Por: Alejandra Ortega Rodríguez
- LOS GOBIERNOS DE LAS DEUDAS
Caótico fin de año se anticipa para el gobierno de Michoacán y el Congreso del Estado. Como un acto más que confirma la desvergüenza con que en el plano financiero han trabajado los gobiernos perredistas en la entidad, el secretario de Finanzas y Administración, Humberto Suárez López, acaba de solicitar un nuevo endeudamiento público que se ha denominado con el rimbombante nombre de “reestructuración de la deuda”.
De acuerdo con fuentes del Poder Legislativo, el monto que se solicita es por la nada despreciable suma de los 5 mil millones de pesos, para casi duplicar la deuda pública que actualmente tiene Michoacán y que suma pasivos por 6 mil millones de pesos a mediano y largo plazo y deudas por otros mil millones de pesos a corto plazo con proveedores.
Es decir, hasta la fecha los gobiernos perredistas de Michoacán han endeudado al estado con 7 mil millones de pesos, y no conformes con ello, ahora pretenden elevar la suma hasta los casi 12 mil millones de pesos, para un estado que en este 2010 ejerce un presupuesto por 41 mil 150 millones de pesos.
Ya fue bastante complicado el fin del año pasado, cuando ni el Ejecutivo estatal ni varios ayuntamientos del estado contaban para los pagos de los aguinaldos de sus muy infladas nóminas, en algunos casos ni para los pagos de las quincenas de sus trabajadores, ya sea de base o de confianza, para el mes de diciembre.
El pretexto en aquella ocasión fue que las participaciones federales no llegaron ni en el tiempo ni en los montos que se esperaban, sobre todo por la caída en la producción petrolera y la prácticamente total inexistencia de los excedentes petroleros a los que los gobiernos de todos los niveles se habían acostumbrado en años anteriores.
Con el argumento de salir a la defensa de los pobres municipios con sus inexpertos tesoreros y contralores municipales que no supieron prever ni atender la contingencia, el gobierno de Michoacán encabezó una suma de esfuerzos con el Congreso del Estado y la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) para buscar mecanismos que permitieran resolver las graves adversidades financieras que enfrentaban los ayuntamientos michoacanos.
El resultado fue una solicitud de un crédito por 1 mil 500 millones de pesos para que los novatos presidentes municipales pudieran pagar desde aguinaldos hasta nóminas. Lo curioso del caso es que de esa suma sólo 300 millones eran para los ayuntamientos y los otros mil 200 para la administración estatal, que hizo hasta lo imposible para tratar de ocultar a los medios de comunicación que su situación era similar, pero peor a la de los gobiernos municipales.
No conformes con la amarga experiencia de diciembre de 2009, en los primeros meses de 2010 el Ejecutivo estatal, otra vez con su grupo de “expertos” encabezados por Humberto Suárez, se inventó otro mecanismo para apoyar a los ayuntamientos que venían arrastrando deudas del pago de aguinaldo y de la falta de pago a proveedores de finales del año anterior.
Así, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa para adelantar a los municipios hasta el 25 por ciento de sus recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), pagaderos, igual que los 1 mil 500 millones de pesos anteriores, a más tardar el 31 de diciembre del próximo año, con la noble intención de no dejar deuda a las próximas administraciones, ni a la estatal ni a las municipales.
Y ahora resulta que tan sólo unos meses después, cuando aún no se hace el balance del impacto que tuvieron en las finanzas estatales y municipales los créditos y anticipos de aportaciones federales, pero tampoco se ha revisado por parte de la ASM cómo, dónde y de qué manera se aplicaron los recursos obtenidos por esos medios, el gobierno de Michoacán apareció casi de manera intempestiva para en los últimos meses del año decirle al Poder Legislativo que otra vez los recursos no le alcanzan.
En el colmo de la desvergüenza, y como si las experiencias anteriores de nada les hubieran servido, Humberto Suárez, secretario de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal por nueve años consecutivos, citó a reuniones extra-urgentes a los grupos parlamentarios del PRD, del PAN y del PRI en el Congreso del Estado, así como a los diputados únicos del PVEM, del PT, de Convergencia y de Nueva Alianza, para informarles que otra vez la administración estatal está en dificultades económicas.
Ahora lo que no conocemos aún es el pretexto. Este año no ha habido dificultades con las participaciones federales, tampoco las ha habido con los excedentes petroleros que por errores de planeación, por irresponsabilidad, por inconsciencia, de gobiernos estatales y municipales son desgraciadamente utilizados para inflar el gasto corriente, y no para la inversión en obras y acciones pública, que era su supuesto objetivo.
El funcionario estatal pidió total discreción a los diputados locales sobre los motivos del nuevo desastre financiero del gobierno del estado de Michoacán, pero como es sabido, ni todos los políticos, ni todos los diputados, ni todos los funcionarios estatales tienen palabra de honor, y lo que se ha logrado filtrar en los pasillos del Palacio Legislativo es que el Ejecutivo estatal tiene deudas a pagar en el corto plazo que dificultan su operación financiera para los próximos meses.
De ahí surgió el argumento de que habrá una reestructuración supuesta de la deuda, con la solicitud de un nuevo empréstito por 5 mil millones de pesos y la redefinición de los plazos a 25 años, con lo que supuestamente la carga financiera sería menor para los próximos gobiernos estatales. Lo que nunca dicen, es que igual que pasa con la compra de un auto o de una casa, entre más largo sea el plazo para pagar mayor será el monto real a erogar. A veces se paga el doble o más del valor real del crédito obtenido originalmente.
Por si todo lo anterior fuera poco, cada determinado lapso de tiempo entre los partidos políticos de oposición, tanto en sus dirigencias como en sus grupos parlamentarios, surgen comentarios y dudas muy bien fundadas acerca de cómo ha aplicado el Ejecutivo estatal los 6 mil millones de pesos que la LXX Legislatura le aprobó al “gobierno diferente” del perredista Lázaro Cárdenas Batel.
En aras de la continuidad, el también gobierno perredista de Leonel Godoy Rangel, que ahora dice que “trabaja”, no sólo no ha disminuido la deuda pública de Michoacán, sino que ha logrado incrementarla a los alrededor de 7 mil millones de pesos que suma actualmente.
Tal vez en la lógica del PRD esa es la continuidad en las acciones de gobierno, y si se aprueban los otros 5 mil millones de pesos que ahora han solicitado, convertirán a Michoacán en una de las 5 entidades federativas más endeudadas del país. Ello no sería malo si el número de recursos con que el estado cuenta en su presupuesto estuviera también entre los 5 mayores del país. Desgraciadamente no es así, y Michoacán no está ni entre los 15 estados con los mayores ingresos de México.
A estas alturas y en las actuales circunstancias, la lógica (no la perredista, sino la común) indicaría que los diputados locales inteligentes, decentes y responsables se opondrían de manera tajante a la posibilidad de aprobar un nuevo y multimillonario endeudamiento público del estado que les vio nacer, que pensarían en las futuras generaciones y se opondrían a la realidad de no heredar ni leyes de vanguardia, ni obra pública ni una deuda que les implicaría una severa parálisis parcial de su gobierno estatal.
Lamentablemente todo indica que no será así. Si es que puede haber un nuevo colmo para la desgracia financiera que acompaña a Michoacán en los últimos nueve años de gobiernos emanados del PRD, en el Congreso del Estado también existe un grave problema financiero que aunque no alcanza las dimensiones de la contingencia en el Ejecutivo si es delicado para la operatividad del Poder Legislativo.
Estamos a unas horas de que en la LXXI Legislatura se presente una solicitud de ampliación presupuestal, porque ahora resulta que a los diputados tampoco les alcanzaron los recursos que ellos mismos se aprobaron para este 2010 por el orden de los 430 millones 646 mil pesos, y que representan solo un poco más del 1 por ciento de los recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos de Michoacán para este año.
También les ocurrió a los legisladores de todos los partidos a finales del año pasado, que por quedar bien con la opinión pública, que los condenaba por pedir un presupuesto superior a los 460 millones de pesos, decidieron recortar sin mayor análisis 30 millones de pesos que ahora les hacen falta y otros 20 con los que se han comprometido, de manera inexplicable en estos momentos, para homologar sueldos de sus trabajadores de confianza con los empleados estatales.
Deben pensar que los michoacanos no tenemos memoria, pero los representantes populares se comprometieron a hacer recortes de personal, sobre todo de personal de confianza, porque en su plantilla de personal que ronda por las 700 plazas, sobraban alrededor de 100 trabajadores. Hasta la fecha no han cumplido, de la misma forma que no lo ha hecho el gobierno de Michoacán justamente con su compromiso de principios de año en el mismo sentido.
En resumen, el Congreso del Estado está prácticamente comprometido a aprobar el desmedido endeudamiento del gobierno perredista de Michoacán para que logre pagar las elevadas deudas que de manera por lo menos sospechosa ha contraído, porque de no hacerlo corre el enorme riesgo de tampoco tener recursos para solventar sus gastos de octubre en adelante.
No cabe duda, con las malas administraciones y pésimas decisiones, Michoacán vive hoy el peor desastre financiero de su historia.
