis económica mundial, son casos tan lamentables, como el de Zimbabwe en África o Islandia en Europa, cuyos gobiernos se han tenido que declarar en quiebra ante la espiral inflacionaria a la que se han enfrentado.

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer un lapidario informe de acuerdo con el cual, entre los países que menos resultados tendrán este año en cuanto a la recuperación de sus economías se encuentran Azerbaiján, Zimbabwe, las islas caribeñas de Sain Kitts y Antigua y hasta países europeos como Grecia, Portugal y España, además del considerado ejemplar por los perredistas, Venezuela, con su dictador Hugo Chávez al frente.

México no aparece ni por mucho en esa lista, y a pesar de que sí tenemos problemas muy graves en materia económica, entre otras, basta con hacer memoria de las crisis que se vivían con los gobiernos priístas de Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, para darnos cuenta que la recesión mundial no nos ha impactado en la misma medida que sí nos afectaron a millones de mexicanos las medidas económicas de nuestros propios gobiernos.

Tan sólo por recordar los casos más recientes, a finales de los ochentas y principios de los noventas los precios de los productos de la canasta básica no nada mas aumentaban todos los días, sino de una hora a otra. Usted, podía entrar al supermercado con la idea de comprar sus artículos con cierto presupuesto, pero pese a que estos ya tenían una serie de reetiquetaciones tremenda, de que lo tomaba en el anaquel a que lo pagaba en la caja ya había variado nuevamente el precio del producto.

¿Cuántos casos de suicidio no sucedieron a causa de los desplomes financieros de esas décadas, cuando muchos mexicanos se quedaron sin dinero al caer tan atrozmente la bolsa de valores, por ejemplo?

A partir de esos gobiernos que generaron grandes crisis y la enorme deuda exterior al país, el número de mexicanos pobres y en extrema pobreza aumentó. Sólo basta recordar cuántas familias afectó la crisis a finales del sexenio de Carlos Salinas, que de estar en la ya de por sí agónica “clase media”, de un día para otro entraban a la “clase pobre”. Al grado de que hasta hace unos pocos años, esta “clase media” estaba ya casi extinta.

Los mexicanos tenemos memoria, o al menos deberíamos tenerla, para evitar que se pretenda manipular nuestras mentes de una forma tan falaz y tan sólo para obedecer a los fines de algunos partidos y actores de la clase política.

El pasado 22 de abril, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, felicitó al gobierno mexicano de Felipe Calderón Hinojosa y lo puso como ejemplo a seguir en el plano internacional por la forma en la que enfrenta la crisis económica mundial, sobre todo al impulsar mediante estímulos programas sociales efectivos como Oportunidades, lo que permitió a las autoridades federales responder correctamente al fuerte impacto de la crisis, la emergencia sanitaria por el virus de la influenza humana AH1N1, la baja en las remesas, la caída en las exportaciones y la menor inversión.

También en los círculos internacionales han llamado la atención las medidas tomadas por un país en desarrollo como México que le han permitido deslindarse de los impactos de la crisis europea que se ha recrudecido con la marcada recesión de países como Grecia, que ponen al borde del colapso al viejo continente.

Incluso en publicaciones especializadas se ha felicitado abiertamente al gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens Carstens, anteriormente secretario de Hacienda, por las previsiones que se tomaron de manera oportuna en ese sentido.

En su informe trimestral sobre la inflación, presentado el 28 de abril, el gobernador del Banxico señaló que hay estrategias adecuadas para enfrentar la crisis en Europa, como la acumulación de reservas internacionales, la línea de crédito flexible con el FMI y el correcto manejo de la deuda, que en su conjunto han fortalecido la economía mexicana frente a posibles choques provenientes del exterior.

Mientras tanto, el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, ha dado cifras alentadoras en cuanto a la recuperación de la economía mexicana, al señalar que existen pronósticos en el sentido de que este año el crecimiento económico puede alcanzar cifras de entre 4 y 5 por ciento, a pesar de no contar con las reformas estructurales que proponía el presidente Felipe Calderón, contra el 1 por ciento al que aspiran países como Grecia, Portugal, España y hasta Venezuela.

De acuerdo con cifras oficiales, dadas a conocer en la LXXIII Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), el número de empleos generados en México en el primer trimestre de 2010 alcanzó la cifra de los 289 mil, y aunque advirtió que aún hay riesgos para la economía nacional, así como para la internacional, el funcionario federal manifestó que las cifras positivas se deben en gran medida al control que existe sobre la deuda pública, a los ajustes fiscales que derivaron en un ahorro federal del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y a las reformas al sistema de pensiones, que derivaron en un ahorro del 30%, además de los 42 mil millones de pesos que se ahorraron con la extinción de la ineficaz Luz y Fuerza del Centro.

Con todo esto, todos aquellos señalamientos del PRI, del PRD y de otros partidos en torno a que México enfrenta la peor crisis económica de su historia deberían ir acompañados con el reconocimiento de que la recesión se generó en el exterior, que fue la primera no originada por gobiernos priístas, que los precios no aumentan diariamente o de hora en hora como en antaño y en pocas palabras, que contamos con el gobierno que mejor ha sabido sortear la contingencia financiera que ha acabado con las economías de otros países del orbe.

Al hacer un resumen de lo que realmente ocurre, es de llamar la atención que ni el gobierno de Felipe Calderón, ni los dirigentes o legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) hayan tenido una estrategia eficaz para comunicar eficazmente a los ciudadanos sobre los planes implementados en materia económica, así como de contrarrestar las críticas que se les han hecho en respuesta a aviesos intereses. Es verdad que las malas noticias, los rumores y las notas rojas corren más rápido que la información real, pero teniendo a mano los recursos del Estado, lo lógico sería que algo pudieran hacer.

La crisis existe, eso es cierto. Yo dudaría de que fuera la peor que hemos tenido, pero de ser así, pues nos ha ido bien. ¿Cuántas veces a la semana compra tortillas, leche, agua embotellada, frijol, carne, pollo y otros productos de la canasta básica? ¿Los precios suben todos los días?

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2010-04-23T21:35:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

DESALENTADOR PANORAMA PARA MICHOACÁN

Los últimos gobiernos estatales de Michoacán, de Víctor Manuel Tinoco Rubí, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, cuando menos, se han quedado cortos en cuanto a las expectativas que en su momento generaron. Sin embargo, si de ver hacia el futuro se trata, nos encontramos con un panorama verdaderamente desalentador.

Cada candidato a gobernador nos ha ofrecido solución a los problemas más complejos que en la entidad se atraviesan desde hace muchos años, pero ninguno ha sido capaz de resolverlos. Por el contrario, estamos cada vez peor en materias como la educación, el desarrollo rural, la infraestructura, el transporte, seguridad y muchos más.

Ahora bien, si analizamos cuáles son los antecedentes y las trayectorias de aquellos que desde hace ya mucho tiempo se perfilan para buscar la gubernatura de Michoacán, pues queda más que confirmado que el panorama es francamente aflictivo para Michoacán.

Si comenzamos por el partido en el poder, el PRD, que ha fracasado de manera rotunda en sus dos administraciones, el más aventajado en la búsqueda del gobierno del estado es el senador Silvano Aureoles Conejo, a quien mucho le interesa que los michoacanos se olviden de su pasado.

Yo me pregunto, ¿cómo va a resolver los problemas de Michoacán un personaje cuya primera acción notoria fue defraudar a los mineros de Angangueo que pusieron en sus manos el patrimonio de sus familias?

Tal vez muchos ya no lo recuerden, pero el segundo hecho por el que se hizo famoso este personaje fue por aprovechar su relación sentimental con la ahora senadora Claudia Corichi García, hija de la lideresa nacional del Foro Nuevo Sol, después dirigente nacional del PRD y ahora gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina. De esa forma, obtuvo su primera diputación federal, de la que juró no renunciaría para buscar otro puesto.

La mayoría de los políticos no tienen palabra y Silvano es de esos, solicitó licencia al cargo de diputado para buscar la alcaldía de Zitácuaro; como candidato se negó a hacerse el examen antidoping al que sus contrarios lo retaban, se comprometió ahora ante notario a concluir su encargo de tres años como presidente municipal y ya como alcalde dejó al municipio endeudado antes de solicitar licencia para irse a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) en el gobierno de Cárdenas Batel.

Ahí la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) le detectó observaciones inicialmente por más de 200 millones de pesos, que después desaparecieron como por arte de magia, y ahora, como senador de la República, ha hecho más trabajo mediático que de fondo. Esa es la más viable carta para la gubernatura por el partido del sol azteca.

Entre el resto de los aspirantes a la candidatura por el PRD se encuentran el secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, de quien acabo de mencionar todo su currículum y trayectoria política, y el diputado local, ex diputado federal y ex secretario de Gobierno, Enrique Bautista Villegas, quien no cuenta con la ventaja que en Michoacán da el apellido Cárdenas. Pues para los michoacanos no es lo mismo ser cardenista, que apellidarse Cárdenas.

Asimismo, se habla con menos posibilidades del ex dirigente estatal del PRD, ex alcalde de Tumbiscatío, ex diputado local, ex diputado federal en dos ocasiones y ex senador de la República, Antonio Soto Sánchez, quien por primera vez en muchos años dejó de cobrar con cargo al erario público y lo está resintiendo, porque sus continuos comentarios y apariciones no tienen para nada la notoriedad de antes.

Si estos últimos aspirantes tienen escasas posibilidades, en el resto de los que se han apuntado no vale siquiera la pena gastar tinta.

Por lo que se refiere al Partido Acción Nacional (PAN), hasta el momento los más viables son el senador Marko Cortés Mendoza; la secretaria de Elecciones de la dirigencia estatal, Luisa María Calderón Hinojosa; y, el secretario de la Función Pública del gobierno federal, Salvador Vega Casillas.

En este sentido, a pesar de contar con mucho apoyo de panistas y no panistas en el estado, Marko Cortés aún tiene una escasa trayectoria política, en la que sólo ha sido secretario estatal de Acción Juvenil, diputado federal sin concluir el cargo y ahora senador de la República.

En tanto, Luisa María Calderón, quien ha sido diputada local, diputada federal y senadora de la República, tiene la enorme desventaja de ser hermana del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, lo que en automático haría que se le calificara como una imposición o que se especulara de presuntos desvíos de recursos federales, como ya lo ha hecho anteriormente la dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano.

Por su parte, Salvador Vega podría ser una muy buena opción para la gubernatura, con la salvedad de que tuvo la oportunidad de construir una estructura de apoyo fuerte y con liderazgo a partir de su participación en el respaldo a un candidato a la dirigencia estatal del PAN en la elección pasada, oportunidad que dejó pasar y difícilmente se le volverá a presentar.

Ha sido diputado local, diputado federal, subsecretario de la Función Pública y actualmente titular de la misma dependencia federal, pero sin el apoyo de la militancia panista sería complicado que pudiera conseguir la candidatura deseada.

Pasando al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el alcalde de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, es la carta fuerte, pero cada vez más débil. En su cuarta oportunidad al frente de la comuna moreliana, se esperaba que la experiencia adquirida diera para más, pero en los hechos son muchos los habitantes de la capital del estado que están decepcionados de su gestión.

Si a eso le sumamos que Morelia es el punto fuerte de Fausto Vallejo, político de carrera y quien en su vida no ha hecho otra cosa que política, pues entonces ya nos imaginamos lo que le depara en el interior del estado, donde ya tuvo la amarga experiencia de irse al tercer lugar en la elección por el Senado de la República en 2006.

Sobre los funcionarios municipales faustistas pesan muchos señalamientos de corrupción, que incluso han alcanzado al propio alcalde en algunos momentos. La mayoría de su gestión ha sido más mediática que de hechos, como lo hacen los políticos modernos. Entonces su viabilidad es limitada y sus posibilidades reales se reducen.

Entre los políticos priístas, uno de impecable trayectoria, aunque no ha mencionado tener interés por la gubernatura, es Jaime Rodríguez López, ex alcalde de Penjamillo, dos veces diputado federal y actualmente diputado local por segunda ocasión, sin contar su paso por la dirigencia estatal del PRI y su gestión como titular de la Sedagro en el gobierno de Tinoco Rubí.

El “Vale” tiene una carrera sólida, fue coordinador de la precampaña de Arturo Montiel Rojas en Michoacán y, por lo tanto, tiene muy buena relación con Enrique Peña Nieto, de lo que Fausto Vallejo no puede presumir, sin embargo, no cuenta con grupo propio al interior del tricolor y a la larga eso le puede pesar.

Además, el ex senador J. Ascención “Chon” Orihuela Bárcenas tiene interés, pero la detención de su sobrino Antonio Ixtláhuac Orihuela en “el michoacanazo”, le restó ímpetu al trabajo que venía realizando.

Por cierto, que la reciente liberación de Antonio Ixtláhuac y su reinstalación como alcalde de Zitácuaro ha hecho que algunos de sus simpatizantes lo pretendan impulsar a al gubernatura, lo que tampoco parece viable, pues sólo ha sido un diputado local intrascendente y un alcalde con corto e interrumpido periodo de gestión.

También hay quienes hablan del ex diputado local, ex diputado federal en dos ocasiones, ex dirigente estatal del PRI, ex candidato a gobernador y líder de grupo, Jesús Reyna García, pero la elección pasada lo castigó severamente, por lo que se menciona que él podría tratar de impulsar al ex alcalde de Morelia, Salvador Galván Infante, de triste memoria entre los morelianos por su pésima administración.

Y acerca de la presunta precandidatura de Víctor Silva Tejeda, quien ha sido diputado local y federal hace ya muchos años, de no ser por los compendios de trabajo legislativo y alguna que otra publicación periodística, la gran mayoría de los michoacanos menores a los 35 años de edad ni lo conocen.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2010-04-17T20:44:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

ECOS DEL “MICHOACANAZO”

Después de la espectacularidad del operativo de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno federal para detener a 32 ex funcionarios estatales y municipales de Michoacán, en una acción que fue titulada por algunos medios de comunicación como “el michoacanazo”, todo pinta para terminar en el ámbito político en una simple anécdota que se recordará con insistencia en los próximos años.

En sí la acción fue espectacular por la meticulosidad con que se actuó en el operativo que permitió en un primer momento la captura casi simultánea de tres presidentes municipales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), así como de colaboradores muy cercanos al gobernador Leonel Godoy Rangel por su presunta vinculación con el crimen organizado.

Para bien de unos y para mal de otros, todo esto aconteció el 26 de mayo del año pasado, muy cercano al proceso electoral federal del año pasado en el que se renovó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo que de inmediato generó suspicacias y acusaciones muy directas contra el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa, a quien se le endilgó el tema como un asunto de carácter netamente electorero.

Sobre todo, la presidenta estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano, así como el dirigente estatal del PRI, Mauricio Montoya Manzo, respaldaron a sus ex funcionarios y presidentes municipales, y aseguraron que todo era una estratagema, un ardid político desde el sistema de impartición de justicia para desacreditar, según los perredistas al gobierno de Leonel Godoy, y según los priístas al otrora hegemónico partido tricolor.

Mientras tanto, la opinión pública en Michoacán, pero sobre todo a nivel nacional y en el extranjero, hicieron eco de la acción, al ver confirmado lo que por décadas se ha comentado en voz baja por todo el territorio nacional, “la política y la delincuencia están muy ligados y van muy de la mano”.

Ni tanto digirieron la información los ciudadanos mexicanos, hubo políticos que vieron la posibilidad de aprovechar política y mediáticamente los acontecimientos, el primero, el senador perredista Silvano Aureoles Conejo, quien casi de manera inmediata subió a la tribuna del Congreso de la Unión a demandar la creación de una Comisión Especial de seguimiento, pero sobre todo de defensa, de los detenidos.

Casi de manera simultánea se conformaron comisiones especiales en la Cámara de Diputados del Legislativo federal y en el Congreso del Estado de Michoacán, por cierto, ésta última impulsada por el medio hermano de Silvano, el diputado local, también perredista, Antonio García Conejo.

Leonel Godoy pasó por uno de los momentos más difíciles de la que ya de por sí ha sido una corta pero problemática gestión, cuando mediáticamente fue linchado por los medios de comunicación, principalmente los nacionales, así como cuando su medio hermano Julio César Godoy Toscano, huyó aún siendo diputado federal electo, al saber que había también una orden de aprehensión en su contra.

Por cierto, no se sabe quién le avisó, pero se presume que el pitazo habría llegado o del Ejecutivo estatal o del Secretariado Estatal del PRD, que poco antes habían sido atendidos en su exigencia de recibir información de la PGR sobre las acciones realizadas y la estrategia a seguir en los próximos días.

De hecho, se comenta que la desaparición del aún prófugo se registró al día siguiente de la reunión en la que funcionarios de la dependencia federal informaron al secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, y los líderes de los partidos políticos con presencia en Michoacán.

En tanto, el dirigente estatal del PAN, Germán Tena Fernández, y los diputados federales y locales del mismo partido político, se encontraron en una difícil situación, prácticamente entre la espada y la pared, y tras algunos titubeos de algunos días, optaron por darle la espalda a sus alcaldes, Antonio González Rodríguez, de Uruapan, y José Luis Ávila Franco, de Hidalgo, para respaldar las acciones del gobierno de Felipe Calderón.

Después de todos estos acontecimientos iniciales, vinieron las reuniones de las comisiones especiales de los poderes legislativos con los familiares, pero también con las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, visitas a los penales de Tepic, Nayarit, a donde fueron trasladados los detenidos, y una guerra de declaraciones, que fueron desde los tintes electorales del asunto, hasta la ineficacia de varios aspectos de la Reforma Judicial recientemente aprobada.

Vinieron las primeras liberaciones de tres alcaldes, en el mes de agosto, después el traslado de los ex funcionarios al Penal de Mil Cumbres en Michoacán y casi de manera inmediata, pero también sospechosa, la liberación de casi la mitad de los mismos.

“Quedaron libres por falta de pruebas”, rezaban las autoridades federales, mientras los perredistas y priístas trataron de hacer eco a todo lo que daban sus pulmones de la injusticia cometida en un principio y de la necesidad de liberar a todos los demás. También demandaron que el gobierno federal ofreciera disculpas públicas y reparara el daño hecho a los liberados.

Sin embargo, la respuesta del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, fue lapidaria, “no se les pueden ofrecer disculpas porque salieron libres bajo las reservas de ley, es decir que la investigación continúan y podrían encontrarse nuevos elementos que obligaran a reanudar los procesos legales que se les seguían”.

Mientras tanto, en el Congreso del Estado, el líder parlamentario del PAN, Francisco Morelos Borja, y el presidente de la Comisión de Justicia, Antonio Salas Valencia, también panista, manifestaban su recelo en torno a la decisión de liberar a tantos de los detenidos, pero jamás admitieron que se hubiera cometido una injusticia, por el contrario, demandaron que se investigue al Ministerio Público Federal porque existen elementos para pensar que la liberación de los ex funcionarios ha sido más por la mala integración de las averiguaciones previas y errores procedimentales, que porque se haya demostrado la inocencia de los inculpados.

Ahora que se ha logrado la liberación de tantos de los detenidos, el tema sigue teniendo mucha tela de dónde cortar, algunos han señalado que figuras como el arraigo, los testigos protegidos y los cateos deben desaparecer, o cuando menos ser revisadas a profundidad, pero los efectos políticos son mucho más evidentes.

Silvano Aureoles se considera el artífice de la liberación, por lo que ha procurado que su nombre se mencione junto con el tema del “michoacanazo”, y también le ha inconformado el protagonismo que ha asumido el presidente de la Comisión Especial del Senado, Carlos Sotelo, quien también es perredista, porque siente que le roba el rol para el cual trabajó.

En Uruapan, Mary Dóddoli Murguía, inició un procedimiento para intentar quedarse con el cargo de alcaldesa sustituta, luego de una serie de desencuentros que incluso provocaron la expulsión de casi la mitad del Cabildo. Por el momento, la experimentada panista no pudo quedarse y Antonio González regresó tras su liberación, pero el asunto por la vía legal continúa.

Además, la detención del alcalde de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac Orihuela, derribó los planes por la gubernatura que ya esbozaba el ex casi de todo Ascensión Orihuela Bárcenas, su tío. La liberación en cierta forma le abriría las puertas de nuevo al ex gobernador, pero ya hay algunos zalameros que pretenden meterle la idea al novel Ixláhuac Orihuela de que puede aprovechar su condición como “víctima de una injusticia” para potenciar su carrera política, ¿y por qué no?, buscar en 2011 el Solio de Ocampo.

Después de todo, las renuncias de presidentes municipales de Zitácuaro para buscar nuevos puestos políticos no es una historia nueva, que le pregunten al propio Aureoles Conejo.

Las dirigencias nacionales del PRD y del PRI tienen como uno de sus principales temas de contracampañas para las elecciones de 2011 y 2012, el asunto del “michoacanazo”, mientras que en el PAN existe incertidumbre en la estrategia para responder. El único panista que pareció apostar hasta el momento al bando ganador fue el senador Marko Cortés Mendoza, quien por cierto, fue incluso reconocido y aplaudido por Citlalli Fernández González y por el Consejo Estatal del PRD.

El “michoacanazo” trae mucho más de fondo y seguramente dará mucho más de qué hablar en los próximos meses, sobre todo cuando se sepa quiénes salen, quiénes entran y quiénes reingresan al Penal de Mil Cumbres en Morelia. Lo más relevante que surja lo iremos comentando.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2010-04-10T16:37:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

IZQUIERDA, ¿INTOLERANTE O INCONGRUENTE?

Cuando están en la búsqueda del poder, los grupos, organizaciones o partidos políticos se quejan constantemente por lo que hacen aquellos que están en el gobierno, pero después, cuando los que eran oposición llegan a ocupar los cargos gubernamentales, es común que adopten las mismas prácticas que criticaban en sus contrarios.

Por tradición, la izquierda en México se ha dicho reprimida, pero a la vez defensora intachable de los derechos de las masas, sobre todo del derecho a la libre manifestación política pública, con todos los privilegios y hasta los excesos que las marchas y plantones suelen implicar.

Sin embargo, también hemos visto a líderes de la izquierda mexicana que se sienten perfectos y personajes incuestionables. Ya en el poder, sea público o fáctico, esos mesías se sienten intachables y no aceptan la crítica, sobre todo cuando viene de grupos y organizaciones que no son precisamente afines a sus intereses políticos.

Ejemplos existen muchos, tan sólo en México, para no abundar con casos tan patéticos como el de Fidel Castro en Cuba o el de Hugo Chávez en Venezuela, tenemos a un Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, endiosado por algunos sectores del perredismo y de la izquierda en el país, quien luego de una carrera política que se transformó y potenció a base de marchas y movilizaciones, usó la fuerza pública para reprimir las primeras manifestaciones que se dieron durante su periodo como jefe de Gobierno del Distrito Federal.

¿Y qué decir de todas las ocurrencias y anécdotas que existen de su sucesor, Andrés López Obrador? Después de lo ocurrido en 2006, la palabra “intolerancia” se aplica de manera muy directa en el ideario colectivo con la figura del tabasqueño hoy venido a menos.

Ahora aterricemos en Michoacán, donde un Lázaro Cárdenas Batel, hijo por cierto del primer personaje que mencionamos en este mismo espacio, dio manga ancha a casi todos los grupos y organizaciones sociales que se manifestaron públicamente durante su gobierno, causando serios estropicios a los morelianos y a muchos otros michoacanos en otros puntos del estado.

Para no ser atacados por la fuerza pública bastaba con ser de una organización afín a la izquierda, aún y cuando los reclamos e insultos fueran contra el gobernante en turno. Pero muy sonado fue el caso en que las flamantes fuerzas del orden del gobierno estatal reprimieron a un grupo de padres de familia y con sus niños que demandaban, frente a Palacio de Gobierno, solución a un problema en una escuela primaria.

En el actual gobierno de Leonel Godoy Rangel esa justicia selectiva se ha seguido aplicando. Si los manifestantes son pocos y no pertenecen a una agrupación afín el PRD, entonces se hace uso de la fuerza pública y se les impide bloquear las calles de Morelia, pero si son identificados con el partido del sol azteca, entonces las autoridades estatales argumentan que hacen hasta lo imposible por agotar el diálogo y, de no ser porque los manifestantes se hartan, bien podrían tener secuestrado al estado por lo que resta de la administración estatal.

Recientemente en Morelia fuimos testigos de una detestable movilización del Frente Auténtico de Transportistas del Estado de Michoacán (FATEM), que encabeza el diputado priísta José Trinidad Martínez Pasalagua, que consistió en bloqueos a varias de las principales arterias de la ciudad, así como las entradas y salidas de la ciudad, lo que entorpeció las actividades cotidianas de los morelianos, pero también afectó de manera severa al sector turístico en pleno periodo vacacional de Semana Santa.

La afectación fue grave, y la forma de manifestarse de los transportistas reprobable, pero no se comparó ni con mucho al daño que han hecho los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante los últimos 20 años, con sus constantes paros, plantones, bloqueos, peleas, insultos y pintas en edificios públicos, entre muchas otras tropelías.

A pesar de ello, para el gobierno de Michoacán ahora sí valió la pena la implementación de un operativo de las corporaciones de seguridad pública para levantar los bloqueos, recoger las unidades de transporte público y enviar a la cárcel a los trabajadores del volante que cometieron el pecado de no simpatizar con el PRD.

Estoicamente, el gobierno de Leonel Godoy Rangel ha pretendido ignorar o ha aceptado las constantes burlas, los frecuentes desaires, los insultos, las descalificaciones y las declaraciones en las que los maestros que se dicen “democráticos”, encabezados primero por Artemio Ortiz Hurtado y después por Jorge Cázares Torres, gritan a los cuatro vientos que han roto el diálogo que se han levantado de la mesa de negociaciones.

Entonces, ¿por qué con ellos no se ha aplicado la misma justicia? Precisamente hace un año, en el marco del inicio del periodo vacacional de Semana Santa, los maestros de la CNTE instalaron un plantón de 26 días, hasta con casas de madera, en pleno Centro Histórico de Morelia, justamente frente a Palacio de Gobierno.

¿Cómo olvidar las crónicas periodísticas de aquél entonces, cuando decenas de maestros, empezando por Jorge Cázares, se crucificaron frente a la Catedral de Morelia (lamentablemente sin utilizar clavos) a manera de mofa de las autoridades, de los ciudadanos, de los turistas y de los creyentes?

Por eso, hoy vale la pena preguntar: ¿Qué le pasa a la izquierda en México y en este caso en Michoacán? ¿Se trata de una izquierda que es intolerante o simplemente es incongruente? ¿Está bien cuando se manifiestan los grupos, organizaciones sociales y sindicatos que se dicen izquierdistas y está mal cuando lo hagan todos los demás? Hasta ahora las respuestas, simple y sencillamente, no convencen.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-10-10T21:01:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

PENSIONES VITALICIAS, OTRO FRACASO DEL GOBIERNO

La falta de capacidad del gobierno michoacano se ha visto confirmada una vez más con el revuelo ocasionado por aquella iniciativa que envió al Congreso del Estado el titular del Ejecutivo Estatal, Leonel Godoy Rangel, para otorgar pensiones vitalicias a los más afectados por los atentados registrados en Morelia durante el Grito de Independencia, misma que se ha convertido en la comidilla de los corrillos políticos porque en los próximos días podría ser desechada por inconstitucional.

Es increíble como en unos pocos días la administración estatal pasó de aparecer mediáticamente como una institución sensible y solidaria con las víctimas de un hecho tan deleznable a ser seriamente cuestionada en sus procedimientos por toda la clase política del estado, porque a pesar de lo justa que inicialmente puede parecer la propuesta de ayudar a paliar en parte el daño causado a tantas familias inocentes, ha sido ridícula la forma de plantearlo ante el Poder Legislativo de Michoacán.

Habían pasado sólo unos días de la tragedia que finalmente derivó en la sensible muerte de ocho personas, así como en la mutilación de dos más y en el registro de más de 130 heridos con lesiones de diversa magnitud, cuando en un acto público realizado en Palacio de Gobierno, al que se citó a todos los dirigentes de los partidos políticos, los diputados locales y presidentes municipales del estado, Leonel Godoy hizo un anuncio que estremeció a todos los presentes y al día siguiente ocupó grandes espacios en los medios de comunicación.

El mandatario estatal se comprometió a presentar una propuesta formal al Congreso del Estado para que se autorizara el otorgamiento de una pensión vitalicia a los familiares de las ocho personas fallecidas, así como a aquellas dos mujeres que sufrieron la pérdida o inutilización de alguna de sus extremidades.

Hasta ahí, las cosas iban bien para el gobernador, pues la opinión pública y hasta los líderes de los grupos parlamentarios en la 71 Legislatura local se sumaron al espíritu de tan noble propuesta.

Nadie dijo no. Todos la apoyaron, pero fue entonces cuando el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Legislativo local, Juan Carlos Campos Ponce, presentó un punto de acuerdo en el que proponía entre muchas cosas más, que el gobierno del estado otorgara una indemnización por responsabilidad civil, que es distinta a la pensión vitalicia, de acuerdo con el Código Penal de Michoacán.

La propuesta del diputado priísta no fue aceptada por las bancadas del PRD y del PAN, que decidieron turnarla a comisiones para su estudio, análisis y dictamen y el tema se olvidó por dos semanas, pero después llegó al pleno del Congreso la multicitada iniciativa que tiene por objetivo solicitar las mencionadas pensiones vitalicias y con ella, la andanada de cuestionamientos hacia el titular del Ejecutivo Estatal y su secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca.

El primero en aparecer en público para destacar la ilegalidad del documento remitido por el gobierno estatal fue el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Francisco Morelos Borja, quien en pocas palabras aseguró estar de acuerdo con el fondo de la iniciativa del mandatario estatal, aunque llamó a cuidar las formas, porque el articulo 44 de la Constitución local sí faculta al Legislativo a otorgar pensiones vitalicias, pero sólo en los casos de aquellas personas que hayan prestado servicios prominentes al país o al estado.

Siguieron el priísta Juan Carlos Campos, el perredista Antonio Cruz Lucatero y varios más, que a pesar de la voluntad confirmada por los líderes de las bancadas perredista, Raúl Morón Orozco, y priísta, Wilfrido Lázaro Medina, se sumaron a los cuestionamientos e incluso fueron mucho más allá, ya que el primero de ellos recordó que desde un principio sugirió la indemnización por responsabilidad civil como la figura legal adecuada.

Además, manifestó su extrañeza de que el secretario de Gobierno, supuesto maestro en Derecho, no haya orientado al mandatario estatal sobre la inconstitucionalidad de la propuesta que presentaron, misma que por cierto, fue firmada por ambos y hasta por el secretario de Finanzas y Administración, Humberto Suárez López.

En tanto, Antonio Cruz aseguró que desde que Godoy Rangel hizo el anuncio él sugirió a su coordinador parlamentario que hiciera saber al titular del Ejecutivo Estatal que la propuesta que anunció públicamente, ante toda la clase política, representantes de la sociedad civil y representantes de los medios de comunicación, simple y sencillamente no procedería en esos términos por contravenir ciertos principios constitucionales. Ese llamado, de acuerdo con el diputado, no fue escuchado.

Las opiniones a favor y en contra del proyecto del Ejecutivo continuaron por algunos días, hasta que se fueron consolidando los consensos en torno a la inconstitucionalidad del mismo.

Ahora la gran mayoría de los diputados se pronuncian ya no a favor de dicha iniciativa, sino que se busquen mecanismos que permitan apoyar a las familias afectadas por los arteros atentados, sobre todo, medidas que funcionen de manera similar a las pensiones, puesto que una indemnización, aunque por monto superior, se haría en un solo pago y por única ocasión.

A todo esto debe sumarse la reciente reunión de las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia para analizar el punto de acuerdo presentado desde el 25 de septiembre por Juan Carlos Campos, sesión en la que no estuvo presente ningún diputado del PRD, partido al que pertenece el mandatario estatal, y en la que diputados como el priísta José Trinidad Martínez Pasalagua, el panista Jesús Ávalos Plata y el nuevo aliancista, Juan Manuel Macedo Negrete expresaron su inconformidad con la actitud del gobernador.

En ese sentido, los mencionados representantes populares se dijeron cansados de que el mandatario estatal no respete la división de poderes y remita al Congreso del Estado todos aquellos asuntos que su administración no es capaz de resolver de manera eficiente y oportuna, como por ejemplo, el caso Cherán que fue advertido por la dirigencia estatal del PRI con meses de anticipación y que nunca fue atendido por la Secretaría de Gobierno.

Como se mencionó en este espacio periodístico con anterioridad, Leonel Godoy tiene una estrategia mediante la cual pretende tener el control de todo cuando ocurre en el estado. De ahí su interés por mantener como miembros de su gabinete solamente a bajos perfiles que, en concordancia con sus capacidades, han ofrecido sólo pobres resultados.

De ahí la intención de instalar una Mesa de Concertación Política con los dirigentes estatales de los partidos políticos, para mantenerse al tanto de todas sus demandas y evitar en la medida de lo posible escándalos mediáticos, que dañen aún más su imagen y la de su administración, y de ahí su constante presencia en los eventos de su partido, tanto a nivel estatal como a nivel nacional.

El hecho de que muy a su pesar el Congreso del Estado, tanto propios como extraños, se vea obligado a rechazar por inconstitucional una iniciativa remitida por el titular del Ejecutivo Estatal, es simplemente el reflejo de la incapacidad que existe en la gran mayoría de las áreas del gobierno del estado, así como de la falta de conocimientos básicos constitucionales y de pericia en la negociación política, pero sobre todo, de coordinación entre el mandatario estatal del PRD y el grupo parlamentario también del sol azteca.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-09-25T21:37:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

EL PENOSO COMIENZO DE LA 71 LEGISLATURA

El Congreso del Estado es la caja de resonancia de todo lo que ocurre en Michoacán. En esa institución se encuentran representados los 24 distritos electorales y siete de las ocho fuerzas políticas con presencia en la entidad. Por consecuencia lógica, el Poder Legislativo es el reflejo de todo lo que hacemos y lo que nos pasa en la vida cotidiana a los michoacanos.

Así, en la que es conocida como la “casa del pueblo”, donde se cocina gran parte de la vida política, nos encontramos con diversas problemáticas, dificultades, vicisitudes y hasta ocurrencias, que de manera directa o indirecta inciden de una forma muy importante, tanto de manera positiva como negativa, en la vida de todos los habitantes de este estado.

La 71 Legislatura local ha transitado por sus primeros ocho meses, todavía ni siquiera la cuarta parte de los cuatro años que tendrá de ejercicio, y ya ha generado una serie de conflictos y situaciones que han puesto en duda su credibilidad, así como la capacidad y honestidad de nuestros representantes populares.

Entre estos asuntos se encuentran en particular algunos que han llamado la atención por las implicaciones que tienen en cuanto a la probidad y conocimiento de sus atribuciones por parte de nuestros diputados locales de todos los partidos, como el caso del escándalo por la falta de transparencia y malos manejos en el presupuesto que maneja la Coordinación de Comunicación Social para destinar a convenios publicitarios con los medios de comunicación.

De acuerdo con la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, existe un Comité de Comunicación Social conformado por diputados que entre sus funciones tiene la de aprobar las estrategias de medios por parte del Poder Legislativo.

Sin embargo, hace unas semanas se hizo pública una lista que contiene las cantidades que se destinan a los diversos medios de comunicación, un listado que en lugar de dejar en claro los criterios para la contratación de espacios publicitarios sembró muchas dudas sobre el manejo y la distribución de los más de 5 millones de pesos que se aprobaron para ese efecto en este año.

Algunos medios, inconformes con las inexplicables disparidades, infirieron que aquellos periódicos, televisoras y programas de radio que apoyaron a Laura Yadira Marín Rosas para que permaneciera al frente del área son precisamente los más beneficiados con el reparto que se hizo, pues mientras la mayoría de los periódicos de circulación estatal reciben alrededor de 31 mil pesos mensuales, a uno en particular se le otorgan 222 mil pesos mensuales, cifra que no equivale en nada al tiraje, distribución y penetración de cada uno de esos medios.

En tanto, la casa televisora por cable de la que la comunicadora fue parte, tiene un contrato de 200 mil pesos, mientras que otra empresa del ramo que tiene cobertura estatal y antena aérea, lo que implica un mayor auditorio, recibe sólo la cuarta parte de eso.

Lo delicado y criticable de este caso es que los diputados integrantes del Comité de Comunicación Social, Macarena Chávez Flores, Antonio Cruz Lucatero y Epigmenio Jiménez Rojas, obligados por la ley a aprobar las estrategias de comunicación y a garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, no conocieron ese listado hasta que apareció en un diario estatal y en portales de internet.

No conforme con eso, la presidenta del Comité reconoció que el listado es real y que no tuvieron conocimiento del procedimiento que se siguió para distribuir el presupuesto de esa área, cuando se supone que ese equipo de trabajo es precisamente el encargado de delinear las estrategias para que la difusión de las acciones y los logros del Congreso del Estado se haga de forma eficiente, efectiva y transparente.

Para este año, el presupuesto de los convenios para los medios de comunicación fue autorizado por la Junta de Coordinación Política, según reconocieron los coordinadores parlamentarios del PRD y del PRI, Raúl Morón Orozco y Wilfrido Lázaro Medina, respectivamente.

Sin embargo, ambos diputados admitieron que desconocen los criterios que aplicó la que fuera coordinadora de Comunicación Social con la70 Legislatura, la de peor imagen en toda la historia de Michoacán. Eso deja mucho que desear sobe nuestros diputados locales.

Entre otros temas controvertidos que están vigentes en el Congreso del Estado se encuentra la iniciativa de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tema impulsado por la diputada perredista Gabriela Molina Aguilar y la secretaria de la Mujer del Ejecutivo Estatal, Cristina Portillo Ayala.

Todos, o casi todos, en Michoacán estamos de acuerdo en que se deben proteger los derechos de las mujeres, pero con el argumento de que existe una Ley General en la materia a nivel nacional y que casi todos los estados del país ya cuentan con sus respectiva legislación, ambas perredistas pretendían la aprobación ipso facto de la mencionada propuesta, que no es más que una copia fiel de la norma federal.

En la Comisión de Grupos Vulnerables, Equidad y Género todas las integrantes, perredistas, panistas y priístas, estaban de acuerdo en aceptar los argumentos, sobre todo porque se les dijo que de no aprobarse a la brevedad la nueva ley se corría el riesgo de perder los 3.2 millones de pesos asignados por el gobierno federal para Michoacán con el objetivo de implementar programas de protección a las féminas.

A sólo unos días de la presentación del dictamen de la iniciativa tuvo que llegar el coordinador parlamentario del PAN, Francisco Morelos Borja, a hacer una serie de observaciones a la propuesta, a la vez que reconvino a las panistas Macarena Chávez y Lourdes Torres Vargas, que ingenuamente no se habían percatado de lo que en apariencia el proyecto trae de fondo.

Para el líder de la bancada panista, la iniciativa de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es discriminatoria del resto de la sociedad, porque es de aplicación exclusiva al beneficio de ese sector de la población, dejando fuera otros grupos que también son susceptibles de padecer violencia, particularmente los grupos vulnerables de la población, como ancianos, niños, discapacitados, entre otros.

Efectivamente, la mayoría de los congresos locales han aprobado las iniciativas de ley en la materia, simplemente como copias de la Ley General, pero porque aparentemente han caído en el juego de quienes la han impulsado con el argumento de que si no entra pronto en vigor se perderán los millonarios recursos federales.

Pero para nadie es un secreto que estamos entrando a un proceso electoral en el que habría que analizar todo el entorno para darse cuenta de que la intención es no sólo recibir recursos del gobierno federal, sino hasta de organismos mundiales como el Fondo Monetario Internacional, que promueven esta clase de iniciativas en todo el orbe. En resumen, recursos frescos que bien podrían ser empleados para las campañas del próximo año.

Sólo así se explica tanta desesperación de algunas políticas por aprobar a la brevedad esta propuesta en los términos que se encuentra, aún a sabiendas, porque ya se les aclaró, que los recursos federales no están en riesgo si en el transcurso de este año Michoacán armoniza su legislación local con la federal. Es decir, que bastaría con que se adecúe algún ordenamiento legal de los ya existentes para que el estado hubiera cumplido con el requisito.

Otro asunto que está causando mucha polémica es la ampliación presupuestal que se autoaprobó el Congreso del Estado por el orden de los 66 millones de pesos con el objetivo de cubrir una serie de gastos en los que ya se incurrió o se comprometió la 71 Legislatura, así como el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2009 por 444 millones de pesos que también ya se aprobaron y que podrían ser ratificados en los próximos meses.

Los primeros 66 millones de pesos se suman a los 288 millones que la anterior Legislatura aprobó en su momento para este año. Es decir que los recursos por ejercer para este año por el Legislativo ascenderán por primera vez a 354 millones de pesos, cuando en 2007 rondaron los 320 millones, también después de dos ampliaciones presupuestales que sumaron poco más de 60 millones de pesos.

Con esa dinámica de incrementos que se ha autorizado el Congreso cada año desde hace varios ejercicios fiscales, no es de extrañar que esta vez también haya ocurrido, lo criticable es que en esta ocasión se incluyan en el presupuesto gastos como el pago de sueldos a una nómina inflada que contiene en sólo unos meses a 101 trabajadores más que aquellos con los que cerró la anterior Legislatura, así como el pago de vehículos de lujo para cada grupo parlamentario y gastos de gestión ya ejercidos por varios diputados.

Lo más criticable es que haciendo alarde de sus atribuciones como el Poder del Estado encargado de aprobar los presupuestos, se hayan autorizado recursos por 444 millones en los que los diputados incluyen otra vez los sueldos y honorarios de los 101 trabajadores que tienen de más, entre los que se encuentran muchos que son amigos y familiares, así como incrementos en los gastos de gestoría, que ahora denominan “atención ciudadana”, desde los 25 mil hasta los 40 mil pesos mensuales, según ha trascendido.

Y eso no es todo, había propuestas descabelladas como la del diputado Antonio Cruz Lucatero la cual pretendía que los recursos para gestión se elevaran hasta los 120 mil pesos al mes, porque según el representante popular, hay secretarios de estado que cuentan con mucho más recursos y no fueron electos por el pueblo.

Por eso se entiende que a la hora de las postulaciones los partidos y los políticos se aferran por obtener las mayores y mejores posiciones posibles, porque está visto que ya en esos puestos, nuestros legisladores aspiran a obtener ganancias que les permitan vivir bien por el resto de sus vidas.

La 71 Legislatura apenas comienza y estos son sólo ejemplos de muchas cosas que han ocurrido y un ejemplo de las malas decisiones que se toman en la institución, en ocasiones por desconocimiento y otras veces por mala fe y por personas que abusan de su posición. Y si este es el inicio de un periodo de cuatro años, ya podremos imaginar lo que nos resta por ver a los michoacanos.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-09-17T19:08:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

LA INSEGURIDAD QUE LACERA A LOS MEXICANOS

Michoacán está hoy ensombrecido e indignado por la tragedia, la infamia y el terror que sembraron en todos los ciudadanos un grupo de criminales que atacaron sin piedad a niños, mujeres y hombres en medio de los festejos del Grito de Independencia en pleno Centro Histórico de Morelia.

Con estos hechos, es claro que los criminales han tomado el control de más y más espacios y que han perdido, incluso, lo que el propio crimen organizado llamaba su código de ética criminal y que tenía definidos los objetivos y las formas de llevar a cabo sus acciones, entre las que procuraban no atentar contra la vida de inocentes.

Es mas, incluso había en ellos un rasgo social, es decir, cooperaban y hacían obras públicas que beneficiaban a sus comunidades y pueblos, con ello, los habitantes estaban agradecidos y a cambio les ofrecían discreción y apoyo.

Actualmente, cada acto de terrorismo y de inseguridad pública, cada caso de secuestro, de extorsión y asesinato, que se registra como parte de la ola de violencia de los últimos años, es un hecho que lacera gravemente a todos los mexicanos, pues además de que hace evidente la inoperatividad de los cuerpos policíacos e instituciones encargadas de la procuración de justicia, ahora los grupos delincuenciales se han ocupado de sembrar el terror en toda la población.

Ya no sólo las clases sociales más acomodadas temen la posibilidad de un secuestro o de ser extorsionadas, sino que ahora, como consecuencia de la confusión que ha generado entre el crimen organizado el ataque del gobierno federal, cualquier persona puede ser víctima u objeto de éstos delitos cometidos por pequeñas células que estaban al servicio del narco y que ahora quedan huérfanas o desempleadas por el desmembramiento de sus organizaciones.

Hasta hace algún tiempo los grupos de la delincuencia organizada se enfrentaban entre ellos por el control de las rutas y por buscar la preponderancia o supremacía en determinados territorios. Muy pocos eran los embates contra los encargados de la seguridad pública, lo que daba a entender que los cuerpos policíacos no se entrometían en los asuntos de los criminales.

Hoy, sin embargo, a partir de que el gobierno federal anunció una lucha frontal contra la inseguridad, lo que vemos es una lucha cruenta entre las bandas, pero también de éstas contra los ciudadanos, funcionarios y policías que sí trabajan para detenerlos y hasta contra el Ejército Mexicano, que en esta última etapa ha entrado al combate como la última opción ante la corrupción, falta de capacidad e inoperatividad de la mayor parte de los otros cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales del país.

Si antes las ejecuciones eran entre miembros de los propios grupos, o hacia personas que de algún modo se encontraban relacionadas con las mafias, ahora esto ha sido rebasado, pues cualquier ciudadano puede perder su vida o su patrimonio como producto de los secuestros y ataques, mientras que comerciantes y empresarios se han vuelto víctimas cotidianas de los delincuentes que les cobran el “derecho de piso”, con el riesgo de ser asesinados de no cumplir con el pago.

Esto es consecuencia de que varios de los operativos realizados por el gobierno federal y el Ejército Mexicano han orillado a esos grupos a dejar su actividad, ya que les representa un mayor peligro por la persecución de la que están siendo objeto, y ahora han cambiado su giro hacia el secuestro y la extorsión principalmente.

Por ello, las formas son mucho más violentas, sanguinarias y beligerantes de operar de los grupos de secuestradores, ya que se trata muchas veces de grupos de antiguos sicarios del narco que se han quedado sin su acostumbrada fuente de ingresos.

Varios de los últimos casos de secuestros que han tenido resonancia a nivel nacional han dejado en claro dos cosas, la infiltración del crimen organizado en varios de los cuerpos policíacos, y al mismo tiempo la falta de coordinación entre las diferentes instancias encargadas de brindar seguridad pública a los mexicanos.

Es muy sintomático el muy sonado caso de la familia Martí, pues el secuestro del menor que posteriormente fue asesinado por sus captores, se operó a través de una mujer que formaba parte de la policía, mediante un retén falso, a plena luz del día y en una avenida importante de la ciudad de México.

Cuando el operativo apócrifo fue detectado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, quienes en lugar de verificar la legalidad y autenticidad de la acción, ofrecieron ayuda a sus colegas para una mejor ejecución de esa tarea.

La indignación se acumula en el sentir de los ciudadanos y en días pasado generó una movilización en varios puntos del país para exigir a los gobiernos de los tres niveles y a las instituciones mejores resultados y castigos ejemplares contra los criminales.

Aún queda la duda sobre el efecto real que tendrán las demandas que se hacen en estas marchas de ciudadanos comunes contra la inseguridad, pero lo cierto es que evidencian el sentir de todo un pueblo y el hartazgo al que se ha llegando.

Eso fue lo que generó las reacciones de los ciudadanos que salieron a las calles a manifestar abiertamente y con todo orden su inconformidad. Pero no hay que olvidar que en nuestro país lo que vale no es lo que diga o sienta un pueblo, porque los gobiernos y las autoridades funcionan a través de las acciones rentables políticamente para ellos. En otras palabras, funcionan de acuerdo con los votos que le represente tal o cual medida.

Hay que ver si las detenciones de algunas de las cabezas importantes de estas bandas no se quedan en una simple llamarada de petate, sólo para ofrecer a los ciudadanos que exigieron efectividad, un resultado visible que les deje satisfechos por el momento.

La marcha mereció muchos espacios en los medios de comunicación, y reunió a una cantidad importante de personas de todos los estratos sociales, por lo que no debería quedar en el olvido para las autoridades, como ha ocurrido tantas veces, cuando las manifestaciones populares carentes de fines políticos no representan algo más allá de una presión difusa, porque no se precisan demandas concretas a objetivos concretos, lo que disminuye las posibilidades de eficacia.

Con este panorama, parece más que justificada la entrada del Ejército Mexicano al combate contra la delincuencia organizada. Los resultados son contundentes en cuanto al número de aseguramientos de armas, de drogas, de vehículos, pero además, con los enfrentamientos que las fuerzas armadas han tenido con los delincuentes, en los que la mayoría de los casos los militares han salido airosos.

Por eso llama la atención que michoacanos como la dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano y el coordinador de los diputados perredistas en el Congreso del Estado, Raúl Morón Orozco, salgan con insistencia a fustigar el trabajo del Ejército, argumentando que los soldados deben permanecer en sus cuarteles porque con acusaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos ponen en riesgo el prestigio de la institución de la que forman parte.

En un contexto como el que vivimos en México y en Michoacán, queda la duda sobre el por qué de tanta resistencia de estos personajes a que el Ejército se involucre y tome en sus manos un asunto tan delicado que requiere de una ejecución certera, ordenada y efectiva.

No hay que olvidad que el Ejército Mexicano es la institución del país más respetada y que goza del mayor prestigio entre los mexicanos, y que la mayoría de los ciudadanos se sienten seguros con su presencia.

Entonces no sería descabellada la idea de que pareciera que algo temen aquellos que se oponen tan afanosamente a que nuestras fuerzas armadas salgan a las calles y se unan a la cruzada para detener el crimen organizado, pues cabe recordar que dentro del mismo gobierno y en otras instituciones existen evidencias que llevan a pensar que hay funcionarios que han tenido o tienen nexos con algunos de estos grupos criminales y que sólo a través del fuero, y de la protección que les brindan sus propias investiduras, quedan exonerados de la aplicación de la justicia.

Lo cierto es que a pesar de estos señalamientos es importante aclarar que a pesar de los casos de supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por la milicia, varias de estas denuncias deberían ser duramente cuestionadas, pues hay que ver de quién vienen y qué intereses tienen detrás realmente.

Hace algunas semanas, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, convocó de urgencia a una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la participación de gobernadores, autoridades policíacas y representantes de casi todos los sectores de la sociedad, del que surgieron 74 compromisos que forman parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Una semana después, en Michoacán se realizó un acto similar, durante una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el que también las autoridades y los diferentes sectores de la sociedad signaron acuerdos para buscar la seguridad de los michoacanos.

Entre los compromisos, que coinciden con parte de lo que se demandó en la marcha contra la inseguridad, realizada unos días después, se encuentra la urgente necesidad de depurar los cuerpos policíacos, lo que eventualmente ayudará a atacar de manera más efectiva a los criminales, pues no se puede hacer un trabajo real con buenos resultados cuando dentro de los mismos cuerpos e instituciones se encuentran inmersos los delincuentes.

Tampoco se puede hacer mucho cuando la procuración de justicia está plagada de hechos de corrupción, de compra de testigos, de erróneas integraciones de las averiguaciones previas, que dejan imprecisiones muy importantes que derivan en la pronta liberación de los delincuentes.

En tales circunstancias, la profesionalización y el cuidado con el que se recluta a los policías son indispensables, así como el contar con un registro único de quienes han pasado por esas corporaciones, con el objetivo de tener uniformidad de información y de los criterios con los que se puedan iniciar las investigaciones y su seguimiento.

Otro tema que tiene mucha relación con todo lo anteriormente expresado es la propuesta del presidente Felipe Calderón en el sentido de invitar al Congreso de la Unión a retomar su iniciativa para endurecer las penas contra los criminales que secuestran y atentan contra la vida de sus víctimas.

Sin embargo, esta iniciativa que causó tanto revuelo entre la clase política y los medios de comunicación, es ciertamente muy cuestionable, pues se propone aplicar la pena de cadena perpetua a los secuestradores, mientras que los expertos en el tema aseguran que esto no inhibe de ninguna manera los índices de criminalidad.

Lo anterior queda de manifiesto en países donde la pena de muerte y la cadena perpetua están en uso, mientras que todo hace suponer que en México esta medida más que favorecer a la lucha por la inseguridad podría tener consecuencias negativas, porque de todos es sabido que las cárceles que tenemos en el país son escuelas para la delincuencia y centros de operación protegidos para los criminales.

Si se aplican las sanciones como se debe, seguramente no habría necesidad de decretar una cadena perpetua, pues criminales como ellos, alcanzarían condenas equiparables a la cadena perpetua. Por ello tal parece que la medida no es más que un asunto mediático para calmar los ánimos de los ciudadanos que exigen más y mejores resultados.

Además, se debe valorar en su justa dimensión el costo que tiene para todos los mexicanos el mantener a una persona en la cárcel, que es muy alto, por lo que lo ideal sería que se reformara verdaderamente el sistema penitenciario y que se normaran los criterios para mantener en ciertas áreas de los penales a los delincuentes de alta peligrosidad, para no revolver a los delincuentes con los criminales de alta peligrosidad.

Ese es un tema que ya se prevé en la reforma judicial que este año aprobó el Congreso de la Unión y en la cual los estados tienen ocho años para reformar todo el sistema de seguridad pública y justicia penal.

Y ante los hechos terroristas de este pasado martes en la capital michoacana, todos esos operativos y esas reformas no podrán esperar mucho, pues los michoacanos estamos viviendo el pánico de que una bomba o una bala puedan alcanzarnos o a nuestras familias.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-09-04T18:25:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL OCULTA EN LAS LEYES

El acalorado debate que sostienen hoy en día grupos de izquierda y de derecha, así como representantes populares de todos los partidos políticos sobre la despenalización del aborto, la aprobación de leyes como la de Sociedades en Convivencia, o las reformas al Código Civil del Distrito Federal que permiten el divorcio de forma unilateral, es decir, el divorcio exprés, dejan al descubierto una serie de conveniencias y de intereses ocultos que van más allá de una mera posición política en beneficio de ciertos sectores de la sociedad.

Así, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaraba como constitucional la despenalización del aborto en el Distrito Federal, originando oleadas de reacciones y de críticas tanto a favor como en contra, científicos de la NASA descubrían vida en Marte, lo cual es un hecho de enorme trascendencia para la humanidad pues cambian con ello muchas de las teorías sobre el origen del Universo y del propio devenir de la humanidad.

La relación entre ambos hechos es notable, puesto que para los magistrados, diputados, jueces, organizaciones sociales, y hasta para el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la vida de un ser humano no inicia sino hasta la doceava semana de gestación en el vientre de una madre, para los científicos, astrónomos, ingenieros, y todos los anteriormente señalados, la molécula de agua encontrada en Marte es un vestigio válido de la existencia de vida en ese planeta.

Las incongruencias e inconsistencias son muchas. No es posible afirmar que lo que hay dentro del cuerpo de una mujer embarazada de 12 semanas no es una vida, cuando existen innumerables evidencias científicas de que desde los primeros días de gestación, un corazón empieza ya a latir por sí solo y en un ritmo muy distinto al de la madre.

La ética, la moral y los valores humanos están cada vez en mayor peligro pues leyes y reformas como estas generan una sociedad irresponsable, una sociedad a la que se le ofrecen soluciones prontas a sus problemas, sin reparar en los daños intrínsecos que éstas generan.

Ello motiva además, a que los ciudadanos no asuman las consecuencias de sus actos, pues el propio Estado les está otorgando soluciones fáciles y rápidas so pretexto de hacer leyes más justas y a favor de la libertad. Y no hay que olvidar que en el ejercicio de la libertad debe existir también la responsabilidad y el compromiso por parte de la sociedad.

Pero no es sólo la legalización del aborto lo que preocupa a muchos mexicanos, lo es también la Ley de Sociedades en Convivencia, la cual otorga beneficios legales a las parejas de homosexuales que deciden vivir juntos, en un marco jurídico y legal que no es muy claro y convincente.

Esta nueva Ley deja abierta además, la posibilidad de que en un futuro los convivientes puedan adoptar menores, sin embargo, a pesar de que la intención es elevarlos al rango de “familia”, lo cierto es que por muchos derechos que se les pretenda otorgar, nunca podrán conformar una familia como tal, y esas situaciones son las que deberían estar muy claras y delimitadas jurídicamente.

Queda claro que todas las personas tienen derecho de vivir en pareja, ya sea como una unión libre o en matrimonio, sin embargo, aunque mediante una legislación se pretenda proteger el patrimonio de esas minorías, no es indispensable considerarlos y elevarlos a la calidad de familia para que ello surta efecto, pues existen en México figuras jurídicas y normas que cumplen con el propósito de garantizar el derecho sobre los bienes generados entre personas.

Asimismo, los divorcios unilaterales es un asunto que merece ser revisado, pues basta con que alguno de los cónyuges lo solicite, y sin pruebas y de forma rápida se lleva a cabo la disolución del matrimonio.

Así, el propio Estado promueve que la unión entre dos personas sea, de alguna manera, un vínculo efímero que se pueda interrumpir en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia.

Parece ser que el objetivo de todas estas leyes es propiciar la desvalorización en el seno de una sociedad tradicionalista y creyente como la mexicana para, finalmente, minar y poner en riesgo la permanencia del núcleo más importante de toda sociedad: la familia.

No cabe duda que uno de los motivos que impulsan estos cambios es el materialismo exacerbado que envuelve a todos los países del mundo, en donde lo que importa es consumir bienes materiales para satisfacer necesidades inducidas y creadas por el propio sistema que nos rige, bajo la motivación de ascender, a través del consumismo, en el escalafón social y económico que garantice al individuo el reconocimiento de la sociedad.

El sistema capitalista, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la teoría malthusiana, los grupos feministas, la izquierda radical y la derecha más dura, así como el hedonismo, el pragmatismo de la cultura oriental y el consumismo estadounidense, son factores que inciden en la descomposición social de los últimos años, no sólo en México, sino en casi todos los países del mundo.

Esta descomposición social ha conducido a sociedades como la nuestra a que se eleve el número de divorcios y de abortos, asimismo, ha generado que los índices de delincuencia aumenten a un ritmo vertiginoso, que el número de familias desintegradas crezca también, provocando generaciones de individuos cada vez más vulnerables y necesitados de cubrir carencias emocionales, a través del consumismo.

En este sentido, mucho se ha especulado sobre la intención que tiene el FMI para que los países en vías de desarrollo detengan los altos índices de natalidad por considerarlos una carga económica para los desarrollados, y que sean menores los recursos que la institución les inyecte.

La teoría malthusiana que algunos intelectuales y economistas aseguran, se ha aplicado en diversos países con el fin de reducir también el crecimiento poblacional para que los recursos materiales sean suficientes, pues su autor Thomas Malthus, señalaba que mientras la economía crecía de forma aritmética, la población crecía de forma geométrica, lo que tendría como resultado que en el largo plazo, escases de alimentos y productos para derivar en una catástrofe.

Sobre los grupos feministas, que cada vez son mas y más radicales, promueven ideas que a la postre han incidido de manera negativa en la consolidación de los principios y valores que son el sustento de la vida familiar.

Entre las medidas que han impulsado está la del aborto, como una solución a un problema socio económico bajo el pretexto de que la mujer es libre de decidir sobre su propio cuerpo; promueven además, la equidad de género que muchas han mal interpretado para abandonar responsabilidades tan importantes como el cuidado de los hijos y de la familia.

Y no es que las mujeres tengan que dedicarse únicamente al hogar, sino que dicho asunto lo han desvirtuado y con el afán de competir con los hombres por una igualdad absurda, olvidan que son ellas, por antonomasia, las principales promotoras y responsables de reafirmar los valores éticos y morales en los hijos.

Mas allá de esto, el propio sistema imprime en los sujetos la idea de que para ser feliz y vivir mejor, el padre y la madre deben trabajar por igual, tanto dentro, como fuera del hogar y contar con mayores recursos económicos, es decir, que en las familias haya más dinero y menos hijos para adquirir más bienes y servicios en detrimento de la estabilidad y permanencia de la familia.

Todo ello es reflejo de una estrategia mundial de desestabilización, cuyo objetivo último es el consumo y el gasto.

Por esto, no es de extrañar que a últimas fechas veamos oleadas de información, productos y actividades que son ajenas a nuestra cultura, como la práctica del yoga, el feng shui, el horóscopo chino, las prácticas tántricas, etcétera, que son instrumentos para alejar a los individuos de la parte occidental del planeta, donde además existe una mayoría de creyentes católicos y cristianos, de sus tradiciones y costumbres para adoptar unas nuevas.

El objetivo final es adoptar una mentalidad aparentemente más mística. Pero si observamos con detenimiento, nos damos cuenta de que son prácticas que vienen de países como China, que buscan contar con mayores adeptos a sus costumbres y mercancías. ¿Cómo lograr penetrar de forma más efectiva en países potencialmente consumidores de sus productos? Pues construyendo una relación ideológicamente más estrecha y similar.

Algo parecido sucede con nuestros vecinos de Estados Unidos, que son los principales promotores de anti valores desde hace años. Muchos aseguran que es clara su intención de adentrarse a los países de América Latina para su explotación y convertirlos en mercado de sus productos y abastecedores de materia prima y mano de obra baratas.

Ocupan para ello, entre otras medidas, la incursión de distintas sectas religiosas que ofrecen a los mexicanos católicos atractivas soluciones, no sólo a sus necesidades espirituales, sino también a las materiales, pues en algunas de éstas sectas los convierten en prácticamente trabajadores asalariados para conseguir más adeptos.

Una sociedad dividida y sin una cultura y moral sólidas es peligrosamente vulnerable a los intereses políticos y económicos de entes tanto nacionales como extranjeros.

Todo esto demuestra también que ni una derecha anquilosada, ni una izquierda radical resuelven de fondo los problemas que esconde toda la confusión que deriva de la maraña pseudo ideológica impulsada desde uno y otro lado.

Una izquierda que aparentemente critica y denosta modelos económicos como el capitalismo y el neoliberalismo, pero que a final de cuentas parece que trabaja en su favor al promover muchas de las ideas y estrategias que ocultan la realidad a los ojos del ciudadano común y les reditúa enormes dividendos políticos y económicos tanto en el país como en el extranjero.

Por otra parte, la derecha más rancia no ha mostrado capacidad para incidir de manera positiva y eficaz en convencer a la sociedad sobre los valores que promueven y las ventajas que tiene su aplicación en la vida diaria, pues ahora parecen más interesados en buscar posiciones políticas y de poder.

DE AQUI Y DE ALLA

2008-08-14T18:10:00.000-07:00

Por Alejandra Ortega Rodríguez

VELAN ARMAS LOS PARTIDOS PARA EL 2009

Las elecciones federales intermedias de 2009, en las que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, serán determinantes para que los partidos políticos midan fuerzas, pero también para conocer la evaluación que de los diferentes institutos políticos haga el electorado mexicano.

Esto cobra aún más relevancia si tomamos como base la atípica elección presidencial, que por el escaso margen con el que obtuvo el triunfo el vencedor, generó una serie de problemas y de movimientos que aún siguen teniendo repercusiones tanto en la vida interna de los partidos como en la vida cotidiana de los habitantes de este país.

Para el proceso electoral que comenzará formalmente en el mes de octubre de este año, el Partido de la Revolución Democrática PRD llega muy disminuido y mermado en todos los sentidos, ya que no aprovecharon su momento histórico y a partir de entonces han seguido una pésima estrategia que se caracteriza por destacar la irresponsabilidad de sus principales figuras, empezando por Andrés Manuel López Obrador.

Este personaje, que vivió sus mejores momentos en cuanto a popularidad cuando se erigió como mártir porque el gobierno federal pretendía desaforarlo por la comisión de varios delitos, se convirtió en el 2006 en el principal activo político de su partido, pero paradójicamente, su falta de mesura, de conciencia y de inteligencia política es también la principal responsable de la grave situación de deterioro en la que se encuentran el sol azteca y su militancia.

El intento de López Obrador por apoderarse de las principales posiciones en esa fuerza política, la necedad de dejar al margen de las mismas al fundador Cuauhtémoc Cárdenas y familia, y la soberbia de pretender dictar línea a mandatarios, a gobernadores, a militantes, a simpatizantes, a no simpatizantes, a ciudadanos y a medios de comunicación, son algunas de las causas por las que el PRD está perdiendo terreno de manera acelerada.

También es responsable de la problemática partidista el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, quien hasta hace unos meses obedecía los dictados de su antecesor al pie de la letra y que hoy, ya con el poder en la mano, hace y deshace en la capital del país con el único y exclusivo fin de alcanzar sus intereses personales, de los que no se escapa, por cierto, la posibilidad de la candidatura presidencial en el 2012.

Tan delicada es la situación para el PRD, que ya hasta el gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, reconoció en un encuentro con la cúpula de ese instituto político que su partido está en peligro de pasar del segundo al tercer lugar en cuanto al número de representantes en la próxima Cámara de Diputados, y eso, de una forma muy disminuida.

Pero no sólo los perredistas, sino todos los partidos políticos, se están preparando para hacer suyo ese botín político que es el Congreso de la Unión, porque a final de cuentas es en la máxima tribuna del país donde se discuten y determinan los asuntos de vital importancia para el devenir del país.

Además, es en ese espacio donde se hacen los amarres y enjuagues que pueden permitirle a las distintas fuerzas políticas buscar la preponderancia en los temas más relevantes para el país y, sobre todo y muy especialmente, el ejercicio del poder público.

Por ese motivo vemos que todos los partidos políticos se empiezan a mover. Y en este contexto en el Partido Acción Nacional (PAN) se registra la reaparición del ex presidente de la República, Vicente Fox Quesada, y del ex dirigente nacional del blanquiazul, Manuel Espino Barrientos.

A simple vista, lo anterior podría parecer muy extraño y paradójico para muchos, sobre todo después de que el propio Manuel Espino haya acusado, hace unas semanas, al actual presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, también de extracción panista, de espiarlo a través de sus “capos”.

Es un secreto a voces que en el equipo político calderonista no existen cuadros que sean altamente atractivos o rentables para el debate, para responder a los constantes ataques de la oposición y para salir airosos de esos enfrentamientos mediáticos.

De ahí la nueva estrategia del dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, para reincorporar a la palestra y poner nuevamente bajo los reflectores a figuras importantes como Fox y Espino, quienes han tenido, sin duda, proyección dentro del partido y que son quienes ahora pueden hacer frente a las críticas contra la segunda administración federal panista.

Por supuesto que ellos, que al interior de Acción Nacional forman parte del grupo contrario al de Calderón, deben haber negociado bien por sus servicios y lo más probable es que los acuerdos con la dirigencia nacional ahora les garanticen un buen número de posiciones en las próximas elecciones federales.

Y es que el PRD cuenta con piezas importantes para la estrategia y figurar públicamente durante el proceso electoral, como el propio López Obrador, Marcelo Ebrard y hasta Alejandro Encinas, así como en menor medida Leonel Godoy, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuenta con cuadros de la talla de su dirigente nacional, Beatriz Paredes Rangel; el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, así como en Michoacán con el diputado federal, Ascensión Orihuela Bárcenas.

Con ese panorama al frente, al PAN necesita responder a los ataques y cuestionamientos que seguramente se darán como parte natura del proceso electoral y como el blanquiazul es además gobierno, era evidente que tenía que buscar a algún actor político con la fuerza y el peso suficiente para responder.

En ese sentido, tanto Vicente Fox como Manuel Espino son figuras que pueden jugar muy bien ese papel, sobre todo porque antes ya lo habían hecho, y de esa forma evitan un desgaste innecesario a los otros panistas del equipo calderonista que ocupan puestos clave en el gobierno, en el partido y en el Congreso de la Unión.

Por su parte, el PRI también tiene mucho en juego para estas elecciones federales, pero a diferencia del PRD y del PAN, los priístas han demostrado ser expertos en el manejo de los tiempos político-electorales, pues no hay que olvidar que a final de cuentas es ese partido el que construyó el sistema político que rige a nuestro país.

Aún hoy, y en muchos sentidos, esa experiencia les resulta muy útil, pues saben perfectamente que “el que se mueve, no sale en la foto”, y es precisamente por eso que actúan con una disciplina que debería ser ejemplo para los otros partidos políticos, que proceden con cautela y de manera mesurada van acomodando sus piezas, así, sus adversarios políticos, enfrascados en las luchas internas y externas, ni los sientan.

Los tricolores se trabajan con un bajo perfil, sin captar los reflectores más allá de lo estrictamente necesario y sin entender el bajo perfil como la incapacidad y la inoperancia que ha demostrado el gabinete de Leonel Godoy, sino que operan de una forma muy dirigida, lo que les permite ganar en buena medida el capital político que los otros partidos pierden.

Hasta ahora, el panorama político general del país coloca al PAN y al PRI como partidos que están buscando de manera intensa la mayoría en el Congreso de la Unión, mientras que el PRD se perfila como el gran perdedor, porque no ha sido capaz de organizarse y reinventarse, aún teniendo entre sus figuras a quien hace dos años los condujo hasta niveles antes inalcanzables.

Está claro que mientras el blanquiazul y el tricolor ya mueven sus piezas para el proceso electoral del próximo año, el partido del sol azteca sigue absorto en sus pugnas internas por la dirigencia nacional, y aunque su movilización contra la reforma energética los ha podido unir en algunos momentos, además de que se ha convertido en su principal bandera política en los últimos meses, lo cierto es que pesa más en esa fuerza política el fantasma de la división.

Por lo que se refiere a Michoacán, el complejo panorama político-electoral que se vislumbra para el PRD incidirá en el ánimo de sus militantes. Las recientes declaraciones del gobernador Leonel Godoy se pueden interpretar como un síntoma de debilidad y preocupación entre la militancia del partido del sol azteca, pues es grave el tener que reconocer de manera tan abierta que se necesita de una recomposición interna, para evitar ser la tercera fuerza en la máxima tribuna del país.

Las declaraciones del ejecutivo michoacano se pueden interpretar como un síntoma de debilidad y preocupación entre los perredistas, pues el reconocer de forma tan abierta que se necesita de una recomposición interna, ello en boca del propio representante del ejecutivo estatal resulta muy curioso, además de que llamó a sus correligionarios a tomar en sus manos los trabajos del partido y fortalecer e incrementar el trabajo territorial.

Cabe señalar, que en otros tiempos ese llamado “trabajo territorial” no quería decir mas que la operación político-electoral en los diferentes distritos electorales, que traducido en términos más coloquiales no es más que la “mapachería”. En este sentido, habría que estar muy atentos para ver cuáles son las estrategias que emplean los militantes del sol azteca para, cuando menos, recuperar esos votos que tenían.

De esa forma, el gobernador parece estar hablando de manera clara y directa de que el PRD debe aprovechar su posición de ser gobierno de Michoacán para “bajar recursos estatales y federales” como dijo él a fin de trabajar en los municipios y colonias más marginadas en la gestión con tales fines electoreros, para capitalizarlos más tarde en votos contantes y sonantes.

Todos sabemos que estas acciones llevan a cabo normalmente, pero el hecho de decirlo abiertamente y de boca de quien salió, hay mucha diferencia.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-07-31T07:37:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

LA FARSA DE LA CONSULTA PETROLERA

Por más que intenten matizar cifras y buscar justificaciones, a muy pocos convencen los líderes del Frente Amplio Progresista (FAP) con los argumentos que presentan para asegurar que, de uno o de otro modo, la consulta popular sobre la reforma energética fue un éxito rotundo y demostró que la mayoría de los mexicanos estamos en contra de la iniciativa impulsada por el gobierno federal.

Lo cierto es que en este ejercicio, aún y cuando estuvo manipulado de principio a fin, sólo se habrían captado en el más optimista de los escenarios poco más de millón y medio de opiniones en 10 entidades de la República, que representa alrededor del 2 por ciento de los 74 millones 17 mil 565 ciudadanos que estamos registrados en el listado nominal de electores, y eso con las salvedades que al día siguiente se dieron a conocer en los distintos medios de comunicación.

Las semanas anteriores a este ejercicio los dirigentes nacionales y estatales, así como legisladores del PAN y del PRI, además de líderes de cámaras de comercio, agrupaciones de profesionistas, organizaciones civiles y empresas encuestadoras serias, advertían sobre las múltiples inconsistencias en la consulta petrolera organizada por distintos partidos y organizaciones de la izquierda radical encabezados por el PRD.

Entre esas observaciones y descalificaciones se encontraban, por ejemplo, la falta de regulación legal de este tipo de ejercicios en la mayor parte del país, y aunque en el Distrito Federal está reglamentada la participación ciudadana, lo cierto es que es cuestionable que el gobierno capitalino encabezado por el ahora precandidato presidencial, Marcelo Ebrard Casaubon, haya puesto a consideración de sus gobernados un tema que no es de su competencia, sino del ámbito del gobierno federal y de la Cámara de Senadores, como lo establece la propia Constitución General de la República.

También se criticó la ausencia de una justificación válida para su realización, puesto que era evidente que se trataba de una estratagema política tendiente a incidir en el resultado de los foros sobre la reforma energética que se llevaron a cabo en el Senado de la República con el acuerdo de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. Así, todo parecía indicar que el FAP preveía su eventual derrota en lo foros que esas mismas fuerzas políticas demandaron cuando tomaron las máximas tribunas de la nación y por eso recurrían a esta acción desesperada para tratar de recuperar parte de la credibilidad perdida.

De la misma forma, los detractores de este ejercicio de participación ciudadana denunciaron hasta el cansancio que para la organización y difusión de la consulta a nivel nacional se estaban desviando recursos públicos del Gobierno del Distrito Federal, así como de los gobiernos estatales y municipales del PRD.

Incluso, la utilización de prerrogativas en el evento político-partidista, es decir recursos públicos que otorgan los órganos electorales a los partidos políticos, sería un desvío monetario penado por la ley, precisamente al tratarse de cantidades del erario público que son otorgados a los institutos políticos para actividades propias de los mismos establecidas en las leyes en la materia.

También fueron múltiples los señalamientos que ponían en tela de juicio la calidad moral del partido del sol azteca para organizar una consulta popular nacional, cuando ni siquiera fueron capaces de organizar con éxito una elección interna, un proceso que por cierto se tuvo que anular cuatro meses y tres días después de realizada la jornada.

No obstante, al PRD no parecieron importarle éstas últimas descalificaciones, pues con total descaro, varios de aquellos que participaron en la organización del anulado proceso perredista fueron designados integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, tanto a nivel nacional como en los estados.

La falta de objetividad y seriedad de los impulsores de la consulta petrolera, fue otro de los temas severamente criticados por los opositores al ejercicio, puesto que la gran mayoría de ellos fueron personajes plenamente identificados con el sector de la izquierda radical y se autoerigieron como representantes de todo el pueblo de México sin mediar de por medio un mecanismo que permitiera que ese equipo estuviese conformado realmente por ciudadanos representativos de la sociedad.

El equipo de especialistas conformado por académicos, ideólogos y consultores externos que se eligió para determinar la metodología y las preguntas a hacer, también resultó un verdadero fiasco, puesto que a todo ese equipo de autodenominados intelectuales les llevó un plazo de alrededor de ocho semanas de “concienzudo análisis” la elaboración de dos preguntas que se dieron a conocer a sólo cinco días de la fecha del proceso y presuntamente serían de una objetividad tal que por sí mismas darían legitimidad al proceso.

Al final, el producto de todas esas sesiones de trabajo, y de múltiples anuncios frustrados para la presentación de cuestionario que habrían de responder los participantes, las preguntas resultaron ser absurdas, más absurdas y tendenciosas que el origen de la consulta misma.

La primera pregunta comenzaba con un comentario en el que se decía que constitucionalmente la cadena productiva de los hidrocarburos debe estar en manos del Estado Mexicano, es decir de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que al final se cuestionaba al lector si estaban de acuerdo a que en la misma se permitiera la inversión privada.

En tanto, la segunda pregunta era para conocer si ya con los antecedentes previos el poseedor de la papeleta opinaba a favor o en contra de la iniciativa de reforma energética del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Más claro ni el agua.

Días antes de la consulta petrolera empresas encuestadoras serias daban a conocer datos muy interesantes que ponían en su justa dimensión al ejercicio de participación ciudadana del FAP, de Andrés Manuel López Obrador, de Marcelo Ebrard, del también ex salinista Manuel Camacho Solís y en general de partidos políticos como el PRD, el PT y Convergencia.

En el caso de Michoacán fue Investigaciones para el Desarrollo Estratégico (Indes), del reconocido especialista en la materia electoral, Jaime Rivera Velázquez, la que informó los resultados de una encuesta telefónica realizada a nivel estatal, en la que se cuidó la metodología para obtener una muestra lo más representativa posible del pueblo michoacano.

De acuerdo con ese estudio, el 84 por ciento de los michoacanos habían oído hablar de la reforma energética, sin embargo, más del 60 por ciento de la población admitió no contar con suficiente información sobre el tema y, en una estadística que incomodó a los integrantes del FAP, el 44 por ciento de la ciudadanía señaló que de participar en la consulta popular opinaría a favor de la iniciativa de reforma energética del presidente Felipe Calderón. Esto, contra tan sólo un 33 por ciento que opinaría en contra de la misma.

Rivera Velázquez advirtió que los resultados de la encuesta iban a ser distintos a los del ejercicio del PRD y compañía, puesto que representaban universos diferentes. Mientras que en el sondeo de Indes se contaba con una muestra representativa que indicaba las tendencias de lo que opina la sociedad michoacana, en la consulta popular participarían particularmente aquellas personas interesadas en atender una convocatoria de los partidos que representan a la izquierda en el estado.

En respuesta, la dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano, desestimó las estadísticas de Indes, porque se dijo convencida de que el ejercicio del FAP contra la reforma energética contaría con un amplio respaldo de la gran mayoría de los michoacanos. De hecho, semanas antes había pronosticado que tan sólo en Michoacán se obtendría una participación cercana a las 500 mil personas, sin embargo, luego de ser reconvenida por Raúl Morón Orozco, coordinador parlamentario del sol azteca en el Congreso del Estado, la lideresa perredista se desdijo y aseguró que ese vaticinio fue mal interpretado por los medios de comunicación.

Ese fue apenas el inicio de una serie de promesas, compromisos y utopías por parte de los miembros del Frente Amplio en Michoacán, así como de aquellos a quienes se erigió como consejeros ciudadanos. Hablaron de lo que ellos aseguraron que pasaría en esa jornada cívica ciudadana.

Artemio Ortiz Hurtado, dirigente del magisterio democrático, contrario a su costumbre, fue menos optimista y vaticinó que la participación sería de aproximadamente 300 mil personas, mientras que sólo dos días antes de la consulta, al contar ya con cálculos más realistas, Fabiola Alanís matizaba sus pronósticos y anticipaba sólo 210 mil opiniones.

También destacó que se colocarían 1 mil 519 mesas receptoras en toda la geografía michoacana, cantidad que impresionaba, sobre todo si se tomaba en consideración que el GDF instalaría 3 mil centros de recepción en la ciudad de México, que cuenta con un padrón cuatro veces mayor que el de Michoacán.

Sin embargo, la desorganización privó en la organización de la consulta en la entidad. La dirigencia estatal perredista (que se adjudicó casi el 100 por ciento de la organización, relegando a segundo o tercer término a sus aliados del PT, de Convergencia, de sindicatos y de organizaciones civiles), prometió a los medios de comunicación que les proporcionaría el listado de las 1 mil 519 mesas receptoras y después, al revisar sus datos, se encontró con que no alcanzaba la cifra que se había presumido.

Los dos días previos a la consulta, fueron de múltiples ajustes y el mayor número de mesas que lograron reunir a sólo 12 horas de que iniciara la consulta fluctuaba por las 1 mil 300 mesas, argumentando que algunos de los centros de recepción se habían duplicado por parte del magisterio democrático y por eso habían sido eliminadas del listado.

La jornada ciudadana, como era de esperarse, estuvo plagada de una serie de irregularidades que ya se habían anticipado, similares a las presentadas en el proceso interno del PRD recientemente anulado. En medios electrónicos de comunicación nacionales se pudo observar que el ejercicio se desarrolló prácticamente sin candados, que hubo rellenado de urnas y que cualquiera que lo deseara podía emitir su opinión las veces que quisiera. De hecho, hubo quien con un video demostró que votó 18 veces.

En Michoacán se observaron las mesas receptoras vacías la mayor parte del tiempo y comportamientos atípicos en algunas de ellas, como acarreos, por ejemplo.

Al final de cuentas, y a pesar de las múltiples inconsistencias, incluida la de que la consulta no contó con un órgano de vigilancia y supervisor que garantizara la transparencia, los resultados nacionales fueron magros, sólo un poco más de 1 millón y medio de opiniones, cifra además bastante cuestionable, de un padrón de 74 millones 17 mil 565 ciudadanos.

Mientras tanto, Fabiola Alanís y el Consejo Consultivo Ciudadano de Michoacán sudaron frío cuando llegaron los resultados del ejercicio en la entidad, puesto que aún con todo el uso de recursos y las irregularidades que se omitieron, se estaban quedando cortos respecto del pronóstico que se había hecho.

Por la noche del domingo, la lideresa perredista anunciaba que se contaba con proyecciones que establecían que la participación estaría cercana a las 200 mil opiniones y al día siguiente Raquel Sosa Elizaga, la secretaria de Educación del “gobierno legítimo de López Obrador, reconocía que aún no se contaba con el conteo definitivo, pero se esperaba la participación de 172 mil ciudadanos, una cifra muy corta comparada con las que se habían vaticinado en distintos momentos.

Aún así, el precandidato presidencial, Marcelo Ebrard, quien días antes vino a Michoacán a promover su consulta de manera conjunta con el gobernador Leonel Godoy, juró y perjuró que el ejercicio fue exitoso y que el número de participaciones en el DF, según él alrededor de 800 mil, es una muestra clara de que la mayoría de los mexicanos están en contra de la iniciativa de reforma energética del gobierno federal, cuando esa cifra representa sólo el 15 por ciento de los votos que obtuvieron los candidatos a diputados federales de esa entidad federativa en 2006.

En Michoacán las justificaciones y los matices correspondieron a Raquel Sosa y Fabiola Alanís, quienes al ver cómo iban cayendo los resultados y se frustraban sus proyecciones, argumentaron que no se trataba de una elección constitucional y que la participación rebasó aún con todo sus expectativas.

Incluso la funcionaria del “gobierno legítimo” fue más allá al señalar que con esa cantidad de opiniones se demostraba la opinión de la gran mayoría de los michoacanos en contra de la iniciativa de reforma energética de Felipe Calderón, porque la “copiosa” afluencia de michoacanos a las mesas receptoras equivalía a la mitad de las personas que votan en una jornada comicial para gobernador.

Al decir esto, Sosa Elizaga demostró su ignorancia de la realidad político electoral de Michoacán, pues de haberla conocido se habría enterado de que si en el 2007 Leonel Godoy hubiera obtenido una votación similar habría caído hasta el tercer lugar en los comicios locales, además de que 172 mil participantes en un padrón electoral de Michoacán que fluctúa por los 2 millones 900 mil ciudadanos, representa a menos del 6 por ciento de los votantes potenciales, que de ninguna manera representan a todos los michoacanos.

En resumen, la consulta popular sobre la reforma energética fue atendida sólo por un sector de la población plenamente identificado con la izquierda radical del país, no contó con medidas que garantizaran su objetividad y transparencia, fue un fracaso por sus pírricos resultados y sólo pretendió obedecer a los intereses de los dos precandidatos presidenciales del PRD, Marcelo Ebrard por un lado, y López Obrador por el otro.

Uno de ellos vino a placearse a Michoacán hace unos días, tratando de capitalizar políticamente todo lo que rodea a la oposición contra la reforma energética, el otro vendrá esta misma semana, visitando incluso a Yurécuaro. Ya sabemos de su intolerancia, pero entre las muchas preguntas que podríamos hacerle destaca el costo del recién concluido proceso, pues el FAP asegura que a nivel nacional se gastaron 4 millones 250 mil pesos, mientras que los cálculos de la oposición establecen una cifra superior a los 70 millones de pesos que quién sabe de dónde salieron.

La dirigencia estatal del PRD asegura que sólo gastó 300 mil pesos para la organización, distribución y recopilación de la paquetería, movilización de sus funcionarios y militantes, colocación de 1 mil 289 mesas receptoras en 112 municipios de Michoacán y demás gastos menores. Independientemente de todas las inconsistencias y supuestas motivaciones del ejercicio, ¿usted les cree?

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-07-18T11:37:00.000-07:00

Por Alejandra Ortega Rodríguez

LOS VIAJEROS FRECUENTES DEL CONGRESO DEL ESTADO

Parece mentira que a sólo seis meses de que se instaló la 71 Legislatura del Congreso del Estado, nuestros diputados locales, los representantes de todos los michoacanos en la máxima tribuna del estado, ya tienen la mira puesta en su segundo periodo vacacional. Y esto, sin contar los prolongados fines de semana de cuatro o cinco días de los que muchos de ellos gozan con frecuencia para visitar sus municipios y cuidar su capital político.

Hace apenas unos días varios de los legisladores locales confirmaron que está por arrancar el periodo de las vacacional de verano en el Poder Legislativo, en el que los trabajadores de la institución se irán de manera escalonada de vacaciones durante un lapso que según algunos será de 15 días, mientras que otros argumentan que se trata de un mes el tiempo en el que el Congreso no contará con su plantilla laboral completa.

Aunque los legisladores michoacanos juran y perjuran que ellos no abandonarán el Palacio Legislativo, puesto que seguirán trabajando en comisiones, mientras los empleados disfrutan de sus días de descanso, lo cierto es que eso nadie lo cree y no sería la primera vez que una Legislatura local de manera amañada suspende sesiones hasta por un mes, tiempo que aprovechan para darse su “escapadita” ya sea a los paradisíacos destinos con los que cuenta México, o hasta al extranjero, como nuestros anteriores diputados, a quienes se les hizo costumbre visitar con frecuencia Las Vegas, Nevada, mejor conocida como la capital mundial del juego.

Esto llama más la atención porque nuestro Congreso local ha tenido unos primeros meses en los que ha hecho puntualizaciones muy severas para que el Ejecutivo Estatal, el Poder Judicial y los órganos autónomos de Michoacán se conduzcan con un estricto apego a las muy necesarias medidas de austeridad que las condiciones actuales del país imponen.

Precisamente por ello, los habitantes de la entidad, como sus patrones que somos, deberíamos exigirles que desquiten los jugosos salarios, dietas, gastos parlamentarios y otras prerrogativas que reciben de nuestros impuestos, para que cada peso que se invierte en ellos de verdad valga la pena, además de que se moderen en el enorme dispendio de recursos que hacen con sus viajes legislativos, así como con sus cursos y talleres que toman en paradisíacos lugares y sus visitas de cortesía a ciudades extranjeras a exponer no sé qué y a traer nada a costa de nuestros bolsillos.

Ya es un argumento bastante socorrido por las anteriores legislaturas, aquél que indica que como cualquier trabajador, nuestros diputados tienen garantías laborales, por lo que tienen derecho a todas las prestaciones de ley y a vacaciones periódicas, que siempre procuran tomar durante los periodos correspondientes a Semana Santa, verano y Navidad y Año Nuevo.

Lo que nunca dicen, es que sus percepciones son 54 veces más que el del promedio de cualquier trabajador que gana un salario mínimo, eso sin contar los impuestos sobre su sueldo que ya son pagados por el propio Congreso y que alcanza los 13 mil pesos. Se olvidan entonces, de que ellos no son sindicalizados ni personal de base o de contrato, como muchos otros integrantes del Congreso.

Además, tampoco aclaran que si van a querer tener todos aquellos derechos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, entonces no tendrían derecho a vacaciones sino hasta que tuviesen más de un año laborando en el Legislativo, y éstas serían por un lapso de solamente seis días.

Si se considera que la 71 Legislatura se instaló el 15 de enero de 2008, entonces habrá que decir que apenas en Semana Santa la mayoría de nuestros diputados locales se tomaron sus 7 días de vacaciones, además con frecuencia muchos de ellos salen de la ciudad en sus famosos fines de semana largos, en los que ni los viernes ni los lunes se aparecen por el Congreso.

Ha sido una práctica común de los anteriores congresos locales de Michoacán el hecho de que en periodos vacacionales adelantan las dos sesiones del mes, a las que están obligadas por ley, y retrasan hasta el final las dos sesiones de pleno del mes posterior, lo que les da un margen de maniobra de alrededor de 30 días para salir a vacacionar, pero todo parece indicar que esta vez hay asuntos que muy a su pesar están interrumpiendo los planes de los legisladores.

Entre estos asuntos podemos destacar lo relacionado con el caso Cherán, pero también lo relativo a la disposición de la Constitución Federal en el sentido de que los congresos locales deberán aprobar las reformas tendientes a garantizar la transparencia y el acceso a la información a más tardar en un año después de su entrada en vigor a nivel nacional. Ese plazo vence el próximo 20 de julio y el Congreso del Estado aún está a la espera de que los ayuntamientos avalen la reforma constitucional local, para lo que tienen hasta 30 días de plazo, contados a partir de la fecha en la que fueron notificados, y eso sin perder de vista que la adecuación a la Constitución local fue aprobada por el Legislativo local apenas el pasado 3 de julio.

Pero eso no es todo, algunos de los representantes populares de Michoacán en la máxima tribuna del estado han hecho uso de los recursos públicos, del dinero que pertenece al pueblo y que ellos administran en esa institución, para hacer una serie de viajes y actividades infructuosas que, cuando vemos los resultados, parecen tener más efectos mediáticos y políticos que prácticos y de beneficios directos para los michoacanos.

Al hacer un recuento de las actividades del Legislativo, es posible percatarse de que además del periodo vacacional que se tomaron durante la Semana Santa, los legisladores michoacanos han realizado una serie de salidas al extranjero y a destinos turísticos que han redundado en enormes gastos de representación a cargo del bolsillo de todos los habitantes de Michoacán.

Entre esas onerosas e infructíferas salidas de Michoacán, entre las más sonadas destaca la de finales de abril hecha por los diputados Alfredo Anaya Gudiño, Arturo Guzmán Abrego, Sergio Solís Suárez y Mauricio Prieto Gómez a Orizaba, Veracruz, con el argumento de visitar la sede del Poder Legislativo en ese estado para obtener ideas del próximo edificio del Congreso michoacano.

Asimismo, el grupo parlamentario del PRD anunció que los días 26 y 27 de abril, sábado y domingo, sus 14 diputados participarían en una reunión interna y una serie de talleres en Ixtapa-Zihuatanejo, cuyos gastos serían erogados personalmente con los recursos de cada legislador, no con dinero del erario público.

Finalmente, esa reunión comenzó desde el jueves 24 y concluyó hasta el lunes 28 de abril, porque los perredistas aprovecharon que en las mismas fechas los legisladores del PRI se dividieron para participar en eventos partidistas en el Distrito Federal y la ciudad de México, por lo que esa semana no habría sesión de pleno en el Congreso.

Recientemente, la diputada panista Macarena Chávez Flores anunciaba que el domingo 6 de julio el grupo parlamentario del PAN acudiría también a Ixtapa-Zihuatanejo a un curso de capacitación que sería pagado con recursos propios de los legisladores del blanquiazul. Lo que no dijo es que la mayoría de ellos se fueron desde el viernes 4 de julio y regresaron hasta el miércoles 9 del mismo mes.

Acerca de esos talleres de capacitación a legisladores del PRD y del PAN, es curioso que elijan siempre sitios tan convenientes para hacer sus cursos, cuando lo más sencillo sería que en lugar de que más de 10 legisladores se trasladen a dicho destino, que genera gastos de traslado, hospedajes, alimentos, además de lo que cueste el curso, deberían ellos mismos hacer su “vaquita” y que sea el instructor el que les traiga a la capital la útil capacitación y así, hasta ellos mismos ahorran.

Lo peor del caso es que a pesar de todos los cursos que los diputados toman a lo largo de lo que dura la legislatura, no se ven avances sustanciales en ellos. Tal ves lo que les hace falta es cambiar de instructores, los mismos que la sociedad michoacana paga con sus impuestos.

Cabe recordar que del 9 al 14 de junio, una comisión de diputados locales, entre quienes iban Arquímedes Oseguera Solorio, Mauricio Prieto Gómez y Eduardo Sánchez Martínez, viajó a Uruguay a gestionar la firma de un convenio para impulsar el desarrollo comercial entre ese país y Michoacán. El primero de los legisladores aseguró que el costo del viaje corrió por cuenta de cada uno de ellos, y de verdad sorprende tanta dádiva y bonhomía de los legisladores para desprenderse de varios miles de pesos por el bien de la entidad.

Sobre el viaje a Chicago, Illinois, para fortalecer la identidad michoacana, éste es ya un tema recurrente entre los políticos, para ello concretan y aceptan toda clase de invitaciones de agrupaciones de migrantes mexicanos, sin embargo no hemos acabado de ver resultados de estos encuentros tan onerosos para el estado.

En esta ocasión, a finales de junio los diputados Antonio García Conejo, Gustavo Ávila Vázquez, Sergio Solís Suárez, Arturo Guzmán Abrego, Macarena Chávez Flores, David Huirache Béjar y Juan Carlos Campos Ponce, aceptaron la invitación al evento en el que anualmente van los políticos a Estados Unidos para "conocer" de cerca las carencias y condiciones de trabajo y de vivienda en las que se encuentran los migrantes.

Según los políticos, el objetivo es trabajar en un proyecto que genere mejores condiciones de vida para los hermanos michoacanos que residen en aquél país, sin embargo, al llegar a México, a los representantes del pueblo se les olvida, como por arte de magia lo que fueron a hacer allá, las conclusiones a las que llegaron y no se trabaja en ningún proyecto viable y sustentable que permita avanzar en ese sentido.

Existen muchos proyectos que tienen la intención de mermar los altos índices de migración y reducir las graves problemáticas que enfrenta cotidianamente ese sector, pero ninguno de estos proyectos es realmente efectivo y no hay indicios de que a partir de alguno de los programas de gobierno, se haya disminuido el tránsito de michoacanos a los Estados Unidos.

Aunque es difícil detener la migración, se deberían articular verdaderos programas tendientes a mejorar las condiciones sociales y económicas de los ciudadanos en las distintas comunidades del estado. Pero esto no importa realmente, pues no hay que olvidar que el fin real del acercamiento de los legisladores y políticos a los connacionales es, en realidad, aprovechar y amarrar ese capital político que representan los migrantes; y así éstos continuarán haciendo sus visitas para seguir conociendo de cerca el estado en el que viven los migrantes.

En cuanto al viaje que los legisladores hicieron recientemente a España para fortalecer lazos de hermandad y cooperación entre las dos naciones, es curioso que año con año se realice esa visita con el mismo fin, a la que van representantes del congreso local y del gobierno del estado, sin embargo tal parece que a pesar de tantas reuniones, nunca se terminan de hermanar ambas naciones.

Es positivo que se promocionen las riquezas culturales, gastronómicas, arquitectónicas e históricas, entre otras, de Michoacán, pero, ¿por qué debe ser con base en viajes multitudinarios con altísimos costos para la población?

Por lo que se refiere a este caso, los asistentes son Jesús Ávalos Plata, Eligio Cuitláhuac González Farías, José Jesús Lucas Ángel y Roberto Arriaga Colín, quienes no cuentan precisamente con una experiencia o trayectoria en esos temas, que pudieran aportar experiencias y conocimientos para que se logre mayor promoción de la entidad en el extranjero.

Quienes tendrían que asistir a estos eventos, son si duda personas que conozcan muy bien del tema, no sólo turístico, sino de la historia, de la cultura y que sepan promover verdaderamente a la entidad, para que no vayan sólo de paseo, o a conocer o a hacer relaciones públicas, además de que deben contar con un proyecto bien elaborado, sustentable que sea presentado a las diferentes instituciones de los países a los que se visita, además de darle seguimiento al mismo.

Muchos diputados y funcionarios públicos, como los regidores, quienes también tienen sus saliditas muy secretas a distintos países, incluso presumen de sus bastos conocimientos sobre la cultura de varias naciones, cuando es un asunto que más bien deberían de callar, pues esos viajes se deben sólo a sus cargos, que no son vitalicios, y a los recursos que logran obtener de diferentes formas para esos fines.

Con razón son tan peleadas esas posiciones a través de candidaturas al interior de los partidos. Pero al final de cuentas, aunque llegan 40 diputados al Congreso del Estado, poquísimos son los que destacan por realizar un trabajo profesional, dedicado, presentando iniciativas, trabajando en comisiones y atendiendo a la gente, mientras que los demás tienen un paso tan gris en la política que sólo puede calificarse como de debut y despedida.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-07-14T23:05:00.001-07:00

Por: Alejandra Ortega

ESPIONAJE POLÍTICO Y LAS FALLAS DEL CISEN

El espionaje y contraespionaje manejados desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) han sido tema recurrente en los últimos años, sobre todo desde los atentados del EPR a los ductos de PEMEX y ahora con el escándalo que han generado las acusaciones del senador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, del ex dirigente nacional del PAN y actual presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Manuel Espino, y algunos gobernadores y legisladores de extracción priísta y panista de ser objeto de prácticas de espionaje por parte de dicho instituto.

En los últimos años, el CISEN ha sufrido una importante transformación en su estructura y forma de operar. Se le han restado atribuciones y jerarquía a varias de las que eran direcciones encargadas de las intercepciones telefónicas y del reclutamiento de los agentes ente otras, mismas que quedaron convertidas en subdirecciones.

A pesar de ello, algunos especialistas e investigadores señalan que la institución aún cuenta con los tentáculos del espionaje, tan utilizados por los gobiernos del PRI, y que tanto el gobierno foxista como el calderonista no han logrado desarticular, dejando intactas además, algunas de las áreas estratégicas para el manejo y generación de la información bajo un burocratismo anquilosado.

Al parecer, la mala planeación de las modificaciones que se han hecho, no sólo de los espacios, sino de las líneas de comunicación y mando han generado además conflictos e involución que han traído como consecuencia que la toma de decisiones, la planeación y estrategias empleadas no sean siempre las más adecuadas para cada caso.

De esta forma, el Cisen ha limitado su campo de acción y tareas para concentrarse, sobre todo, en el análisis estratégico e inteligencia, así como la investigación, dejando en manos de la PGR, la Sedena y la SSP asuntos como la contrainteligencia.

Sin embargo, la institución continúa ejerciendo un presupuesto bastante considerable para sus operaciones, es así como el año pasado se autorizaron recursos por más de mil 114 millones de pesos, pero 40 millones de pesos menos que en 2006.

Aunque para 2007 hubo una disminución del presupuesto respecto al 2006, lo cierto es que en los últimos años el incremento de los recursos otorgados al Cisen, se calcula por arriba del 400 por ciento. Este aumento se debe en gran medida a la aparición de mayores conflictos sociales en el país y a la conformación de nuevos grupos beligerantes.

Pero los resultados erráticos en el análisis de diferentes fenómenos sociales y políticos en México, incluso la omisión de los mismos, han puesto en tela de juicio la justificación de su existencia, mientras se busca a un culpable en la persona de Guillermo Valdés Castellanos, actual director general del Centro y que fue también director de la encuestadora GEA-ISA, y que es muy cercano al Presidente Felipe Calderón.

El nombramiento de Valdés Castellanos fue muy cuestionado en su momento, pues no cuenta con el perfil, ni la experiencia en el manejo de sistemas estratégicos, tácticos y operativos para prevenir y hacer prevalecer la seguridad nacional.

Ya durante el sexenio del es presidente Vicente Fox, el Cisen sufrió varios cambios estructurales, ente ellos el reemplazo de muchos agentes especializados, que contaban con importante experiencia y muchos años de servicio. Estos fueron sustituidos por estudiantes bajo un riguroso proceso de selección, que no sustituyó la falta de capacidad y conocimientos en los temas de seguridad nacional.

Algunos aseguran que el reemplazo obedeció, en realidad, a una estrategia por colocar en áreas específicas y estratégicas a personas allegadas al equipo del ex mandatario. Lo anterior, generó descontrol al interior y un retroceso sensible que derivó en varias inconsistencias tácticas importantes que dejaron vulnerables algunos flancos.

Pero también generó la duda y suspicacia de algunos, pues se aseguró en su momento, que Fox buscaba tener gente de todas sus confianzas para realizar espionaje de sus adversarios con fines netamente políticos en su favor.

Desde 1985, cuando se fusionan la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, que dan origen al Cisen, a pesar de los fines que se buscaron para la operatividad del centro, los mandatarios en turno hicieron uso de la información que el organismo generaba con fines políticos, electorales y partidistas, lo que lo hizo ineficiente muchas veces para la prevención de las amenazas para la seguridad nacional.

De esta forma, sucesos como el levantamiento zapatista en 1994, o la explosión a los depósitos de de PEMEX por el EPR evidencian las debilidades estructurales y de manejo de información para identificar adecuada y puntualmente las amenazas que se gestaban, y evitarlas mediante el desarrollo de estrategias específicas.

En nuestro país el espionaje a funcionarios de gobierno, a políticos, empresarios y personajes públicos se hizo práctica común. No es para nadie un secreto que las redes telefónicas de las distintas dependencias, el Congreso de la Unión y oficinas de empresarios y políticos son muy susceptibles de encontrarse intervenidas.

Pero incluso, la propia Ley faculta al Cisen para realizar estas prácticas, con el fin de que se pueda recopilar el mayor número de datos posibles para llevar a cabo un plan estratégico que permita predecir fenómenos y reconstruir escenarios.

En el artículo 31 de la Ley de Seguridad Nacional se establece que al ejercer atribuciones propias de la producción de inteligencia, se podrá hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso las garantías individuales.

Pese a ello, cabe señalar que como resultado de los cambios que ha sufrido el instituto, son cada vez más los señalamientos que se hacen, incluso desde el interior del Cisen, sobre el descontrol y discrecionalidad para llevar a cabo acciones de espionaje como la de interceptar llamadas telefónicas, lo cual genera un mal manejo de la información y fines no muy claros respecto a la utilización y generación de la misma.

Otra acusación que recae en el Centro de Investigación, es la de haber contratado a una empresa particular por un millón de pesos, para llevar a cabo trabajos de inteligencia dentro del Congreso de la Unión, la información obtenida y los nombres de los investigados, fueron reservados por un periodo de 12 años. Las reacciones al respecto no se hicieron esperar.

Y no es para menos, pues además de los costos que representa para el país la contratación de empresas privadas para hacer el trabajo que deberían hacer instituciones de gobierno que tienen esos fines, como el propio Centro de Investigación, resulta también muy preocupante que información privada y muy delicada quede en manos de particulares.

Es un riesgo mayúsculo para el país que esta información clasificada pueda llegar a ser mal utilizada, además de los riesgos que representaría para la nación una fuga de tal información. Parece entonces paradójico que el propio Cisen, encargado de evitar amenazas y riesgos que pongan en peligro la seguridad nacional, genere al mismo tiempo, situaciones que pueden derivar en esos casos.Lo anterior ha generado que el propio Poder Legislativo solicite la renuncia de Guillermo Valdés.

Mientras tanto, políticos y funcionarios tendrán que concretarse en hacer buen uso de las líneas de comunicación en el Congreso, pues seguirán seguramente vigilados.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-07-01T22:45:00.000-07:00

PROPICIA GOBIERNO DEL ESTADO SU NUEVO FRACASO

Cuando comenzó la actual administración estatal de Leonel Godoy Rangel, líderes empresariales y dirigentes políticos llamaron, ante los primeros visos de problemas, a dar un plazo de gracia al nuevo gobierno estatal mientras daba resultados. El mismo jefe del Ejecutivo prefirió no crear excesivas expectativas en su gobierno al anunciar un gabinete de bajo perfil y que pondría en marcha planes de austeridad que derivarían en la aplicación limitada de recursos públicos en la entidad.

Ante los primeros problemas, como las huelgas de los sindicatos de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) y de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), así como los enfrentamientos estudiantiles y la negativa para acreditar la Facultad de Medicina, pero también la agudización de la inseguridad y la radicalización del movimiento democrático magisterial, los miembros del nuevo gobierno perredista argumentaron que aún era poco el tiempo para evaluar su desempeño.

Así, a finales del mes pasado se cumplieron los 100 días que algunos de ellos pidieron y la evaluación prometida pasó de noche para la mayoría de los michoacanos. A los problemas antes mencionados se sumaron muchos más, como los asesinatos de un ex candidato a la presidencia municipal de Cherán, de un ex alcalde de Buenavista Tomatlán, de un presidente municipal en funciones de Villa Madero y de un síndico de Tuzantla, hasta ahora.

De acuerdo con la gente enterada del tema, muchos de estos problemas se han derivado de una política de control absoluto ejercida desde su arribo al gobierno del estado por Leonel Godoy. El hecho de haber nombrado a un gabinete de bajo perfil, que en los hechos ya demostró que el calificativo se le adjudicó atinadamente, fue la primera señal del mandatario estatal sobre su interés por manipular a su antojo a cada área del gobierno del estado.

Entre los errores más sonados en la designación de los nuevos funcionarios estatales destaca el nombramiento de la secretaria de Educación en el Estado, Aída Sagrero Hernández, pero no por ello opaca al fracaso de haber colocado como secretario de Gobierno al inexperto joven, Fidel Calderón Torreblanca, quien no ha sido un operador adecuado, ni con la agudeza, ni con el tacto, ni con la madurez necesarios para dar solución oportuna a la mayor parte de los conflictos que se han tenido durante la actual administración godoyista.

Los reclamos de los partidos políticos no se hicieron esperar desde los primeros días del nuevo gobierno. Sin hacer un gran esfuerzo, el PRI y el PAN han encontrado en el desempeño gubernamental un campo prolífico para la realización de señalamientos que en muchas ocasiones han puesto en jaque a toda la estructura del Ejecutivo Estatal. Incluso, en ocasiones se han dado el lujo de ser hasta benévolos.

Los dirigentes estatales del PRI, Mauricio Montoya Manzo, y del PAN, Germán Tena Fernández, tuvieron entre sus primeros reclamos del primer año de la actual administración la falta de tacto demostrada por el secretario de Gobierno, Fidel Calderón, y el secretario de Finanzas y Administración, Humberto Suárez López, que a la postre generaron problemas con el SPUM y el STASPE.

Mientras que el propio Godoy se ha merecido innumerables críticas por su empecinamiento al haber nombrado a la impopular Aída Sagrero para estar al frente de la Secretaría de Educación como parte del pago de facturas políticas a los antiguos líderes magisteriales, Raúl Morón Orozco y Juan Pérez Medina, lo que ha provocado la radicalización de las acciones del magisterio democrático encabezado ahora por el polémico Artemio Ortiz Hurtado.

Los severos cuestionamientos fueron desde los conflictos sindicales, hasta la advertencia de que un problema grave se avizoraba en Cherán. Llamado del tricolor que en su momento fue desoído por las autoridades estatales y que hoy se ha convertido en un asunto delicado que genera inestabilidad en la Meseta Purhépecha.

No conforme con eso, el encargado de la política interna en Michoacán tampoco se percató a tiempo, o cuando menos no actuó oportunamente, de que la falta de recursos para obra convenida con los municipios causaba inconformidad entre los partidos de oposición. Por ese motivo, como nunca antes había ocurrido en la historia del estado, las dirigencias estatales del PRI y del PAN hicieron un frente común para denunciar una serie de anomalías financieras en el gobierno estatal.

Los acuerdos de obra convenida para los ayuntamientos no llegaban aún para el quinto mes del año, y siguen sin llegar, pero al inicio de su administración, Leonel Godoy anunció que este año no habría este tipo de obras y acciones con los municipios, ante la carencia de recursos y la implementación de su plan de austeridad.

En respuesta, los grupos parlamentarios del PAN y del PRI en el Congreso del Estado impulsaron un acuerdo para recordar al mandatario estatal que desde el año pasado en el que se aprobó el presupuesto de Michoacán para el 2008 se acordó una partida presupuestal de 1 mil 267 millones de pesos para obra convenida y lo exhortó a informar cuanto antes sobre la firma de los mencionados acuerdos.

Ante tal señalamiento, la administración estatal respondió que el presupuesto no establece la obligatoriedad del gobierno para acordar los mencionados recursos con los municipios, por lo que la mayor parte de ellos se acordarían más bien con la Federación y sólo quedarían 52 millones de pesos disponibles para los 113 ayuntamientos de Michoacán.

Sin embargo, Humberto Suárez explicó que con una serie de economías que se hacen en las entidades gubernamentales se lograría reunir una bolsa de 500 millones de pesos para convenir con los gobiernos municipales. Esto, independientemente de los millonarios recursos que se prevé convenir con el gobierno federal.

Al final, hace poco más de dos semanas el gobierno del estado anunció triunfante que gracias a la buena disposición del gobernador y al eficiente uso de los recursos públicos estatales, este año sería posible convenir más de 1 mil millones de pesos con los municipios michoacanos.

Lo que le faltó explicar, aclararon Mauricio Montoya y Germán Tena, fue que de los 1 mil millones sólo 300 serían aportados de manera directa por el gobierno estatal, puesto que en la cifra mencionada se contemplaba una aportación igual de los gobiernos municipales, más 100 millones de pesos para adquirir maquinaria en grandes cantidades y otros 100 millones de pesos para créditos, más alrededor de 225 millones de pesos de excedentes petroleros sobre los que hasta el momento no hay ninguna certeza.

En pocas palabras, los partidos políticos y sus ayuntamientos no se dejaron engañar tan fácilmente como se pretendía. De ahí que haya llamados de atención tan fuertes, tan tajantes y tan determinantes, que incluso han tenido eco en el Congreso del Estado.

El Ejecutivo Estatal fue lento en sus reacciones, y al final, los dirigentes estatales del PRI y del PAN terminaron siendo más que un simple dolor de cabeza, pues sus declaraciones, sumadas a algunos cuestionamientos hechos también por los líderes de Nueva Alianza, René Patiño Morelos; del PVEM, Arturo Guzmán Ábrego; y, hasta de su supuesto aliado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, causaron preocupación en el gabinete godoyista.

La táctica de hacer oídos sordos a las críticas y de responder a los señalamientos en ruedas de prensa nocturnas no funcionó. Por eso fue que, después de una serie de descalabros y sinsabores, Leonel Godoy decidió hacer un cambio de estrategia, pues no le bastó con tener un control absoluto sobre su gabinete, ya que no es lo mismo dominar a un grupo de bajos perfiles que a los presidentes estatales de los partidos de oposición.

Mientras que el gabinete estatal está maniatado y con la preocupación de permanecer prácticamente en el anonimato para no opacar lo que haga el gobernador, a los líderes de los partidos políticos de oposición el ganar notoriedad les viene bien, si es a costa del partido en el poder mejor y si la fuerza política gobernante les da razones y motivos, pues mucho mejor, porque hasta se dan el lujo de tener tema en medios para todos los días de la semana.

Es imposible tener el dominio sobre todos los actores políticos y sociales de un estado como Michoacán, que por siglos se ha caracterizado por su volatilidad, y Godoy Rangel empieza a darse cuenta de ello, por eso es que procura recomponer el rumbo y demanda a su novel secretario de Gobierno que tenga acercamientos con las diferentes fuerzas políticas con presencia en la entidad.

De ahí surge la famosa Mesa de Concertación Política, encabezada nominalmente por el titular del Ejecutivo Estatal, coordinada por el secretario de Gobierno, y conformada por los dirigentes de los partidos políticos con presencia en Michoacán, desde el PRD, hasta el PRI, el PAN, el PVEM, el PT, Convergencia, Nueva Alianza y hasta Alternativa, que ya no cuenta con el registro estatal, pero que cuenta con una delegación en la entidad.

Hace unos días se llevó a cabo la instalación de este grupo de trabajo, pero las reuniones formales comenzarán el próximo 8 de julio, para de ahí en adelante realizarse el primer lunes de cada mes.

La propuesta implica una apuesta interesante de todos los involucrados, puesto que, por su parte, Leonel Godoy intentará, sin duda alguna, tener un mayor control y conocimiento de lo que hacen y planean los partidos políticos, para contar con un mejor margen de conciliación y negociación que le ayude a evitar que los señalamientos públicos se hagan casi cotidianamente y que éstos siempre lo tomen por sorpresa ante la evidente falta de operación política del encargado del área.

Mientras tanto, para los partidos políticos la Mesa de Concertación abre la posibilidad de plantear más directamente sus inquietudes, y las de sus representantes populares y alcaldes, al mandatario estatal. Por un lado, podrían perder notoriedad en los medios de comunicación, en la medida que el gobierno estatal pueda ir respondiendo a sus demandas, pero por otro lado, ganan la posibilidad de lograr negociaciones más ventajosas sin perder pierden la posibilidad de amagar con la realización se señalamientos públicos.

Godoy, pretende extender su influencia hasta el área de competencia de las distintas fuerzas políticas, y tal vez podrá hacerlo con el PRD, el PT y Convergencia, que son sus aliados, pero con el resto de los partidos se ve difícil. Las cosas pintan como para que se configure un nuevo fracaso de esta ya no tan nueva administración estatal.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ...

2008-06-26T14:38:00.000-07:00

Agradezco mucho los comentarios vertidos respecto de mi trabajo y de los temas y situaciones a los que me he referido en las diversas colaboraciones en este espacio.

Cada punto de vista y opinión de los lectores la considero muy importante y estoy muy pendiente de todas ellas.

Espero poder responder siempre a las expectativas generadas por cada uno de quienes se toman el tiempo para leerme, pero también de quienes hacen uso de este sitio para plasmar sus ideas, críticas e inquietudes sobre los temas que trato y sobre mi persona.

Infinitas gracias, pues el objetivo final de quienes nos dedicamos a informar y a hacer crítica sobre los sucesos y acontecimientos de nuestro municipio, estado y país, es lograr captar el interés del lector y espero estarlo logrando.

Su servidora: Alejandra Ortega.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-06-20T20:00:00.000-07:00

Por Alejandra Ortega

SE DIVIDE MAS EL MAGISTERIO MICHOACANO

Cada vez es más evidente la división existente ya no sólo en el magisterio michoacano, sino en la corriente democrática magisterial en que en otros momentos fue encabezada por Raúl Morón Orozco y Juan Pérez Medina. Sin embargo, los motivos que han originado las diferencias entre sus principales referentes son de lo más mezquinos y ponen al descubierto la falta de legitimidad de este movimiento que tanto daño le ha hecho a Michoacán y, particularmente, al sector educativo en la entidad.

Aquella disputa que comenzó en abril de 1989, encabezado por Raúl Morón, Juan Pérez, Artemio Ortiz Hurtado, Rogelio Sosa Pulido y Sergio Espinal por un lado y Juan Manuel Macedo, José Luis Chávez Romero, Delfino Paredes y Armando González Carrillo, por otro, ha perdido el rumbo.

Desde el inicio de aquél movimiento, llamado Movimiento Democrático Magisterial (MDM), han surgido una serie de líderes que paulatinamente se han orientado más a lo político y que se han preocupado más por beneficiar a sus allegados que por defender los derechos de los estudiantes michoacanos, como han argumentado hasta el cansancio.

A lo largo de los años, el movimiento ha degenerado. Primero los maestros rebeldes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dirigido por la eterna Elba Esther Gordillo Morales, lograron la secretaría general de la Sección XVIII, y la mantuvieron en su poder por una década, pero en 2002 se opusieron a participar en un procedimiento electoral que consideraron amañado para hacer llegar al Comité Ejecutivo Seccional a alguien apegado al grupo institucional.

Ante esa autoexclusión, Juan Manuel Macedo ganó la dirigencia estatal formal del magisterio michoacano prácticamente sin oposición, mientras que los profesores entonces dirigidos por Juan Pérez decidieron crear un comité alterno al que pretendieron vestir de legalidad frente a las autoridades laborales, lo que evidentemente fue rechazado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

La herencia del gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí para la administración de Lázaro Cárdenas Batel fue un magisterio dividido, que en otras circunstancias habría sido lamentable, pero que siendo analizado de manera práctica, representaba para la parte patronal la facilitación del control en las negociaciones. Sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, el entrante mandatario estatal tomó la peor de las opciones, que fue la de reconocer, al menos de manera tácita al Comité Ejecutivo Estatal alterno, que en poco tiempo pasó a manos de Sergio Espinal García.

Para entonces, Raúl Morón ya había sido dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y era diputado local, mientras que Juan Pérez Medina se convirtió en diputado federal, gracias al respaldo de la Alianza por la Unidad Democrática (AUD), corriente interna perredista que está integrada principalmente por profesores y otros sindicalistas.

Los dos ex dirigentes magisteriales y nuevos representantes populares ya habían moderado sus formas de accionar. Ya no eran los líderes sindicales que encabezaban marchas y pateaban y quemaban puertas, y por lo tanto, no les cayó muy en gracia el arribo de Sergio Espinal al Comité Ejecutivo Seccional, pues representaba un paso hacia atrás, volver a la forma anterior de hacer las cosas.

Morón y Pérez se avocaron a sus carreras políticas, mientras que Espinal continuó por el camino de la beligerancia, lo que acentuó aún más las diferencias entre los dos grupos internos del magisterio democrático que ya se avizoraban, pero el panorama empeoró de manera considerable para el sector educativo michoacano una vez que Artemio Ortiz Hurtado, agente de un ala extremadamente radical, arribó a la dirigencia estatal magisterial.

Si antes las movilizaciones se hacían buscando los pretextos más vanos y argumentando las razones más absurdas, a partir de ese momento las cosas empeoraron. La actitud radical del nuevo dirigente sindical, de una fracción que ni siquiera cuenta con una representación legal, se llevó a la práctica y hoy sus agremiados parecen empeñados en demostrar que pueden seguir cobrando cada vez más, a la vez que acuden cada vez menos a cumplir con su trabajo en las aulas.

Cabe recordar que el conflicto entra ambos grupos magisteriales inició en 1990, cuando Genovevo Figueroa Zamudio era gobernador del estado y recibe la orden de la Presidencia de la República de encarcelar a todos los líderes visibles que en esos momentos exigían aumento salarial vía las marchas y tomas de calles y avenidas en la capital michoacana.

Pero al poco tiempo fueron puestos en libertad tras iniciarse una gran marcha que paralizó al sector educativo en la entidad, como presión para que los profesores capturados fuesen puestos en libertad.

Entonces los maestros iniciaron una serie de negociaciones con el gobierno, presentaron un pliego petitorio, pero ésta vez acompañado por una gran marcha, que desde entonces se convirtió en tradición para el grupo inconforme.

Actualmente, los problemas se han agudizado pues el propio gobierno ha propiciado un juego perverso entre ambas corrientes magisteriales, al darles voz y voto, tanto a los democráticos como a los institucionales. Sólo así podemos entender la situación que se ha desencadenado en un movimiento de cada vez mayor magnitud, beligerancia y falta de respeto a las instituciones, en el que los profesores, ahora adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ahora hasta acusan abiertamente a su antiguo líder, Raúl Morón, de manipular y conspirar contra la corriente democrática magisterial.

El pasado martes 17 de junio lo anterior quedó de manifiesto, cuando un grupo de maestros democráticos ingresó al Congreso del Estado por segunda semana consecutiva para, entre empujones, consignas y rechiflas, obligar a Morón Orozco, ahora presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, a abandonar el Salón de Recepciones, incluso hasta el Palacio Legislativo.

Los representantes de los medios de comunicación presentes preguntaron al ex dirigente magisterial si esta nueva manifestación le recordaba todas aquellas ocasiones en las que era él quien irrumpía de forma grosera y violenta en distintos edificios públicos, incluso intentando quemar la puerta principal de Palacio de Gobierno durante la administración de Tinoco Rubí.

En respuesta, Raúl Morón argumentó que cuando él encabezaba las marchas, las puertas de las instituciones estaban cerradas, pero ahora no hay motivo para la violencia, puesto que los grupos inconformes siempre han encontrado las puertas abiertas para atenderlos.

Hechos como este, que dejan en claro que existe una ruptura entre los diferentes grupos del magisterio, ya se vivían durante la campaña interna del PRD por la candidatura a la gubernatura de Michoacán. En alguna ocasión el entonces precandidato a gobernador realizó una de sus giras proselitistas el municipio de Huetamo, donde se encontró con la novedad de que los profesores democráticos habían tomado algunas carreteras y caminos del municipio, además de que desde temprana hora se encontraban apostados fuera de las instalaciones de diferentes bancos, impidiendo la apertura de las sucursales.

El hecho causó la molestia de Raúl Morón, quien expresó su disgusto porque consideró que la movilización inhibía en buena medida la participación de la gente en el mitin que tenía previsto en ese municipio de la Tierra Caliente michoacana.

Por ese motivo, llamó a su gente a averiguar si esto obedecía a una forma de boicot por parte de Artemio Ortiz Hurtado, puesto que el dirigente de la corriente democrática magisterial tenía conocimiento de esta actividad y por ello el también dirigente de la Alianza por la Unidad Democrática (AUD) esperaba que quien era su aliado, al menos en el papel, le hubiera preparado una muy buena recepción.

Al evento, que estaba previsto como un mitin multitudinario, asistieron tan sólo unas 30 personas, y el ex dirigente magisterial expresó su inconformidad por lo inoportuno de las acciones organizadas por Ortiz Hurtado, cuando expresó: “no debemos distraernos en movilizaciones como esta, porque estamos descuidando lo más importante”, haciendo referencia a su búsqueda de la candidatura del PRD por el gobierno del estado para lograr el fortalecimiento del magisterio y con ello tener mayores oportunidades de exigir posiciones y negociar mejores cosas para ellos.

La elección interna del partido del sol azteca concluyó, pero Raúl Morón logró para él y para su gente de la AUD una serie de posiciones y beneficios derivados de los resultados electorales obtenidos el 11 de noviembre del 2007. Él mismo se convirtió en diputado local, coordinador del grupo parlamentario del PRD y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, pero también logró la colocación de algunos de sus más allegados en el Legislativo y un buen número de presidentes municipales afines.

No satisfecho con ello, negoció con el nuevo gobierno estatal, lo que ni Cárdenas Batel se había atrevido a hacer, la titularidad de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE). Artemio Ortiz sabía que había tal compromiso, y por eso propuso y pretendió imponer con insistencia a Mirabel Mejía en dicha dependencia, pero ya se había pactado que esa posición serviría para amarrar una alianza con Juan Pérez, que representa a un grupo que tiene diferencias con el de Morón.

Fue así como, en medio de múltiples inconformidades y manifestaciones que hasta la fecha siguen, Aída Sagrero Hernández se convirtió en la nueva secretaria de Educación en el Estado, mientras que Juan Pérez se convirtió en coordinador de asesores, en otras palabras, el poder detrás del trono.

Así, los grupos de Morón Orozco y Pérez Medina lograron un acuerdo de coyuntura, lo que sin embargo, hasta el momento les ha valido la cada vez más marcada enemistad de Artemio Ortiz, quien cada vez con mayor cinismo se burla de las autoridades y de las instituciones, tomando las instalaciones de la SEE desde el tercer día de la actual administración estatal y utilizando a los docentes michoacanos como carne de cañón.

Es así, como recientemente logró, mediante sus clásicas presiones y chantajes, que el gobierno del estado haya firmado una minuta de acuerdos en las que se le otorgan sólo a ese grupo magisterial más de 500 millones de pesos por una serie de conceptos que tradicionalmente nunca se esclarecen en su totalidad.

Los hechos en los que el presidente de la Junta de Coordinación Política fue prácticamente expulsado de sus oficinas, y del recinto en el que por ley debe despachar, tienen mucho más de fondo de lo que podría parecer. Esta historia no ha terminado, pero con la división cada vez más marcada en la facción más numerosa del magisterio michoacano, el único que gana es el gobierno del estado, que como parte patronal podrá tener mayor margen de maniobra con muchos grupos pequeños que con uno o dos grupos grandes, pues como reza la máxima “divide y vencerás”.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-06-13T15:28:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

TRANSFORMA EL PODER AL PAN

Mucho han cambiado las cosas en la vida interna del Partido Acción Nacional (PAN) a raíz de su victoria en el 2000 con Vicente Fox. Lo que era un partido político ocupado en velar por los intereses de todos los mexicanos con argumentos y posiciones muy valientes y llenas de inteligencia y talento, ahora parece que va decayendo de forma por demás preocupante.

Era de imaginarse el cambio sustancial que sufriría el PAN y los panistas a raíz de haber conocido y estado en el poder, de haberse convertido en la principal fuerza política y haber logrado triunfos contundentes, no sólo en el Ejecutivo, sino en gobiernos de entidades importantes, en el Congreso de la Unión, así como diversos ayuntamientos en todo el país.

Existe aún el recuerdo de personajes con una riqueza cultural y política de gran magnitud como Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Miguel Estrada Iturbide, Rafael Preciado Hernández, quienes sostenían que la transformación hacia un México mejor y democrático debía ser a través del pensamiento, de propiciar una revolución basada en las ideas y no en las armas.

Así, crean un partido que tiene como principios y valores fundamentales el reconocimiento y respeto a la eminente dignidad de la persona humana; el bien común; la solidaridad y la subsidiariedad, todo ello derivado del humanismo político.

Sin embargo, a pesar del papel preponderante y fundamental que representaría Acción Nacional a través de los años, y que muchos de sus esfuerzos electorales fracasaron por el atropello, el fraude y la represión por parte del gobierno, los pocos militantes que se atrevían a incursionar activamente en sus filas, seguían siendo para muchos una pieza importante dentro del juego político de México, el contrapeso que podía llegar a ser muy incómodo al gobierno pero que despertaba la conciencia de muchos mexicanos.

En Michoacán, la situación era muy parecida, un PAN con una estructura pequeña pero bien organizada que tenía entre sus filas a personas distinguidas y de reconocido valor intelectual y probada honestidad, que trabajaban en el fortalecimiento de su estructura y en la difusión de sus ideas.

Al paso del tiempo cambió la forma de trabajar y la interrelación con la sociedad, se observaba un partido un poco más cercano a los ciudadanos, con una mayor apertura hacia la sociedad, más interesados en incrementar el número de sus militantes, aunque aún con muchas reservas, una relación cordial y muy estrecha entre sus miembros, como si fuese casi, casi un club.

Sin embargo, les seguía constando trabajo penetrar en ciertas zonas, sobre todo las marginadas, pues la idea creada de que los panistas son personas de posición económica desahogada, estudiados, perfumados y que andan sólo por las banquetas, pesó mucho por un buen tiempo, y ello lo aprovecharon muy bien partidos como el PRI y PRD que calificaron al PAN como un partido de élite.

La coyuntura que llegó al final del sexenio del ex presidente Zedillo, favoreció al entonces candidato panista Vicente Fox, quien tenía una personalidad fuera de lo común, relajada pero firme, un fenómeno que causó impacto entre los mexicanos y no pasó desapercibido en ningún momento, y aunque había ciudadanos a quienes no les simpatizaba, la realidad es que también muchos hicieron efectivo el famoso “voto útil” y el resultado fue una copiosa votación a favor del blanquiazul.

Pero pronto cambiarían muchas cosas al interior del partido. Algunos panistas michoacanos, que hasta entonces eran desconocidos y que se arriesgaron ese año a salir como candidatos a las diputaciones y alcaldías, vieron coronados sus escasos esfuerzos de campaña en contundentes triunfos, gracias al efecto Fox.

Ello transformó la perspectiva de los panistas, pues ahora se daban cuenta de que a pesar de no contar con un proyecto propio importante y bien estructurado para una campaña, se podía ganar. Sólo era necesario invertir más dinero, promocionar, no tanto sus figuras, sino más bien los símbolos del PAN, privilegiando la mercadotecnia.

Es así como se empiezan a pelear los espacios, se crean grupos de poder al interior. Si antes se decía que el PAN pertenecía a unas cuantas familias, que no era exactamente así, ahora ese partido estaba en manos de grupos encabezados por militantes que se sentían con el derecho de dirigir y definir el rumbo del blanquiazul, y otros más que contaban con el apoyo y respaldo de panistas de nuevo ingreso afiliados con el propósito de fortalecer y hacer efectivos los incipientes liderazgos.

El choque entre los grupos se hizo cada vez más evidente y se radicalizó. De igual forma las negociaciones, acuerdos y colusiones entre unos cuantos para obtener mayores prebendas y espacios empezó a ser parte de la vida interna de ese partido.

Aunque los reglamentos y estatutos dictan que es la Asamblea el órgano máximo del partido, en la que se toman las principales decisiones, lo cierto es que su estructura e integración permiten que sea manipulada por los propios grupos y, por ende, los resultados de los acuerdos que de ella trascienden.

Actualmente, en Michoacán existen dos grandes corrientes al interior del partido: los tradicionales o doctrinarios, entre los que se encuentran el diputado local Francisco Morelos Borja, el delegado federal de SEDESOL Luis Mejía Guzmán, el senador José González Morfín y el diputado federal José Luís Espinosa Piña.

Los llamados neopanistas o pragmáticos, entre los que están el ex diputado local Benigno Quezada Naranjo y el senador Marko Cortés Mendoza, entre otros. Así mismo surge la figura del actual secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, quien intenta crear otro grupo más.

La transformación que hemos visto en el PAN en el estado es parte de la descomposición general de ese instituto político, desde el triunfo de Manuel Espino como presidente nacional del blanquiazul, en una elección muy reñida y competida como nunca antes, en donde Carlos Medina Plascencia quedó sólo 21 votos por debajo del ganador.

En esa elección se hizo gala de la operación político electoral que no era práctica común entre los panistas, y que cada vez se utiliza más.

Por primera vez el PAN tenía un Presidente de la República y un Comité Ejecutivo Nacional a modo, que trabajó meticulosamente para abrir espacios en todas las estructuras de gobierno y del partido a militantes y adeptos al grupo en el poder.

Al llegar Felipe Calderón a la Presidencia de la República, la historia se repite. Ésta vez el panismo tradicional intenta recuperar los espacios perdidos, a través del triunfo bien manejado de Germán Martínez al frente del CEN.

Por ello no es difícil entender tantos cambios y reacomodos a partir del arribo de los doctrinarios. Es así como se da una ya esperada remoción de Santiago Creel como coordinador del PAN en el Senado, aunado esto a otras muchas circunstancias.

Cabe recordar que Santiago Creel Miranda compitió en la elección interna para la Presidencia de las República contra Alberto Cárdenas y Felipe Calderón, en una contienda muy intensa y que provocó el desgaste y la confrontación entre los grupos como nunca antes, pues se esperaba que el ex secretario de Gobernación fuera el candidato único, con todo el respaldo de la Presidencia de la República.

En este escenario, es previsible que las pugnas internas dentro del PAN se agudicen, pues lo cierto es que, a pesar de que Felipe Calderón ha logrado colocar gente de su confianza en puestos estratégicos, no tiene aún todo el control del partido.

Ejemplo de esto es Michoacán, en donde a pesar de contar con delegados federales afines, y de que el Comité Estatal está encabezado por el tradicionalista Germán Tena Fernández, casi todas las secretarías y direcciones se encuentran en poder del grupo que lidera Marko Cortés.

Los grupos se reacomodan y empiezan a mover ya sus cartas, para preparar el terreno, mediante acuerdos y alianzas que a veces parecen inverosímiles, pero que sin embargo son parte del mismo juego.

En este sentido, las cosas llevan ya una tendencia al desgaste y a la transformación de un instituto político, que ya poco tiene que ver con sus orígenes.

Sin embargo, aun quedan muchos ciudadanos que aún creen en su filosofía y que ven al PAN como el partido capaz de cambiar al país y revertir el daño que por tantas décadas se le hizo a México.

Menuda tarea y responsabilidad pesa en los dirigentes y en las cabezas de los grupos para recomponer el sentido, recuperar el rumbo y responder a las expectativas que la población les ha puesto en sus manos.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-06-05T16:36:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

REFORMA ENERGÉTICA Y EL OPORTUNISMO POLÍTICO

Los debates que se están llevando a cabo en el Senado de la República sobre la reforma energética impulsada por el Ejecutivo Federal han dado muestra a los mexicanos de la forma correcta de confrontar ideas y de contrastar las propuestas de nuestros legisladores y de los expertos en la materia, que son quienes verdaderamente tienen algo que decir y aportar a un asunto que se antoja, de por sí, bastante coyuntural y espinoso.

Los argumentos sólidos de muchos participantes han abonado, sin duda, a enriquecer la propuesta del presidente Felipe Calderón respecto de las políticas de los hidrocarburos, con ello se reduce la posibilidad que se empantane y que se utilice el debate y la discusión entre los representantes populares en las cámaras para obtener beneficios personales y de partidos, como estaba ya ocurriendo.

El tema de la reforma energética ha servido de bandera y como oportunidad para muchos actores políticos que salen a defender una causa que para ellos es muy noble como lo es la supuesta defensa de la soberanía del país y del petróleo. Defensa que, sin embargo, no es más que un simple slogan publicitario para quienes necesitan estar en la palestra y tener sobre sí los reflectores de todos los medios de comunicación, para sentir que hacen y dicen cosas importantes.

Tal es el caso del jefe del gobierno capitalino Marcelo Ebrard, quien ha decidido llevar a cabo en la capital del país una novedosa consulta ciudadana sobre la reforma energética, y tomarle así la palabra a su guía espiritual y de conciencia Andrés López Obrador, quien busca más adeptos y seguidores para sus propósitos a través de sus recorridos por la amplia geografía mexicana, y lo hace a través de la creación de sus Brigadas por la Defensa del Petróleo, que no tienen otro propósito más que intentar fortalecer su estructura que está cada día más debilitada.

Parece entonces inverosímil que a estas alturas, salga el jefe de gobierno capitalino con su asombrosa idea de tomar parecer a todos los ciudadanos del Distrito Federal para que propongan y decidan si están de acuerdo o no con la reforma. Tema que, sin duda alguna, es muy técnico y suficientemente complejo como para que la mayoría de los mexicanos, que no tenemos niveles muy altos de escolaridad, podamos ofrecer y aportar, con nuestros puntos de vista, una visión más clara y certera que la que ya trabajan los expertos.

Sería bueno saber la forma en la que serán presentados los cuestionamientos a los ciudadanos, si las preguntas serán inducidas, como siempre ocurre, o si de verdad se hará un ejercicio serio y responsable; quién elaborará el cuestionario y con base en qué criterios; qué se le consultará a la población; quién calificará los resultados, y sobre todo, quién pagará los altos costos que representa una consulta de éste tipo.

La discusión, el análisis y conclusiones para una reforma de tal envergadura, compete a los legisladores, quienes son además nuestros representantes, pues para ello los elegimos y, además, ya están trabajando en el tema.

No debemos olvidar que los mexicanos ya determinamos, desde las elecciones federales de 2006, quiénes son nuestros representantes de todo el país, para abordar los temas relevantes que a México le interesan. Ese es el objetivo de los congresos, de los parlamentos, debatir los asuntos de interés para sus representados.

Si vamos a hacer costosas consultas de cada tema en el que el gobernante en turno tenga una ocurrencia o una duda, entonces de nada nos va a servir que cada tres años estemos eligiendo a nuevos representantes populares. Ya no tendría objeto contar con un Senado de la República, con una Cámara de Diputados y con un Congreso de la Unión.

Es evidente entonces, que cuando Marcelo no tiene un tema propio fuerte, como abrir pistas de patinaje, hacer playas artificiales, o incluso, salir hacia su oficina en bicicleta acompañado por uno que otro personaje para difundir el cuidado del medio ambiente. Pero que lo que no vemos los espectadores es que alrededor suyo van innumerables reporteros y fotógrafos en coches y motocicletas, contaminado más el ambiente.

El jefe de Gobierno capitalino tiene que hacer o decir algo, que le provoque la atención de los medios de comunicación, aunque sea con temas tan absurdos como la consulta ciudadana, para evitar así que Andrés López le coma el mandado.

En Michoacán el asunto de la reforma energética también ha causado su revuelo. En muchas ocasiones tanto el gobernador Leonel Godoy, como la presidenta estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fabiola Alanís, han exigido al gobierno federal se entreguen los excedentes del petróleo a la entidad para poder realizar la obra social que tanto urge al propio gobernador.

Pero, ¿será que le urge de igual forma a la titular de la Secretaría de Política Social del gobierno del estado, Selene Vázquez Alatorre? Quien no ha informado, a casi 6 meses de este año sobre la aplicación de los programas sociales y sus reglas de operación, a pesar de que fue un compromiso que hizo hace más de dos meses con el Congreso del Estado.

Por el contrario, la funcionaria está más atenta y preocupada por lograr más posiciones dentro del comité estatal de su partido y por reventar asambleas que no le convienen, que por trabajar de forma puntual y eficiente a favor de las clases más desprotegidas en Michoacán, como supuestamente es el interés genuino y único de ese partido político.

Sin embargo, es importante no perder de vista que aunque aparentemente los recursos de los excedentes petroleros se incrementen este año por los altos costos que ha alcanzado el crudo, la realidad es otra y ya especialistas y analistas han coincidido en afirmar que actualmente no hay excedentes.

Es fácil hacer cuentas alegres y jugar con los números de forma tal que los resultados parezcan muy alentadores y que algunos políticos generen expectativas muy positivas para la población.

A pesar de los ingresos por la venta del petróleo, no hay que olvidar la política de hidrocarburos que actualmente nos rige y que la hace funesta para todos los mexicanos, pues de los ingresos que se obtienen de la explotación y venta, un importante porcentaje se destina a los subsidios de gas licuado de petróleo (gas LP), del diesel y de la gasolina, que suman más de 5 mil millones de pesos.

Debemos tener presente que los precios del petróleo a nivel mundial se han elevado y que, con el objetivo de que no afecten nuestros bolsillos los elevados costos de la gasolina que importamos en buena medida de España y La India, el gobierno federal aplica precisamente esos millonarios subsidios que surgen precisamente de los esperados excedentes petroleros. Ello, aunado a la disminución del volumen del crudo que se exporta, da como resultado que los excedentes sean insuficientes para repartir entre los estados.

Esto, derivado de que aunque México un importante exportador de petróleo, paradójicamente no cuenta con los elementos indispensables para producir sus propias gasolinas y gas LP, teniendo que comprarlos a costos altísimos.

Es también importante que se hable claro a la población sobre las verdades que encierran los muy mencionados “contratos de riesgo”, que en la realidad son contratos incentivados que pretenden otorgar a PEMEX una mayor flexibilidad en sus operaciones diarias. Estos contratos serían acotados y acondicionados para este propósito de incentivar y fortalecer a la paraestatal.
Cabe recordar que actualmente es necesaria la exploración de nuevos pozos en aguas profundas, y que en México no existen las plataformas para ello, ni tampoco se tiene la tecnología y el conocimiento para su explotación.

Por ello, es necesario dejar las reglas muy claras para poder contratar esa tecnología que tienen otros países, de forma tal que no implique para el país un riesgo mayor y que en cambio, signifique el inicio de mayores beneficios para todos nosotros y las siguientes generaciones.

A lo largo del debate por la reforma energética, que comenzó mucho antes de que la iniciativa fuera siquiera elaborada, los detractores han cambiado sus argumentos frecuentemente. Es evidente cómo ahora no hablan ya tanto de la supuesta privatización, sino que enfocan sus baterías a temas como el régimen fiscal y aplicar los excedentes petroleros a la reinversión para la modernización de PEMEX.

Lo que no han explicado es de cuál de los rubros del presupuesto federal se tendrían que retirar esas partidas, si de los estados, del campo, del desarrollo social o de la seguridad pública, pues el dinero que se requiere para la construcción de una sola de las dos refinerías que se requieren equivale a dejar sin presupuesto por todo un año a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-05-22T16:40:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

La educación en manos de mercenarios

La educación pública en el país, pero particularmente en estados como Oaxaca y Michoacán, cae irremediablemente al vacío y no parece haber algo o alguien que sea capaz de detenerla en su acelerado descenso.

Hoy por hoy, en pleno mes del maestro, cuando los mexicanos deberíamos estar recordándolos y reconociéndolos como parte fundamental en la tarea mas importante para el país que es la de educar a los niños y jóvenes, los profesores aprovecharon para tomarse un largo puente, aunque muy forzado de casi una semana sin clases para festejarse ellos mismos, como si su ardua tarea en las aulas les haya dado ese derecho.

En otros tiempos, el día del maestro se celebraba en los salones de clases, los propios alumnos preparaban el festejo y llevaba cada uno un obsequio para agradecer el esfuerzo y la noble tarea de sus profesores. Cuentan los más adultos, que los 15 de mayo los maestros tenían que ser recogidos por familiares en sus vehículos, pues la enorme cantidad de obsequios que recibían les hacía imposible caminar o ir solos a sus casas.

Ahora, la diferencia es abismal, parece que los profesores sólo buscan cualquier motivo, por ridículo que parezca, para ausentarse de las aulas, sin importarles el atraso que puedan sufrir sus alumnos en el seguimiento del programa escolar.

Más allá de lo que digan en sus constantes marchas y manifestaciones contra el que ellos llaman gobierno neoliberal, los profesores mexicanos se han convertido, paradójicamente, en los más constantes, los más frecuentes, los más perseverantes, los más exitosos promotores de la educación privada y de la desaparición de la educación pública en nuestro país, estos docentes que son pagados por todos los mexicanos, a través de los gobiernos federal y estatal.

Es así como nuestros profesores mexicanos están creando todo una generación de niños y jóvenes ignorantes, desorientados y que serán profesionistas incompetentes con la flojera y el desorden como ejemplo de trabajo.

El futuro de esta generación es previsible, serán quienes trabajen para los grandes capitales nacionales y extranjeros y sean explotados en sus maquiladoras con sueldos miserables.

Qué curioso, porque los discursos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hablan de mejorar la educación, de oponerse al sistema capitalista y muchas otras cosas que en la práctica son simple y llanamente letra muerta.

Pero eso sí, nuestro flamante magisterio democrático tiene una enorme conciencia social y una considerable solidaridad global. Les han metido a muchos profesores en la cabeza que están en el magisterio no para educar a las niñas y los niños mexicanos, sino para algo mucho más importante, para arreglar los problemas del mundo a su parecer y conveniencia.

Como ejemplo, en pasados días resurgió en Oaxaca el conflicto magisterial encabezado por la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), quienes prácticamente ha paralizado de nueva cuenta a la educación pública en ese estado y decretaron un paro masivo regional de 21 días, que afectó a más de 13 mil 500 planteles educativos y a más de un millón de alumnos, todo ello orquestado por el recién liberado líder y delincuente Flavio Sosa.

En Michoacán la situación no es muy diferente, el pasado 15 de mayo, precisamente durante la conmemoración del Día del Maestro, Artemio Ortiz Hurtado, uno de los personajes más nefastos que dirige al magisterio en la entidad, decretó un paro nacional indefinido para manifestarse en contra de la iniciativa de reforma energética del gobierno federal, contra el alza a los precios de la canasta básica, contra las políticas del gobierno neoliberal, y hasta contra la intervención del gobierno colombiano en Ecuador.

Con líderes como este, en la entidad vamos a pasos acelerados hacia una situación muy similar a la de Oaxaca. Y a todo esto, se suma la posición ambigua y timorata del gobierno del estado, cuya titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Aída Sagrero, no ha podido, a casi 100 días de iniciada la administración estatal, siquiera despachar más de tres días en sus oficinas.

El hecho de que ella haya sido por muchos años miembro del Comité Ejecutivo Seccional de la CNTE en Michoacán, no le ha bastado para evitar que sus propios compañeros de sindicato le mantengan tomadas sus oficinas, con la exigencia de que ponga su renuncia sobre la mesa.

A todas luces, al gobierno estatal le conviene mantener al magisterio dividido, y ya no sólo entre democráticos e institucionales, porque ambos grandes grupos ya tienen en su interior también fracturas que podrían terminar por dividirlos aún más.

Pero alguien debería jalarles las riendas a los profesores faltistas, para que recuperen la cordura.Al menos inicialmente, el llamado de Artemio Ortiz no tuvo el eco que se esperaba.

En los primeros días, sólo el 30 por ciento de los planteles educativos en Michoacán, paró labores como lo indicó el líder de la corriente democrática. Pero en el colmo del cinismo, el dirigente magisterial insiste en su llamado y confía en que paulatinamente se irán sumando más escuelas hasta prácticamente paralizar el sector educativo en la entidad y además, como una burla hacia los padres de familia michoacanos, afirma que las niñas y los niños no se verán afectados por el paro indefinido, porque de todos modos las clases ya habían terminado.

De acuerdo con el calendario escolar aprobado para este año, las vacaciones de verano comenzarían hasta finales de junio o principios de julio. Por lo que no se explica lo absurdo y lo desafortunado de las declaraciones de Ortiz Hurtado.

Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, la educación pública en México debe enfrentar problemas también de otras índoles, como el hecho de que la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota, y la lideresa virtual del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, tengan conflictos de intereses y problemas hasta personales que no les permiten avanzar en proyectos que realmente beneficien a la niñez y a la juventud mexicanas.

Sombrío panorama para la educación, tanto en México y Michoacán. Menos mal que tarde o temprano las nuevas generaciones de mexicanos desempleados, desarraigados, mal pagados, delincuentes y encarcelados, sabrán que sus sacrificios contribuyeron a las muy nobles causas de una corriente de maestros revolucionarios.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-05-15T16:44:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

Las cadenas de ilegalidad del PRD y Michoacán como ejemplo

A pesar de que Armando Hurtado ex dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) puso a Michoacán como ejemplo de cómo se deben consensar y resolver los problemas de forma democrática y madura para lograr un relevo en la dirigencia que no desgaste al partido, lo cierto es que durante el VII Consejo Estatal, celebrado el fin de semana en la capital michoacana, y en donde se tomaría protesta a la nueva presidenta Fabiola Alanís Sámano y al secretario Ignacio Ocampo Barueta, se observaron varias irregularidades que echaron por tierra el afán de hacer ver al PRD michoacano como el modelo a seguir en todo el país.

En su discurso, Armando Hurtado también reconoció que el PRD está en “estado de shock” y que en esas condiciones será muy difícil enfrentar la discusión de la reforma energética que dio inicio este 13 de mayo. Añadió que “menos aún defender una postura, cuando ni siquiera podemos ponernos de acuerdo internamente para elegir un dirigente que aglutine a todas las expresiones de nuestro partido”.

Por una parte, a pesar de que en el Consejo Estatal se decretó que existía el quórum legal para que se llevara a cabo el Consejo Extraordinario, lo cierto es que estuvieron presentes sólo 117 consejeros. Cabe recordar que el consejo de ese instituto político se compone por un total de 275 perredistas distinguidos.

En este sentido, mediante una sencilla operación aritmética se comprueba que no había mayoría, es decir el 50 por ciento mas uno del total de los consejeros necesarios para decretar al consejo como legal.

Por tanto, la toma de protesta de la flamante dirigencia perredista fue, a todas luces, ilegítima.

Además, quedó clara la división de opiniones entre importantes actores políticos y cabezas de grupo como la Alianza por la Unidad Democrática (AUD) de Raúl Morón y los consejeros de Selene Vázquez y Uriel López Paredes, además del diputado local Enrique Bautista Villegas, quienes brillaron por su ausencia dejando en evidencia su inconformidad ante la forma en la que se llevaron a cabo los acuerdos políticos para lograr una “candidatura de unidad” en la persona de Alanís Sámano.

Faltaron también muchos presidentes municipales, presidentes de los comités, diputados y senadores, que por antonomasia son consejeros estatales.

Personalidades que, a pesar de que se había confirmado su asistencia, no estuvieron presentes como Lázaro Cárdenas Batel y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el mismísimo Andrés López Obrador, que sin duda habrían dado mayor peso al acto.

El evento, que se retrasó más de dos horas en espera de que aparecieran más consejeros, dio inicio con una mesa de registro llena con los gafetes de consejeros que no llegaron y que de inmediato hizo suponer la falta del quórum que habría.

Además, algunos militantes se quejaron de que a un buen número de asistentes al evento sólo les interesó estar cerca del gobernador Leonel Godoy Rangel para hablar con él, tomarse la foto y hacerle alguna petición personal, en lugar de apoyar a Fabiola.

Otro factor que contribuye a sospechar que el nuevo comité estatal perredista es ilegal, es sin duda la situación que vive el propio Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y que acéfalo, es imposible que pueda avalar cualquier proceso estatal.

Por ello, las críticas de varios prominentes militantes acerca de la premura con que Alanís Sámano asumió la dirigencia cuando las condiciones legales y políticas no eran las idóneas, ya que en los estatutos queda estipulado que el CEN debe tomar protesta a los nuevos integrantes de los comités estatales.

De igual forma, el actual consejo estatal debía terminar sus funciones hace 3 semanas y ser relevado por otro nuevo con el aval del comité en Michoacán, sin embargo, ¿qué tan legal podría resultar una elección impulsada por un comité que parece ilegal?

Ante estas situaciones, ya hay quien impugnará formalmente a la nueva dirigencia estatal. Tal es el caso del diputado local Raúl Morón Orozco, quien a pesar de que en un principio negó que su inasistencia al evento del fin de semana llevara ese mensaje, ahora aparece en un medio de comunicación asegurando que la realización del Consejo Político Estatal fue irregular y que procederán a buscar “reventar” la toma de posesión de Alanís Sámano y Ocampo Barrueta.

Se espera pues que en los próximos días se sumen más protestas, en este sentido, de más militantes inconformes. Algunos con las intenciones de que se corrijan las anomalías, y otros más buscando obtener posiciones y prebendas en el propio comité estatal, utilizando para ello la amenaza y el chantaje, para después, como es común verlo, quedarse tranquilos y muy conformes con su presidenta y su secretario “de unidad”.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-05-09T13:50:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

La calma relativa del proceso electoral en Yurécuaro

A pesar de que se pronosticaba una jornada electoral difícil en Yurécuaro, donde prevalecerían los conflictos entre las diferentes fuerzas políticas que se disputaban la presidencia municipal, así como de la inminente operación de los mapaches y cazamapaches, la realidad fue otra.

Los habitantes de este municipio dieron muestras de civilidad y madurez ante un proceso electoral extraordinario que dejó desgastado el discurso de todos los aspirantes, así como a una población hastiada de una campaña que parecía interminable.

Sin embargo, es de destacar que quien en realidad triunfó en esta elección fue sin duda el abstencionismo, pues a pesar de que ya se esperaba una disminución importante en la afluencia de electores a las urnas, sigue siendo un factor contra el cual se lucha en todas las elecciones y que deriva también en la falta de legitimación de los ganadores.

Y aunque la población estuvo a la altura en los comicios, lo cierto es que quienes enrarecieron de cierta forma el ambiente fueron los que llegaron de fuera. Cada partido trajo consigo “expertos” en las artes de hacer ganar a su candidato, y así fuimos testigos de la presencia de diputados como Jesús Reyna, José Trinidad Martínez Pasalagua, David Huirache Bejar, Wilfrido Lázaro Medina, José Eduardo Villaseñor Meza, María Guadalupe Calderón Medina y Alfredo Anaya Gudiño, además de miembros del comité estatal, encabezados por su dirigente Mauricio Montoya Manzo, todos ellos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La visita de estas personalidades imprimió un elemento más a esta elección extraordinaria, y este fue la rivalidad entre los partidos por ver quién aglutinaba a más y mejores figuras venidas de la capital michoacana o del país.

Incluso, el candidato del Partido del Trabajo, Rafael Ramírez López estuvo cobijado por su presidente estatal, Reginaldo Sandoval Flores. A Ignacio Murillo Martínez del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo acompañó su dirigente Armando Hurtado Arévalo, así como el diputado Iván Madero, la virtual presidenta estatal del partido del sol azteca, Fabiola Alanís Sámano, y algunos miembros del Comité Estatal como Osvaldo Ruiz, secretario de organización.

Luis Manuel Campos González, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), sin embargo, y a pesar de que resultó segundo lugar del proceso electoral ordinario, contó únicamente con la presencia de su nuevo dirigente en Michoacán Germán Tena Fernández y del ex diputado local Antonio Plaza Urbina, quien además fue designado como su coordinador de campaña.

En este sentido, quedó claro el apoyo y la importancia que las estructuras partidistas estatales y nacionales dieron a sus respectivos candidatos, lo que se tradujo en posibilidades de éxito.

Fue evidente entonces, un PRI ávido de triunfo al enviar a toda su caballería pesada, al menos, por parte del grupo interno que encabeza el ex candidato a la gubernatura, Jesús Reyna, que demostró un respaldo total a la campaña de Jaime Pérez, y por otra parte, un PAN desorganizado, sin estrategia y desprovisto del acercamiento de figuras importantes que cobijaran a su candidato, pese a los esfuerzos del propio Luis Manuel por hacerse de más votos y de realizar una campaña intensa y de mucho contacto con la gente para cuando menos, no descender al tercer sitio como ocurrió en la extraordinaria.

De igual forma, el PT buscó obtener más votos con una estrategia ambiciosa de su líder Sandoval que puso varias veces en jaque a las demás fuerzas políticas y logró uno de sus objetivos: inhibir la votación en las mesas receptoras, mediante un grupo de personas que vestían camiseta blanca y leyenda en rojo que decía “cazapamaches”, donde consideró no obtener muchos sufragios y cuidar las casillas en donde presumían una votación favorable a ellos.

Con esto, el candidato petista, Rafael Ramírez, obtuvo 922 votos y el empeño de ese partido por figurar y hacer ruido en la elección quedó de manifiesto y así resultó que todos se pusieron a cazar a sus “cazamapaches”.

Fue también notorio su interés por realizar una serie de acciones que en un descuido hasta le permitirían promover la nulidad de la elección, como el cambio sorpresivo que hizo de sus representantes de casilla unas horas antes de empezar la jornada electoral. Así al no contar con los nombramientos de sus nuevos funcionarios, el PT podría invocar la anulación de comicios de acuerdo con lo que prevén las leyes electorales.

Asimismo, las actitudes de los representantes de los partidos en la sesión permanente del consejo municipal del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) durante todo el día, fueron muy sintomáticas de lo que ocurría afuera.

Mientras los representantes del PRI, del PRD y del PT, manifestaban su preocupación ante cualquier situación que pudiera entorpecer el desarrollo del proceso electoral, independientemente de que los señalamientos fueran fundados o no, el representante del PAN acudió únicamente en calidad de testigo, pues acusaciones y señalamientos iban y venían y el funcionario no emitía mensaje alguno.

Incluso, en las semanas previas ya eran claras las posiciones de los partidos respecto de la elección extraordinaria de Yurécuaro. Reginaldo Sandoval lanzaba acusaciones serias contra el candidato del PRI, mientras que el PRD hacía algunos señalamientos, aunque más tímidos, contra el mismo candidato priísta.

En contraparte, el dirigente estatal del PAN, Germán Tena, decía desde varios días antes y el mismo día de la elección, que las irregularidades eran mínimas y consideraba que no había elementos o motivos suficientes para impugnar. Por el contrario, el diputado federal, Ramón Ceja, en una entrevista en la ciudad de Morelia, aseguraba que se iba a defender con todo e impugnar algunas anomalías que se habían presentado durante el proceso que concluyó, sin embargo, nada pasó, y ni el diputado estuvo presente para acompañar a su candidato.

El presidente del CDE del PRI, Mauricio Montoya, defendía a su candidato y decía que las acusaciones de los otros partidos políticos correspondían únicamente al hecho de que sabían que no tenían posibilidades de ganar.

De esta forma, el proceso que transcurrió en relativa calma, dejó ver situaciones un tanto sospechosas ente algunos de los actores políticos. Por ejemplo, a pesar de que Reginaldo Sandoval reclamó fuertemente a Mario Bautista Ramírez, director de Seguridad Pública del Estado, por no actuar con firmeza, ni garantizar el orden ante algunos hechos, que según el dirigente petista, se dieron en ciertas colonias y casillas del municipio.

Todo ello, dio mayor fuerza a los rumores que ya circulaban desde hacia varias semanas entre la población sobre la supuesta alianza estratégica que hicieron los candidatos y sus dirigentes de los partidos PRI y PRD para ir juntos en la elección, el objetivo sería que el PRD apoyase al candidato priísta y para ello el partido del sol azteca elegiría a un candidato y planilla débiles que no supusieran riesgo alguno para el PRI y que además le restara votos al PAN, ya que obviamente, los perredistas que no votaran por su candidato, lo harían de forma natural por el PRI.

Esta supuesta estrategia, que habría orquestado un prominente perredista, le daría, en todo caso, margen de tiempo para reacomodar el comité municipal con gente de su confianza y le pudiera a portar más apoyo y beneficios en la próxima elección federal, en donde él podría ser el candidato a la diputación.

En todo caso, el perdedor de esta contienda fue sin duda el panista Luis Manuel Campos, quien cayó al tercer lugar, luego de haber logrado colocar al PAN como la segunda fuerza política en Yurécuaro.

Se esperaba que las estrategias del nuevo comité estatal del blanquiazul resultaran mucho más favorecedoras y contundentes, la expectativa que había logrado sembrar la nueva dirigencia estatal se empañó con la falta de conducción y operación para la campaña y para su candidato.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-04-30T18:37:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

La política social y el inconsciente colectivo

Es verdad que la política mexicana requiere de madurez, de liderazgos verdaderos que den conducción, rumbo y certidumbre al país para lograr verdaderas reformas estructurales que no se topen con los muros de la sinrazón y del encono sin sentido. Es necesario un crecimiento que permita el diálogo y el debate de altura, con objetivos y visión claros para lograr consensos importantes y tan necesarios que se han ido postergando por la falta de oficio y divisionismo a ultranza de todas las fuerzas políticas.

Mientras tanto, el país y nuestro estado sufren del deterioro de las instituciones y de la falta de dirección, que hacen casi imposible el éxito de programas, proyectos y estrategias que contribuyan al mejoramiento en todos los órdenes.

Es el caso de la presentación de la estrategia impulsada esta semana por el gobierno federal “Vivir Mejor”, encaminada a disminuir el número de familias pobres en el país en un mediano plazo, el Presidente de México, Felipe Calderón se enfrenta nuevamente a la fustigación y críticas de políticos priístas y perredistas que califican a la nueva medida como populista, demagógica y electorera.

Entre ellos el actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, quien acusó al gobierno federal de instrumentar ese eje de acción con fines electorales y salir favorecidos en los comicios del próximo año. Otro político que no tardó en reaccionar fue el mandatario capitalino Marcelo Ebrard, quien paradójicamente minutos antes de acusar al gobierno calderonista de populista, él se encontraba repartiendo despensas y bonos a habitantes del Distrito Federal.

Resulta entonces muy paradójico ver cómo ahora los representantes del PRI, así como de quienes alguna vez fueron parte de sus filas, ahora se asombran e indignan ante acciones de las que aun no se conocen resultados y de las que sin una previa consulta, ni un análisis serio se pueden medir sus alcances y beneficios. Eso es lo de menos, de cualquier forma se critica y desacredita.

Empero, no debemos olvidar que los padres de esas prácticas son ahora quienes fustigan y reclaman. Por muchos años el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sentó las bases de su poder y de su permanencia en acciones encaminadas en la cooptación del voto, en la compra, en la dádiva, en el fraude, en el corporativismo aciago.

Y hablar ahora del compromiso social de los gobiernos es sinónimo de chantaje, de compra de conciencias y voluntades. En nuestro país la dádiva y el asistencialismo han permeado de forma tal a lo largo de los años, que la cultura del mexicano se ha convertido en convenienciera, paternalista, lo que ha permitido que exista una relación de conveniencias más que de convencimiento entre el gobierno y los ciudadanos.

Así por ejemplo, a pesar de que el Presidente Felipe Calderón instruyó hace unos días a la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, para “ponerse las pilas” y presentar un proyecto viable para mejorar la educación básica en todo el país, así como la reactivación de las telesecundarias que están en su mayoría abandonadas, es necesario puntualizar que en el caso de Michoacán no se puede poner en marcha un plan tal sin que se hayan resuelto antes otros problemas en el sector educativo.

Para nadie es ajeno el problema que enfrentamos los michoacanos, con un magisterio polarizado y tan politizado, que una medida como la que pretende el gobierno federal, seguramente no encontrará un cause que lo lleve a buen fin.

Pues para las dos corrientes que integran el magisterio michoacano lo más importante es ser reconocido como el legítimo y obtener así los mayores beneficios y prerrogativas del gobierno estatal. A muchos profesores no les interesa la calidad de las clases que imparte, si es que los niños y jóvenes tienen suerte en ello, les interesa más la búsqueda de posiciones políticas para hacerse de más poder.

Salir a las calles a gritar consignas, pintar paredes y pegar propaganda, es sin duda el mérito ahora, en lugar de estar en las aulas para impartir debidamente sus clases, con el compromiso tácito, que todos los dedicados a la enseñanza hacen, de ofrecer un servicio tan importante a la niñez y juventud del país para educar y formar en los valores y cultura de la civilidad.

Ante estos hechos, poco se puede esperar que se logre un verdadero avance con un proyecto legítimo para mejorar esta sensible área, si antes no se han logrado dirimir y resolver problemas que se hacen añejos y que ponen en riesgo día a día el futuro profesional y personal de las generaciones que nos suceden.

No debemos cerrar los ojos a la realidad que enfrentamos: una sociedad dividida, políticos corruptos de todos los partidos que buscan el beneficio personal y hacen uso de los recursos públicos para lograr mayores dividendos y capital político para seguir anclados al poder.

Será entonces muy difícil que algún gobierno, sea cual sea su color, visionario y con compromisos auténticos de lograr mejoras sustanciales en el nivel de vida de sus gobernados, salga bien librado de las críticas y las acusaciones, no sólo de las otras fuerzas políticas, sino de los propios ciudadanos, pues se tiene ya en el inconsciente colectivo que los apoyos y programas asistenciales siempre van encaminados a un beneficio político personal.

DE AQUI Y DE ALLA

2008-04-26T11:23:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

"El movimiento soy yo"

Desenmascaran el excesivo protagonismo de Andrés López

En todo el tiempo que han durado las manifestaciones contra la supuesta privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), nada había arrojado tanta luz sobre lo que hay detrás del Frente Amplio Progresista (FAP) como la discusión que sostuvieron los coordinadores nacionales de dicho movimiento, y el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, con su presidente legítimo, Andrés López, quien molesto por la firma del anteproyecto para comenzar el debate energético espetó que él es el movimiento.

Así que, después de dos semanas de mantener tomadas las tribunas de las cámaras de Diputados y de Senadores, para tratar de impedir el trabajo del Congreso de la Unión, se confirmó que no es el debate por la reforma energética lo que realmente le interesa al tabasqueño líder de los grupos más radicales de la izquierda mexicana. No, lo que en realidad le importa es mantenerse como protagonista de la vida política nacional.

El auto ungido presidente legítimo de México sostuvo la noche del pasado miércoles una reunión con los coordinadores parlamentarios del FAP, Javier González Garza (PRD), Dante Delgado (Convergencia), Alejandro Chanona (Convergencia), Ricardo Cantú (PT) y, por supuesto, el senador perredista, Carlos Navarrete, así como el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya.

Durante ese encuentro, cuya grabación se pudo conocer a través de diversos medios de comunicación, Andrés López manifestó su molestia por la firma del anteproyecto para el debate por parte de uno de los integrantes de la presidencia colegiada de su partido, ante la debacle que se vive en el interior del partido del sol azteca, y dejó ver que nadie de los presentes ni las dirigencias nacionales de ninguno de las fuerzas políticas que lo acompañan en su cruzada por la defensa del petróleo es más importante que él.

En ese momento, Carlos Navarrete se atrevió a preguntar: Para que nos quede bien claro Andrés Manuel, ¿el movimiento eres tú?

-¡Sí, soy yo! –respondió ante el silencio de todos los presentes el ex candidato a la Presidencia de la República, quien de esa forma hecho para atrás el proyecto de acuerdo que ya se empezaba a gestar para hacer un debate sobre la iniciativa de reforma energética presentada por el presidente Felipe Calderón y dejo ver que las negociaciones y la confrontación de ideas no son lo que realmente le interesa, sino mantenerse vigente en los medios y en la mente de los mexicanos con temas como este y el del secretario de Gobierno, Camilo Mouriño.

La verdadera intención de Andrés López, explicó en su momento el dirigente nacional del PAN, es mantenerse confrontado y tratar de impedir el trabajo del presidente de la República. Lo cierto es que las estrategias de golpeteo del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal no solo afectan al gobierno federal, dañan hasta a su propio partido, que por su culpa se está fracturando, y entorpecen la vida cotidiana de la gran mayoría de los mexicanos.

Por el momento, las tribunas del Congreso de la Unión han quedado libres, luego de que se logró el acuerdo para debatir la iniciativa por 72 días, pero derivado de la presión del presidente legítimo, el FAP ha condicionado la suspensión de las movilizaciones a que el debate sea real y llegue a todos los sectores de la sociedad, lo que, por supuesto, quedará al arbitrio y consideración del mandamás de esas fuerzas políticas de izquierda.

Cierto es que esa imposición y las actitudes de Andrés López, están generando fracturas muy reales al interior del PRD, ya le pasó hace unos días que exigió a los diputados de su partido que firmaran una carta responsiva para comprometerse a continuar en las movilizaciones contra la reforma energética, demanda que tuvo como respuesta que más de 90 de los 127 miembros de esa fracción en la Cámara de Diputados se hayan negado a signar el documento.

Además, la crisis por la que atraviesa hoy el partido del sol azteca por la elección de su dirigencia nacional, tiene que ver en buena medida con el mesianismo y las actitudes de dictador que ha dejado ver esta persona que definitivamente está enferma de poder, pues ha querido imponer a toda costa, cueste lo que cueste y dañe a quien dañe, a su candidato, Alejandro Encinas, a quien incluso favoreció con una serie de acciones ilegales, que encontraron respuesta similar entre las huestes del candidato opositor, Jesús Ortega.

De ahí que el resultado real de ese proceso interno no se conoce aún a casi un mes y medio de celebrada la elección; que se haya designado una presidencia colegiada a todas luces ilegal por anti estatutaria y que la anulación de la elección ronde con tanta insistencia por las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, todo esto, derivado del maniqueísmo de un solo personaje.

Insisto, el excesivo protagonismo de Andrés López ha perjudicado no solo a las instituciones o a su propio instituto político, sino a la vida democrática de todo un país, porque con el pretexto de impedir una reforma de ley que a su juicio es inconstitucional y privatizadora de los hidrocarburos mexicanos, al mismo tiempo está promoviendo a través de sus seguidores incondicionales la realización de una serie de acciones que son claramente inconstitucionales, como es la cancelación del Congreso de la Unión y, en su momento, la toma de carreteras, que impide flagrantemente el derecho constitucional al libre tránsito.

La indolencia y la falta de congruencia del auto designado líder nacional de la izquierda mexicana, lo han llevado a promover la ya muchas veces citada exigencia de debatir la iniciativa de reforma energética, pero al mismo tiempo a tomar por asalto las tribunas en las que el mismo se llevaría a cabo. Y en lugar de un debate de 50 días, que proponían el PAN y el PRI, exigía un debate de 90 días, con la clara intención de que culminara precisamente un día antes del Segundo Informe de Gobierno de Felipe Calderón.

En cuanto al debate por la reforma energética, los argumentos del gobierno federal pasan desde la aguda crisis que vive Pemex desde hace muchos años, hasta el déficit de 500 mil barriles de petróleo y 14 mil millones de dólares anuales que se prevén para los próximos años si no se inyectan mayores recursos para la modernización, investigación y exploración de yacimientos en aguas profundas, para lo que México requiere de tecnología de punta.

Por su parte, el FAP responde que las medidas previstas en la iniciativa para que a Pemex se le autorice a contratar tecnología y asesorías extranjeras para la realización de sus funciones son propuestas privatizadores e inconstitucionales que equivalen a contratos de riesgo.

Dicha interpretación parece muy forzada, porque curiosamente el gobierno izquierdista de Cuba, ejemplo en muchos aspectos para el PRD, sí cuenta con contratos de riesgo, que implican que el Estado autoriza a empresas extranjeras para que sondeen, perforen, extraigan y comercialicen el petróleo que existe en sus aguas patrimoniales, a cambio de que la iniciativa privada entregue el 50 por ciento de la producción a la economía cubana. Si eso se hiciera en México, ahora sí estaríamos hablando de algo mucho muy delicado.

El debate mediático ya llegó hasta el Congreso de Michoacán, donde en sesión nuestros diputados locales tuvieron a bien distraerse de otros temas relevantes del estado, como el conflicto entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), la inseguridad y las iniciativas pendientes, para discutir un tema que se va a decidir, en el marco de las competencias legales, en el Congreso de la Unión.

Al respecto, el coordinador parlamentario del PAN, Francisco Morelos Borja, puso un ejemplo muy didáctico, como con peras y manzanas, ante los diputados del PRD que se subían al tema buscando notoriedad. El panista explicó que la exigencia del FAP de no permitir un solo peso de inversión privada en Pemex, equivaldría a dejar sin funcionar la maquinaria de la paraestatal que en algún momento dado se llegara a descomponer, puesto que para conseguir la pieza que faltara habría que encargarla al extranjero, porque en México no las hay, o solicitar el servicio técnico de especialistas que no existen en el país.

La contratación de esos servicios no equivale a privatizar a Pemex, argumentó Francisco Morelos, porque cualquier empresa petrolera del mundo requiere en algún momento determinado de contratar a particulares para realizar algunas de sus tareas, sin necesidad de que esto parezca si quiera un contrato de riesgo.

En este sentido, cabe señalar que Corea del Norte y México son los únicos países del mundo que tienen una constitución que impide la inversión privada en exploración, explotación y en la refinación de hidrocarburos.

Ya en su momento, el presidente izquierdista de Brasil, Lula Da Silva, dijo que Pemex para los mexicanos es como una diosa intocable, lo que es cierto y lamentable, porque históricamente la paraestatal no ha servido para todo lo que ahora pregonan Andrés López y sus seguidores, pues su principal virtud es enriquecer a políticos y familias que hoy cuentan con boyantes fortunas como producto de la explotación de nuestros hidrocarburos.

En tanto, la izquierda mexicana, liderada por un enfermo de poder, insiste en su cerrazón y en su interés por desestabilizar a un país en sus aras de ganar notoriedad.

Como consecuencia de las ocurrencias e imposiciones de Andrés López, su partido, el PRD, padece de una descomposición sin precedentes y hoy carece de una dirigencia nacional legal y de liderazgos institucionales. Así, a pesar de no ser presidente constitucional, ni senador, ni diputado o dirigente nacional de un partido político, el tabasqueño se ha salido con la suya, en el sentido de sobajar a sus correligionarios a lo que dicten sus intereses particulares.

Habrá que ver cuánto más aguantamos los mexicanos de un personaje que solo llama a la división y a la confrontación por mantener los reflectores sobre su figura y no desaparecer simplemente en el mar del olvido. A final de cuentas, en el FAP él es el que ordena, él es el que dicta, él es el que manda. En resumen, y como él mismo dijo, el movimiento es él.

Alejandra Ortega

2008-04-17T06:58:00.000-07:00

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-04-16T16:00:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

AMLO, EL PEZ POR SU BOCA MUERE

Si en todo el país hay alguien cuyas acciones y discursos dependan casi al 100 por ciento de los ratings en los medios de comunicación, del escándalo y de las encuestas de popularidad, su nombre debe ser Andrés López Obrador, el autodenominado “presidente legítimo de México”, quien en muchas ocasiones ha dejado ver su voracidad por ocupar espacios en la televisión, la radio y la prensa escrita, como instrumentos para mantener su ascendencia sobre un fiel grupo de seguidores que creen ciegamente cuanto dice.

Hace apenas unos días, el ex candidato presidencial estuvo en una entrevista de más de 40 minutos en el Canal 2 de Televisa, el de más alto rating en el país, para exponer, desde su muy particular punto de vista, sus impresiones sobre dos temas que en las últimas semanas han acaparado la atención nacional: la elección interna del PRD para renovar su dirigencia nacional y la controvertida propuesta para reformar el sector energético en la República Mexicana.

La entrevista, plagada de contradicciones de parte del entrevistado, dejó ver a un López Obrador fuera de cancha, evasivo, poco sagaz y sin contundencia como en otros tiempos. Esto lo aprovechó muy bien el comunicador, quien pareció estudió profundamente la psicología del político y de esa forma logró calcular de antemano cuáles serían las posibles salidas que buscaría ante las inevitables preguntas incómodas.

Andrés Manuel comenzó exigiendo ocupar espacios televisivos, con el argumento de que tiene derecho de réplica y constantemente es criticado en distintos sitios de información y análisis sin que se acepten sus peticiones para aparecer ante las cámaras a dar su muy personal versión sobre temas de la agenda nacional.

Para cualquier habitante de México medianamente informado, es un hecho más que confirmado que el ex candidato presidencial aparece todos los días en los medios de comunicación, sin importar que una y otra vez repita hasta el cansancio las mismas palabras trilladas de los últimos dos años. Sin embargo, dejó en claro que aún no es suficiente para él, porque en su mente merece una especie de trato preferencial.

El multicitado líder perredista pretendía evadir temas como la elección interna del partido del sol azteca, pero finalmente tuvo que ceder y dejar en evidencia una serie de inconsistencias y sobre todo contradicciones en su discurso de los últimos años.

En su opinión, el proceso interno del PRD no debe ser anulado, puesto que las irregularidades, aunque reconoció que se registraron muchas, no fueron lo suficientemente graves como para ameritar la anulación. Es curioso que las cosas se hayan dado de tal forma que a menos de dos años de la elección presidencial, todos los argumentos esgrimidos para revertir la eventual Victoria de Felipe Calderón se han conjugado en contra de Andrés Manuel.

Por ejemplo, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en los comicios federales de 2006 arrojaba una variación de 7 puntos porcentuales entre lo que aparecía en el conteo preliminar y el número de empadronados ante el Instituto Federal Electoral (IFE), lo que a decir del tabasqueño en ese entonces era motivo suficiente para anular la elección.

Hoy, en el proceso interno del partido del sol azteca existe también una diferencia de 7 puntos porcentuales entre el número de militantes que acudieron a las urnas y el número de votos que se registró, lo que en este caso, según él, no es razón como para invalidar la elección y repetirla.

De la misma forma, no aceptó su error al salir públicamente a apoyar a uno de los candidatos a la dirigencia nacional de su partido, Alejandro Encinas, y arguyó que esto lo hizo de forma discreta, sin embargo el cuestionamiento es que un autodenominado “presidente legítimo” no puede expresarse a favor de ningún candidato.

Esto mismo lo reclamó en su momento cuando acusó al ex presidente Fox de meter las manos a favor del entonces candidato a la Presidencia de México Felipe Calderón y los calificó como delitos electorales que afectaban el principio de equidad en el proceso electoral.…Graves inconsistencias.

Pero para colgarse de temas públicos y políticamente más rentables, Andrés Manuel ha encontrado una mina de oro en una imaginaria iniciativa de reforma energética que aún antes de existir ya había sido calificada por el perredismo como una propuesta tendiente a privatizar a Petróleos Mexicanos (PEMEX), mediante una serie de eufemismos que encubrirían las verdaderas y maléficas intenciones de los integrantes del gobierno federal para entregar el patrimonio nacional a la inversión extranjera.

Recientemente, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal vino a Michoacán como parte de las giras que está realizando para organizar a sus seguidores con la intención de impedir la presentación de la iniciativa de reforma energética a toda costa mediante un movimiento de resistencia civil pacífica que aunque podría bloquear carreteras, aeropuertos, bancos, centros comerciales y oficinas públicas, según él no violentaría los derechos del resto de los mexicanos.

Ante decenas de simpatizantes, cuando antes se contaban por decenas de millar, López Obrador dijo en Morelia que si el gobierno federal realmente quiere saber cómo rescatar a PEMEX debería pedir su consejo.

Es simpático que lo haya dicho justo en este momento de la vida nacional, cuando en el Congreso de la Unión se acaba de entregar un diagnóstico general de la situación de la paraestatal y el gobierno federal ha dejado entrever aspectos básicos de la que podría ser su propuesta, mismos que no se contradicen con el clamor general de la población, puesto que se desmiente la supuesta privatización de PEMEX, pero se apuesta por la inversión privada y por el impulso a la modernización de la paraestatal.

Tal vez, y sólo tal vez, la Presidencia de la República no había considerado consultar al ilustre político tabasqueño, por la simple y sencilla razón de que ya tiene en su haber aquél libro publicado por el propio López Obrador hace dos años en el que se propone precisamente evitar la privatización del sector energético, pero sí por apostarle a la “asociación” con capital privado y trabajar en la “modernización y expansión”, del sector energético… Todo lo que critica en sus interminables discursos en contra de la reforma, en un solo párrafo de su libro él los aprueba.

El perredista jura y perjura que esa terminología empleada por el gobierno federal son eufemismos para disfrazar el proceso de privatizar a la paraestatal. Lo curioso es que esos mismos eufemismos fueron empleados, como se mencionó, dos años antes por el mismo tabasqueño.

También es de preocupar la propuesta impulsada por el ex candidato presidencial de que se tomen en cuenta las opiniones de todos los mexicanos para que la reforma energética sea plural y recoja sus inquietudes.

Es un hecho que asuntos tan importantes como este, merecen el análisis y el estudio profundo de los expertos, de quienes entienden de estos temas, pues ponerlo a consideración de todos los mexicanos es igual a preparar el terreno para la anarquía, que tanto conviene al “presidente legítimo”.

Considerando que diputados y senadores son, ya de por sí, nuestros representantes y que sobre ellos recae la obligación de votar por las medidas que mejor convengan al país, es ocioso tomar parecer a los casi 104 millones de mexicanos.

Si no fuera tan preocupante la crispación de Andrés Manuel López Obrador, sería hasta hilarante el hecho de que él mismo se enrede y se contradiga tanto cuando se comparan los contenidos de sus palabras y sus discursos anteriores con los actuales. Por eso es que se dice que el pez por su boca muere.

Correo electrónico: jana.ortegarod@gmail.com

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-03-20T13:51:00.000-07:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez.

La ejemplar “democracia” del PRD

Se prepararon como nunca y terminaron como siempre, se jactaron de ser el único partido que hace procesos internos abiertos, se vanagloriaron de toda la parafernalia que armaron detrás de la elección de sus nuevos dirigentes y terminaron dando una exhibición de sus carencias de ética y de moral, pero también de su excesiva incongruencia entre el discurso y los hechos.

Así es el PRD. Para no variar, el proceso interno del sol azteca está dando aún más de qué hablar una vez que concluyó su jornada electoral que durante la etapa de proselitismo.

Ninguno de los dos aspirantes más fuertes a la dirigencia nacional, especialmente Jesús Ortega, está conforme con las formas en las que se desarrolló el proceso y, por ende, con el resultado y existen razones de peso como para justificar una eventual anulación de la elección.

Este ejercicio “democrático” resultó ser un fiasco, una burla, una pantomima y un fraude, no sólo para los propios perredistas, sino para todos los mexicanos, en quienes recayó de manera indirecta el costo económico de todo este espectáculo que contó con la participación de actores cuya calidad moral está fuera de toda discusión, tal es el caso de Andrés López, Dolores Padierna, Jesús Bejarano, Marcelo Ebrard, Leonel Cota, Alejandra Barrales, Fernández Noroña y Graco Ramírez, entre muchos más.

Sólo hay que imaginar si así son y se comportan en sus procesos internos, en donde se supone que la lucha debe ser equitativa, fraterna, limpia, ejemplar, democrática, entonces cómo lo harán en las elecciones constitucionales donde los militantes del partido del sol azteca presumen que están compitiendo contra fuerzas políticas diametralmente opuestas a ellos y a los intereses del pueblo.

Esta elección interna del PRD, en la que se renovarían desde dirigencias municipales y estatales hasta la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, estuvo plagada de vicios y de irregularidades. Prácticas que antaño el perredismo le achacaba exclusivamente al PRI fueron ejecutadas y mejoradas por los operadores políticos de los candidatos a la dirigencia nacional.

A pesar de que Leonel Cota, aún líder nacional del sol azteca, aseguró que los comicios fueron tranquilos y que no había motivo alguno para tan siquiera pensar en la anulación del proceso interno, la jornada electoral del pasado 16 de marzo fue tal vez la más sucia que se ha visto en la historia del Partido de la Revolución Democrática.

Cota Montaño cometió uno de los actos más criticados por los propios perredistas en este proceso interno. Se adelantó a los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para dar por ganador a Alejandro Encinas, su candidato y candidato también del líder del perredismo radical e intolerante, Andrés Manuel López Obrador, cuando apenas se había contabilizado alrededor del 70 por ciento de los votos.

Los acarreos, el embarazo, el robo y la quema de urnas, además de un padrón primeramente rasurado y posteriormente inflado, hechos de violencia, secuestros de funcionarios electorales, anomalías en la colocación de las casillas y el dispendio de recursos públicos, particularmente del Gobierno del Distrito Federal, destacaron entre las miles de incidencias reportadas por representantes de los aspirantes a los distintos cargos, por los encargados de la organización del proceso, por militantes, por ciudadanos ajenos a la elección y por representantes de los medios de comunicación.

Por mucho menos que eso, hace apenas unos años, se anuló aquella elección que tuvo que ganar en dos ocasiones la hoy gobernadora de Zacatecas, Amalia García, quien ahora está acusada de haber propiciado que fueran inflados los resultados a favor de Jesús Ortega en ese estado.

Como consecuencia de lo anterior, una vez más queda en entredicho la calidad moral de los líderes del sol azteca, sobre todo cuando ahora en su propio proceso interno se ven en la necesidad de exigir el famoso “voto por voto, casilla por casilla”, medida a la que los representantes de Alejandro Encinas, principalemente, se están oponiendo sistemáticamente.
Aunque se supone que la mayor parte del fraude se fraguó por parte del Gobierno del Distrito Federal, y por ende por Marcelo Ebrard y López Obrador para favorecer a Alejandro Encinas, en la capital de la República Dolores Padierna acusa al grupo de Jesús Ortega de haber propiciado la contabilización de casillas inexistentes y la desaparición de otras.

Al mismo tiempo, el esposo de la lideresa perredista, Jesús Bejarano, recordado como “el señor de las ligas”, es acusado de estar involucrado, a través de su grupo, en la quema de paquetería electoral en Durango, así como en el secuestro de algunos de los responsables del conteo en Tamaulipas.

Como resultado de todas las anomalías registradas ya se habla de la posible anulación del proceso en el Distrito Federal, pero también puede ocurrir lo mismo en más de ocho estados, entre ellos Durango, donde se destruyó la elección y fue asaltado el candidato a la dirigencia estatal de la Izquierda Democrática Nacional (IDN) y Veracruz, en donde el 25 por ciento de las casillas no se instaló y se reportaron acarreos, robo de urnas y se anuló la elección en varios municipios por la enorme cantidad de anomalías.

Asimismo, están en riesgo de ser anuladas las elecciones en Campeche, en donde los hechos violentos fueron el común denominador; Tamaulipas, en donde se reportó el embarazo de urnas, al igual que sucedió en Chiapas y en Guerrero, estado en el que se dieron prácticas vergonzosas como la inducción y compra del voto.

Por si eso fuera poco, el caso del Distrito Federal fue registrado en video por algunos reporteros de medios nacionales, quienes captaron hechos como la compara de votos a favor de Encinas, cuyo valor osciló entre los 70 y 120 pesos, así como el fraude realizado en varias casillas donde la tinta indeleble era falsa, pues los votantes se la quitaban con limón y se volvían a formar en la fila.

Con todo esto no resulta raro que en una gran cantidad de casillas hubiera más votos que el número de electores registrados en las secciones.

La lucha interna por el poder del PRD demostró la avidez y la falta de escrúpulos por parte del grupo de López Obrador, quien sabiendo que si queda fuera de la jugada en esta elección pocas posibilidades tendría de mantener el control del partido del sol azteca.

Así, si eventualmente se confirmara el triunfo de Encinas, anunciado “institucionalmente” por Leonel Cota, el “presidente legítimo” de México vería allanado el camino para seguir colocando en el poder a los integrantes de la corriente radical que encabeza, pero también para buscar su “reelección” en el 2012, que como ya se vio es una de las obsesiones del tabasqueño.

Definitivamente el proceso interno del partido del sol azteca rebasó todas las expectativas y todos los pronósticos para una elección perredista, puesto que la descomposición al interior de ese partido está mucho peor de lo que cualquiera se hubiera podido imaginar.

Lo que se ha conocido en los medios de comunicación es sólo una pequeña muestra de todo lo que realmente ocurrió y no extraña que los perredistas hayan salido divididos, sino al contrario, extrañaría que al término de toda esta parafernalia no hubiera fracturas y deserciones.

Muchos de los líderes del PRD, sean de la corriente que sea, han demostrado hasta el hartazgo su falta de ética, de moral y de escrúpulos, pero particularmente de la congruencia con la teoría que identifica a la izquierda como una corriente ideológica que busca la tolerancia y la inclusión, precisamente por su intolerancia y tendencia a la exclusión.

Hoy, a sólo algunos días de que se realizó la elección interna de ese instituto político, vemos a uno de los grupos, el encabezado por Jesús Ortega, exigiendo el famoso “voto por voto y casilla por casilla”, mientras que las huestes de su oponente Alejandro Encinas, que en su momento hicieron popular ese grito, ahora se niegan y buscan entorpecer los intentos por esclarecer muchas de las irregularidades. Otro ejemplo de falta congruencia.

Independientemente de cómo se resuelva este proceso, la legitimidad del próximo dirigente nacional del PRD será muy cuestionada, puesto que además de la falta de confiabilidad del padrón, y las múltiples irregularidades en el mismo, también tendrá que asumir que sólo habría sido electo por una muy pequeña parte de la militancia, ya que la votación ni siquiera alcanzó el 20 por ciento del total del padrón perredista.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-02-27T14:05:00.000-08:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

La moda de los perfiles bajos

Un secretario de Estado es, por antonomasia, un personaje de la política encargado de la conducción de alguna de las áreas estratégicas de un gobierno; es un político de carrera con una amplia trayectoria que es designado en su puesto por su experiencia y especialización.

Por tanto, el ser distinguido con uno de esos cargos suele ser un honor y una enorme responsabilidad, tanto con la sociedad como con el gobernante en turno. Al menos así solía ser, salvo contadas excepciones, en los gobiernos federales y estatales del país.

Sin embargo, a partir de ahora, el ser designado como secretario de Estado en Michoacán se ha convertido en sinónimo de desprestigio, de incapacidad y de mediocridad. Ahora, el gobernador Leonel Godoy Rangel ha dado a entender que a esos puestos puede acceder cualquier improvisado, aún con el riesgo que eso implica, pues por su inexperiencia no están acostumbrados a la toma de las decisiones que sus respectivos encargos implican.

Aunque después vinieron las explicaciones, días antes de su toma de posesión Leonel Godoy afirmó que su gobierno sería de bajo perfil, lo que en los medios de comunicación se interpretó como la intención del ahora gobernador de tener en los puestos estratégicos de su gobierno a personas que, aunque capaces y de probada experiencia, no asumieran roles protagónicos más allá de lo estrictamente indispensable.

Así, los habitantes de Michoacán asumimos que a las secretarías del gobierno estatal llegarían personas con una amplia trayectoria, con experiencia, con una larga carrera en las diferentes áreas y con el ánimo de darle nuevos bríos a la función pública, sobre todo tomando en cuenta que la anterior administración terminó como empezó, como una estructura inoperante, donde cada funcionario caminaba por su lado y por donde le dictaban sus intereses personales y de grupo.

Vanamente, las y los michoacanos pensamos que esta administración arrancaría con renovado impulso, con un equipo de trabajo profesional, eficaz y eficiente que trabajaría por imprimirle una identidad propia y un sello característico al gobierno de Godoy Rangel.

Hasta el momento no ha sido así, porque el desencanto fue grande entre la ciudadanía cuando conoció al nuevo gabinete estatal. Los más decepcionados, los menos tomados en cuenta, los más inconformes, fueron, como siempre, los militantes de muchos años y un buen número de fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Personajes de amplia trayectoria, empresarios, políticos, académicos y demás, que se comprometieron en serio con el proyecto para la gubernatura estatal que presentó Leonel Godoy en su campaña del año pasado, esperaban otra cosa. No es un secreto que no todos actuaron de forma desinteresada, de hecho, esos casos fueron los menos.

Es por ello que se indignan al ver nombres como el de la flamante secretaria de Educación en el Estado, Aída Sagrero, la impugnada profesora, con una averiguación previa penal en su contra por una serie de atropellos y vejaciones cometidos en contra de representantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hace algunos años.

También por eso llama la atención el nombramiento de Fidel Calderón Torreblanca, novel político de medianos vuelos, por no decir mediocre, quien llega a la Secretaría de Gobierno por tener el enorme mérito de ser muy allegado al gobernador en turno, mismo caso de la ex diputada perredista de gris trayectoria, Citlalli Fernández González, que es ahora secretaria de Seguridad Pública.

Menciones aparte merecen funcionarios como Humberto Suárez López, quien se mantiene, y de ser tesorero estatal pasa a convertirse en Secretario de Finanzas y Administración, cargo que era pretendido por Eloy Vargas Arreola, quien por su parte fue devuelto a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), de donde salió para ser candidato a la alcaldía de Morelia y ahora regresa a la misma dependencia con una serie de pendientes y compromisos a cuestas.

Asimismo, está el caso del ex gobernador y ex priísta, Genovevo Figueroa Zamudio, quien fue ratificado en la Secretaría de Turismo, donde ha dado buenos resultados, aunque gran parte del mérito es del gobierno federal y en algunos casos de los ayuntamientos.

En resumen, el gabinete estatal, por más explicaciones que se quieran dar, decepcionó a la mayor parte de las y los michoacanos, pues pasó de ser un grupo de trabajo “de bajo perfil”, a ser un equipo de funcionarios de bajo nivel y con un elevado potencial para arrojar resultados que bien pudieran ser calificados como mediocres.

Y como están de moda los bajos perfiles, el Congreso del Estado no es la excepción. La LXX Legislatura local salió como la peor evaluada en la historia de Michoacán, lo que en gran medida se debió a diputados y funcionarios mayoritariamente de mediano a bajo nivel.

La LXXI Legislatura no se quiso quedar atrás, empezando por muchos de los mismos diputados, y de personajes que hasta el momento han tenido una carrera mediocre como Víctor Lenin Sánchez, Carlos Vital Punzo, y algunos más, hoy ocupan algunas de las principales carteras del Congreso local.

Los partidos políticos no se quedan atrás en la moda de los bajos perfiles, mientras el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es dirigido a nivel estatal por Mauricio Montoya Manzo, un líder adecuado para el tercer lugar que hoy ocupa ese instituto a nivel estatal, en el PRD la actual dirigencia está en manos de un menospreciado Armando Hurtado Arévalo, y la no menos mediocre Fabiola Alanís Sámano, se perfila para sucederlo.

Y en el PAN no se quedan atrás. Contando con perfiles de buena talla para hacer frente al reto de asumir su posición como segunda fuerza política en el Legislativo local, la mayor parte de los grupos internos se unieron, por una situación coyuntural más que de convencimiento, en torno a la figura de otro bajo perfil, Germán Tena, cuyo mayor mérito es ser hijo de un ex candidato a gobernador y reconocido panista.

No cabe la menor duda, en la política michoacana los bajos perfiles están a la moda. Y los habitantes de este estado deberíamos estar muy, pero muy preocupados.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-02-18T13:42:00.000-08:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

La estrategia faustista para llegar al poder en Michoacán

La carrera para la próxima elección al gobierno del estado ya empezó, por lo menos para Fausto Vallejo Figueroa, el presidente municipal priísta de Morelia. Su estrategia está más que delineada. Pero lo curioso es que le siga funcionando tan bien la venta de espejitos y que después de 25 años de trayectoria paternalista y clientelar, políticos del siglo pasado como ese sigan teniendo aspiraciones serias en esta época de modernidad y de presunta democracia.

Gente como él han aplicado exitosamente aquello de que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, aunque presume ser de cuna humilde y abogado de carrera, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Fausto Vallejo nunca ha trabajado fuera del gobierno en toda su vida.

Su desempeño es gris, su visión de administrador público es pueblerina. Su mayor mérito como político es ser bonachón y bueno para salirse por la tangente, eso es la política, creen algunos, aquellos que no han salido de Michoacán para enterarse de que hay municipios en zonas áridas del norte del país, que con menos de la mitad de lo que tenemos en la entidad, ya se están acercando cada vez más al primer mundo.

Muchos de los que ahora leen estás líneas aún no nacían, cuando Fausto Vallejo ya era “servidor público”. Quizá algunos, como yo, estábamos en la primaria cuando el señor llegó la primera vez, por rebote, a la Presidencia Municipal de Morelia.

Hoy preside por cuarta vez la alcaldía de la capital del estado y con su basta experiencia nos puede presumir que sabe cómo hacer las cosas, pero para que parezca como que hace sin hacer nada. De ahí que es el mejor ejemplo de la venta de espejitos en pleno siglo XXI.

Acerca de su estrategia política para llegar a la gubernatura del estado, Vallejo Figueroa no la ha cambiado, cuando no le alcanzó para ganar la candidatura ni la senaduría no varió el rumbo, al contrario, redobló sus esfuerzos por regalar despensas, entregar dádivas y adjudicarse gestiones de los gobiernos panistas y perredistas a través de su entonces diputado local y ahora secretario de Desarrollo Social, José Juan Marín González.

Lo que sí aprendió, después de dos descalabros, es que sin el partido a su favor no podría obtener nunca la candidatura. Así, ahora sus esfuerzos se enfocan a apoderarse del PRI, como en su momento lo hizo Jesús Reyna, para poder quitar y poner a su antojo al que desee, no sólo a nivel estatal, sino en los municipios, donde ya se ve su mano, y se verá aún más en casos como el de Yurécuaro.

Ya tiene el Ayuntamiento de Morelia y a Wilfrido Lázaro Medina como coordinador parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, cuenta con la Asociación de Municipios Michoacanos, A.C., donde impuso a Armando Medina García, alcalde de Múgica.

En su afán de llegar al poder, Fausto Vallejo no se anda con miramientos, ni le inmutan los nefastos acuerdos a los que puede llegar, así es que hace negociaciones con entes como Antorcha Campesina, que tanto daño le ha hecho a Morelia, y hasta tiene a uno de sus miembros como regidor, Rodolfo Lemus.

Su influencia se extiende ya a varios de los municipios gobernados por el tricolor y la presencia de sus operadores y compradores de votos ya está prevista en Yurécuaro para la próxima elección extraordinaria.

Fausto Vallejo probó el poder en dos ocasiones como alcalde interino de Morelia y ya no lo quiso soltar, como oficial mayor del gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí se convirtió en un funcionario obsequioso que hacía caravanas con sombrero ajeno, pero que cobraba los favores por el lado político.

En su primera administración completa como presidente municipal, engrosó la nómina municipal hasta gastar el 67 por ciento en sueldos, salarios y honorarios. De obras en Morelia ni hablar, la iluminación de la Catedral y el inicio de la Planta Tratadora de Aguas Residuales justificaron tres años en el ejercicio público, mientras que por otro lado no se daba abasto con la entrega de despensas, que sólo quitan el hambre un momento, pero no dan trabajo ni fomentan el desarrollo.

Esa oportunidad le fue propicia para incorporar a la nómina municipal a un montón de malos reporteros y supuestos periodistas, quienes se convirtieron en sus aliados incondicionales en esa administración, en sus posteriores campañas electorales, y todo parece indicar que también en esta ocoasión.

El priísta, el bonachón, el político que siempre le saca la vuelta a los compromisos serios que deberían asumir los gobernantes con su pueblo entró nuevamente a Morelia haciendo uso de un ostentoso aparato publicitario y con miles de operadores políticos que en la elección se dedicaron al acarreo y que hoy trabajan en el ayuntamiento no para los morelianos, sino para la próxima elección.

Vallejo Figueroa promueve su forma de actuar entre los presidentes municipales del PRI, pues no hay necesidad de trabajar, sino de aparentar que se trabaja. Hoy presume como gestión suya la instalación de una mesa de trabajo para sacar el patio de maniobras del tren, trabajos que comenzaron con Salvador López Orduña y que, él mismo había anunciado, se llevarán 10 años, de los cuales quedan 8.

También se adjudica la próxima construcción de tres pasos a desnivel en Morelia, que fueron gestionados por la anterior administración ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal; presume la puesta en marcha del Relleno Sanitario, construido por sus antecesores; y, los logros de la Dirección de Tránsito Municipal, logros del año pasado.

Por otro lado, suspendió la construcción de un parador eco-turístico en la antes concurrida zona de Los Filtros Viejos, actualmente nido de delincuentes, drogadictos y violadores, porque un grupo de “ecologistas”, también con visión pueblerina, pretende dejar las cosas como están.

Y su gente, sigue idolatrando la vieja imagen del político priísta, del que no hace obra, pero cómo da de despensas; del que al menor viso de problemas se echa para atrás con las acciones que sí generan desarrollo; del que se sale por la tangente ante cuestionamientos serios. Del que pretende gobernar a Michoacán, comenzando por los municipios, como Yurécuaro.

Dicen que los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Habrá que ver qué pasa en la próxima elección extraordinaria.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-02-18T13:11:00.000-08:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

LA CAUTELOSA ESTRATEGIA FELIPISTA

Es claro el trabajo político que lleva a cabo el Presidente Felipe Calderón para recuperar el control del Partido Acción Nacional (PAN), cuya dirigencia nacional había estado en manos de políticos identificados con la ultraderecha.

Los últimos acomodos y relevos, tanto en la dirigencia nacional de ese instituto político, así como en el gobierno federal, son señales claras de que el mandatario federal se mantiene firme en cumplir con sus objetivos de recuperar a su partido, tal como lo prometió hace algunos años.

Asimismo, se advierte la operación que lleva a cabo en Michoacán para posicionar algunos cuadros panistas en áreas estratégicas y de primer nivel, a fin de contar con un perfil fuerte para las próximas elecciones constitucionales.

Mientras que por un lado, recupera al PAN con el michoacano Germán Martínez como dirigente nacional, haciéndolo de paso un aspirante a próximas encomiendas a nivel estatal o nacional, por otro lado pone a Juan Camilo Mouriño bajo los reflectores y sin decir más, lo coloca automáticamente como un aspirante natural a la Presidencia de la República para las elecciones del 2012.

En este sentido, el nombramiento de Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Gobernación no es una casualidad, ya que aunque algunos opinen que Francisco Ramírez Acuña salió del cargo por la falta de una efectiva operación política con los otros partidos, la realidad es completamente distinta.

De hecho, entre líneas, se deja ver que el pretexto para la salida del ex gobernador de Jalisco, fue su incapacidad para tomar las medidas preventivas ante los desastres naturales de Tabasco y Chiapas.

Así, algunos han criticado el hecho de que Mouriño es sacado a la palestra con demasiada anticipación, pues el hecho de ponerlo en un área de tanta responsabilidad implica la posibilidad de que su figura se desgaste y que llegue con muy pocas posibilidades a una elección interna en el 2011 ó 2012.

Sin embargo, es previsible que con la cautela y la prudencia que caracterizan a Felipe Calderón, éste haya calculado que es el momento preciso para que Mouriño tome las riendas de la Secretaría de Gobernación, acapare los reflectores y comience a hacer contrapeso a la carta fuerte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que es sin duda Enrique Peña Nieto.

De esta forma, y tomando como ejemplo el caso del propio mandatario federal, no sería extraño que Juan Camilo salga de la secretaría mucho antes de lo previsto por quienes serán sus adversarios políticos.

Así, el deslinde oportuno del gobierno federal le permitirá salir fortalecido y evitar la saturación y el desgaste como la que padeció en su momento el también secretario de gobernación, Santiago Creel.

No cabe duda, de que el flamante secretario de gobierno se convierte en el mejor perfil para hacer frente al enorme poder mediático de Peña Nieto, pues es claro que la próxima contienda presidencial será entre Peña Nieto y otro.

Por otra parte, Felipe Calderón no se ha olvidado, ni de su promesa de recuperar al PAN para los panistas, ni de rodearse de michoacanos que forman parte de su más cercano círculo de colaboradores, como Juan Rafael Elvira Quesada, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales; Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública; Rocendo González Patiño, Procurador Agrario; Gladis López Blanco, subprocuradora de Verificación de la Profeco; Cesar Nava Vázquez, secretario particular del Presidente.

Del mismo modo, no es casualidad la llegada de Germán Martínez a la dirigencia nacional del PAN que lo perfila en automático como próximo aspirante al gobierno de Michoacán, con le tiempo necesario para poder terminar su encomienda y trabajar con la militancia de la entidad.

Sin embargo, buena parte del trabajo la dejó lista Salvador López Orduña, pues detrás de su aparente derrota en la carrera por la gubernatura, el ahora titular de la Fonapo, logró obtener la mayor votación que cualquier panista haya tenido en el estado.

La votación para Chavo López se incrementó en un 150 por ciento, lo que lo coloca como el panista con la mayor votación en la historia.

Así, la idea de Felipe Calderón es trabajar cuadros nuevos y darles “juego” en el escenario político, logrando triunfos mediante un trabajo arduo y paulatino para consolidar a su partido.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

2008-01-29T09:41:00.000-08:00

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

Cambia de manos el PRD en Michoacán

En Michoacán, el PRD está cambiando de manos. Como ocurrió hace apenas unos años en el PRI, en el partido del sol azteca actualmente está arrasando, al menos en la entidad, una corriente política que poco a poco comienza a adueñarse de la mayor parte de los espacios con los que cuenta ese instituto político en la entidad.

Parece que al fin, después de tantos descalabros y sinsabores, el partido del sol azteca hubiese comprendido que es la premisa de las candidaturas de unidad, la que les ayudará a salir mejor librados, primero en los procesos internos y después en los constitucionales.

Costó mucho trabajo y se tuvieron que hacer muchas concesiones, pero en el proceso interno para la candidatura a gobernador se evitaron, en gran medida, los golpeteos que se han registrado en otros momentos. El pastel era grande y todos los líderes de corrientes internas alcanzaron una buena tajada.

Se intentó lo mismo en las candidaturas a presidencias municipales y diputaciones, pero ahí las inconformidades fueron mayores, lo que sin embargo, se opacó restándole importancia en los medios de comunicación y distrayendo la atención con el interés mediático que indudablemente representaba una elección constitucional en la que por primera vez PRD y PAN se disputarían el gobierno de Michoacán, relegando en esta ocasión al PRI a un lejano tercer lugar.

Hoy se intenta hacer lo mismo en la elección para renovar la dirigencia estatal perredista. Algunos de los grupos internos mejor posicionados prefieren evitar desgastes y con un acuerdo político que cuenta con el beneplácito del gobernador electo, Leonel Godoy Rangel, pretenden vender a los medios de comunicación la idea de que existe una supuesta “candidata de unidad” en Fabiola Alanís Sámano.

Esto, a pesar de que en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD ya están registrados la ex diputada local y federal, Ana Lilia Guillén Quiroz, y el integrante del Frente Amplio Estatal Michoacano, Francisco Zamudio Vital, quienes obviamente no entran en los planes de los dueños del partido.

Lo dicho, en el partido del sol azteca está pasando lo que hace poco tiempo pasó en el PRI, con el otra vez diputado federal, Jesús Reyna García, y con tan funestos resultados por querer acaparar en una sola expresión tricolor todos los cargos de interés.

La estrategia está clara desde hace algunos años, lo curioso es que el resto de las expresiones políticas perredistas no hayan tomado cartas en el asunto de manera coordinada y oportuna. Cristóbal Arias lo advirtió con tiempo, pero nadie lo escuchó, y cada vez es más tarde para que las antiguas tribus del partido recuperen la influencia y el poder que tuvieron hace no mucho.

Leonel Godoy ha jugado adecuadamente a la política. Cuando fue necesario se olvidó de los Cárdenas y apostó todo por Andrés Manuel López Obrador. Eso le valió llegar, aunque sea de rebote y en un entorno crispado, a la dirigencia nacional del PRD y después al Senado de la República.

De igual forma, aprovechó la ocasión para brincar de la candidatura al gobierno del estado, pero antes debió negociar con las otras corrientes políticas. Así, cuando ya no le sirvió para sus fines, calificó de demente a López Obrador y se reconcilió con Cuauhtémoc Cárdenas. A cambio, cedió a ese grupo algunas posiciones, entre las que destacó el primero en la lista de candidatos plurinominales para el también ex secretario de Gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, Enrique Bautista Villegas.

Además, cedió espacios a los más lopezobradoristas de Michoacán, representados por la Alianza por la Unidad Democrática y encabezados por Raúl Morón Orozco, que seis años después obtiene su anhelada coordinación del grupo parlamentario del PRD, y José Jaime Hinojosa Campa, a quien a pesar de su tristemente celebre gobierno en Maravatío tenemos nuevamente en el Congreso del Estado.

Ahora llegó el momento de renovar la dirigencia estatal, y Fabiola Alanís ha recibido el visto bueno del gobernador electo y de las principales tribus perredistas en Michoacán. Paradójicamente, ella, quien se ostenta como analista política, buscaba ese puesto hace tres años y declinó en su momento a favor del hoy dirigente estatal, Armando Hurtado Arévalo. Pero además, ahora ya no quería el cargo, pues se creía merecedora a una Secretaría de Estado.

Para continuar con esa dinámica de evitar al máximo los conflictos internos y generar un ambiente propicio para el próximo gobierno estatal, Godoy Rangel ha dispuesto buscar una candidatura de unidad, como algunas que ya se han tenido antes. Sin embargo, deberá tener bien presente que aún no se alcanza la solidez y la consistencia que se buscan, pues los acuerdos que se han logrado son endebles y no se han cumplido a cabalidad.

En tanto, la situación favorable que se ha presentado para el próximo gobernador perredista de Michoacán, ha sido capitalizada por varios de sus seguidores más cercanos, quienes se están preparando para ocupar todos los puestos posibles en la administración estatal, así como en los comités y consejos municipales y estatales, como si todos ellos, entre quienes se encuentran muchos personajes provenientes del PRD creyeran que tienen derecho a vivir de los michoacanos.

Tal vez no lo quieran ver, pero todo apunta a que pudieran estar viviendo un espejismo, pues los acontecimientos recuerdan mucho a lo que pasó en el PRI, donde Jesús Reyna, con el respaldo del ex gobernador Ausencio Chávez Hernández, comenzó a apoderarse paulatinamente del tricolor en la entidad.

Poco a poco comenzó a colocar a su gente en la dirigencia estatal, en los comités municipales, en los consejos políticos y demás. Se creyó a tal grado el espejismo que él mismo creó, que hasta se impuso como candidato a gobernador y, los resultados están a la vista.

Hoy ha vuelto a su realidad, hoy, los tiempos aciagos para las otras corrientes priístas que vivieron oprimidas por algunos años, ya están terminando. Hoy Chucho Reyna está perdiendo espacios, influencia y poder político. Su tiempo ya acabó, pero el daño ya se hizo, como ocurre cuando una sola corriente acapara todo en un instituto político. Hoy el PRI se convirtió por primera vez en la historia de Michoacán en la tercera fuerza política en el Congreso del Estado y eso, no es algo que agradezca el priísmo.

Si no endereza el rumbo, el PRD va en el mismo camino. Con el pretexto de la unidad, pretenden acallar a las voces discrepantes, cuya existencia no siempre, pero sí en varias ocasiones, enriquecía la vida interna y democrática del partido.

La pretendida unidad es frágil, los acuerdos son endebles, y si no se sustentan con acciones que realmente sean incluyentes y tolerantes, se corre el riesgo de que todo se revele en poco tiempo como una simple quimera. Vamos a ver muy pronto si las corrientes perredistas aceptan lo que les indican sin chistar o, si bien, deciden participar en la vida activa y las decisiones de su propio partido. Si no reaccionan, podría pasarles lo que al tricolor.