DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• DESALENTADOR PANORAMA PARA MICHOACÁN
  

Los últimos gobiernos estatales de Michoacán, de Víctor Manuel Tinoco Rubí, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, cuando menos, se han quedado cortos en cuanto a las expectativas que en su momento generaron. Sin embargo, si de ver hacia el futuro se trata, nos encontramos con un panorama verdaderamente desalentador.

Cada candidato a gobernador nos ha ofrecido solución a los problemas más complejos que en la entidad se atraviesan desde hace muchos años, pero ninguno ha sido capaz de resolverlos. Por el contrario, estamos cada vez peor en materias como la educación, el desarrollo rural, la infraestructura, el transporte, seguridad y muchos más.

Ahora bien, si analizamos cuáles son los antecedentes y las trayectorias de aquellos que desde hace ya mucho tiempo se perfilan para buscar la gubernatura de Michoacán, pues queda más que confirmado que el panorama es francamente aflictivo para Michoacán.

Si comenzamos por el partido en el poder, el PRD, que ha fracasado de manera rotunda en sus dos administraciones, el más aventajado en la búsqueda del gobierno del estado es el senador Silvano Aureoles Conejo, a quien mucho le interesa que los michoacanos se olviden de su pasado.

Yo me pregunto, ¿cómo va a resolver los problemas de Michoacán un personaje cuya primera acción notoria fue defraudar a los mineros de Angangueo que pusieron en sus manos el patrimonio de sus familias?

Tal vez muchos ya no lo recuerden, pero el segundo hecho por el que se hizo famoso este personaje fue por aprovechar su relación sentimental con la ahora senadora Claudia Corichi García, hija de la lideresa nacional del Foro Nuevo Sol, después dirigente nacional del PRD y ahora gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina. De esa forma, obtuvo su primera diputación federal, de la que juró no renunciaría para buscar otro puesto.

La mayoría de los políticos no tienen palabra y Silvano es de esos, solicitó licencia al cargo de diputado para buscar la alcaldía de Zitácuaro; como candidato se negó a hacerse el examen antidoping al que sus contrarios lo retaban, se comprometió ahora ante notario a concluir su encargo de tres años como presidente municipal y ya como alcalde dejó al municipio endeudado antes de solicitar licencia para irse a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) en el gobierno de Cárdenas Batel.

Ahí la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) le detectó observaciones inicialmente por más de 200 millones de pesos, que después desaparecieron como por arte de magia, y ahora, como senador de la República, ha hecho más trabajo mediático que de fondo. Esa es la más viable carta para la gubernatura por el partido del sol azteca.

Entre el resto de los aspirantes a la candidatura por el PRD se encuentran el secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, de quien acabo de mencionar todo su currículum y trayectoria política, y el diputado local, ex diputado federal y ex secretario de Gobierno, Enrique Bautista Villegas, quien no cuenta con la ventaja que en Michoacán da el apellido Cárdenas. Pues para los michoacanos no es lo mismo ser cardenista, que apellidarse Cárdenas.

Asimismo, se habla con menos posibilidades del ex dirigente estatal del PRD, ex alcalde de Tumbiscatío, ex diputado local, ex diputado federal en dos ocasiones y ex senador de la República, Antonio Soto Sánchez, quien por primera vez en muchos años dejó de cobrar con cargo al erario público y lo está resintiendo, porque sus continuos comentarios y apariciones no tienen para nada la notoriedad de antes.

Si estos últimos aspirantes tienen escasas posibilidades, en el resto de los que se han apuntado no vale siquiera la pena gastar tinta.

Por lo que se refiere al Partido Acción Nacional (PAN), hasta el momento los más viables son el senador Marko Cortés Mendoza; la secretaria de Elecciones de la dirigencia estatal, Luisa María Calderón Hinojosa; y, el secretario de la Función Pública del gobierno federal, Salvador Vega Casillas.

En este sentido, a pesar de contar con mucho apoyo de panistas y no panistas en el estado, Marko Cortés aún tiene una escasa trayectoria política, en la que sólo ha sido secretario estatal de Acción Juvenil, diputado federal sin concluir el cargo y ahora senador de la República.

En tanto, Luisa María Calderón, quien ha sido diputada local, diputada federal y senadora de la República, tiene la enorme desventaja de ser hermana del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, lo que en automático haría que se le calificara como una imposición o que se especulara de presuntos desvíos de recursos federales, como ya lo ha hecho anteriormente la dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano.

Por su parte, Salvador Vega podría ser una muy buena opción para la gubernatura, con la salvedad de que tuvo la oportunidad de construir una estructura de apoyo fuerte y con liderazgo a partir de su participación en el respaldo a un candidato a la dirigencia estatal del PAN en la elección pasada, oportunidad que dejó pasar y difícilmente se le volverá a presentar.

Ha sido diputado local, diputado federal, subsecretario de la Función Pública y actualmente titular de la misma dependencia federal, pero sin el apoyo de la militancia panista sería complicado que pudiera conseguir la candidatura deseada.

Pasando al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el alcalde de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, es la carta fuerte, pero cada vez más débil. En su cuarta oportunidad al frente de la comuna moreliana, se esperaba que la experiencia adquirida diera para más, pero en los hechos son muchos los habitantes de la capital del estado que están decepcionados de su gestión.

Si a eso le sumamos que Morelia es el punto fuerte de Fausto Vallejo, político de carrera y quien en su vida no ha hecho otra cosa que política, pues entonces ya nos imaginamos lo que le depara en el interior del estado, donde ya tuvo la amarga experiencia de irse al tercer lugar en la elección por el Senado de la República en 2006.

Sobre los funcionarios municipales faustistas pesan muchos señalamientos de corrupción, que incluso han alcanzado al propio alcalde en algunos momentos. La mayoría de su gestión ha sido más mediática que de hechos, como lo hacen los políticos modernos. Entonces su viabilidad es limitada y sus posibilidades reales se reducen.

Entre los políticos priístas, uno de impecable trayectoria, aunque no ha mencionado tener interés por la gubernatura, es Jaime Rodríguez López, ex alcalde de Penjamillo, dos veces diputado federal y actualmente diputado local por segunda ocasión, sin contar su paso por la dirigencia estatal del PRI y su gestión como titular de la Sedagro en el gobierno de Tinoco Rubí.

El “Vale” tiene una carrera sólida, fue coordinador de la precampaña de Arturo Montiel Rojas en Michoacán y, por lo tanto, tiene muy buena relación con Enrique Peña Nieto, de lo que Fausto Vallejo no puede presumir, sin embargo, no cuenta con grupo propio al interior del tricolor y a la larga eso le puede pesar.

Además, el ex senador J. Ascención “Chon” Orihuela Bárcenas tiene interés, pero la detención de su sobrino Antonio Ixtláhuac Orihuela en “el michoacanazo”, le restó ímpetu al trabajo que venía realizando.

Por cierto, que la reciente liberación de Antonio Ixtláhuac y su reinstalación como alcalde de Zitácuaro ha hecho que algunos de sus simpatizantes lo pretendan impulsar a al gubernatura, lo que tampoco parece viable, pues sólo ha sido un diputado local intrascendente y un alcalde con corto e interrumpido periodo de gestión.

También hay quienes hablan del ex diputado local, ex diputado federal en dos ocasiones, ex dirigente estatal del PRI, ex candidato a gobernador y líder de grupo, Jesús Reyna García, pero la elección pasada lo castigó severamente, por lo que se menciona que él podría tratar de impulsar al ex alcalde de Morelia, Salvador Galván Infante, de triste memoria entre los morelianos por su pésima administración.

Y acerca de la presunta precandidatura de Víctor Silva Tejeda, quien ha sido diputado local y federal hace ya muchos años, de no ser por los compendios de trabajo legislativo y alguna que otra publicación periodística, la gran mayoría de los michoacanos menores a los 35 años de edad ni lo conocen.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• ECOS DEL “MICHOACANAZO”
  
  
  Después de la espectacularidad del operativo de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno federal para detener a 32 ex funcionarios estatales y municipales de Michoacán, en una acción que fue titulada por algunos medios de comunicación como “el michoacanazo”, todo pinta para terminar en el ámbito político en una simple anécdota que se recordará con insistencia en los próximos años.
  
  En sí la acción fue espectacular por la meticulosidad con que se actuó en el operativo que permitió en un primer momento la captura casi simultánea de tres presidentes municipales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), así como de colaboradores muy cercanos al gobernador Leonel Godoy Rangel por su presunta vinculación con el crimen organizado.
  
  Para bien de unos y para mal de otros, todo esto aconteció el 26 de mayo del año pasado, muy cercano al proceso electoral federal del año pasado en el que se renovó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo que de inmediato generó suspicacias y acusaciones muy directas contra el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa, a quien se le endilgó el tema como un asunto de carácter netamente electorero.
  
  Sobre todo, la presidenta estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano, así como el dirigente estatal del PRI, Mauricio Montoya Manzo, respaldaron a sus ex funcionarios y presidentes municipales, y aseguraron que todo era una estratagema, un ardid político desde el sistema de impartición de justicia para desacreditar, según los perredistas al gobierno de Leonel Godoy, y según los priístas al otrora hegemónico partido tricolor.
  
  Mientras tanto, la opinión pública en Michoacán, pero sobre todo a nivel nacional y en el extranjero, hicieron eco de la acción, al ver confirmado lo que por décadas se ha comentado en voz baja por todo el territorio nacional, “la política y la delincuencia están muy ligados y van muy de la mano”.
  
  Ni tanto digirieron la información los ciudadanos mexicanos, hubo políticos que vieron la posibilidad de aprovechar política y mediáticamente los acontecimientos, el primero, el senador perredista Silvano Aureoles Conejo, quien casi de manera inmediata subió a la tribuna del Congreso de la Unión a demandar la creación de una Comisión Especial de seguimiento, pero sobre todo de defensa, de los detenidos.
  
  Casi de manera simultánea se conformaron comisiones especiales en la Cámara de Diputados del Legislativo federal y en el Congreso del Estado de Michoacán, por cierto, ésta última impulsada por el medio hermano de Silvano, el diputado local, también perredista, Antonio García Conejo.
  
  Leonel Godoy pasó por uno de los momentos más difíciles de la que ya de por sí ha sido una corta pero problemática gestión, cuando mediáticamente fue linchado por los medios de comunicación, principalmente los nacionales, así como cuando su medio hermano Julio César Godoy Toscano, huyó aún siendo diputado federal electo, al saber que había también una orden de aprehensión en su contra.
  
  Por cierto, no se sabe quién le avisó, pero se presume que el pitazo habría llegado o del Ejecutivo estatal o del Secretariado Estatal del PRD, que poco antes habían sido atendidos en su exigencia de recibir información de la PGR sobre las acciones realizadas y la estrategia a seguir en los próximos días.
  
  De hecho, se comenta que la desaparición del aún prófugo se registró al día siguiente de la reunión en la que funcionarios de la dependencia federal informaron al secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, y los líderes de los partidos políticos con presencia en Michoacán.
  
  En tanto, el dirigente estatal del PAN, Germán Tena Fernández, y los diputados federales y locales del mismo partido político, se encontraron en una difícil situación, prácticamente entre la espada y la pared, y tras algunos titubeos de algunos días, optaron por darle la espalda a sus alcaldes, Antonio González Rodríguez, de Uruapan, y José Luis Ávila Franco, de Hidalgo, para respaldar las acciones del gobierno de Felipe Calderón.
  
  Después de todos estos acontecimientos iniciales, vinieron las reuniones de las comisiones especiales de los poderes legislativos con los familiares, pero también con las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, visitas a los penales de Tepic, Nayarit, a donde fueron trasladados los detenidos, y una guerra de declaraciones, que fueron desde los tintes electorales del asunto, hasta la ineficacia de varios aspectos de la Reforma Judicial recientemente aprobada.
  
  Vinieron las primeras liberaciones de tres alcaldes, en el mes de agosto, después el traslado de los ex funcionarios al Penal de Mil Cumbres en Michoacán y casi de manera inmediata, pero también sospechosa, la liberación de casi la mitad de los mismos.
  
  “Quedaron libres por falta de pruebas”, rezaban las autoridades federales, mientras los perredistas y priístas trataron de hacer eco a todo lo que daban sus pulmones de la injusticia cometida en un principio y de la necesidad de liberar a todos los demás. También demandaron que el gobierno federal ofreciera disculpas públicas y reparara el daño hecho a los liberados.
  
  Sin embargo, la respuesta del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, fue lapidaria, “no se les pueden ofrecer disculpas porque salieron libres bajo las reservas de ley, es decir que la investigación continúan y podrían encontrarse nuevos elementos que obligaran a reanudar los procesos legales que se les seguían”.
  
  Mientras tanto, en el Congreso del Estado, el líder parlamentario del PAN, Francisco Morelos Borja, y el presidente de la Comisión de Justicia, Antonio Salas Valencia, también panista, manifestaban su recelo en torno a la decisión de liberar a tantos de los detenidos, pero jamás admitieron que se hubiera cometido una injusticia, por el contrario, demandaron que se investigue al Ministerio Público Federal porque existen elementos para pensar que la liberación de los ex funcionarios ha sido más por la mala integración de las averiguaciones previas y errores procedimentales, que porque se haya demostrado la inocencia de los inculpados.
  
  Ahora que se ha logrado la liberación de tantos de los detenidos, el tema sigue teniendo mucha tela de dónde cortar, algunos han señalado que figuras como el arraigo, los testigos protegidos y los cateos deben desaparecer, o cuando menos ser revisadas a profundidad, pero los efectos políticos son mucho más evidentes.
  
  Silvano Aureoles se considera el artífice de la liberación, por lo que ha procurado que su nombre se mencione junto con el tema del “michoacanazo”, y también le ha inconformado el protagonismo que ha asumido el presidente de la Comisión Especial del Senado, Carlos Sotelo, quien también es perredista, porque siente que le roba el rol para el cual trabajó.
  
  En Uruapan, Mary Dóddoli Murguía, inició un procedimiento para intentar quedarse con el cargo de alcaldesa sustituta, luego de una serie de desencuentros que incluso provocaron la expulsión de casi la mitad del Cabildo. Por el momento, la experimentada panista no pudo quedarse y Antonio González regresó tras su liberación, pero el asunto por la vía legal continúa.
  
  Además, la detención del alcalde de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac Orihuela, derribó los planes por la gubernatura que ya esbozaba el ex casi de todo Ascensión Orihuela Bárcenas, su tío. La liberación en cierta forma le abriría las puertas de nuevo al ex gobernador, pero ya hay algunos zalameros que pretenden meterle la idea al novel Ixláhuac Orihuela de que puede aprovechar su condición como “víctima de una injusticia” para potenciar su carrera política, ¿y por qué no?, buscar en 2011 el Solio de Ocampo.
  
  Después de todo, las renuncias de presidentes municipales de Zitácuaro para buscar nuevos puestos políticos no es una historia nueva, que le pregunten al propio Aureoles Conejo.
  
  Las dirigencias nacionales del PRD y del PRI tienen como uno de sus principales temas de contracampañas para las elecciones de 2011 y 2012, el asunto del “michoacanazo”, mientras que en el PAN existe incertidumbre en la estrategia para responder. El único panista que pareció apostar hasta el momento al bando ganador fue el senador Marko Cortés Mendoza, quien por cierto, fue incluso reconocido y aplaudido por Citlalli Fernández González y por el Consejo Estatal del PRD.
  
  El “michoacanazo” trae mucho más de fondo y seguramente dará mucho más de qué hablar en los próximos meses, sobre todo cuando se sepa quiénes salen, quiénes entran y quiénes reingresan al Penal de Mil Cumbres en Morelia. Lo más relevante que surja lo iremos comentando.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• IZQUIERDA, ¿INTOLERANTE O INCONGRUENTE?

Cuando están en la búsqueda del poder, los grupos, organizaciones o partidos políticos se quejan constantemente por lo que hacen aquellos que están en el gobierno, pero después, cuando los que eran oposición llegan a ocupar los cargos gubernamentales, es común que adopten las mismas prácticas que criticaban en sus contrarios.

Por tradición, la izquierda en México se ha dicho reprimida, pero a la vez defensora intachable de los derechos de las masas, sobre todo del derecho a la libre manifestación política pública, con todos los privilegios y hasta los excesos que las marchas y plantones suelen implicar.

Sin embargo, también hemos visto a líderes de la izquierda mexicana que se sienten perfectos y personajes incuestionables. Ya en el poder, sea público o fáctico, esos mesías se sienten intachables y no aceptan la crítica, sobre todo cuando viene de grupos y organizaciones que no son precisamente afines a sus intereses políticos.

Ejemplos existen muchos, tan sólo en México, para no abundar con casos tan patéticos como el de Fidel Castro en Cuba o el de Hugo Chávez en Venezuela, tenemos a un Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, endiosado por algunos sectores del perredismo y de la izquierda en el país, quien luego de una carrera política que se transformó y potenció a base de marchas y movilizaciones, usó la fuerza pública para reprimir las primeras manifestaciones que se dieron durante su periodo como jefe de Gobierno del Distrito Federal.

¿Y qué decir de todas las ocurrencias y anécdotas que existen de su sucesor, Andrés López Obrador? Después de lo ocurrido en 2006, la palabra “intolerancia” se aplica de manera muy directa en el ideario colectivo con la figura del tabasqueño hoy venido a menos.

Ahora aterricemos en Michoacán, donde un Lázaro Cárdenas Batel, hijo por cierto del primer personaje que mencionamos en este mismo espacio, dio manga ancha a casi todos los grupos y organizaciones sociales que se manifestaron públicamente durante su gobierno, causando serios estropicios a los morelianos y a muchos otros michoacanos en otros puntos del estado.

Para no ser atacados por la fuerza pública bastaba con ser de una organización afín a la izquierda, aún y cuando los reclamos e insultos fueran contra el gobernante en turno. Pero muy sonado fue el caso en que las flamantes fuerzas del orden del gobierno estatal reprimieron a un grupo de padres de familia y con sus niños que demandaban, frente a Palacio de Gobierno, solución a un problema en una escuela primaria.

En el actual gobierno de Leonel Godoy Rangel esa justicia selectiva se ha seguido aplicando. Si los manifestantes son pocos y no pertenecen a una agrupación afín el PRD, entonces se hace uso de la fuerza pública y se les impide bloquear las calles de Morelia, pero si son identificados con el partido del sol azteca, entonces las autoridades estatales argumentan que hacen hasta lo imposible por agotar el diálogo y, de no ser porque los manifestantes se hartan, bien podrían tener secuestrado al estado por lo que resta de la administración estatal.

Recientemente en Morelia fuimos testigos de una detestable movilización del Frente Auténtico de Transportistas del Estado de Michoacán (FATEM), que encabeza el diputado priísta José Trinidad Martínez Pasalagua, que consistió en bloqueos a varias de las principales arterias de la ciudad, así como las entradas y salidas de la ciudad, lo que entorpeció las actividades cotidianas de los morelianos, pero también afectó de manera severa al sector turístico en pleno periodo vacacional de Semana Santa.

La afectación fue grave, y la forma de manifestarse de los transportistas reprobable, pero no se comparó ni con mucho al daño que han hecho los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante los últimos 20 años, con sus constantes paros, plantones, bloqueos, peleas, insultos y pintas en edificios públicos, entre muchas otras tropelías.

A pesar de ello, para el gobierno de Michoacán ahora sí valió la pena la implementación de un operativo de las corporaciones de seguridad pública para levantar los bloqueos, recoger las unidades de transporte público y enviar a la cárcel a los trabajadores del volante que cometieron el pecado de no simpatizar con el PRD.

Estoicamente, el gobierno de Leonel Godoy Rangel ha pretendido ignorar o ha aceptado las constantes burlas, los frecuentes desaires, los insultos, las descalificaciones y las declaraciones en las que los maestros que se dicen “democráticos”, encabezados primero por Artemio Ortiz Hurtado y después por Jorge Cázares Torres, gritan a los cuatro vientos que han roto el diálogo que se han levantado de la mesa de negociaciones.

Entonces, ¿por qué con ellos no se ha aplicado la misma justicia? Precisamente hace un año, en el marco del inicio del periodo vacacional de Semana Santa, los maestros de la CNTE instalaron un plantón de 26 días, hasta con casas de madera, en pleno Centro Histórico de Morelia, justamente frente a Palacio de Gobierno.

¿Cómo olvidar las crónicas periodísticas de aquél entonces, cuando decenas de maestros, empezando por Jorge Cázares, se crucificaron frente a la Catedral de Morelia (lamentablemente sin utilizar clavos) a manera de mofa de las autoridades, de los ciudadanos, de los turistas y de los creyentes?

Por eso, hoy vale la pena preguntar: ¿Qué le pasa a la izquierda en México y en este caso en Michoacán? ¿Se trata de una izquierda que es intolerante o simplemente es incongruente? ¿Está bien cuando se manifiestan los grupos, organizaciones sociales y sindicatos que se dicen izquierdistas y está mal cuando lo hagan todos los demás? Hasta ahora las respuestas, simple y sencillamente, no convencen.