DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• LA FARSA DE LA CONSULTA PETROLERA
  
  

Por más que intenten matizar cifras y buscar justificaciones, a muy pocos convencen los líderes del Frente Amplio Progresista (FAP) con los argumentos que presentan para asegurar que, de uno o de otro modo, la consulta popular sobre la reforma energética fue un éxito rotundo y demostró que la mayoría de los mexicanos estamos en contra de la iniciativa impulsada por el gobierno federal.

Lo cierto es que en este ejercicio, aún y cuando estuvo manipulado de principio a fin, sólo se habrían captado en el más optimista de los escenarios poco más de millón y medio de opiniones en 10 entidades de la República, que representa alrededor del 2 por ciento de los 74 millones 17 mil 565 ciudadanos que estamos registrados en el listado nominal de electores, y eso con las salvedades que al día siguiente se dieron a conocer en los distintos medios de comunicación.

Las semanas anteriores a este ejercicio los dirigentes nacionales y estatales, así como legisladores del PAN y del PRI, además de líderes de cámaras de comercio, agrupaciones de profesionistas, organizaciones civiles y empresas encuestadoras serias, advertían sobre las múltiples inconsistencias en la consulta petrolera organizada por distintos partidos y organizaciones de la izquierda radical encabezados por el PRD.

Entre esas observaciones y descalificaciones se encontraban, por ejemplo, la falta de regulación legal de este tipo de ejercicios en la mayor parte del país, y aunque en el Distrito Federal está reglamentada la participación ciudadana, lo cierto es que es cuestionable que el gobierno capitalino encabezado por el ahora precandidato presidencial, Marcelo Ebrard Casaubon, haya puesto a consideración de sus gobernados un tema que no es de su competencia, sino del ámbito del gobierno federal y de la Cámara de Senadores, como lo establece la propia Constitución General de la República.

También se criticó la ausencia de una justificación válida para su realización, puesto que era evidente que se trataba de una estratagema política tendiente a incidir en el resultado de los foros sobre la reforma energética que se llevaron a cabo en el Senado de la República con el acuerdo de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. Así, todo parecía indicar que el FAP preveía su eventual derrota en lo foros que esas mismas fuerzas políticas demandaron cuando tomaron las máximas tribunas de la nación y por eso recurrían a esta acción desesperada para tratar de recuperar parte de la credibilidad perdida.

De la misma forma, los detractores de este ejercicio de participación ciudadana denunciaron hasta el cansancio que para la organización y difusión de la consulta a nivel nacional se estaban desviando recursos públicos del Gobierno del Distrito Federal, así como de los gobiernos estatales y municipales del PRD.

Incluso, la utilización de prerrogativas en el evento político-partidista, es decir recursos públicos que otorgan los órganos electorales a los partidos políticos, sería un desvío monetario penado por la ley, precisamente al tratarse de cantidades del erario público que son otorgados a los institutos políticos para actividades propias de los mismos establecidas en las leyes en la materia.

También fueron múltiples los señalamientos que ponían en tela de juicio la calidad moral del partido del sol azteca para organizar una consulta popular nacional, cuando ni siquiera fueron capaces de organizar con éxito una elección interna, un proceso que por cierto se tuvo que anular cuatro meses y tres días después de realizada la jornada.

No obstante, al PRD no parecieron importarle éstas últimas descalificaciones, pues con total descaro, varios de aquellos que participaron en la organización del anulado proceso perredista fueron designados integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, tanto a nivel nacional como en los estados.

La falta de objetividad y seriedad de los impulsores de la consulta petrolera, fue otro de los temas severamente criticados por los opositores al ejercicio, puesto que la gran mayoría de ellos fueron personajes plenamente identificados con el sector de la izquierda radical y se autoerigieron como representantes de todo el pueblo de México sin mediar de por medio un mecanismo que permitiera que ese equipo estuviese conformado realmente por ciudadanos representativos de la sociedad.

El equipo de especialistas conformado por académicos, ideólogos y consultores externos que se eligió para determinar la metodología y las preguntas a hacer, también resultó un verdadero fiasco, puesto que a todo ese equipo de autodenominados intelectuales les llevó un plazo de alrededor de ocho semanas de “concienzudo análisis” la elaboración de dos preguntas que se dieron a conocer a sólo cinco días de la fecha del proceso y presuntamente serían de una objetividad tal que por sí mismas darían legitimidad al proceso.

Al final, el producto de todas esas sesiones de trabajo, y de múltiples anuncios frustrados para la presentación de cuestionario que habrían de responder los participantes, las preguntas resultaron ser absurdas, más absurdas y tendenciosas que el origen de la consulta misma.

La primera pregunta comenzaba con un comentario en el que se decía que constitucionalmente la cadena productiva de los hidrocarburos debe estar en manos del Estado Mexicano, es decir de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que al final se cuestionaba al lector si estaban de acuerdo a que en la misma se permitiera la inversión privada.

En tanto, la segunda pregunta era para conocer si ya con los antecedentes previos el poseedor de la papeleta opinaba a favor o en contra de la iniciativa de reforma energética del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Más claro ni el agua.

Días antes de la consulta petrolera empresas encuestadoras serias daban a conocer datos muy interesantes que ponían en su justa dimensión al ejercicio de participación ciudadana del FAP, de Andrés Manuel López Obrador, de Marcelo Ebrard, del también ex salinista Manuel Camacho Solís y en general de partidos políticos como el PRD, el PT y Convergencia.

En el caso de Michoacán fue Investigaciones para el Desarrollo Estratégico (Indes), del reconocido especialista en la materia electoral, Jaime Rivera Velázquez, la que informó los resultados de una encuesta telefónica realizada a nivel estatal, en la que se cuidó la metodología para obtener una muestra lo más representativa posible del pueblo michoacano.

De acuerdo con ese estudio, el 84 por ciento de los michoacanos habían oído hablar de la reforma energética, sin embargo, más del 60 por ciento de la población admitió no contar con suficiente información sobre el tema y, en una estadística que incomodó a los integrantes del FAP, el 44 por ciento de la ciudadanía señaló que de participar en la consulta popular opinaría a favor de la iniciativa de reforma energética del presidente Felipe Calderón. Esto, contra tan sólo un 33 por ciento que opinaría en contra de la misma.

Rivera Velázquez advirtió que los resultados de la encuesta iban a ser distintos a los del ejercicio del PRD y compañía, puesto que representaban universos diferentes. Mientras que en el sondeo de Indes se contaba con una muestra representativa que indicaba las tendencias de lo que opina la sociedad michoacana, en la consulta popular participarían particularmente aquellas personas interesadas en atender una convocatoria de los partidos que representan a la izquierda en el estado.

En respuesta, la dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano, desestimó las estadísticas de Indes, porque se dijo convencida de que el ejercicio del FAP contra la reforma energética contaría con un amplio respaldo de la gran mayoría de los michoacanos. De hecho, semanas antes había pronosticado que tan sólo en Michoacán se obtendría una participación cercana a las 500 mil personas, sin embargo, luego de ser reconvenida por Raúl Morón Orozco, coordinador parlamentario del sol azteca en el Congreso del Estado, la lideresa perredista se desdijo y aseguró que ese vaticinio fue mal interpretado por los medios de comunicación.

Ese fue apenas el inicio de una serie de promesas, compromisos y utopías por parte de los miembros del Frente Amplio en Michoacán, así como de aquellos a quienes se erigió como consejeros ciudadanos. Hablaron de lo que ellos aseguraron que pasaría en esa jornada cívica ciudadana.

Artemio Ortiz Hurtado, dirigente del magisterio democrático, contrario a su costumbre, fue menos optimista y vaticinó que la participación sería de aproximadamente 300 mil personas, mientras que sólo dos días antes de la consulta, al contar ya con cálculos más realistas, Fabiola Alanís matizaba sus pronósticos y anticipaba sólo 210 mil opiniones.

También destacó que se colocarían 1 mil 519 mesas receptoras en toda la geografía michoacana, cantidad que impresionaba, sobre todo si se tomaba en consideración que el GDF instalaría 3 mil centros de recepción en la ciudad de México, que cuenta con un padrón cuatro veces mayor que el de Michoacán.

Sin embargo, la desorganización privó en la organización de la consulta en la entidad. La dirigencia estatal perredista (que se adjudicó casi el 100 por ciento de la organización, relegando a segundo o tercer término a sus aliados del PT, de Convergencia, de sindicatos y de organizaciones civiles), prometió a los medios de comunicación que les proporcionaría el listado de las 1 mil 519 mesas receptoras y después, al revisar sus datos, se encontró con que no alcanzaba la cifra que se había presumido.

Los dos días previos a la consulta, fueron de múltiples ajustes y el mayor número de mesas que lograron reunir a sólo 12 horas de que iniciara la consulta fluctuaba por las 1 mil 300 mesas, argumentando que algunos de los centros de recepción se habían duplicado por parte del magisterio democrático y por eso habían sido eliminadas del listado.

La jornada ciudadana, como era de esperarse, estuvo plagada de una serie de irregularidades que ya se habían anticipado, similares a las presentadas en el proceso interno del PRD recientemente anulado. En medios electrónicos de comunicación nacionales se pudo observar que el ejercicio se desarrolló prácticamente sin candados, que hubo rellenado de urnas y que cualquiera que lo deseara podía emitir su opinión las veces que quisiera. De hecho, hubo quien con un video demostró que votó 18 veces.

En Michoacán se observaron las mesas receptoras vacías la mayor parte del tiempo y comportamientos atípicos en algunas de ellas, como acarreos, por ejemplo.

Al final de cuentas, y a pesar de las múltiples inconsistencias, incluida la de que la consulta no contó con un órgano de vigilancia y supervisor que garantizara la transparencia, los resultados nacionales fueron magros, sólo un poco más de 1 millón y medio de opiniones, cifra además bastante cuestionable, de un padrón de 74 millones 17 mil 565 ciudadanos.

Mientras tanto, Fabiola Alanís y el Consejo Consultivo Ciudadano de Michoacán sudaron frío cuando llegaron los resultados del ejercicio en la entidad, puesto que aún con todo el uso de recursos y las irregularidades que se omitieron, se estaban quedando cortos respecto del pronóstico que se había hecho.

Por la noche del domingo, la lideresa perredista anunciaba que se contaba con proyecciones que establecían que la participación estaría cercana a las 200 mil opiniones y al día siguiente Raquel Sosa Elizaga, la secretaria de Educación del “gobierno legítimo de López Obrador, reconocía que aún no se contaba con el conteo definitivo, pero se esperaba la participación de 172 mil ciudadanos, una cifra muy corta comparada con las que se habían vaticinado en distintos momentos.

Aún así, el precandidato presidencial, Marcelo Ebrard, quien días antes vino a Michoacán a promover su consulta de manera conjunta con el gobernador Leonel Godoy, juró y perjuró que el ejercicio fue exitoso y que el número de participaciones en el DF, según él alrededor de 800 mil, es una muestra clara de que la mayoría de los mexicanos están en contra de la iniciativa de reforma energética del gobierno federal, cuando esa cifra representa sólo el 15 por ciento de los votos que obtuvieron los candidatos a diputados federales de esa entidad federativa en 2006.

En Michoacán las justificaciones y los matices correspondieron a Raquel Sosa y Fabiola Alanís, quienes al ver cómo iban cayendo los resultados y se frustraban sus proyecciones, argumentaron que no se trataba de una elección constitucional y que la participación rebasó aún con todo sus expectativas.

Incluso la funcionaria del “gobierno legítimo” fue más allá al señalar que con esa cantidad de opiniones se demostraba la opinión de la gran mayoría de los michoacanos en contra de la iniciativa de reforma energética de Felipe Calderón, porque la “copiosa” afluencia de michoacanos a las mesas receptoras equivalía a la mitad de las personas que votan en una jornada comicial para gobernador.

Al decir esto, Sosa Elizaga demostró su ignorancia de la realidad político electoral de Michoacán, pues de haberla conocido se habría enterado de que si en el 2007 Leonel Godoy hubiera obtenido una votación similar habría caído hasta el tercer lugar en los comicios locales, además de que 172 mil participantes en un padrón electoral de Michoacán que fluctúa por los 2 millones 900 mil ciudadanos, representa a menos del 6 por ciento de los votantes potenciales, que de ninguna manera representan a todos los michoacanos.

En resumen, la consulta popular sobre la reforma energética fue atendida sólo por un sector de la población plenamente identificado con la izquierda radical del país, no contó con medidas que garantizaran su objetividad y transparencia, fue un fracaso por sus pírricos resultados y sólo pretendió obedecer a los intereses de los dos precandidatos presidenciales del PRD, Marcelo Ebrard por un lado, y López Obrador por el otro.

Uno de ellos vino a placearse a Michoacán hace unos días, tratando de capitalizar políticamente todo lo que rodea a la oposición contra la reforma energética, el otro vendrá esta misma semana, visitando incluso a Yurécuaro. Ya sabemos de su intolerancia, pero entre las muchas preguntas que podríamos hacerle destaca el costo del recién concluido proceso, pues el FAP asegura que a nivel nacional se gastaron 4 millones 250 mil pesos, mientras que los cálculos de la oposición establecen una cifra superior a los 70 millones de pesos que quién sabe de dónde salieron.

La dirigencia estatal del PRD asegura que sólo gastó 300 mil pesos para la organización, distribución y recopilación de la paquetería, movilización de sus funcionarios y militantes, colocación de 1 mil 289 mesas receptoras en 112 municipios de Michoacán y demás gastos menores. Independientemente de todas las inconsistencias y supuestas motivaciones del ejercicio, ¿usted les cree?

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por Alejandra Ortega Rodríguez

• LOS VIAJEROS FRECUENTES DEL CONGRESO DEL ESTADO
  
  

Parece mentira que a sólo seis meses de que se instaló la 71 Legislatura del Congreso del Estado, nuestros diputados locales, los representantes de todos los michoacanos en la máxima tribuna del estado, ya tienen la mira puesta en su segundo periodo vacacional. Y esto, sin contar los prolongados fines de semana de cuatro o cinco días de los que muchos de ellos gozan con frecuencia para visitar sus municipios y cuidar su capital político.

Hace apenas unos días varios de los legisladores locales confirmaron que está por arrancar el periodo de las vacacional de verano en el Poder Legislativo, en el que los trabajadores de la institución se irán de manera escalonada de vacaciones durante un lapso que según algunos será de 15 días, mientras que otros argumentan que se trata de un mes el tiempo en el que el Congreso no contará con su plantilla laboral completa.

Aunque los legisladores michoacanos juran y perjuran que ellos no abandonarán el Palacio Legislativo, puesto que seguirán trabajando en comisiones, mientras los empleados disfrutan de sus días de descanso, lo cierto es que eso nadie lo cree y no sería la primera vez que una Legislatura local de manera amañada suspende sesiones hasta por un mes, tiempo que aprovechan para darse su “escapadita” ya sea a los paradisíacos destinos con los que cuenta México, o hasta al extranjero, como nuestros anteriores diputados, a quienes se les hizo costumbre visitar con frecuencia Las Vegas, Nevada, mejor conocida como la capital mundial del juego.

Esto llama más la atención porque nuestro Congreso local ha tenido unos primeros meses en los que ha hecho puntualizaciones muy severas para que el Ejecutivo Estatal, el Poder Judicial y los órganos autónomos de Michoacán se conduzcan con un estricto apego a las muy necesarias medidas de austeridad que las condiciones actuales del país imponen.

Precisamente por ello, los habitantes de la entidad, como sus patrones que somos, deberíamos exigirles que desquiten los jugosos salarios, dietas, gastos parlamentarios y otras prerrogativas que reciben de nuestros impuestos, para que cada peso que se invierte en ellos de verdad valga la pena, además de que se moderen en el enorme dispendio de recursos que hacen con sus viajes legislativos, así como con sus cursos y talleres que toman en paradisíacos lugares y sus visitas de cortesía a ciudades extranjeras a exponer no sé qué y a traer nada a costa de nuestros bolsillos.

Ya es un argumento bastante socorrido por las anteriores legislaturas, aquél que indica que como cualquier trabajador, nuestros diputados tienen garantías laborales, por lo que tienen derecho a todas las prestaciones de ley y a vacaciones periódicas, que siempre procuran tomar durante los periodos correspondientes a Semana Santa, verano y Navidad y Año Nuevo.

Lo que nunca dicen, es que sus percepciones son 54 veces más que el del promedio de cualquier trabajador que gana un salario mínimo, eso sin contar los impuestos sobre su sueldo que ya son pagados por el propio Congreso y que alcanza los 13 mil pesos. Se olvidan entonces, de que ellos no son sindicalizados ni personal de base o de contrato, como muchos otros integrantes del Congreso.

Además, tampoco aclaran que si van a querer tener todos aquellos derechos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, entonces no tendrían derecho a vacaciones sino hasta que tuviesen más de un año laborando en el Legislativo, y éstas serían por un lapso de solamente seis días.

Si se considera que la 71 Legislatura se instaló el 15 de enero de 2008, entonces habrá que decir que apenas en Semana Santa la mayoría de nuestros diputados locales se tomaron sus 7 días de vacaciones, además con frecuencia muchos de ellos salen de la ciudad en sus famosos fines de semana largos, en los que ni los viernes ni los lunes se aparecen por el Congreso.

Ha sido una práctica común de los anteriores congresos locales de Michoacán el hecho de que en periodos vacacionales adelantan las dos sesiones del mes, a las que están obligadas por ley, y retrasan hasta el final las dos sesiones de pleno del mes posterior, lo que les da un margen de maniobra de alrededor de 30 días para salir a vacacionar, pero todo parece indicar que esta vez hay asuntos que muy a su pesar están interrumpiendo los planes de los legisladores.

Entre estos asuntos podemos destacar lo relacionado con el caso Cherán, pero también lo relativo a la disposición de la Constitución Federal en el sentido de que los congresos locales deberán aprobar las reformas tendientes a garantizar la transparencia y el acceso a la información a más tardar en un año después de su entrada en vigor a nivel nacional. Ese plazo vence el próximo 20 de julio y el Congreso del Estado aún está a la espera de que los ayuntamientos avalen la reforma constitucional local, para lo que tienen hasta 30 días de plazo, contados a partir de la fecha en la que fueron notificados, y eso sin perder de vista que la adecuación a la Constitución local fue aprobada por el Legislativo local apenas el pasado 3 de julio.

Pero eso no es todo, algunos de los representantes populares de Michoacán en la máxima tribuna del estado han hecho uso de los recursos públicos, del dinero que pertenece al pueblo y que ellos administran en esa institución, para hacer una serie de viajes y actividades infructuosas que, cuando vemos los resultados, parecen tener más efectos mediáticos y políticos que prácticos y de beneficios directos para los michoacanos.

Al hacer un recuento de las actividades del Legislativo, es posible percatarse de que además del periodo vacacional que se tomaron durante la Semana Santa, los legisladores michoacanos han realizado una serie de salidas al extranjero y a destinos turísticos que han redundado en enormes gastos de representación a cargo del bolsillo de todos los habitantes de Michoacán.

Entre esas onerosas e infructíferas salidas de Michoacán, entre las más sonadas destaca la de finales de abril hecha por los diputados Alfredo Anaya Gudiño, Arturo Guzmán Abrego, Sergio Solís Suárez y Mauricio Prieto Gómez a Orizaba, Veracruz, con el argumento de visitar la sede del Poder Legislativo en ese estado para obtener ideas del próximo edificio del Congreso michoacano.

Asimismo, el grupo parlamentario del PRD anunció que los días 26 y 27 de abril, sábado y domingo, sus 14 diputados participarían en una reunión interna y una serie de talleres en Ixtapa-Zihuatanejo, cuyos gastos serían erogados personalmente con los recursos de cada legislador, no con dinero del erario público.

Finalmente, esa reunión comenzó desde el jueves 24 y concluyó hasta el lunes 28 de abril, porque los perredistas aprovecharon que en las mismas fechas los legisladores del PRI se dividieron para participar en eventos partidistas en el Distrito Federal y la ciudad de México, por lo que esa semana no habría sesión de pleno en el Congreso.

Recientemente, la diputada panista Macarena Chávez Flores anunciaba que el domingo 6 de julio el grupo parlamentario del PAN acudiría también a Ixtapa-Zihuatanejo a un curso de capacitación que sería pagado con recursos propios de los legisladores del blanquiazul. Lo que no dijo es que la mayoría de ellos se fueron desde el viernes 4 de julio y regresaron hasta el miércoles 9 del mismo mes.

Acerca de esos talleres de capacitación a legisladores del PRD y del PAN, es curioso que elijan siempre sitios tan convenientes para hacer sus cursos, cuando lo más sencillo sería que en lugar de que más de 10 legisladores se trasladen a dicho destino, que genera gastos de traslado, hospedajes, alimentos, además de lo que cueste el curso, deberían ellos mismos hacer su “vaquita” y que sea el instructor el que les traiga a la capital la útil capacitación y así, hasta ellos mismos ahorran.

Lo peor del caso es que a pesar de todos los cursos que los diputados toman a lo largo de lo que dura la legislatura, no se ven avances sustanciales en ellos. Tal ves lo que les hace falta es cambiar de instructores, los mismos que la sociedad michoacana paga con sus impuestos.

Cabe recordar que del 9 al 14 de junio, una comisión de diputados locales, entre quienes iban Arquímedes Oseguera Solorio, Mauricio Prieto Gómez y Eduardo Sánchez Martínez, viajó a Uruguay a gestionar la firma de un convenio para impulsar el desarrollo comercial entre ese país y Michoacán. El primero de los legisladores aseguró que el costo del viaje corrió por cuenta de cada uno de ellos, y de verdad sorprende tanta dádiva y bonhomía de los legisladores para desprenderse de varios miles de pesos por el bien de la entidad.

Sobre el viaje a Chicago, Illinois, para fortalecer la identidad michoacana, éste es ya un tema recurrente entre los políticos, para ello concretan y aceptan toda clase de invitaciones de agrupaciones de migrantes mexicanos, sin embargo no hemos acabado de ver resultados de estos encuentros tan onerosos para el estado.

En esta ocasión, a finales de junio los diputados Antonio García Conejo, Gustavo Ávila Vázquez, Sergio Solís Suárez, Arturo Guzmán Abrego, Macarena Chávez Flores, David Huirache Béjar y Juan Carlos Campos Ponce, aceptaron la invitación al evento en el que anualmente van los políticos a Estados Unidos para "conocer" de cerca las carencias y condiciones de trabajo y de vivienda en las que se encuentran los migrantes.

Según los políticos, el objetivo es trabajar en un proyecto que genere mejores condiciones de vida para los hermanos michoacanos que residen en aquél país, sin embargo, al llegar a México, a los representantes del pueblo se les olvida, como por arte de magia lo que fueron a hacer allá, las conclusiones a las que llegaron y no se trabaja en ningún proyecto viable y sustentable que permita avanzar en ese sentido.

Existen muchos proyectos que tienen la intención de mermar los altos índices de migración y reducir las graves problemáticas que enfrenta cotidianamente ese sector, pero ninguno de estos proyectos es realmente efectivo y no hay indicios de que a partir de alguno de los programas de gobierno, se haya disminuido el tránsito de michoacanos a los Estados Unidos.

Aunque es difícil detener la migración, se deberían articular verdaderos programas tendientes a mejorar las condiciones sociales y económicas de los ciudadanos en las distintas comunidades del estado. Pero esto no importa realmente, pues no hay que olvidar que el fin real del acercamiento de los legisladores y políticos a los connacionales es, en realidad, aprovechar y amarrar ese capital político que representan los migrantes; y así éstos continuarán haciendo sus visitas para seguir conociendo de cerca el estado en el que viven los migrantes.

En cuanto al viaje que los legisladores hicieron recientemente a España para fortalecer lazos de hermandad y cooperación entre las dos naciones, es curioso que año con año se realice esa visita con el mismo fin, a la que van representantes del congreso local y del gobierno del estado, sin embargo tal parece que a pesar de tantas reuniones, nunca se terminan de hermanar ambas naciones.

Es positivo que se promocionen las riquezas culturales, gastronómicas, arquitectónicas e históricas, entre otras, de Michoacán, pero, ¿por qué debe ser con base en viajes multitudinarios con altísimos costos para la población?

Por lo que se refiere a este caso, los asistentes son Jesús Ávalos Plata, Eligio Cuitláhuac González Farías, José Jesús Lucas Ángel y Roberto Arriaga Colín, quienes no cuentan precisamente con una experiencia o trayectoria en esos temas, que pudieran aportar experiencias y conocimientos para que se logre mayor promoción de la entidad en el extranjero.

Quienes tendrían que asistir a estos eventos, son si duda personas que conozcan muy bien del tema, no sólo turístico, sino de la historia, de la cultura y que sepan promover verdaderamente a la entidad, para que no vayan sólo de paseo, o a conocer o a hacer relaciones públicas, además de que deben contar con un proyecto bien elaborado, sustentable que sea presentado a las diferentes instituciones de los países a los que se visita, además de darle seguimiento al mismo.

Muchos diputados y funcionarios públicos, como los regidores, quienes también tienen sus saliditas muy secretas a distintos países, incluso presumen de sus bastos conocimientos sobre la cultura de varias naciones, cuando es un asunto que más bien deberían de callar, pues esos viajes se deben sólo a sus cargos, que no son vitalicios, y a los recursos que logran obtener de diferentes formas para esos fines.

Con razón son tan peleadas esas posiciones a través de candidaturas al interior de los partidos. Pero al final de cuentas, aunque llegan 40 diputados al Congreso del Estado, poquísimos son los que destacan por realizar un trabajo profesional, dedicado, presentando iniciativas, trabajando en comisiones y atendiendo a la gente, mientras que los demás tienen un paso tan gris en la política que sólo puede calificarse como de debut y despedida.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega

• ESPIONAJE POLÍTICO Y LAS FALLAS DEL CISEN

El espionaje y contraespionaje manejados desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) han sido tema recurrente en los últimos años, sobre todo desde los atentados del EPR a los ductos de PEMEX y ahora con el escándalo que han generado las acusaciones del senador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, del ex dirigente nacional del PAN y actual presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Manuel Espino, y algunos gobernadores y legisladores de extracción priísta y panista de ser objeto de prácticas de espionaje por parte de dicho instituto.

En los últimos años, el CISEN ha sufrido una importante transformación en su estructura y forma de operar. Se le han restado atribuciones y jerarquía a varias de las que eran direcciones encargadas de las intercepciones telefónicas y del reclutamiento de los agentes ente otras, mismas que quedaron convertidas en subdirecciones.

A pesar de ello, algunos especialistas e investigadores señalan que la institución aún cuenta con los tentáculos del espionaje, tan utilizados por los gobiernos del PRI, y que tanto el gobierno foxista como el calderonista no han logrado desarticular, dejando intactas además, algunas de las áreas estratégicas para el manejo y generación de la información bajo un burocratismo anquilosado.

Al parecer, la mala planeación de las modificaciones que se han hecho, no sólo de los espacios, sino de las líneas de comunicación y mando han generado además conflictos e involución que han traído como consecuencia que la toma de decisiones, la planeación y estrategias empleadas no sean siempre las más adecuadas para cada caso.

De esta forma, el Cisen ha limitado su campo de acción y tareas para concentrarse, sobre todo, en el análisis estratégico e inteligencia, así como la investigación, dejando en manos de la PGR, la Sedena y la SSP asuntos como la contrainteligencia.

Sin embargo, la institución continúa ejerciendo un presupuesto bastante considerable para sus operaciones, es así como el año pasado se autorizaron recursos por más de mil 114 millones de pesos, pero 40 millones de pesos menos que en 2006.

Aunque para 2007 hubo una disminución del presupuesto respecto al 2006, lo cierto es que en los últimos años el incremento de los recursos otorgados al Cisen, se calcula por arriba del 400 por ciento. Este aumento se debe en gran medida a la aparición de mayores conflictos sociales en el país y a la conformación de nuevos grupos beligerantes.

Pero los resultados erráticos en el análisis de diferentes fenómenos sociales y políticos en México, incluso la omisión de los mismos, han puesto en tela de juicio la justificación de su existencia, mientras se busca a un culpable en la persona de Guillermo Valdés Castellanos, actual director general del Centro y que fue también director de la encuestadora GEA-ISA, y que es muy cercano al Presidente Felipe Calderón.

El nombramiento de Valdés Castellanos fue muy cuestionado en su momento, pues no cuenta con el perfil, ni la experiencia en el manejo de sistemas estratégicos, tácticos y operativos para prevenir y hacer prevalecer la seguridad nacional.

Ya durante el sexenio del es presidente Vicente Fox, el Cisen sufrió varios cambios estructurales, ente ellos el reemplazo de muchos agentes especializados, que contaban con importante experiencia y muchos años de servicio. Estos fueron sustituidos por estudiantes bajo un riguroso proceso de selección, que no sustituyó la falta de capacidad y conocimientos en los temas de seguridad nacional.

Algunos aseguran que el reemplazo obedeció, en realidad, a una estrategia por colocar en áreas específicas y estratégicas a personas allegadas al equipo del ex mandatario. Lo anterior, generó descontrol al interior y un retroceso sensible que derivó en varias inconsistencias tácticas importantes que dejaron vulnerables algunos flancos.

Pero también generó la duda y suspicacia de algunos, pues se aseguró en su momento, que Fox buscaba tener gente de todas sus confianzas para realizar espionaje de sus adversarios con fines netamente políticos en su favor.

Desde 1985, cuando se fusionan la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, que dan origen al Cisen, a pesar de los fines que se buscaron para la operatividad del centro, los mandatarios en turno hicieron uso de la información que el organismo generaba con fines políticos, electorales y partidistas, lo que lo hizo ineficiente muchas veces para la prevención de las amenazas para la seguridad nacional.

De esta forma, sucesos como el levantamiento zapatista en 1994, o la explosión a los depósitos de de PEMEX por el EPR evidencian las debilidades estructurales y de manejo de información para identificar adecuada y puntualmente las amenazas que se gestaban, y evitarlas mediante el desarrollo de estrategias específicas.

En nuestro país el espionaje a funcionarios de gobierno, a políticos, empresarios y personajes públicos se hizo práctica común. No es para nadie un secreto que las redes telefónicas de las distintas dependencias, el Congreso de la Unión y oficinas de empresarios y políticos son muy susceptibles de encontrarse intervenidas.

Pero incluso, la propia Ley faculta al Cisen para realizar estas prácticas, con el fin de que se pueda recopilar el mayor número de datos posibles para llevar a cabo un plan estratégico que permita predecir fenómenos y reconstruir escenarios.

En el artículo 31 de la Ley de Seguridad Nacional se establece que al ejercer atribuciones propias de la producción de inteligencia, se podrá hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso las garantías individuales.

Pese a ello, cabe señalar que como resultado de los cambios que ha sufrido el instituto, son cada vez más los señalamientos que se hacen, incluso desde el interior del Cisen, sobre el descontrol y discrecionalidad para llevar a cabo acciones de espionaje como la de interceptar llamadas telefónicas, lo cual genera un mal manejo de la información y fines no muy claros respecto a la utilización y generación de la misma.

Otra acusación que recae en el Centro de Investigación, es la de haber contratado a una empresa particular por un millón de pesos, para llevar a cabo trabajos de inteligencia dentro del Congreso de la Unión, la información obtenida y los nombres de los investigados, fueron reservados por un periodo de 12 años. Las reacciones al respecto no se hicieron esperar.

Y no es para menos, pues además de los costos que representa para el país la contratación de empresas privadas para hacer el trabajo que deberían hacer instituciones de gobierno que tienen esos fines, como el propio Centro de Investigación, resulta también muy preocupante que información privada y muy delicada quede en manos de particulares.

Es un riesgo mayúsculo para el país que esta información clasificada pueda llegar a ser mal utilizada, además de los riesgos que representaría para la nación una fuga de tal información. Parece entonces paradójico que el propio Cisen, encargado de evitar amenazas y riesgos que pongan en peligro la seguridad nacional, genere al mismo tiempo, situaciones que pueden derivar en esos casos.Lo anterior ha generado que el propio Poder Legislativo solicite la renuncia de Guillermo Valdés.

Mientras tanto, políticos y funcionarios tendrán que concretarse en hacer buen uso de las líneas de comunicación en el Congreso, pues seguirán seguramente vigilados.

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• PROPICIA GOBIERNO DEL ESTADO SU NUEVO FRACASO
  

Cuando comenzó la actual administración estatal de Leonel Godoy Rangel, líderes empresariales y dirigentes políticos llamaron, ante los primeros visos de problemas, a dar un plazo de gracia al nuevo gobierno estatal mientras daba resultados. El mismo jefe del Ejecutivo prefirió no crear excesivas expectativas en su gobierno al anunciar un gabinete de bajo perfil y que pondría en marcha planes de austeridad que derivarían en la aplicación limitada de recursos públicos en la entidad.

Ante los primeros problemas, como las huelgas de los sindicatos de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) y de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), así como los enfrentamientos estudiantiles y la negativa para acreditar la Facultad de Medicina, pero también la agudización de la inseguridad y la radicalización del movimiento democrático magisterial, los miembros del nuevo gobierno perredista argumentaron que aún era poco el tiempo para evaluar su desempeño.

Así, a finales del mes pasado se cumplieron los 100 días que algunos de ellos pidieron y la evaluación prometida pasó de noche para la mayoría de los michoacanos. A los problemas antes mencionados se sumaron muchos más, como los asesinatos de un ex candidato a la presidencia municipal de Cherán, de un ex alcalde de Buenavista Tomatlán, de un presidente municipal en funciones de Villa Madero y de un síndico de Tuzantla, hasta ahora.

De acuerdo con la gente enterada del tema, muchos de estos problemas se han derivado de una política de control absoluto ejercida desde su arribo al gobierno del estado por Leonel Godoy. El hecho de haber nombrado a un gabinete de bajo perfil, que en los hechos ya demostró que el calificativo se le adjudicó atinadamente, fue la primera señal del mandatario estatal sobre su interés por manipular a su antojo a cada área del gobierno del estado.

Entre los errores más sonados en la designación de los nuevos funcionarios estatales destaca el nombramiento de la secretaria de Educación en el Estado, Aída Sagrero Hernández, pero no por ello opaca al fracaso de haber colocado como secretario de Gobierno al inexperto joven, Fidel Calderón Torreblanca, quien no ha sido un operador adecuado, ni con la agudeza, ni con el tacto, ni con la madurez necesarios para dar solución oportuna a la mayor parte de los conflictos que se han tenido durante la actual administración godoyista.

Los reclamos de los partidos políticos no se hicieron esperar desde los primeros días del nuevo gobierno. Sin hacer un gran esfuerzo, el PRI y el PAN han encontrado en el desempeño gubernamental un campo prolífico para la realización de señalamientos que en muchas ocasiones han puesto en jaque a toda la estructura del Ejecutivo Estatal. Incluso, en ocasiones se han dado el lujo de ser hasta benévolos.

Los dirigentes estatales del PRI, Mauricio Montoya Manzo, y del PAN, Germán Tena Fernández, tuvieron entre sus primeros reclamos del primer año de la actual administración la falta de tacto demostrada por el secretario de Gobierno, Fidel Calderón, y el secretario de Finanzas y Administración, Humberto Suárez López, que a la postre generaron problemas con el SPUM y el STASPE.

Mientras que el propio Godoy se ha merecido innumerables críticas por su empecinamiento al haber nombrado a la impopular Aída Sagrero para estar al frente de la Secretaría de Educación como parte del pago de facturas políticas a los antiguos líderes magisteriales, Raúl Morón Orozco y Juan Pérez Medina, lo que ha provocado la radicalización de las acciones del magisterio democrático encabezado ahora por el polémico Artemio Ortiz Hurtado.

Los severos cuestionamientos fueron desde los conflictos sindicales, hasta la advertencia de que un problema grave se avizoraba en Cherán. Llamado del tricolor que en su momento fue desoído por las autoridades estatales y que hoy se ha convertido en un asunto delicado que genera inestabilidad en la Meseta Purhépecha.

No conforme con eso, el encargado de la política interna en Michoacán tampoco se percató a tiempo, o cuando menos no actuó oportunamente, de que la falta de recursos para obra convenida con los municipios causaba inconformidad entre los partidos de oposición. Por ese motivo, como nunca antes había ocurrido en la historia del estado, las dirigencias estatales del PRI y del PAN hicieron un frente común para denunciar una serie de anomalías financieras en el gobierno estatal.

Los acuerdos de obra convenida para los ayuntamientos no llegaban aún para el quinto mes del año, y siguen sin llegar, pero al inicio de su administración, Leonel Godoy anunció que este año no habría este tipo de obras y acciones con los municipios, ante la carencia de recursos y la implementación de su plan de austeridad.

En respuesta, los grupos parlamentarios del PAN y del PRI en el Congreso del Estado impulsaron un acuerdo para recordar al mandatario estatal que desde el año pasado en el que se aprobó el presupuesto de Michoacán para el 2008 se acordó una partida presupuestal de 1 mil 267 millones de pesos para obra convenida y lo exhortó a informar cuanto antes sobre la firma de los mencionados acuerdos.

Ante tal señalamiento, la administración estatal respondió que el presupuesto no establece la obligatoriedad del gobierno para acordar los mencionados recursos con los municipios, por lo que la mayor parte de ellos se acordarían más bien con la Federación y sólo quedarían 52 millones de pesos disponibles para los 113 ayuntamientos de Michoacán.

Sin embargo, Humberto Suárez explicó que con una serie de economías que se hacen en las entidades gubernamentales se lograría reunir una bolsa de 500 millones de pesos para convenir con los gobiernos municipales. Esto, independientemente de los millonarios recursos que se prevé convenir con el gobierno federal.

Al final, hace poco más de dos semanas el gobierno del estado anunció triunfante que gracias a la buena disposición del gobernador y al eficiente uso de los recursos públicos estatales, este año sería posible convenir más de 1 mil millones de pesos con los municipios michoacanos.

Lo que le faltó explicar, aclararon Mauricio Montoya y Germán Tena, fue que de los 1 mil millones sólo 300 serían aportados de manera directa por el gobierno estatal, puesto que en la cifra mencionada se contemplaba una aportación igual de los gobiernos municipales, más 100 millones de pesos para adquirir maquinaria en grandes cantidades y otros 100 millones de pesos para créditos, más alrededor de 225 millones de pesos de excedentes petroleros sobre los que hasta el momento no hay ninguna certeza.

En pocas palabras, los partidos políticos y sus ayuntamientos no se dejaron engañar tan fácilmente como se pretendía. De ahí que haya llamados de atención tan fuertes, tan tajantes y tan determinantes, que incluso han tenido eco en el Congreso del Estado.

El Ejecutivo Estatal fue lento en sus reacciones, y al final, los dirigentes estatales del PRI y del PAN terminaron siendo más que un simple dolor de cabeza, pues sus declaraciones, sumadas a algunos cuestionamientos hechos también por los líderes de Nueva Alianza, René Patiño Morelos; del PVEM, Arturo Guzmán Ábrego; y, hasta de su supuesto aliado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, causaron preocupación en el gabinete godoyista.

La táctica de hacer oídos sordos a las críticas y de responder a los señalamientos en ruedas de prensa nocturnas no funcionó. Por eso fue que, después de una serie de descalabros y sinsabores, Leonel Godoy decidió hacer un cambio de estrategia, pues no le bastó con tener un control absoluto sobre su gabinete, ya que no es lo mismo dominar a un grupo de bajos perfiles que a los presidentes estatales de los partidos de oposición.

Mientras que el gabinete estatal está maniatado y con la preocupación de permanecer prácticamente en el anonimato para no opacar lo que haga el gobernador, a los líderes de los partidos políticos de oposición el ganar notoriedad les viene bien, si es a costa del partido en el poder mejor y si la fuerza política gobernante les da razones y motivos, pues mucho mejor, porque hasta se dan el lujo de tener tema en medios para todos los días de la semana.

Es imposible tener el dominio sobre todos los actores políticos y sociales de un estado como Michoacán, que por siglos se ha caracterizado por su volatilidad, y Godoy Rangel empieza a darse cuenta de ello, por eso es que procura recomponer el rumbo y demanda a su novel secretario de Gobierno que tenga acercamientos con las diferentes fuerzas políticas con presencia en la entidad.

De ahí surge la famosa Mesa de Concertación Política, encabezada nominalmente por el titular del Ejecutivo Estatal, coordinada por el secretario de Gobierno, y conformada por los dirigentes de los partidos políticos con presencia en Michoacán, desde el PRD, hasta el PRI, el PAN, el PVEM, el PT, Convergencia, Nueva Alianza y hasta Alternativa, que ya no cuenta con el registro estatal, pero que cuenta con una delegación en la entidad.

Hace unos días se llevó a cabo la instalación de este grupo de trabajo, pero las reuniones formales comenzarán el próximo 8 de julio, para de ahí en adelante realizarse el primer lunes de cada mes.

La propuesta implica una apuesta interesante de todos los involucrados, puesto que, por su parte, Leonel Godoy intentará, sin duda alguna, tener un mayor control y conocimiento de lo que hacen y planean los partidos políticos, para contar con un mejor margen de conciliación y negociación que le ayude a evitar que los señalamientos públicos se hagan casi cotidianamente y que éstos siempre lo tomen por sorpresa ante la evidente falta de operación política del encargado del área.

Mientras tanto, para los partidos políticos la Mesa de Concertación abre la posibilidad de plantear más directamente sus inquietudes, y las de sus representantes populares y alcaldes, al mandatario estatal. Por un lado, podrían perder notoriedad en los medios de comunicación, en la medida que el gobierno estatal pueda ir respondiendo a sus demandas, pero por otro lado, ganan la posibilidad de lograr negociaciones más ventajosas sin perder pierden la posibilidad de amagar con la realización se señalamientos públicos.

Godoy, pretende extender su influencia hasta el área de competencia de las distintas fuerzas políticas, y tal vez podrá hacerlo con el PRD, el PT y Convergencia, que son sus aliados, pero con el resto de los partidos se ve difícil. Las cosas pintan como para que se configure un nuevo fracaso de esta ya no tan nueva administración estatal.