DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• PENSIONES VITALICIAS, OTRO FRACASO DEL GOBIERNO

La falta de capacidad del gobierno michoacano se ha visto confirmada una vez más con el revuelo ocasionado por aquella iniciativa que envió al Congreso del Estado el titular del Ejecutivo Estatal, Leonel Godoy Rangel, para otorgar pensiones vitalicias a los más afectados por los atentados registrados en Morelia durante el Grito de Independencia, misma que se ha convertido en la comidilla de los corrillos políticos porque en los próximos días podría ser desechada por inconstitucional.

Es increíble como en unos pocos días la administración estatal pasó de aparecer mediáticamente como una institución sensible y solidaria con las víctimas de un hecho tan deleznable a ser seriamente cuestionada en sus procedimientos por toda la clase política del estado, porque a pesar de lo justa que inicialmente puede parecer la propuesta de ayudar a paliar en parte el daño causado a tantas familias inocentes, ha sido ridícula la forma de plantearlo ante el Poder Legislativo de Michoacán.

Habían pasado sólo unos días de la tragedia que finalmente derivó en la sensible muerte de ocho personas, así como en la mutilación de dos más y en el registro de más de 130 heridos con lesiones de diversa magnitud, cuando en un acto público realizado en Palacio de Gobierno, al que se citó a todos los dirigentes de los partidos políticos, los diputados locales y presidentes municipales del estado, Leonel Godoy hizo un anuncio que estremeció a todos los presentes y al día siguiente ocupó grandes espacios en los medios de comunicación.

El mandatario estatal se comprometió a presentar una propuesta formal al Congreso del Estado para que se autorizara el otorgamiento de una pensión vitalicia a los familiares de las ocho personas fallecidas, así como a aquellas dos mujeres que sufrieron la pérdida o inutilización de alguna de sus extremidades.

Hasta ahí, las cosas iban bien para el gobernador, pues la opinión pública y hasta los líderes de los grupos parlamentarios en la 71 Legislatura local se sumaron al espíritu de tan noble propuesta.

Nadie dijo no. Todos la apoyaron, pero fue entonces cuando el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Legislativo local, Juan Carlos Campos Ponce, presentó un punto de acuerdo en el que proponía entre muchas cosas más, que el gobierno del estado otorgara una indemnización por responsabilidad civil, que es distinta a la pensión vitalicia, de acuerdo con el Código Penal de Michoacán.

La propuesta del diputado priísta no fue aceptada por las bancadas del PRD y del PAN, que decidieron turnarla a comisiones para su estudio, análisis y dictamen y el tema se olvidó por dos semanas, pero después llegó al pleno del Congreso la multicitada iniciativa que tiene por objetivo solicitar las mencionadas pensiones vitalicias y con ella, la andanada de cuestionamientos hacia el titular del Ejecutivo Estatal y su secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca.

El primero en aparecer en público para destacar la ilegalidad del documento remitido por el gobierno estatal fue el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Francisco Morelos Borja, quien en pocas palabras aseguró estar de acuerdo con el fondo de la iniciativa del mandatario estatal, aunque llamó a cuidar las formas, porque el articulo 44 de la Constitución local sí faculta al Legislativo a otorgar pensiones vitalicias, pero sólo en los casos de aquellas personas que hayan prestado servicios prominentes al país o al estado.

Siguieron el priísta Juan Carlos Campos, el perredista Antonio Cruz Lucatero y varios más, que a pesar de la voluntad confirmada por los líderes de las bancadas perredista, Raúl Morón Orozco, y priísta, Wilfrido Lázaro Medina, se sumaron a los cuestionamientos e incluso fueron mucho más allá, ya que el primero de ellos recordó que desde un principio sugirió la indemnización por responsabilidad civil como la figura legal adecuada.

Además, manifestó su extrañeza de que el secretario de Gobierno, supuesto maestro en Derecho, no haya orientado al mandatario estatal sobre la inconstitucionalidad de la propuesta que presentaron, misma que por cierto, fue firmada por ambos y hasta por el secretario de Finanzas y Administración, Humberto Suárez López.

En tanto, Antonio Cruz aseguró que desde que Godoy Rangel hizo el anuncio él sugirió a su coordinador parlamentario que hiciera saber al titular del Ejecutivo Estatal que la propuesta que anunció públicamente, ante toda la clase política, representantes de la sociedad civil y representantes de los medios de comunicación, simple y sencillamente no procedería en esos términos por contravenir ciertos principios constitucionales. Ese llamado, de acuerdo con el diputado, no fue escuchado.

Las opiniones a favor y en contra del proyecto del Ejecutivo continuaron por algunos días, hasta que se fueron consolidando los consensos en torno a la inconstitucionalidad del mismo.

Ahora la gran mayoría de los diputados se pronuncian ya no a favor de dicha iniciativa, sino que se busquen mecanismos que permitan apoyar a las familias afectadas por los arteros atentados, sobre todo, medidas que funcionen de manera similar a las pensiones, puesto que una indemnización, aunque por monto superior, se haría en un solo pago y por única ocasión.

A todo esto debe sumarse la reciente reunión de las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia para analizar el punto de acuerdo presentado desde el 25 de septiembre por Juan Carlos Campos, sesión en la que no estuvo presente ningún diputado del PRD, partido al que pertenece el mandatario estatal, y en la que diputados como el priísta José Trinidad Martínez Pasalagua, el panista Jesús Ávalos Plata y el nuevo aliancista, Juan Manuel Macedo Negrete expresaron su inconformidad con la actitud del gobernador.

En ese sentido, los mencionados representantes populares se dijeron cansados de que el mandatario estatal no respete la división de poderes y remita al Congreso del Estado todos aquellos asuntos que su administración no es capaz de resolver de manera eficiente y oportuna, como por ejemplo, el caso Cherán que fue advertido por la dirigencia estatal del PRI con meses de anticipación y que nunca fue atendido por la Secretaría de Gobierno.

Como se mencionó en este espacio periodístico con anterioridad, Leonel Godoy tiene una estrategia mediante la cual pretende tener el control de todo cuando ocurre en el estado. De ahí su interés por mantener como miembros de su gabinete solamente a bajos perfiles que, en concordancia con sus capacidades, han ofrecido sólo pobres resultados.

De ahí la intención de instalar una Mesa de Concertación Política con los dirigentes estatales de los partidos políticos, para mantenerse al tanto de todas sus demandas y evitar en la medida de lo posible escándalos mediáticos, que dañen aún más su imagen y la de su administración, y de ahí su constante presencia en los eventos de su partido, tanto a nivel estatal como a nivel nacional.

El hecho de que muy a su pesar el Congreso del Estado, tanto propios como extraños, se vea obligado a rechazar por inconstitucional una iniciativa remitida por el titular del Ejecutivo Estatal, es simplemente el reflejo de la incapacidad que existe en la gran mayoría de las áreas del gobierno del estado, así como de la falta de conocimientos básicos constitucionales y de pericia en la negociación política, pero sobre todo, de coordinación entre el mandatario estatal del PRD y el grupo parlamentario también del sol azteca.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• EL PENOSO COMIENZO DE LA 71 LEGISLATURA
  

El Congreso del Estado es la caja de resonancia de todo lo que ocurre en Michoacán. En esa institución se encuentran representados los 24 distritos electorales y siete de las ocho fuerzas políticas con presencia en la entidad. Por consecuencia lógica, el Poder Legislativo es el reflejo de todo lo que hacemos y lo que nos pasa en la vida cotidiana a los michoacanos.

Así, en la que es conocida como la “casa del pueblo”, donde se cocina gran parte de la vida política, nos encontramos con diversas problemáticas, dificultades, vicisitudes y hasta ocurrencias, que de manera directa o indirecta inciden de una forma muy importante, tanto de manera positiva como negativa, en la vida de todos los habitantes de este estado.

La 71 Legislatura local ha transitado por sus primeros ocho meses, todavía ni siquiera la cuarta parte de los cuatro años que tendrá de ejercicio, y ya ha generado una serie de conflictos y situaciones que han puesto en duda su credibilidad, así como la capacidad y honestidad de nuestros representantes populares.

Entre estos asuntos se encuentran en particular algunos que han llamado la atención por las implicaciones que tienen en cuanto a la probidad y conocimiento de sus atribuciones por parte de nuestros diputados locales de todos los partidos, como el caso del escándalo por la falta de transparencia y malos manejos en el presupuesto que maneja la Coordinación de Comunicación Social para destinar a convenios publicitarios con los medios de comunicación.

De acuerdo con la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, existe un Comité de Comunicación Social conformado por diputados que entre sus funciones tiene la de aprobar las estrategias de medios por parte del Poder Legislativo.

Sin embargo, hace unas semanas se hizo pública una lista que contiene las cantidades que se destinan a los diversos medios de comunicación, un listado que en lugar de dejar en claro los criterios para la contratación de espacios publicitarios sembró muchas dudas sobre el manejo y la distribución de los más de 5 millones de pesos que se aprobaron para ese efecto en este año.

Algunos medios, inconformes con las inexplicables disparidades, infirieron que aquellos periódicos, televisoras y programas de radio que apoyaron a Laura Yadira Marín Rosas para que permaneciera al frente del área son precisamente los más beneficiados con el reparto que se hizo, pues mientras la mayoría de los periódicos de circulación estatal reciben alrededor de 31 mil pesos mensuales, a uno en particular se le otorgan 222 mil pesos mensuales, cifra que no equivale en nada al tiraje, distribución y penetración de cada uno de esos medios.

En tanto, la casa televisora por cable de la que la comunicadora fue parte, tiene un contrato de 200 mil pesos, mientras que otra empresa del ramo que tiene cobertura estatal y antena aérea, lo que implica un mayor auditorio, recibe sólo la cuarta parte de eso.

Lo delicado y criticable de este caso es que los diputados integrantes del Comité de Comunicación Social, Macarena Chávez Flores, Antonio Cruz Lucatero y Epigmenio Jiménez Rojas, obligados por la ley a aprobar las estrategias de comunicación y a garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, no conocieron ese listado hasta que apareció en un diario estatal y en portales de internet.

No conforme con eso, la presidenta del Comité reconoció que el listado es real y que no tuvieron conocimiento del procedimiento que se siguió para distribuir el presupuesto de esa área, cuando se supone que ese equipo de trabajo es precisamente el encargado de delinear las estrategias para que la difusión de las acciones y los logros del Congreso del Estado se haga de forma eficiente, efectiva y transparente.

Para este año, el presupuesto de los convenios para los medios de comunicación fue autorizado por la Junta de Coordinación Política, según reconocieron los coordinadores parlamentarios del PRD y del PRI, Raúl Morón Orozco y Wilfrido Lázaro Medina, respectivamente.

Sin embargo, ambos diputados admitieron que desconocen los criterios que aplicó la que fuera coordinadora de Comunicación Social con la70 Legislatura, la de peor imagen en toda la historia de Michoacán. Eso deja mucho que desear sobe nuestros diputados locales.

Entre otros temas controvertidos que están vigentes en el Congreso del Estado se encuentra la iniciativa de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tema impulsado por la diputada perredista Gabriela Molina Aguilar y la secretaria de la Mujer del Ejecutivo Estatal, Cristina Portillo Ayala.

Todos, o casi todos, en Michoacán estamos de acuerdo en que se deben proteger los derechos de las mujeres, pero con el argumento de que existe una Ley General en la materia a nivel nacional y que casi todos los estados del país ya cuentan con sus respectiva legislación, ambas perredistas pretendían la aprobación ipso facto de la mencionada propuesta, que no es más que una copia fiel de la norma federal.

En la Comisión de Grupos Vulnerables, Equidad y Género todas las integrantes, perredistas, panistas y priístas, estaban de acuerdo en aceptar los argumentos, sobre todo porque se les dijo que de no aprobarse a la brevedad la nueva ley se corría el riesgo de perder los 3.2 millones de pesos asignados por el gobierno federal para Michoacán con el objetivo de implementar programas de protección a las féminas.

A sólo unos días de la presentación del dictamen de la iniciativa tuvo que llegar el coordinador parlamentario del PAN, Francisco Morelos Borja, a hacer una serie de observaciones a la propuesta, a la vez que reconvino a las panistas Macarena Chávez y Lourdes Torres Vargas, que ingenuamente no se habían percatado de lo que en apariencia el proyecto trae de fondo.

Para el líder de la bancada panista, la iniciativa de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es discriminatoria del resto de la sociedad, porque es de aplicación exclusiva al beneficio de ese sector de la población, dejando fuera otros grupos que también son susceptibles de padecer violencia, particularmente los grupos vulnerables de la población, como ancianos, niños, discapacitados, entre otros.

Efectivamente, la mayoría de los congresos locales han aprobado las iniciativas de ley en la materia, simplemente como copias de la Ley General, pero porque aparentemente han caído en el juego de quienes la han impulsado con el argumento de que si no entra pronto en vigor se perderán los millonarios recursos federales.

Pero para nadie es un secreto que estamos entrando a un proceso electoral en el que habría que analizar todo el entorno para darse cuenta de que la intención es no sólo recibir recursos del gobierno federal, sino hasta de organismos mundiales como el Fondo Monetario Internacional, que promueven esta clase de iniciativas en todo el orbe. En resumen, recursos frescos que bien podrían ser empleados para las campañas del próximo año.

Sólo así se explica tanta desesperación de algunas políticas por aprobar a la brevedad esta propuesta en los términos que se encuentra, aún a sabiendas, porque ya se les aclaró, que los recursos federales no están en riesgo si en el transcurso de este año Michoacán armoniza su legislación local con la federal. Es decir, que bastaría con que se adecúe algún ordenamiento legal de los ya existentes para que el estado hubiera cumplido con el requisito.

Otro asunto que está causando mucha polémica es la ampliación presupuestal que se autoaprobó el Congreso del Estado por el orden de los 66 millones de pesos con el objetivo de cubrir una serie de gastos en los que ya se incurrió o se comprometió la 71 Legislatura, así como el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2009 por 444 millones de pesos que también ya se aprobaron y que podrían ser ratificados en los próximos meses.

Los primeros 66 millones de pesos se suman a los 288 millones que la anterior Legislatura aprobó en su momento para este año. Es decir que los recursos por ejercer para este año por el Legislativo ascenderán por primera vez a 354 millones de pesos, cuando en 2007 rondaron los 320 millones, también después de dos ampliaciones presupuestales que sumaron poco más de 60 millones de pesos.

Con esa dinámica de incrementos que se ha autorizado el Congreso cada año desde hace varios ejercicios fiscales, no es de extrañar que esta vez también haya ocurrido, lo criticable es que en esta ocasión se incluyan en el presupuesto gastos como el pago de sueldos a una nómina inflada que contiene en sólo unos meses a 101 trabajadores más que aquellos con los que cerró la anterior Legislatura, así como el pago de vehículos de lujo para cada grupo parlamentario y gastos de gestión ya ejercidos por varios diputados.

Lo más criticable es que haciendo alarde de sus atribuciones como el Poder del Estado encargado de aprobar los presupuestos, se hayan autorizado recursos por 444 millones en los que los diputados incluyen otra vez los sueldos y honorarios de los 101 trabajadores que tienen de más, entre los que se encuentran muchos que son amigos y familiares, así como incrementos en los gastos de gestoría, que ahora denominan “atención ciudadana”, desde los 25 mil hasta los 40 mil pesos mensuales, según ha trascendido.

Y eso no es todo, había propuestas descabelladas como la del diputado Antonio Cruz Lucatero la cual pretendía que los recursos para gestión se elevaran hasta los 120 mil pesos al mes, porque según el representante popular, hay secretarios de estado que cuentan con mucho más recursos y no fueron electos por el pueblo.

Por eso se entiende que a la hora de las postulaciones los partidos y los políticos se aferran por obtener las mayores y mejores posiciones posibles, porque está visto que ya en esos puestos, nuestros legisladores aspiran a obtener ganancias que les permitan vivir bien por el resto de sus vidas.

La 71 Legislatura apenas comienza y estos son sólo ejemplos de muchas cosas que han ocurrido y un ejemplo de las malas decisiones que se toman en la institución, en ocasiones por desconocimiento y otras veces por mala fe y por personas que abusan de su posición. Y si este es el inicio de un periodo de cuatro años, ya podremos imaginar lo que nos resta por ver a los michoacanos.

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Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• LA INSEGURIDAD QUE LACERA A LOS MEXICANOS

Michoacán está hoy ensombrecido e indignado por la tragedia, la infamia y el terror que sembraron en todos los ciudadanos un grupo de criminales que atacaron sin piedad a niños, mujeres y hombres en medio de los festejos del Grito de Independencia en pleno Centro Histórico de Morelia.

Con estos hechos, es claro que los criminales han tomado el control de más y más espacios y que han perdido, incluso, lo que el propio crimen organizado llamaba su código de ética criminal y que tenía definidos los objetivos y las formas de llevar a cabo sus acciones, entre las que procuraban no atentar contra la vida de inocentes.

Es mas, incluso había en ellos un rasgo social, es decir, cooperaban y hacían obras públicas que beneficiaban a sus comunidades y pueblos, con ello, los habitantes estaban agradecidos y a cambio les ofrecían discreción y apoyo.

Actualmente, cada acto de terrorismo y de inseguridad pública, cada caso de secuestro, de extorsión y asesinato, que se registra como parte de la ola de violencia de los últimos años, es un hecho que lacera gravemente a todos los mexicanos, pues además de que hace evidente la inoperatividad de los cuerpos policíacos e instituciones encargadas de la procuración de justicia, ahora los grupos delincuenciales se han ocupado de sembrar el terror en toda la población.

Ya no sólo las clases sociales más acomodadas temen la posibilidad de un secuestro o de ser extorsionadas, sino que ahora, como consecuencia de la confusión que ha generado entre el crimen organizado el ataque del gobierno federal, cualquier persona puede ser víctima u objeto de éstos delitos cometidos por pequeñas células que estaban al servicio del narco y que ahora quedan huérfanas o desempleadas por el desmembramiento de sus organizaciones.

Hasta hace algún tiempo los grupos de la delincuencia organizada se enfrentaban entre ellos por el control de las rutas y por buscar la preponderancia o supremacía en determinados territorios. Muy pocos eran los embates contra los encargados de la seguridad pública, lo que daba a entender que los cuerpos policíacos no se entrometían en los asuntos de los criminales.

Hoy, sin embargo, a partir de que el gobierno federal anunció una lucha frontal contra la inseguridad, lo que vemos es una lucha cruenta entre las bandas, pero también de éstas contra los ciudadanos, funcionarios y policías que sí trabajan para detenerlos y hasta contra el Ejército Mexicano, que en esta última etapa ha entrado al combate como la última opción ante la corrupción, falta de capacidad e inoperatividad de la mayor parte de los otros cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales del país.

Si antes las ejecuciones eran entre miembros de los propios grupos, o hacia personas que de algún modo se encontraban relacionadas con las mafias, ahora esto ha sido rebasado, pues cualquier ciudadano puede perder su vida o su patrimonio como producto de los secuestros y ataques, mientras que comerciantes y empresarios se han vuelto víctimas cotidianas de los delincuentes que les cobran el “derecho de piso”, con el riesgo de ser asesinados de no cumplir con el pago.

Esto es consecuencia de que varios de los operativos realizados por el gobierno federal y el Ejército Mexicano han orillado a esos grupos a dejar su actividad, ya que les representa un mayor peligro por la persecución de la que están siendo objeto, y ahora han cambiado su giro hacia el secuestro y la extorsión principalmente.

Por ello, las formas son mucho más violentas, sanguinarias y beligerantes de operar de los grupos de secuestradores, ya que se trata muchas veces de grupos de antiguos sicarios del narco que se han quedado sin su acostumbrada fuente de ingresos.

Varios de los últimos casos de secuestros que han tenido resonancia a nivel nacional han dejado en claro dos cosas, la infiltración del crimen organizado en varios de los cuerpos policíacos, y al mismo tiempo la falta de coordinación entre las diferentes instancias encargadas de brindar seguridad pública a los mexicanos.

Es muy sintomático el muy sonado caso de la familia Martí, pues el secuestro del menor que posteriormente fue asesinado por sus captores, se operó a través de una mujer que formaba parte de la policía, mediante un retén falso, a plena luz del día y en una avenida importante de la ciudad de México.

Cuando el operativo apócrifo fue detectado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, quienes en lugar de verificar la legalidad y autenticidad de la acción, ofrecieron ayuda a sus colegas para una mejor ejecución de esa tarea.

La indignación se acumula en el sentir de los ciudadanos y en días pasado generó una movilización en varios puntos del país para exigir a los gobiernos de los tres niveles y a las instituciones mejores resultados y castigos ejemplares contra los criminales.

Aún queda la duda sobre el efecto real que tendrán las demandas que se hacen en estas marchas de ciudadanos comunes contra la inseguridad, pero lo cierto es que evidencian el sentir de todo un pueblo y el hartazgo al que se ha llegando.

Eso fue lo que generó las reacciones de los ciudadanos que salieron a las calles a manifestar abiertamente y con todo orden su inconformidad. Pero no hay que olvidar que en nuestro país lo que vale no es lo que diga o sienta un pueblo, porque los gobiernos y las autoridades funcionan a través de las acciones rentables políticamente para ellos. En otras palabras, funcionan de acuerdo con los votos que le represente tal o cual medida.

Hay que ver si las detenciones de algunas de las cabezas importantes de estas bandas no se quedan en una simple llamarada de petate, sólo para ofrecer a los ciudadanos que exigieron efectividad, un resultado visible que les deje satisfechos por el momento.

La marcha mereció muchos espacios en los medios de comunicación, y reunió a una cantidad importante de personas de todos los estratos sociales, por lo que no debería quedar en el olvido para las autoridades, como ha ocurrido tantas veces, cuando las manifestaciones populares carentes de fines políticos no representan algo más allá de una presión difusa, porque no se precisan demandas concretas a objetivos concretos, lo que disminuye las posibilidades de eficacia.

Con este panorama, parece más que justificada la entrada del Ejército Mexicano al combate contra la delincuencia organizada. Los resultados son contundentes en cuanto al número de aseguramientos de armas, de drogas, de vehículos, pero además, con los enfrentamientos que las fuerzas armadas han tenido con los delincuentes, en los que la mayoría de los casos los militares han salido airosos.

Por eso llama la atención que michoacanos como la dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano y el coordinador de los diputados perredistas en el Congreso del Estado, Raúl Morón Orozco, salgan con insistencia a fustigar el trabajo del Ejército, argumentando que los soldados deben permanecer en sus cuarteles porque con acusaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos ponen en riesgo el prestigio de la institución de la que forman parte.

En un contexto como el que vivimos en México y en Michoacán, queda la duda sobre el por qué de tanta resistencia de estos personajes a que el Ejército se involucre y tome en sus manos un asunto tan delicado que requiere de una ejecución certera, ordenada y efectiva.

No hay que olvidad que el Ejército Mexicano es la institución del país más respetada y que goza del mayor prestigio entre los mexicanos, y que la mayoría de los ciudadanos se sienten seguros con su presencia.

Entonces no sería descabellada la idea de que pareciera que algo temen aquellos que se oponen tan afanosamente a que nuestras fuerzas armadas salgan a las calles y se unan a la cruzada para detener el crimen organizado, pues cabe recordar que dentro del mismo gobierno y en otras instituciones existen evidencias que llevan a pensar que hay funcionarios que han tenido o tienen nexos con algunos de estos grupos criminales y que sólo a través del fuero, y de la protección que les brindan sus propias investiduras, quedan exonerados de la aplicación de la justicia.

Lo cierto es que a pesar de estos señalamientos es importante aclarar que a pesar de los casos de supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por la milicia, varias de estas denuncias deberían ser duramente cuestionadas, pues hay que ver de quién vienen y qué intereses tienen detrás realmente.

Hace algunas semanas, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, convocó de urgencia a una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la participación de gobernadores, autoridades policíacas y representantes de casi todos los sectores de la sociedad, del que surgieron 74 compromisos que forman parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Una semana después, en Michoacán se realizó un acto similar, durante una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el que también las autoridades y los diferentes sectores de la sociedad signaron acuerdos para buscar la seguridad de los michoacanos.

Entre los compromisos, que coinciden con parte de lo que se demandó en la marcha contra la inseguridad, realizada unos días después, se encuentra la urgente necesidad de depurar los cuerpos policíacos, lo que eventualmente ayudará a atacar de manera más efectiva a los criminales, pues no se puede hacer un trabajo real con buenos resultados cuando dentro de los mismos cuerpos e instituciones se encuentran inmersos los delincuentes.

Tampoco se puede hacer mucho cuando la procuración de justicia está plagada de hechos de corrupción, de compra de testigos, de erróneas integraciones de las averiguaciones previas, que dejan imprecisiones muy importantes que derivan en la pronta liberación de los delincuentes.

En tales circunstancias, la profesionalización y el cuidado con el que se recluta a los policías son indispensables, así como el contar con un registro único de quienes han pasado por esas corporaciones, con el objetivo de tener uniformidad de información y de los criterios con los que se puedan iniciar las investigaciones y su seguimiento.

Otro tema que tiene mucha relación con todo lo anteriormente expresado es la propuesta del presidente Felipe Calderón en el sentido de invitar al Congreso de la Unión a retomar su iniciativa para endurecer las penas contra los criminales que secuestran y atentan contra la vida de sus víctimas.

Sin embargo, esta iniciativa que causó tanto revuelo entre la clase política y los medios de comunicación, es ciertamente muy cuestionable, pues se propone aplicar la pena de cadena perpetua a los secuestradores, mientras que los expertos en el tema aseguran que esto no inhibe de ninguna manera los índices de criminalidad.

Lo anterior queda de manifiesto en países donde la pena de muerte y la cadena perpetua están en uso, mientras que todo hace suponer que en México esta medida más que favorecer a la lucha por la inseguridad podría tener consecuencias negativas, porque de todos es sabido que las cárceles que tenemos en el país son escuelas para la delincuencia y centros de operación protegidos para los criminales.

Si se aplican las sanciones como se debe, seguramente no habría necesidad de decretar una cadena perpetua, pues criminales como ellos, alcanzarían condenas equiparables a la cadena perpetua. Por ello tal parece que la medida no es más que un asunto mediático para calmar los ánimos de los ciudadanos que exigen más y mejores resultados.

Además, se debe valorar en su justa dimensión el costo que tiene para todos los mexicanos el mantener a una persona en la cárcel, que es muy alto, por lo que lo ideal sería que se reformara verdaderamente el sistema penitenciario y que se normaran los criterios para mantener en ciertas áreas de los penales a los delincuentes de alta peligrosidad, para no revolver a los delincuentes con los criminales de alta peligrosidad.

Ese es un tema que ya se prevé en la reforma judicial que este año aprobó el Congreso de la Unión y en la cual los estados tienen ocho años para reformar todo el sistema de seguridad pública y justicia penal.

Y ante los hechos terroristas de este pasado martes en la capital michoacana, todos esos operativos y esas reformas no podrán esperar mucho, pues los michoacanos estamos viviendo el pánico de que una bomba o una bala puedan alcanzarnos o a nuestras familias.

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Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL OCULTA EN LAS LEYES

El acalorado debate que sostienen hoy en día grupos de izquierda y de derecha, así como representantes populares de todos los partidos políticos sobre la despenalización del aborto, la aprobación de leyes como la de Sociedades en Convivencia, o las reformas al Código Civil del Distrito Federal que permiten el divorcio de forma unilateral, es decir, el divorcio exprés, dejan al descubierto una serie de conveniencias y de intereses ocultos que van más allá de una mera posición política en beneficio de ciertos sectores de la sociedad.

Así, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaraba como constitucional la despenalización del aborto en el Distrito Federal, originando oleadas de reacciones y de críticas tanto a favor como en contra, científicos de la NASA descubrían vida en Marte, lo cual es un hecho de enorme trascendencia para la humanidad pues cambian con ello muchas de las teorías sobre el origen del Universo y del propio devenir de la humanidad.

La relación entre ambos hechos es notable, puesto que para los magistrados, diputados, jueces, organizaciones sociales, y hasta para el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la vida de un ser humano no inicia sino hasta la doceava semana de gestación en el vientre de una madre, para los científicos, astrónomos, ingenieros, y todos los anteriormente señalados, la molécula de agua encontrada en Marte es un vestigio válido de la existencia de vida en ese planeta.

Las incongruencias e inconsistencias son muchas. No es posible afirmar que lo que hay dentro del cuerpo de una mujer embarazada de 12 semanas no es una vida, cuando existen innumerables evidencias científicas de que desde los primeros días de gestación, un corazón empieza ya a latir por sí solo y en un ritmo muy distinto al de la madre.

La ética, la moral y los valores humanos están cada vez en mayor peligro pues leyes y reformas como estas generan una sociedad irresponsable, una sociedad a la que se le ofrecen soluciones prontas a sus problemas, sin reparar en los daños intrínsecos que éstas generan.

Ello motiva además, a que los ciudadanos no asuman las consecuencias de sus actos, pues el propio Estado les está otorgando soluciones fáciles y rápidas so pretexto de hacer leyes más justas y a favor de la libertad. Y no hay que olvidar que en el ejercicio de la libertad debe existir también la responsabilidad y el compromiso por parte de la sociedad.

Pero no es sólo la legalización del aborto lo que preocupa a muchos mexicanos, lo es también la Ley de Sociedades en Convivencia, la cual otorga beneficios legales a las parejas de homosexuales que deciden vivir juntos, en un marco jurídico y legal que no es muy claro y convincente.

Esta nueva Ley deja abierta además, la posibilidad de que en un futuro los convivientes puedan adoptar menores, sin embargo, a pesar de que la intención es elevarlos al rango de “familia”, lo cierto es que por muchos derechos que se les pretenda otorgar, nunca podrán conformar una familia como tal, y esas situaciones son las que deberían estar muy claras y delimitadas jurídicamente.

Queda claro que todas las personas tienen derecho de vivir en pareja, ya sea como una unión libre o en matrimonio, sin embargo, aunque mediante una legislación se pretenda proteger el patrimonio de esas minorías, no es indispensable considerarlos y elevarlos a la calidad de familia para que ello surta efecto, pues existen en México figuras jurídicas y normas que cumplen con el propósito de garantizar el derecho sobre los bienes generados entre personas.

Asimismo, los divorcios unilaterales es un asunto que merece ser revisado, pues basta con que alguno de los cónyuges lo solicite, y sin pruebas y de forma rápida se lleva a cabo la disolución del matrimonio.

Así, el propio Estado promueve que la unión entre dos personas sea, de alguna manera, un vínculo efímero que se pueda interrumpir en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia.

Parece ser que el objetivo de todas estas leyes es propiciar la desvalorización en el seno de una sociedad tradicionalista y creyente como la mexicana para, finalmente, minar y poner en riesgo la permanencia del núcleo más importante de toda sociedad: la familia.

No cabe duda que uno de los motivos que impulsan estos cambios es el materialismo exacerbado que envuelve a todos los países del mundo, en donde lo que importa es consumir bienes materiales para satisfacer necesidades inducidas y creadas por el propio sistema que nos rige, bajo la motivación de ascender, a través del consumismo, en el escalafón social y económico que garantice al individuo el reconocimiento de la sociedad.

El sistema capitalista, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la teoría malthusiana, los grupos feministas, la izquierda radical y la derecha más dura, así como el hedonismo, el pragmatismo de la cultura oriental y el consumismo estadounidense, son factores que inciden en la descomposición social de los últimos años, no sólo en México, sino en casi todos los países del mundo.

Esta descomposición social ha conducido a sociedades como la nuestra a que se eleve el número de divorcios y de abortos, asimismo, ha generado que los índices de delincuencia aumenten a un ritmo vertiginoso, que el número de familias desintegradas crezca también, provocando generaciones de individuos cada vez más vulnerables y necesitados de cubrir carencias emocionales, a través del consumismo.

En este sentido, mucho se ha especulado sobre la intención que tiene el FMI para que los países en vías de desarrollo detengan los altos índices de natalidad por considerarlos una carga económica para los desarrollados, y que sean menores los recursos que la institución les inyecte.

La teoría malthusiana que algunos intelectuales y economistas aseguran, se ha aplicado en diversos países con el fin de reducir también el crecimiento poblacional para que los recursos materiales sean suficientes, pues su autor Thomas Malthus, señalaba que mientras la economía crecía de forma aritmética, la población crecía de forma geométrica, lo que tendría como resultado que en el largo plazo, escases de alimentos y productos para derivar en una catástrofe.

Sobre los grupos feministas, que cada vez son mas y más radicales, promueven ideas que a la postre han incidido de manera negativa en la consolidación de los principios y valores que son el sustento de la vida familiar.

Entre las medidas que han impulsado está la del aborto, como una solución a un problema socio económico bajo el pretexto de que la mujer es libre de decidir sobre su propio cuerpo; promueven además, la equidad de género que muchas han mal interpretado para abandonar responsabilidades tan importantes como el cuidado de los hijos y de la familia.

Y no es que las mujeres tengan que dedicarse únicamente al hogar, sino que dicho asunto lo han desvirtuado y con el afán de competir con los hombres por una igualdad absurda, olvidan que son ellas, por antonomasia, las principales promotoras y responsables de reafirmar los valores éticos y morales en los hijos.

Mas allá de esto, el propio sistema imprime en los sujetos la idea de que para ser feliz y vivir mejor, el padre y la madre deben trabajar por igual, tanto dentro, como fuera del hogar y contar con mayores recursos económicos, es decir, que en las familias haya más dinero y menos hijos para adquirir más bienes y servicios en detrimento de la estabilidad y permanencia de la familia.

Todo ello es reflejo de una estrategia mundial de desestabilización, cuyo objetivo último es el consumo y el gasto.

Por esto, no es de extrañar que a últimas fechas veamos oleadas de información, productos y actividades que son ajenas a nuestra cultura, como la práctica del yoga, el feng shui, el horóscopo chino, las prácticas tántricas, etcétera, que son instrumentos para alejar a los individuos de la parte occidental del planeta, donde además existe una mayoría de creyentes católicos y cristianos, de sus tradiciones y costumbres para adoptar unas nuevas.

El objetivo final es adoptar una mentalidad aparentemente más mística. Pero si observamos con detenimiento, nos damos cuenta de que son prácticas que vienen de países como China, que buscan contar con mayores adeptos a sus costumbres y mercancías. ¿Cómo lograr penetrar de forma más efectiva en países potencialmente consumidores de sus productos? Pues construyendo una relación ideológicamente más estrecha y similar.

Algo parecido sucede con nuestros vecinos de Estados Unidos, que son los principales promotores de anti valores desde hace años. Muchos aseguran que es clara su intención de adentrarse a los países de América Latina para su explotación y convertirlos en mercado de sus productos y abastecedores de materia prima y mano de obra baratas.

Ocupan para ello, entre otras medidas, la incursión de distintas sectas religiosas que ofrecen a los mexicanos católicos atractivas soluciones, no sólo a sus necesidades espirituales, sino también a las materiales, pues en algunas de éstas sectas los convierten en prácticamente trabajadores asalariados para conseguir más adeptos.

Una sociedad dividida y sin una cultura y moral sólidas es peligrosamente vulnerable a los intereses políticos y económicos de entes tanto nacionales como extranjeros.

Todo esto demuestra también que ni una derecha anquilosada, ni una izquierda radical resuelven de fondo los problemas que esconde toda la confusión que deriva de la maraña pseudo ideológica impulsada desde uno y otro lado.

Una izquierda que aparentemente critica y denosta modelos económicos como el capitalismo y el neoliberalismo, pero que a final de cuentas parece que trabaja en su favor al promover muchas de las ideas y estrategias que ocultan la realidad a los ojos del ciudadano común y les reditúa enormes dividendos políticos y económicos tanto en el país como en el extranjero.

Por otra parte, la derecha más rancia no ha mostrado capacidad para incidir de manera positiva y eficaz en convencer a la sociedad sobre los valores que promueven y las ventajas que tiene su aplicación en la vida diaria, pues ahora parecen más interesados en buscar posiciones políticas y de poder.

DE AQUI Y DE ALLA

Por Alejandra Ortega Rodríguez

• VELAN ARMAS LOS PARTIDOS PARA EL 2009

Las elecciones federales intermedias de 2009, en las que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, serán determinantes para que los partidos políticos midan fuerzas, pero también para conocer la evaluación que de los diferentes institutos políticos haga el electorado mexicano.

Esto cobra aún más relevancia si tomamos como base la atípica elección presidencial, que por el escaso margen con el que obtuvo el triunfo el vencedor, generó una serie de problemas y de movimientos que aún siguen teniendo repercusiones tanto en la vida interna de los partidos como en la vida cotidiana de los habitantes de este país.

Para el proceso electoral que comenzará formalmente en el mes de octubre de este año, el Partido de la Revolución Democrática PRD llega muy disminuido y mermado en todos los sentidos, ya que no aprovecharon su momento histórico y a partir de entonces han seguido una pésima estrategia que se caracteriza por destacar la irresponsabilidad de sus principales figuras, empezando por Andrés Manuel López Obrador.

Este personaje, que vivió sus mejores momentos en cuanto a popularidad cuando se erigió como mártir porque el gobierno federal pretendía desaforarlo por la comisión de varios delitos, se convirtió en el 2006 en el principal activo político de su partido, pero paradójicamente, su falta de mesura, de conciencia y de inteligencia política es también la principal responsable de la grave situación de deterioro en la que se encuentran el sol azteca y su militancia.

El intento de López Obrador por apoderarse de las principales posiciones en esa fuerza política, la necedad de dejar al margen de las mismas al fundador Cuauhtémoc Cárdenas y familia, y la soberbia de pretender dictar línea a mandatarios, a gobernadores, a militantes, a simpatizantes, a no simpatizantes, a ciudadanos y a medios de comunicación, son algunas de las causas por las que el PRD está perdiendo terreno de manera acelerada.

También es responsable de la problemática partidista el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, quien hasta hace unos meses obedecía los dictados de su antecesor al pie de la letra y que hoy, ya con el poder en la mano, hace y deshace en la capital del país con el único y exclusivo fin de alcanzar sus intereses personales, de los que no se escapa, por cierto, la posibilidad de la candidatura presidencial en el 2012.

Tan delicada es la situación para el PRD, que ya hasta el gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, reconoció en un encuentro con la cúpula de ese instituto político que su partido está en peligro de pasar del segundo al tercer lugar en cuanto al número de representantes en la próxima Cámara de Diputados, y eso, de una forma muy disminuida.

Pero no sólo los perredistas, sino todos los partidos políticos, se están preparando para hacer suyo ese botín político que es el Congreso de la Unión, porque a final de cuentas es en la máxima tribuna del país donde se discuten y determinan los asuntos de vital importancia para el devenir del país.

Además, es en ese espacio donde se hacen los amarres y enjuagues que pueden permitirle a las distintas fuerzas políticas buscar la preponderancia en los temas más relevantes para el país y, sobre todo y muy especialmente, el ejercicio del poder público.

Por ese motivo vemos que todos los partidos políticos se empiezan a mover. Y en este contexto en el Partido Acción Nacional (PAN) se registra la reaparición del ex presidente de la República, Vicente Fox Quesada, y del ex dirigente nacional del blanquiazul, Manuel Espino Barrientos.

A simple vista, lo anterior podría parecer muy extraño y paradójico para muchos, sobre todo después de que el propio Manuel Espino haya acusado, hace unas semanas, al actual presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, también de extracción panista, de espiarlo a través de sus “capos”.

Es un secreto a voces que en el equipo político calderonista no existen cuadros que sean altamente atractivos o rentables para el debate, para responder a los constantes ataques de la oposición y para salir airosos de esos enfrentamientos mediáticos.

De ahí la nueva estrategia del dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, para reincorporar a la palestra y poner nuevamente bajo los reflectores a figuras importantes como Fox y Espino, quienes han tenido, sin duda, proyección dentro del partido y que son quienes ahora pueden hacer frente a las críticas contra la segunda administración federal panista.

Por supuesto que ellos, que al interior de Acción Nacional forman parte del grupo contrario al de Calderón, deben haber negociado bien por sus servicios y lo más probable es que los acuerdos con la dirigencia nacional ahora les garanticen un buen número de posiciones en las próximas elecciones federales.

Y es que el PRD cuenta con piezas importantes para la estrategia y figurar públicamente durante el proceso electoral, como el propio López Obrador, Marcelo Ebrard y hasta Alejandro Encinas, así como en menor medida Leonel Godoy, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuenta con cuadros de la talla de su dirigente nacional, Beatriz Paredes Rangel; el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, así como en Michoacán con el diputado federal, Ascensión Orihuela Bárcenas.

Con ese panorama al frente, al PAN necesita responder a los ataques y cuestionamientos que seguramente se darán como parte natura del proceso electoral y como el blanquiazul es además gobierno, era evidente que tenía que buscar a algún actor político con la fuerza y el peso suficiente para responder.

En ese sentido, tanto Vicente Fox como Manuel Espino son figuras que pueden jugar muy bien ese papel, sobre todo porque antes ya lo habían hecho, y de esa forma evitan un desgaste innecesario a los otros panistas del equipo calderonista que ocupan puestos clave en el gobierno, en el partido y en el Congreso de la Unión.

Por su parte, el PRI también tiene mucho en juego para estas elecciones federales, pero a diferencia del PRD y del PAN, los priístas han demostrado ser expertos en el manejo de los tiempos político-electorales, pues no hay que olvidar que a final de cuentas es ese partido el que construyó el sistema político que rige a nuestro país.

Aún hoy, y en muchos sentidos, esa experiencia les resulta muy útil, pues saben perfectamente que “el que se mueve, no sale en la foto”, y es precisamente por eso que actúan con una disciplina que debería ser ejemplo para los otros partidos políticos, que proceden con cautela y de manera mesurada van acomodando sus piezas, así, sus adversarios políticos, enfrascados en las luchas internas y externas, ni los sientan.

Los tricolores se trabajan con un bajo perfil, sin captar los reflectores más allá de lo estrictamente necesario y sin entender el bajo perfil como la incapacidad y la inoperancia que ha demostrado el gabinete de Leonel Godoy, sino que operan de una forma muy dirigida, lo que les permite ganar en buena medida el capital político que los otros partidos pierden.

Hasta ahora, el panorama político general del país coloca al PAN y al PRI como partidos que están buscando de manera intensa la mayoría en el Congreso de la Unión, mientras que el PRD se perfila como el gran perdedor, porque no ha sido capaz de organizarse y reinventarse, aún teniendo entre sus figuras a quien hace dos años los condujo hasta niveles antes inalcanzables.

Está claro que mientras el blanquiazul y el tricolor ya mueven sus piezas para el proceso electoral del próximo año, el partido del sol azteca sigue absorto en sus pugnas internas por la dirigencia nacional, y aunque su movilización contra la reforma energética los ha podido unir en algunos momentos, además de que se ha convertido en su principal bandera política en los últimos meses, lo cierto es que pesa más en esa fuerza política el fantasma de la división.

Por lo que se refiere a Michoacán, el complejo panorama político-electoral que se vislumbra para el PRD incidirá en el ánimo de sus militantes. Las recientes declaraciones del gobernador Leonel Godoy se pueden interpretar como un síntoma de debilidad y preocupación entre la militancia del partido del sol azteca, pues es grave el tener que reconocer de manera tan abierta que se necesita de una recomposición interna, para evitar ser la tercera fuerza en la máxima tribuna del país.

Las declaraciones del ejecutivo michoacano se pueden interpretar como un síntoma de debilidad y preocupación entre los perredistas, pues el reconocer de forma tan abierta que se necesita de una recomposición interna, ello en boca del propio representante del ejecutivo estatal resulta muy curioso, además de que llamó a sus correligionarios a tomar en sus manos los trabajos del partido y fortalecer e incrementar el trabajo territorial.

Cabe señalar, que en otros tiempos ese llamado “trabajo territorial” no quería decir mas que la operación político-electoral en los diferentes distritos electorales, que traducido en términos más coloquiales no es más que la “mapachería”. En este sentido, habría que estar muy atentos para ver cuáles son las estrategias que emplean los militantes del sol azteca para, cuando menos, recuperar esos votos que tenían.

De esa forma, el gobernador parece estar hablando de manera clara y directa de que el PRD debe aprovechar su posición de ser gobierno de Michoacán para “bajar recursos estatales y federales” como dijo él a fin de trabajar en los municipios y colonias más marginadas en la gestión con tales fines electoreros, para capitalizarlos más tarde en votos contantes y sonantes.

Todos sabemos que estas acciones llevan a cabo normalmente, pero el hecho de decirlo abiertamente y de boca de quien salió, hay mucha diferencia.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• LA FARSA DE LA CONSULTA PETROLERA
  
  

Por más que intenten matizar cifras y buscar justificaciones, a muy pocos convencen los líderes del Frente Amplio Progresista (FAP) con los argumentos que presentan para asegurar que, de uno o de otro modo, la consulta popular sobre la reforma energética fue un éxito rotundo y demostró que la mayoría de los mexicanos estamos en contra de la iniciativa impulsada por el gobierno federal.

Lo cierto es que en este ejercicio, aún y cuando estuvo manipulado de principio a fin, sólo se habrían captado en el más optimista de los escenarios poco más de millón y medio de opiniones en 10 entidades de la República, que representa alrededor del 2 por ciento de los 74 millones 17 mil 565 ciudadanos que estamos registrados en el listado nominal de electores, y eso con las salvedades que al día siguiente se dieron a conocer en los distintos medios de comunicación.

Las semanas anteriores a este ejercicio los dirigentes nacionales y estatales, así como legisladores del PAN y del PRI, además de líderes de cámaras de comercio, agrupaciones de profesionistas, organizaciones civiles y empresas encuestadoras serias, advertían sobre las múltiples inconsistencias en la consulta petrolera organizada por distintos partidos y organizaciones de la izquierda radical encabezados por el PRD.

Entre esas observaciones y descalificaciones se encontraban, por ejemplo, la falta de regulación legal de este tipo de ejercicios en la mayor parte del país, y aunque en el Distrito Federal está reglamentada la participación ciudadana, lo cierto es que es cuestionable que el gobierno capitalino encabezado por el ahora precandidato presidencial, Marcelo Ebrard Casaubon, haya puesto a consideración de sus gobernados un tema que no es de su competencia, sino del ámbito del gobierno federal y de la Cámara de Senadores, como lo establece la propia Constitución General de la República.

También se criticó la ausencia de una justificación válida para su realización, puesto que era evidente que se trataba de una estratagema política tendiente a incidir en el resultado de los foros sobre la reforma energética que se llevaron a cabo en el Senado de la República con el acuerdo de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. Así, todo parecía indicar que el FAP preveía su eventual derrota en lo foros que esas mismas fuerzas políticas demandaron cuando tomaron las máximas tribunas de la nación y por eso recurrían a esta acción desesperada para tratar de recuperar parte de la credibilidad perdida.

De la misma forma, los detractores de este ejercicio de participación ciudadana denunciaron hasta el cansancio que para la organización y difusión de la consulta a nivel nacional se estaban desviando recursos públicos del Gobierno del Distrito Federal, así como de los gobiernos estatales y municipales del PRD.

Incluso, la utilización de prerrogativas en el evento político-partidista, es decir recursos públicos que otorgan los órganos electorales a los partidos políticos, sería un desvío monetario penado por la ley, precisamente al tratarse de cantidades del erario público que son otorgados a los institutos políticos para actividades propias de los mismos establecidas en las leyes en la materia.

También fueron múltiples los señalamientos que ponían en tela de juicio la calidad moral del partido del sol azteca para organizar una consulta popular nacional, cuando ni siquiera fueron capaces de organizar con éxito una elección interna, un proceso que por cierto se tuvo que anular cuatro meses y tres días después de realizada la jornada.

No obstante, al PRD no parecieron importarle éstas últimas descalificaciones, pues con total descaro, varios de aquellos que participaron en la organización del anulado proceso perredista fueron designados integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, tanto a nivel nacional como en los estados.

La falta de objetividad y seriedad de los impulsores de la consulta petrolera, fue otro de los temas severamente criticados por los opositores al ejercicio, puesto que la gran mayoría de ellos fueron personajes plenamente identificados con el sector de la izquierda radical y se autoerigieron como representantes de todo el pueblo de México sin mediar de por medio un mecanismo que permitiera que ese equipo estuviese conformado realmente por ciudadanos representativos de la sociedad.

El equipo de especialistas conformado por académicos, ideólogos y consultores externos que se eligió para determinar la metodología y las preguntas a hacer, también resultó un verdadero fiasco, puesto que a todo ese equipo de autodenominados intelectuales les llevó un plazo de alrededor de ocho semanas de “concienzudo análisis” la elaboración de dos preguntas que se dieron a conocer a sólo cinco días de la fecha del proceso y presuntamente serían de una objetividad tal que por sí mismas darían legitimidad al proceso.

Al final, el producto de todas esas sesiones de trabajo, y de múltiples anuncios frustrados para la presentación de cuestionario que habrían de responder los participantes, las preguntas resultaron ser absurdas, más absurdas y tendenciosas que el origen de la consulta misma.

La primera pregunta comenzaba con un comentario en el que se decía que constitucionalmente la cadena productiva de los hidrocarburos debe estar en manos del Estado Mexicano, es decir de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que al final se cuestionaba al lector si estaban de acuerdo a que en la misma se permitiera la inversión privada.

En tanto, la segunda pregunta era para conocer si ya con los antecedentes previos el poseedor de la papeleta opinaba a favor o en contra de la iniciativa de reforma energética del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Más claro ni el agua.

Días antes de la consulta petrolera empresas encuestadoras serias daban a conocer datos muy interesantes que ponían en su justa dimensión al ejercicio de participación ciudadana del FAP, de Andrés Manuel López Obrador, de Marcelo Ebrard, del también ex salinista Manuel Camacho Solís y en general de partidos políticos como el PRD, el PT y Convergencia.

En el caso de Michoacán fue Investigaciones para el Desarrollo Estratégico (Indes), del reconocido especialista en la materia electoral, Jaime Rivera Velázquez, la que informó los resultados de una encuesta telefónica realizada a nivel estatal, en la que se cuidó la metodología para obtener una muestra lo más representativa posible del pueblo michoacano.

De acuerdo con ese estudio, el 84 por ciento de los michoacanos habían oído hablar de la reforma energética, sin embargo, más del 60 por ciento de la población admitió no contar con suficiente información sobre el tema y, en una estadística que incomodó a los integrantes del FAP, el 44 por ciento de la ciudadanía señaló que de participar en la consulta popular opinaría a favor de la iniciativa de reforma energética del presidente Felipe Calderón. Esto, contra tan sólo un 33 por ciento que opinaría en contra de la misma.

Rivera Velázquez advirtió que los resultados de la encuesta iban a ser distintos a los del ejercicio del PRD y compañía, puesto que representaban universos diferentes. Mientras que en el sondeo de Indes se contaba con una muestra representativa que indicaba las tendencias de lo que opina la sociedad michoacana, en la consulta popular participarían particularmente aquellas personas interesadas en atender una convocatoria de los partidos que representan a la izquierda en el estado.

En respuesta, la dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano, desestimó las estadísticas de Indes, porque se dijo convencida de que el ejercicio del FAP contra la reforma energética contaría con un amplio respaldo de la gran mayoría de los michoacanos. De hecho, semanas antes había pronosticado que tan sólo en Michoacán se obtendría una participación cercana a las 500 mil personas, sin embargo, luego de ser reconvenida por Raúl Morón Orozco, coordinador parlamentario del sol azteca en el Congreso del Estado, la lideresa perredista se desdijo y aseguró que ese vaticinio fue mal interpretado por los medios de comunicación.

Ese fue apenas el inicio de una serie de promesas, compromisos y utopías por parte de los miembros del Frente Amplio en Michoacán, así como de aquellos a quienes se erigió como consejeros ciudadanos. Hablaron de lo que ellos aseguraron que pasaría en esa jornada cívica ciudadana.

Artemio Ortiz Hurtado, dirigente del magisterio democrático, contrario a su costumbre, fue menos optimista y vaticinó que la participación sería de aproximadamente 300 mil personas, mientras que sólo dos días antes de la consulta, al contar ya con cálculos más realistas, Fabiola Alanís matizaba sus pronósticos y anticipaba sólo 210 mil opiniones.

También destacó que se colocarían 1 mil 519 mesas receptoras en toda la geografía michoacana, cantidad que impresionaba, sobre todo si se tomaba en consideración que el GDF instalaría 3 mil centros de recepción en la ciudad de México, que cuenta con un padrón cuatro veces mayor que el de Michoacán.

Sin embargo, la desorganización privó en la organización de la consulta en la entidad. La dirigencia estatal perredista (que se adjudicó casi el 100 por ciento de la organización, relegando a segundo o tercer término a sus aliados del PT, de Convergencia, de sindicatos y de organizaciones civiles), prometió a los medios de comunicación que les proporcionaría el listado de las 1 mil 519 mesas receptoras y después, al revisar sus datos, se encontró con que no alcanzaba la cifra que se había presumido.

Los dos días previos a la consulta, fueron de múltiples ajustes y el mayor número de mesas que lograron reunir a sólo 12 horas de que iniciara la consulta fluctuaba por las 1 mil 300 mesas, argumentando que algunos de los centros de recepción se habían duplicado por parte del magisterio democrático y por eso habían sido eliminadas del listado.

La jornada ciudadana, como era de esperarse, estuvo plagada de una serie de irregularidades que ya se habían anticipado, similares a las presentadas en el proceso interno del PRD recientemente anulado. En medios electrónicos de comunicación nacionales se pudo observar que el ejercicio se desarrolló prácticamente sin candados, que hubo rellenado de urnas y que cualquiera que lo deseara podía emitir su opinión las veces que quisiera. De hecho, hubo quien con un video demostró que votó 18 veces.

En Michoacán se observaron las mesas receptoras vacías la mayor parte del tiempo y comportamientos atípicos en algunas de ellas, como acarreos, por ejemplo.

Al final de cuentas, y a pesar de las múltiples inconsistencias, incluida la de que la consulta no contó con un órgano de vigilancia y supervisor que garantizara la transparencia, los resultados nacionales fueron magros, sólo un poco más de 1 millón y medio de opiniones, cifra además bastante cuestionable, de un padrón de 74 millones 17 mil 565 ciudadanos.

Mientras tanto, Fabiola Alanís y el Consejo Consultivo Ciudadano de Michoacán sudaron frío cuando llegaron los resultados del ejercicio en la entidad, puesto que aún con todo el uso de recursos y las irregularidades que se omitieron, se estaban quedando cortos respecto del pronóstico que se había hecho.

Por la noche del domingo, la lideresa perredista anunciaba que se contaba con proyecciones que establecían que la participación estaría cercana a las 200 mil opiniones y al día siguiente Raquel Sosa Elizaga, la secretaria de Educación del “gobierno legítimo de López Obrador, reconocía que aún no se contaba con el conteo definitivo, pero se esperaba la participación de 172 mil ciudadanos, una cifra muy corta comparada con las que se habían vaticinado en distintos momentos.

Aún así, el precandidato presidencial, Marcelo Ebrard, quien días antes vino a Michoacán a promover su consulta de manera conjunta con el gobernador Leonel Godoy, juró y perjuró que el ejercicio fue exitoso y que el número de participaciones en el DF, según él alrededor de 800 mil, es una muestra clara de que la mayoría de los mexicanos están en contra de la iniciativa de reforma energética del gobierno federal, cuando esa cifra representa sólo el 15 por ciento de los votos que obtuvieron los candidatos a diputados federales de esa entidad federativa en 2006.

En Michoacán las justificaciones y los matices correspondieron a Raquel Sosa y Fabiola Alanís, quienes al ver cómo iban cayendo los resultados y se frustraban sus proyecciones, argumentaron que no se trataba de una elección constitucional y que la participación rebasó aún con todo sus expectativas.

Incluso la funcionaria del “gobierno legítimo” fue más allá al señalar que con esa cantidad de opiniones se demostraba la opinión de la gran mayoría de los michoacanos en contra de la iniciativa de reforma energética de Felipe Calderón, porque la “copiosa” afluencia de michoacanos a las mesas receptoras equivalía a la mitad de las personas que votan en una jornada comicial para gobernador.

Al decir esto, Sosa Elizaga demostró su ignorancia de la realidad político electoral de Michoacán, pues de haberla conocido se habría enterado de que si en el 2007 Leonel Godoy hubiera obtenido una votación similar habría caído hasta el tercer lugar en los comicios locales, además de que 172 mil participantes en un padrón electoral de Michoacán que fluctúa por los 2 millones 900 mil ciudadanos, representa a menos del 6 por ciento de los votantes potenciales, que de ninguna manera representan a todos los michoacanos.

En resumen, la consulta popular sobre la reforma energética fue atendida sólo por un sector de la población plenamente identificado con la izquierda radical del país, no contó con medidas que garantizaran su objetividad y transparencia, fue un fracaso por sus pírricos resultados y sólo pretendió obedecer a los intereses de los dos precandidatos presidenciales del PRD, Marcelo Ebrard por un lado, y López Obrador por el otro.

Uno de ellos vino a placearse a Michoacán hace unos días, tratando de capitalizar políticamente todo lo que rodea a la oposición contra la reforma energética, el otro vendrá esta misma semana, visitando incluso a Yurécuaro. Ya sabemos de su intolerancia, pero entre las muchas preguntas que podríamos hacerle destaca el costo del recién concluido proceso, pues el FAP asegura que a nivel nacional se gastaron 4 millones 250 mil pesos, mientras que los cálculos de la oposición establecen una cifra superior a los 70 millones de pesos que quién sabe de dónde salieron.

La dirigencia estatal del PRD asegura que sólo gastó 300 mil pesos para la organización, distribución y recopilación de la paquetería, movilización de sus funcionarios y militantes, colocación de 1 mil 289 mesas receptoras en 112 municipios de Michoacán y demás gastos menores. Independientemente de todas las inconsistencias y supuestas motivaciones del ejercicio, ¿usted les cree?

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por Alejandra Ortega Rodríguez

• LOS VIAJEROS FRECUENTES DEL CONGRESO DEL ESTADO
  
  

Parece mentira que a sólo seis meses de que se instaló la 71 Legislatura del Congreso del Estado, nuestros diputados locales, los representantes de todos los michoacanos en la máxima tribuna del estado, ya tienen la mira puesta en su segundo periodo vacacional. Y esto, sin contar los prolongados fines de semana de cuatro o cinco días de los que muchos de ellos gozan con frecuencia para visitar sus municipios y cuidar su capital político.

Hace apenas unos días varios de los legisladores locales confirmaron que está por arrancar el periodo de las vacacional de verano en el Poder Legislativo, en el que los trabajadores de la institución se irán de manera escalonada de vacaciones durante un lapso que según algunos será de 15 días, mientras que otros argumentan que se trata de un mes el tiempo en el que el Congreso no contará con su plantilla laboral completa.

Aunque los legisladores michoacanos juran y perjuran que ellos no abandonarán el Palacio Legislativo, puesto que seguirán trabajando en comisiones, mientras los empleados disfrutan de sus días de descanso, lo cierto es que eso nadie lo cree y no sería la primera vez que una Legislatura local de manera amañada suspende sesiones hasta por un mes, tiempo que aprovechan para darse su “escapadita” ya sea a los paradisíacos destinos con los que cuenta México, o hasta al extranjero, como nuestros anteriores diputados, a quienes se les hizo costumbre visitar con frecuencia Las Vegas, Nevada, mejor conocida como la capital mundial del juego.

Esto llama más la atención porque nuestro Congreso local ha tenido unos primeros meses en los que ha hecho puntualizaciones muy severas para que el Ejecutivo Estatal, el Poder Judicial y los órganos autónomos de Michoacán se conduzcan con un estricto apego a las muy necesarias medidas de austeridad que las condiciones actuales del país imponen.

Precisamente por ello, los habitantes de la entidad, como sus patrones que somos, deberíamos exigirles que desquiten los jugosos salarios, dietas, gastos parlamentarios y otras prerrogativas que reciben de nuestros impuestos, para que cada peso que se invierte en ellos de verdad valga la pena, además de que se moderen en el enorme dispendio de recursos que hacen con sus viajes legislativos, así como con sus cursos y talleres que toman en paradisíacos lugares y sus visitas de cortesía a ciudades extranjeras a exponer no sé qué y a traer nada a costa de nuestros bolsillos.

Ya es un argumento bastante socorrido por las anteriores legislaturas, aquél que indica que como cualquier trabajador, nuestros diputados tienen garantías laborales, por lo que tienen derecho a todas las prestaciones de ley y a vacaciones periódicas, que siempre procuran tomar durante los periodos correspondientes a Semana Santa, verano y Navidad y Año Nuevo.

Lo que nunca dicen, es que sus percepciones son 54 veces más que el del promedio de cualquier trabajador que gana un salario mínimo, eso sin contar los impuestos sobre su sueldo que ya son pagados por el propio Congreso y que alcanza los 13 mil pesos. Se olvidan entonces, de que ellos no son sindicalizados ni personal de base o de contrato, como muchos otros integrantes del Congreso.

Además, tampoco aclaran que si van a querer tener todos aquellos derechos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, entonces no tendrían derecho a vacaciones sino hasta que tuviesen más de un año laborando en el Legislativo, y éstas serían por un lapso de solamente seis días.

Si se considera que la 71 Legislatura se instaló el 15 de enero de 2008, entonces habrá que decir que apenas en Semana Santa la mayoría de nuestros diputados locales se tomaron sus 7 días de vacaciones, además con frecuencia muchos de ellos salen de la ciudad en sus famosos fines de semana largos, en los que ni los viernes ni los lunes se aparecen por el Congreso.

Ha sido una práctica común de los anteriores congresos locales de Michoacán el hecho de que en periodos vacacionales adelantan las dos sesiones del mes, a las que están obligadas por ley, y retrasan hasta el final las dos sesiones de pleno del mes posterior, lo que les da un margen de maniobra de alrededor de 30 días para salir a vacacionar, pero todo parece indicar que esta vez hay asuntos que muy a su pesar están interrumpiendo los planes de los legisladores.

Entre estos asuntos podemos destacar lo relacionado con el caso Cherán, pero también lo relativo a la disposición de la Constitución Federal en el sentido de que los congresos locales deberán aprobar las reformas tendientes a garantizar la transparencia y el acceso a la información a más tardar en un año después de su entrada en vigor a nivel nacional. Ese plazo vence el próximo 20 de julio y el Congreso del Estado aún está a la espera de que los ayuntamientos avalen la reforma constitucional local, para lo que tienen hasta 30 días de plazo, contados a partir de la fecha en la que fueron notificados, y eso sin perder de vista que la adecuación a la Constitución local fue aprobada por el Legislativo local apenas el pasado 3 de julio.

Pero eso no es todo, algunos de los representantes populares de Michoacán en la máxima tribuna del estado han hecho uso de los recursos públicos, del dinero que pertenece al pueblo y que ellos administran en esa institución, para hacer una serie de viajes y actividades infructuosas que, cuando vemos los resultados, parecen tener más efectos mediáticos y políticos que prácticos y de beneficios directos para los michoacanos.

Al hacer un recuento de las actividades del Legislativo, es posible percatarse de que además del periodo vacacional que se tomaron durante la Semana Santa, los legisladores michoacanos han realizado una serie de salidas al extranjero y a destinos turísticos que han redundado en enormes gastos de representación a cargo del bolsillo de todos los habitantes de Michoacán.

Entre esas onerosas e infructíferas salidas de Michoacán, entre las más sonadas destaca la de finales de abril hecha por los diputados Alfredo Anaya Gudiño, Arturo Guzmán Abrego, Sergio Solís Suárez y Mauricio Prieto Gómez a Orizaba, Veracruz, con el argumento de visitar la sede del Poder Legislativo en ese estado para obtener ideas del próximo edificio del Congreso michoacano.

Asimismo, el grupo parlamentario del PRD anunció que los días 26 y 27 de abril, sábado y domingo, sus 14 diputados participarían en una reunión interna y una serie de talleres en Ixtapa-Zihuatanejo, cuyos gastos serían erogados personalmente con los recursos de cada legislador, no con dinero del erario público.

Finalmente, esa reunión comenzó desde el jueves 24 y concluyó hasta el lunes 28 de abril, porque los perredistas aprovecharon que en las mismas fechas los legisladores del PRI se dividieron para participar en eventos partidistas en el Distrito Federal y la ciudad de México, por lo que esa semana no habría sesión de pleno en el Congreso.

Recientemente, la diputada panista Macarena Chávez Flores anunciaba que el domingo 6 de julio el grupo parlamentario del PAN acudiría también a Ixtapa-Zihuatanejo a un curso de capacitación que sería pagado con recursos propios de los legisladores del blanquiazul. Lo que no dijo es que la mayoría de ellos se fueron desde el viernes 4 de julio y regresaron hasta el miércoles 9 del mismo mes.

Acerca de esos talleres de capacitación a legisladores del PRD y del PAN, es curioso que elijan siempre sitios tan convenientes para hacer sus cursos, cuando lo más sencillo sería que en lugar de que más de 10 legisladores se trasladen a dicho destino, que genera gastos de traslado, hospedajes, alimentos, además de lo que cueste el curso, deberían ellos mismos hacer su “vaquita” y que sea el instructor el que les traiga a la capital la útil capacitación y así, hasta ellos mismos ahorran.

Lo peor del caso es que a pesar de todos los cursos que los diputados toman a lo largo de lo que dura la legislatura, no se ven avances sustanciales en ellos. Tal ves lo que les hace falta es cambiar de instructores, los mismos que la sociedad michoacana paga con sus impuestos.

Cabe recordar que del 9 al 14 de junio, una comisión de diputados locales, entre quienes iban Arquímedes Oseguera Solorio, Mauricio Prieto Gómez y Eduardo Sánchez Martínez, viajó a Uruguay a gestionar la firma de un convenio para impulsar el desarrollo comercial entre ese país y Michoacán. El primero de los legisladores aseguró que el costo del viaje corrió por cuenta de cada uno de ellos, y de verdad sorprende tanta dádiva y bonhomía de los legisladores para desprenderse de varios miles de pesos por el bien de la entidad.

Sobre el viaje a Chicago, Illinois, para fortalecer la identidad michoacana, éste es ya un tema recurrente entre los políticos, para ello concretan y aceptan toda clase de invitaciones de agrupaciones de migrantes mexicanos, sin embargo no hemos acabado de ver resultados de estos encuentros tan onerosos para el estado.

En esta ocasión, a finales de junio los diputados Antonio García Conejo, Gustavo Ávila Vázquez, Sergio Solís Suárez, Arturo Guzmán Abrego, Macarena Chávez Flores, David Huirache Béjar y Juan Carlos Campos Ponce, aceptaron la invitación al evento en el que anualmente van los políticos a Estados Unidos para "conocer" de cerca las carencias y condiciones de trabajo y de vivienda en las que se encuentran los migrantes.

Según los políticos, el objetivo es trabajar en un proyecto que genere mejores condiciones de vida para los hermanos michoacanos que residen en aquél país, sin embargo, al llegar a México, a los representantes del pueblo se les olvida, como por arte de magia lo que fueron a hacer allá, las conclusiones a las que llegaron y no se trabaja en ningún proyecto viable y sustentable que permita avanzar en ese sentido.

Existen muchos proyectos que tienen la intención de mermar los altos índices de migración y reducir las graves problemáticas que enfrenta cotidianamente ese sector, pero ninguno de estos proyectos es realmente efectivo y no hay indicios de que a partir de alguno de los programas de gobierno, se haya disminuido el tránsito de michoacanos a los Estados Unidos.

Aunque es difícil detener la migración, se deberían articular verdaderos programas tendientes a mejorar las condiciones sociales y económicas de los ciudadanos en las distintas comunidades del estado. Pero esto no importa realmente, pues no hay que olvidar que el fin real del acercamiento de los legisladores y políticos a los connacionales es, en realidad, aprovechar y amarrar ese capital político que representan los migrantes; y así éstos continuarán haciendo sus visitas para seguir conociendo de cerca el estado en el que viven los migrantes.

En cuanto al viaje que los legisladores hicieron recientemente a España para fortalecer lazos de hermandad y cooperación entre las dos naciones, es curioso que año con año se realice esa visita con el mismo fin, a la que van representantes del congreso local y del gobierno del estado, sin embargo tal parece que a pesar de tantas reuniones, nunca se terminan de hermanar ambas naciones.

Es positivo que se promocionen las riquezas culturales, gastronómicas, arquitectónicas e históricas, entre otras, de Michoacán, pero, ¿por qué debe ser con base en viajes multitudinarios con altísimos costos para la población?

Por lo que se refiere a este caso, los asistentes son Jesús Ávalos Plata, Eligio Cuitláhuac González Farías, José Jesús Lucas Ángel y Roberto Arriaga Colín, quienes no cuentan precisamente con una experiencia o trayectoria en esos temas, que pudieran aportar experiencias y conocimientos para que se logre mayor promoción de la entidad en el extranjero.

Quienes tendrían que asistir a estos eventos, son si duda personas que conozcan muy bien del tema, no sólo turístico, sino de la historia, de la cultura y que sepan promover verdaderamente a la entidad, para que no vayan sólo de paseo, o a conocer o a hacer relaciones públicas, además de que deben contar con un proyecto bien elaborado, sustentable que sea presentado a las diferentes instituciones de los países a los que se visita, además de darle seguimiento al mismo.

Muchos diputados y funcionarios públicos, como los regidores, quienes también tienen sus saliditas muy secretas a distintos países, incluso presumen de sus bastos conocimientos sobre la cultura de varias naciones, cuando es un asunto que más bien deberían de callar, pues esos viajes se deben sólo a sus cargos, que no son vitalicios, y a los recursos que logran obtener de diferentes formas para esos fines.

Con razón son tan peleadas esas posiciones a través de candidaturas al interior de los partidos. Pero al final de cuentas, aunque llegan 40 diputados al Congreso del Estado, poquísimos son los que destacan por realizar un trabajo profesional, dedicado, presentando iniciativas, trabajando en comisiones y atendiendo a la gente, mientras que los demás tienen un paso tan gris en la política que sólo puede calificarse como de debut y despedida.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega

• ESPIONAJE POLÍTICO Y LAS FALLAS DEL CISEN

El espionaje y contraespionaje manejados desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) han sido tema recurrente en los últimos años, sobre todo desde los atentados del EPR a los ductos de PEMEX y ahora con el escándalo que han generado las acusaciones del senador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, del ex dirigente nacional del PAN y actual presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Manuel Espino, y algunos gobernadores y legisladores de extracción priísta y panista de ser objeto de prácticas de espionaje por parte de dicho instituto.

En los últimos años, el CISEN ha sufrido una importante transformación en su estructura y forma de operar. Se le han restado atribuciones y jerarquía a varias de las que eran direcciones encargadas de las intercepciones telefónicas y del reclutamiento de los agentes ente otras, mismas que quedaron convertidas en subdirecciones.

A pesar de ello, algunos especialistas e investigadores señalan que la institución aún cuenta con los tentáculos del espionaje, tan utilizados por los gobiernos del PRI, y que tanto el gobierno foxista como el calderonista no han logrado desarticular, dejando intactas además, algunas de las áreas estratégicas para el manejo y generación de la información bajo un burocratismo anquilosado.

Al parecer, la mala planeación de las modificaciones que se han hecho, no sólo de los espacios, sino de las líneas de comunicación y mando han generado además conflictos e involución que han traído como consecuencia que la toma de decisiones, la planeación y estrategias empleadas no sean siempre las más adecuadas para cada caso.

De esta forma, el Cisen ha limitado su campo de acción y tareas para concentrarse, sobre todo, en el análisis estratégico e inteligencia, así como la investigación, dejando en manos de la PGR, la Sedena y la SSP asuntos como la contrainteligencia.

Sin embargo, la institución continúa ejerciendo un presupuesto bastante considerable para sus operaciones, es así como el año pasado se autorizaron recursos por más de mil 114 millones de pesos, pero 40 millones de pesos menos que en 2006.

Aunque para 2007 hubo una disminución del presupuesto respecto al 2006, lo cierto es que en los últimos años el incremento de los recursos otorgados al Cisen, se calcula por arriba del 400 por ciento. Este aumento se debe en gran medida a la aparición de mayores conflictos sociales en el país y a la conformación de nuevos grupos beligerantes.

Pero los resultados erráticos en el análisis de diferentes fenómenos sociales y políticos en México, incluso la omisión de los mismos, han puesto en tela de juicio la justificación de su existencia, mientras se busca a un culpable en la persona de Guillermo Valdés Castellanos, actual director general del Centro y que fue también director de la encuestadora GEA-ISA, y que es muy cercano al Presidente Felipe Calderón.

El nombramiento de Valdés Castellanos fue muy cuestionado en su momento, pues no cuenta con el perfil, ni la experiencia en el manejo de sistemas estratégicos, tácticos y operativos para prevenir y hacer prevalecer la seguridad nacional.

Ya durante el sexenio del es presidente Vicente Fox, el Cisen sufrió varios cambios estructurales, ente ellos el reemplazo de muchos agentes especializados, que contaban con importante experiencia y muchos años de servicio. Estos fueron sustituidos por estudiantes bajo un riguroso proceso de selección, que no sustituyó la falta de capacidad y conocimientos en los temas de seguridad nacional.

Algunos aseguran que el reemplazo obedeció, en realidad, a una estrategia por colocar en áreas específicas y estratégicas a personas allegadas al equipo del ex mandatario. Lo anterior, generó descontrol al interior y un retroceso sensible que derivó en varias inconsistencias tácticas importantes que dejaron vulnerables algunos flancos.

Pero también generó la duda y suspicacia de algunos, pues se aseguró en su momento, que Fox buscaba tener gente de todas sus confianzas para realizar espionaje de sus adversarios con fines netamente políticos en su favor.

Desde 1985, cuando se fusionan la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, que dan origen al Cisen, a pesar de los fines que se buscaron para la operatividad del centro, los mandatarios en turno hicieron uso de la información que el organismo generaba con fines políticos, electorales y partidistas, lo que lo hizo ineficiente muchas veces para la prevención de las amenazas para la seguridad nacional.

De esta forma, sucesos como el levantamiento zapatista en 1994, o la explosión a los depósitos de de PEMEX por el EPR evidencian las debilidades estructurales y de manejo de información para identificar adecuada y puntualmente las amenazas que se gestaban, y evitarlas mediante el desarrollo de estrategias específicas.

En nuestro país el espionaje a funcionarios de gobierno, a políticos, empresarios y personajes públicos se hizo práctica común. No es para nadie un secreto que las redes telefónicas de las distintas dependencias, el Congreso de la Unión y oficinas de empresarios y políticos son muy susceptibles de encontrarse intervenidas.

Pero incluso, la propia Ley faculta al Cisen para realizar estas prácticas, con el fin de que se pueda recopilar el mayor número de datos posibles para llevar a cabo un plan estratégico que permita predecir fenómenos y reconstruir escenarios.

En el artículo 31 de la Ley de Seguridad Nacional se establece que al ejercer atribuciones propias de la producción de inteligencia, se podrá hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso las garantías individuales.

Pese a ello, cabe señalar que como resultado de los cambios que ha sufrido el instituto, son cada vez más los señalamientos que se hacen, incluso desde el interior del Cisen, sobre el descontrol y discrecionalidad para llevar a cabo acciones de espionaje como la de interceptar llamadas telefónicas, lo cual genera un mal manejo de la información y fines no muy claros respecto a la utilización y generación de la misma.

Otra acusación que recae en el Centro de Investigación, es la de haber contratado a una empresa particular por un millón de pesos, para llevar a cabo trabajos de inteligencia dentro del Congreso de la Unión, la información obtenida y los nombres de los investigados, fueron reservados por un periodo de 12 años. Las reacciones al respecto no se hicieron esperar.

Y no es para menos, pues además de los costos que representa para el país la contratación de empresas privadas para hacer el trabajo que deberían hacer instituciones de gobierno que tienen esos fines, como el propio Centro de Investigación, resulta también muy preocupante que información privada y muy delicada quede en manos de particulares.

Es un riesgo mayúsculo para el país que esta información clasificada pueda llegar a ser mal utilizada, además de los riesgos que representaría para la nación una fuga de tal información. Parece entonces paradójico que el propio Cisen, encargado de evitar amenazas y riesgos que pongan en peligro la seguridad nacional, genere al mismo tiempo, situaciones que pueden derivar en esos casos.Lo anterior ha generado que el propio Poder Legislativo solicite la renuncia de Guillermo Valdés.

Mientras tanto, políticos y funcionarios tendrán que concretarse en hacer buen uso de las líneas de comunicación en el Congreso, pues seguirán seguramente vigilados.