Por: Alejandra Ortega Rodríguez
- ¿CONOCE A SU DIPUTADO?
¿Conoce usted a su diputado local o federal? ¿Conoce a su senador, a su presidente municipal o a su gobernador? De acuerdo con recientes sondeos y estudios de opinión realizados en distintos puntos del país, si usted no es una persona altamente politizada contestará erróneamente al tratar de dar el nombre de tres o cuatro de los funcionarios que le he mencionado.
¿De quién es la culpa de que la mayoría de los mexicanos no sepan quién lo representa en el Ejecutivo estatal, en su ayuntamiento, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en el Congreso del Estado?
Hay quienes responsabilizan a los propios ciudadanos, por el desinterés que sistemáticamente muestran cuando de participar en la política o en las elecciones se trata. Llegan incluso a argumentar que “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”, con lo que pretenden endilgar parte de la culpa de los malos gobiernos, de los malos funcionarios y de los malos representantes populares a los electores, tanto a los que acuden como a los que se abstienen de participar en las urnas.
Sin embargo, existimos aquellos que creemos que el aparente desinterés de todo un pueblo por la política, por los políticos y por el sistema político de partidos que tenemos y que es obligatorio para poder participar como candidato a un puesto de elección popular, no se debe a que a los mexicanos nos dé lo mismo quién o qué partido nos gobierne o nos represente.
Por el contrario, después de casi 100 años de una democracia que sólo existía en el papel y que hasta los años recientes dio señas de vida, la inmensa mayoría del pueblo de México está desencantada con su clase política. El desánimo, el desaliento, la desazón han llegado a tales niveles que, aunque cada vez son más los recursos económicos y humanos que se invierten para promover el voto, son cada vez menores, mucho menores, los índices de participación ciudadana en las urnas.
Así las cosas, ¿es culpa de los ciudadanos no conocer los nombres de quienes le gobiernan o le representan ante el Poder Legislativo o es responsabilidad de los políticos y del sistema político mexicano la falta de interés de la gente común en la política?
Al paso que vamos, las elecciones federales y locales en un tiempo más y en muchos puntos del país terminarán siendo ganadas por aquellos candidatos que pertenezcan al partido con más militantes, quienes votarán no por convencimiento, sino porque en cierta forma los estatutos partidistas los inducen a trabajar y sufragar a favor de los candidatos de su instituto político, so pena de ser sancionados con la suspensión de derechos, entre otras cosas.
Con las más recientes reformas electorales federales y locales, los gobernantes y muchas veces los representantes populares, desde senadores hasta diputados federales, diputados locales, incluso regidores, han justificado en parte su inasistencia a informar y a atender a sus representados con el argumento de que la ley electoral les prohíbe informar permanentemente de sus acciones o incluso realizar acciones publicitadas de manera constante, porque ambos hechos pueden considerarse como actos anticipados de campaña y las sanciones de los órganos electorales les pueden cortar la que, ellos piensan, es una promisoria carrera política.
Las reformas electorales impulsadas para dar gusto al capricho del fracasado mesías de la izquierda mexicana han sido contrarias al espíritu de transparencia y rendición de cuentas que muchos candidatos a lo largo y ancho del país han pretendido vendernos.
Al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales se les han impuesto una serie de candados y reglas que llegan hasta el absurdo en muchos casos de interrumpir la entrega de programas sociales a los sectores más desprotegidos de la población durante las campañas electorales. Esto, en un país que por lo general tiene elecciones dos años sí y uno no.
En tanto, para evitar que senadores, diputados y otros funcionarios de designación o de elección popular brinquen de un puesto a otro, también se les han impuesto frenos para que no presenten informes, no rindan cuentas ni publiciten lo que sólo algunos de ellos han hecho. Como consecuencia, en plena era de la información la gran mayoría de los mexicanos no sabe quién lo gobierna o quién lo representa ante el Poder Legislativo.
La reforma electoral reciente va en contra de la transparencia y la rendición de cuentas, pero también de la libertad de expresión, puesto que en el transcurso de un proceso electoral cualquier particular que desee opinar en los medios de comunicación a favor o en contra de alguno de los candidatos corre el riesgo de ser censurado y sancionado por el órgano electoral que corresponda.
Habrá quien diga que entonces la culpa de la falta de conocimiento sobre el trabajo de los gobernantes y legisladores, ¡es más!, de su identidad, es responsabilidad directa de los órganos electorales por impedir que nuestra clase política nos rinda informes sobre lo que hacen en el desempeño de las funciones para las que fueron electos.
Pero aquellos que así piensen estarán equivocados, porque los institutos electorales, tanto el federal como los locales, lo único que hacen es apegarse a las leyes que emanan del Congreso de la Unión y de los congresos locales, de tal forma que todas aquellas disposiciones restrictivas contra la transparencia, la rendición de cuentas y la libertad de expresión, son impuestas ni más ni menos que por los senadores, diputados federales y diputados locales emanados de los partidos políticos y del sistema de partidos que tanto se aborrece en nuestro país.
Como consecuencia, si usted no sabe quién es su representante popular o su gobernante y qué han hecho en su representación, si no ha recibido un informe de sus actividades, si no conoce cuánto gana y con quién cabildea las reformas que a todos nos afectan…, entonces al menos ya tiene una idea respecto de quién es la responsabilidad.
