DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• EL PENOSO COMIENZO DE LA 71 LEGISLATURA
  

El Congreso del Estado es la caja de resonancia de todo lo que ocurre en Michoacán. En esa institución se encuentran representados los 24 distritos electorales y siete de las ocho fuerzas políticas con presencia en la entidad. Por consecuencia lógica, el Poder Legislativo es el reflejo de todo lo que hacemos y lo que nos pasa en la vida cotidiana a los michoacanos.

Así, en la que es conocida como la “casa del pueblo”, donde se cocina gran parte de la vida política, nos encontramos con diversas problemáticas, dificultades, vicisitudes y hasta ocurrencias, que de manera directa o indirecta inciden de una forma muy importante, tanto de manera positiva como negativa, en la vida de todos los habitantes de este estado.

La 71 Legislatura local ha transitado por sus primeros ocho meses, todavía ni siquiera la cuarta parte de los cuatro años que tendrá de ejercicio, y ya ha generado una serie de conflictos y situaciones que han puesto en duda su credibilidad, así como la capacidad y honestidad de nuestros representantes populares.

Entre estos asuntos se encuentran en particular algunos que han llamado la atención por las implicaciones que tienen en cuanto a la probidad y conocimiento de sus atribuciones por parte de nuestros diputados locales de todos los partidos, como el caso del escándalo por la falta de transparencia y malos manejos en el presupuesto que maneja la Coordinación de Comunicación Social para destinar a convenios publicitarios con los medios de comunicación.

De acuerdo con la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, existe un Comité de Comunicación Social conformado por diputados que entre sus funciones tiene la de aprobar las estrategias de medios por parte del Poder Legislativo.

Sin embargo, hace unas semanas se hizo pública una lista que contiene las cantidades que se destinan a los diversos medios de comunicación, un listado que en lugar de dejar en claro los criterios para la contratación de espacios publicitarios sembró muchas dudas sobre el manejo y la distribución de los más de 5 millones de pesos que se aprobaron para ese efecto en este año.

Algunos medios, inconformes con las inexplicables disparidades, infirieron que aquellos periódicos, televisoras y programas de radio que apoyaron a Laura Yadira Marín Rosas para que permaneciera al frente del área son precisamente los más beneficiados con el reparto que se hizo, pues mientras la mayoría de los periódicos de circulación estatal reciben alrededor de 31 mil pesos mensuales, a uno en particular se le otorgan 222 mil pesos mensuales, cifra que no equivale en nada al tiraje, distribución y penetración de cada uno de esos medios.

En tanto, la casa televisora por cable de la que la comunicadora fue parte, tiene un contrato de 200 mil pesos, mientras que otra empresa del ramo que tiene cobertura estatal y antena aérea, lo que implica un mayor auditorio, recibe sólo la cuarta parte de eso.

Lo delicado y criticable de este caso es que los diputados integrantes del Comité de Comunicación Social, Macarena Chávez Flores, Antonio Cruz Lucatero y Epigmenio Jiménez Rojas, obligados por la ley a aprobar las estrategias de comunicación y a garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, no conocieron ese listado hasta que apareció en un diario estatal y en portales de internet.

No conforme con eso, la presidenta del Comité reconoció que el listado es real y que no tuvieron conocimiento del procedimiento que se siguió para distribuir el presupuesto de esa área, cuando se supone que ese equipo de trabajo es precisamente el encargado de delinear las estrategias para que la difusión de las acciones y los logros del Congreso del Estado se haga de forma eficiente, efectiva y transparente.

Para este año, el presupuesto de los convenios para los medios de comunicación fue autorizado por la Junta de Coordinación Política, según reconocieron los coordinadores parlamentarios del PRD y del PRI, Raúl Morón Orozco y Wilfrido Lázaro Medina, respectivamente.

Sin embargo, ambos diputados admitieron que desconocen los criterios que aplicó la que fuera coordinadora de Comunicación Social con la70 Legislatura, la de peor imagen en toda la historia de Michoacán. Eso deja mucho que desear sobe nuestros diputados locales.

Entre otros temas controvertidos que están vigentes en el Congreso del Estado se encuentra la iniciativa de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tema impulsado por la diputada perredista Gabriela Molina Aguilar y la secretaria de la Mujer del Ejecutivo Estatal, Cristina Portillo Ayala.

Todos, o casi todos, en Michoacán estamos de acuerdo en que se deben proteger los derechos de las mujeres, pero con el argumento de que existe una Ley General en la materia a nivel nacional y que casi todos los estados del país ya cuentan con sus respectiva legislación, ambas perredistas pretendían la aprobación ipso facto de la mencionada propuesta, que no es más que una copia fiel de la norma federal.

En la Comisión de Grupos Vulnerables, Equidad y Género todas las integrantes, perredistas, panistas y priístas, estaban de acuerdo en aceptar los argumentos, sobre todo porque se les dijo que de no aprobarse a la brevedad la nueva ley se corría el riesgo de perder los 3.2 millones de pesos asignados por el gobierno federal para Michoacán con el objetivo de implementar programas de protección a las féminas.

A sólo unos días de la presentación del dictamen de la iniciativa tuvo que llegar el coordinador parlamentario del PAN, Francisco Morelos Borja, a hacer una serie de observaciones a la propuesta, a la vez que reconvino a las panistas Macarena Chávez y Lourdes Torres Vargas, que ingenuamente no se habían percatado de lo que en apariencia el proyecto trae de fondo.

Para el líder de la bancada panista, la iniciativa de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es discriminatoria del resto de la sociedad, porque es de aplicación exclusiva al beneficio de ese sector de la población, dejando fuera otros grupos que también son susceptibles de padecer violencia, particularmente los grupos vulnerables de la población, como ancianos, niños, discapacitados, entre otros.

Efectivamente, la mayoría de los congresos locales han aprobado las iniciativas de ley en la materia, simplemente como copias de la Ley General, pero porque aparentemente han caído en el juego de quienes la han impulsado con el argumento de que si no entra pronto en vigor se perderán los millonarios recursos federales.

Pero para nadie es un secreto que estamos entrando a un proceso electoral en el que habría que analizar todo el entorno para darse cuenta de que la intención es no sólo recibir recursos del gobierno federal, sino hasta de organismos mundiales como el Fondo Monetario Internacional, que promueven esta clase de iniciativas en todo el orbe. En resumen, recursos frescos que bien podrían ser empleados para las campañas del próximo año.

Sólo así se explica tanta desesperación de algunas políticas por aprobar a la brevedad esta propuesta en los términos que se encuentra, aún a sabiendas, porque ya se les aclaró, que los recursos federales no están en riesgo si en el transcurso de este año Michoacán armoniza su legislación local con la federal. Es decir, que bastaría con que se adecúe algún ordenamiento legal de los ya existentes para que el estado hubiera cumplido con el requisito.

Otro asunto que está causando mucha polémica es la ampliación presupuestal que se autoaprobó el Congreso del Estado por el orden de los 66 millones de pesos con el objetivo de cubrir una serie de gastos en los que ya se incurrió o se comprometió la 71 Legislatura, así como el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2009 por 444 millones de pesos que también ya se aprobaron y que podrían ser ratificados en los próximos meses.

Los primeros 66 millones de pesos se suman a los 288 millones que la anterior Legislatura aprobó en su momento para este año. Es decir que los recursos por ejercer para este año por el Legislativo ascenderán por primera vez a 354 millones de pesos, cuando en 2007 rondaron los 320 millones, también después de dos ampliaciones presupuestales que sumaron poco más de 60 millones de pesos.

Con esa dinámica de incrementos que se ha autorizado el Congreso cada año desde hace varios ejercicios fiscales, no es de extrañar que esta vez también haya ocurrido, lo criticable es que en esta ocasión se incluyan en el presupuesto gastos como el pago de sueldos a una nómina inflada que contiene en sólo unos meses a 101 trabajadores más que aquellos con los que cerró la anterior Legislatura, así como el pago de vehículos de lujo para cada grupo parlamentario y gastos de gestión ya ejercidos por varios diputados.

Lo más criticable es que haciendo alarde de sus atribuciones como el Poder del Estado encargado de aprobar los presupuestos, se hayan autorizado recursos por 444 millones en los que los diputados incluyen otra vez los sueldos y honorarios de los 101 trabajadores que tienen de más, entre los que se encuentran muchos que son amigos y familiares, así como incrementos en los gastos de gestoría, que ahora denominan “atención ciudadana”, desde los 25 mil hasta los 40 mil pesos mensuales, según ha trascendido.

Y eso no es todo, había propuestas descabelladas como la del diputado Antonio Cruz Lucatero la cual pretendía que los recursos para gestión se elevaran hasta los 120 mil pesos al mes, porque según el representante popular, hay secretarios de estado que cuentan con mucho más recursos y no fueron electos por el pueblo.

Por eso se entiende que a la hora de las postulaciones los partidos y los políticos se aferran por obtener las mayores y mejores posiciones posibles, porque está visto que ya en esos puestos, nuestros legisladores aspiran a obtener ganancias que les permitan vivir bien por el resto de sus vidas.

La 71 Legislatura apenas comienza y estos son sólo ejemplos de muchas cosas que han ocurrido y un ejemplo de las malas decisiones que se toman en la institución, en ocasiones por desconocimiento y otras veces por mala fe y por personas que abusan de su posición. Y si este es el inicio de un periodo de cuatro años, ya podremos imaginar lo que nos resta por ver a los michoacanos.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• LA INSEGURIDAD QUE LACERA A LOS MEXICANOS

Michoacán está hoy ensombrecido e indignado por la tragedia, la infamia y el terror que sembraron en todos los ciudadanos un grupo de criminales que atacaron sin piedad a niños, mujeres y hombres en medio de los festejos del Grito de Independencia en pleno Centro Histórico de Morelia.

Con estos hechos, es claro que los criminales han tomado el control de más y más espacios y que han perdido, incluso, lo que el propio crimen organizado llamaba su código de ética criminal y que tenía definidos los objetivos y las formas de llevar a cabo sus acciones, entre las que procuraban no atentar contra la vida de inocentes.

Es mas, incluso había en ellos un rasgo social, es decir, cooperaban y hacían obras públicas que beneficiaban a sus comunidades y pueblos, con ello, los habitantes estaban agradecidos y a cambio les ofrecían discreción y apoyo.

Actualmente, cada acto de terrorismo y de inseguridad pública, cada caso de secuestro, de extorsión y asesinato, que se registra como parte de la ola de violencia de los últimos años, es un hecho que lacera gravemente a todos los mexicanos, pues además de que hace evidente la inoperatividad de los cuerpos policíacos e instituciones encargadas de la procuración de justicia, ahora los grupos delincuenciales se han ocupado de sembrar el terror en toda la población.

Ya no sólo las clases sociales más acomodadas temen la posibilidad de un secuestro o de ser extorsionadas, sino que ahora, como consecuencia de la confusión que ha generado entre el crimen organizado el ataque del gobierno federal, cualquier persona puede ser víctima u objeto de éstos delitos cometidos por pequeñas células que estaban al servicio del narco y que ahora quedan huérfanas o desempleadas por el desmembramiento de sus organizaciones.

Hasta hace algún tiempo los grupos de la delincuencia organizada se enfrentaban entre ellos por el control de las rutas y por buscar la preponderancia o supremacía en determinados territorios. Muy pocos eran los embates contra los encargados de la seguridad pública, lo que daba a entender que los cuerpos policíacos no se entrometían en los asuntos de los criminales.

Hoy, sin embargo, a partir de que el gobierno federal anunció una lucha frontal contra la inseguridad, lo que vemos es una lucha cruenta entre las bandas, pero también de éstas contra los ciudadanos, funcionarios y policías que sí trabajan para detenerlos y hasta contra el Ejército Mexicano, que en esta última etapa ha entrado al combate como la última opción ante la corrupción, falta de capacidad e inoperatividad de la mayor parte de los otros cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales del país.

Si antes las ejecuciones eran entre miembros de los propios grupos, o hacia personas que de algún modo se encontraban relacionadas con las mafias, ahora esto ha sido rebasado, pues cualquier ciudadano puede perder su vida o su patrimonio como producto de los secuestros y ataques, mientras que comerciantes y empresarios se han vuelto víctimas cotidianas de los delincuentes que les cobran el “derecho de piso”, con el riesgo de ser asesinados de no cumplir con el pago.

Esto es consecuencia de que varios de los operativos realizados por el gobierno federal y el Ejército Mexicano han orillado a esos grupos a dejar su actividad, ya que les representa un mayor peligro por la persecución de la que están siendo objeto, y ahora han cambiado su giro hacia el secuestro y la extorsión principalmente.

Por ello, las formas son mucho más violentas, sanguinarias y beligerantes de operar de los grupos de secuestradores, ya que se trata muchas veces de grupos de antiguos sicarios del narco que se han quedado sin su acostumbrada fuente de ingresos.

Varios de los últimos casos de secuestros que han tenido resonancia a nivel nacional han dejado en claro dos cosas, la infiltración del crimen organizado en varios de los cuerpos policíacos, y al mismo tiempo la falta de coordinación entre las diferentes instancias encargadas de brindar seguridad pública a los mexicanos.

Es muy sintomático el muy sonado caso de la familia Martí, pues el secuestro del menor que posteriormente fue asesinado por sus captores, se operó a través de una mujer que formaba parte de la policía, mediante un retén falso, a plena luz del día y en una avenida importante de la ciudad de México.

Cuando el operativo apócrifo fue detectado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, quienes en lugar de verificar la legalidad y autenticidad de la acción, ofrecieron ayuda a sus colegas para una mejor ejecución de esa tarea.

La indignación se acumula en el sentir de los ciudadanos y en días pasado generó una movilización en varios puntos del país para exigir a los gobiernos de los tres niveles y a las instituciones mejores resultados y castigos ejemplares contra los criminales.

Aún queda la duda sobre el efecto real que tendrán las demandas que se hacen en estas marchas de ciudadanos comunes contra la inseguridad, pero lo cierto es que evidencian el sentir de todo un pueblo y el hartazgo al que se ha llegando.

Eso fue lo que generó las reacciones de los ciudadanos que salieron a las calles a manifestar abiertamente y con todo orden su inconformidad. Pero no hay que olvidar que en nuestro país lo que vale no es lo que diga o sienta un pueblo, porque los gobiernos y las autoridades funcionan a través de las acciones rentables políticamente para ellos. En otras palabras, funcionan de acuerdo con los votos que le represente tal o cual medida.

Hay que ver si las detenciones de algunas de las cabezas importantes de estas bandas no se quedan en una simple llamarada de petate, sólo para ofrecer a los ciudadanos que exigieron efectividad, un resultado visible que les deje satisfechos por el momento.

La marcha mereció muchos espacios en los medios de comunicación, y reunió a una cantidad importante de personas de todos los estratos sociales, por lo que no debería quedar en el olvido para las autoridades, como ha ocurrido tantas veces, cuando las manifestaciones populares carentes de fines políticos no representan algo más allá de una presión difusa, porque no se precisan demandas concretas a objetivos concretos, lo que disminuye las posibilidades de eficacia.

Con este panorama, parece más que justificada la entrada del Ejército Mexicano al combate contra la delincuencia organizada. Los resultados son contundentes en cuanto al número de aseguramientos de armas, de drogas, de vehículos, pero además, con los enfrentamientos que las fuerzas armadas han tenido con los delincuentes, en los que la mayoría de los casos los militares han salido airosos.

Por eso llama la atención que michoacanos como la dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano y el coordinador de los diputados perredistas en el Congreso del Estado, Raúl Morón Orozco, salgan con insistencia a fustigar el trabajo del Ejército, argumentando que los soldados deben permanecer en sus cuarteles porque con acusaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos ponen en riesgo el prestigio de la institución de la que forman parte.

En un contexto como el que vivimos en México y en Michoacán, queda la duda sobre el por qué de tanta resistencia de estos personajes a que el Ejército se involucre y tome en sus manos un asunto tan delicado que requiere de una ejecución certera, ordenada y efectiva.

No hay que olvidad que el Ejército Mexicano es la institución del país más respetada y que goza del mayor prestigio entre los mexicanos, y que la mayoría de los ciudadanos se sienten seguros con su presencia.

Entonces no sería descabellada la idea de que pareciera que algo temen aquellos que se oponen tan afanosamente a que nuestras fuerzas armadas salgan a las calles y se unan a la cruzada para detener el crimen organizado, pues cabe recordar que dentro del mismo gobierno y en otras instituciones existen evidencias que llevan a pensar que hay funcionarios que han tenido o tienen nexos con algunos de estos grupos criminales y que sólo a través del fuero, y de la protección que les brindan sus propias investiduras, quedan exonerados de la aplicación de la justicia.

Lo cierto es que a pesar de estos señalamientos es importante aclarar que a pesar de los casos de supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por la milicia, varias de estas denuncias deberían ser duramente cuestionadas, pues hay que ver de quién vienen y qué intereses tienen detrás realmente.

Hace algunas semanas, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, convocó de urgencia a una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la participación de gobernadores, autoridades policíacas y representantes de casi todos los sectores de la sociedad, del que surgieron 74 compromisos que forman parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Una semana después, en Michoacán se realizó un acto similar, durante una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el que también las autoridades y los diferentes sectores de la sociedad signaron acuerdos para buscar la seguridad de los michoacanos.

Entre los compromisos, que coinciden con parte de lo que se demandó en la marcha contra la inseguridad, realizada unos días después, se encuentra la urgente necesidad de depurar los cuerpos policíacos, lo que eventualmente ayudará a atacar de manera más efectiva a los criminales, pues no se puede hacer un trabajo real con buenos resultados cuando dentro de los mismos cuerpos e instituciones se encuentran inmersos los delincuentes.

Tampoco se puede hacer mucho cuando la procuración de justicia está plagada de hechos de corrupción, de compra de testigos, de erróneas integraciones de las averiguaciones previas, que dejan imprecisiones muy importantes que derivan en la pronta liberación de los delincuentes.

En tales circunstancias, la profesionalización y el cuidado con el que se recluta a los policías son indispensables, así como el contar con un registro único de quienes han pasado por esas corporaciones, con el objetivo de tener uniformidad de información y de los criterios con los que se puedan iniciar las investigaciones y su seguimiento.

Otro tema que tiene mucha relación con todo lo anteriormente expresado es la propuesta del presidente Felipe Calderón en el sentido de invitar al Congreso de la Unión a retomar su iniciativa para endurecer las penas contra los criminales que secuestran y atentan contra la vida de sus víctimas.

Sin embargo, esta iniciativa que causó tanto revuelo entre la clase política y los medios de comunicación, es ciertamente muy cuestionable, pues se propone aplicar la pena de cadena perpetua a los secuestradores, mientras que los expertos en el tema aseguran que esto no inhibe de ninguna manera los índices de criminalidad.

Lo anterior queda de manifiesto en países donde la pena de muerte y la cadena perpetua están en uso, mientras que todo hace suponer que en México esta medida más que favorecer a la lucha por la inseguridad podría tener consecuencias negativas, porque de todos es sabido que las cárceles que tenemos en el país son escuelas para la delincuencia y centros de operación protegidos para los criminales.

Si se aplican las sanciones como se debe, seguramente no habría necesidad de decretar una cadena perpetua, pues criminales como ellos, alcanzarían condenas equiparables a la cadena perpetua. Por ello tal parece que la medida no es más que un asunto mediático para calmar los ánimos de los ciudadanos que exigen más y mejores resultados.

Además, se debe valorar en su justa dimensión el costo que tiene para todos los mexicanos el mantener a una persona en la cárcel, que es muy alto, por lo que lo ideal sería que se reformara verdaderamente el sistema penitenciario y que se normaran los criterios para mantener en ciertas áreas de los penales a los delincuentes de alta peligrosidad, para no revolver a los delincuentes con los criminales de alta peligrosidad.

Ese es un tema que ya se prevé en la reforma judicial que este año aprobó el Congreso de la Unión y en la cual los estados tienen ocho años para reformar todo el sistema de seguridad pública y justicia penal.

Y ante los hechos terroristas de este pasado martes en la capital michoacana, todos esos operativos y esas reformas no podrán esperar mucho, pues los michoacanos estamos viviendo el pánico de que una bomba o una bala puedan alcanzarnos o a nuestras familias.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL OCULTA EN LAS LEYES

El acalorado debate que sostienen hoy en día grupos de izquierda y de derecha, así como representantes populares de todos los partidos políticos sobre la despenalización del aborto, la aprobación de leyes como la de Sociedades en Convivencia, o las reformas al Código Civil del Distrito Federal que permiten el divorcio de forma unilateral, es decir, el divorcio exprés, dejan al descubierto una serie de conveniencias y de intereses ocultos que van más allá de una mera posición política en beneficio de ciertos sectores de la sociedad.

Así, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaraba como constitucional la despenalización del aborto en el Distrito Federal, originando oleadas de reacciones y de críticas tanto a favor como en contra, científicos de la NASA descubrían vida en Marte, lo cual es un hecho de enorme trascendencia para la humanidad pues cambian con ello muchas de las teorías sobre el origen del Universo y del propio devenir de la humanidad.

La relación entre ambos hechos es notable, puesto que para los magistrados, diputados, jueces, organizaciones sociales, y hasta para el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la vida de un ser humano no inicia sino hasta la doceava semana de gestación en el vientre de una madre, para los científicos, astrónomos, ingenieros, y todos los anteriormente señalados, la molécula de agua encontrada en Marte es un vestigio válido de la existencia de vida en ese planeta.

Las incongruencias e inconsistencias son muchas. No es posible afirmar que lo que hay dentro del cuerpo de una mujer embarazada de 12 semanas no es una vida, cuando existen innumerables evidencias científicas de que desde los primeros días de gestación, un corazón empieza ya a latir por sí solo y en un ritmo muy distinto al de la madre.

La ética, la moral y los valores humanos están cada vez en mayor peligro pues leyes y reformas como estas generan una sociedad irresponsable, una sociedad a la que se le ofrecen soluciones prontas a sus problemas, sin reparar en los daños intrínsecos que éstas generan.

Ello motiva además, a que los ciudadanos no asuman las consecuencias de sus actos, pues el propio Estado les está otorgando soluciones fáciles y rápidas so pretexto de hacer leyes más justas y a favor de la libertad. Y no hay que olvidar que en el ejercicio de la libertad debe existir también la responsabilidad y el compromiso por parte de la sociedad.

Pero no es sólo la legalización del aborto lo que preocupa a muchos mexicanos, lo es también la Ley de Sociedades en Convivencia, la cual otorga beneficios legales a las parejas de homosexuales que deciden vivir juntos, en un marco jurídico y legal que no es muy claro y convincente.

Esta nueva Ley deja abierta además, la posibilidad de que en un futuro los convivientes puedan adoptar menores, sin embargo, a pesar de que la intención es elevarlos al rango de “familia”, lo cierto es que por muchos derechos que se les pretenda otorgar, nunca podrán conformar una familia como tal, y esas situaciones son las que deberían estar muy claras y delimitadas jurídicamente.

Queda claro que todas las personas tienen derecho de vivir en pareja, ya sea como una unión libre o en matrimonio, sin embargo, aunque mediante una legislación se pretenda proteger el patrimonio de esas minorías, no es indispensable considerarlos y elevarlos a la calidad de familia para que ello surta efecto, pues existen en México figuras jurídicas y normas que cumplen con el propósito de garantizar el derecho sobre los bienes generados entre personas.

Asimismo, los divorcios unilaterales es un asunto que merece ser revisado, pues basta con que alguno de los cónyuges lo solicite, y sin pruebas y de forma rápida se lleva a cabo la disolución del matrimonio.

Así, el propio Estado promueve que la unión entre dos personas sea, de alguna manera, un vínculo efímero que se pueda interrumpir en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia.

Parece ser que el objetivo de todas estas leyes es propiciar la desvalorización en el seno de una sociedad tradicionalista y creyente como la mexicana para, finalmente, minar y poner en riesgo la permanencia del núcleo más importante de toda sociedad: la familia.

No cabe duda que uno de los motivos que impulsan estos cambios es el materialismo exacerbado que envuelve a todos los países del mundo, en donde lo que importa es consumir bienes materiales para satisfacer necesidades inducidas y creadas por el propio sistema que nos rige, bajo la motivación de ascender, a través del consumismo, en el escalafón social y económico que garantice al individuo el reconocimiento de la sociedad.

El sistema capitalista, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la teoría malthusiana, los grupos feministas, la izquierda radical y la derecha más dura, así como el hedonismo, el pragmatismo de la cultura oriental y el consumismo estadounidense, son factores que inciden en la descomposición social de los últimos años, no sólo en México, sino en casi todos los países del mundo.

Esta descomposición social ha conducido a sociedades como la nuestra a que se eleve el número de divorcios y de abortos, asimismo, ha generado que los índices de delincuencia aumenten a un ritmo vertiginoso, que el número de familias desintegradas crezca también, provocando generaciones de individuos cada vez más vulnerables y necesitados de cubrir carencias emocionales, a través del consumismo.

En este sentido, mucho se ha especulado sobre la intención que tiene el FMI para que los países en vías de desarrollo detengan los altos índices de natalidad por considerarlos una carga económica para los desarrollados, y que sean menores los recursos que la institución les inyecte.

La teoría malthusiana que algunos intelectuales y economistas aseguran, se ha aplicado en diversos países con el fin de reducir también el crecimiento poblacional para que los recursos materiales sean suficientes, pues su autor Thomas Malthus, señalaba que mientras la economía crecía de forma aritmética, la población crecía de forma geométrica, lo que tendría como resultado que en el largo plazo, escases de alimentos y productos para derivar en una catástrofe.

Sobre los grupos feministas, que cada vez son mas y más radicales, promueven ideas que a la postre han incidido de manera negativa en la consolidación de los principios y valores que son el sustento de la vida familiar.

Entre las medidas que han impulsado está la del aborto, como una solución a un problema socio económico bajo el pretexto de que la mujer es libre de decidir sobre su propio cuerpo; promueven además, la equidad de género que muchas han mal interpretado para abandonar responsabilidades tan importantes como el cuidado de los hijos y de la familia.

Y no es que las mujeres tengan que dedicarse únicamente al hogar, sino que dicho asunto lo han desvirtuado y con el afán de competir con los hombres por una igualdad absurda, olvidan que son ellas, por antonomasia, las principales promotoras y responsables de reafirmar los valores éticos y morales en los hijos.

Mas allá de esto, el propio sistema imprime en los sujetos la idea de que para ser feliz y vivir mejor, el padre y la madre deben trabajar por igual, tanto dentro, como fuera del hogar y contar con mayores recursos económicos, es decir, que en las familias haya más dinero y menos hijos para adquirir más bienes y servicios en detrimento de la estabilidad y permanencia de la familia.

Todo ello es reflejo de una estrategia mundial de desestabilización, cuyo objetivo último es el consumo y el gasto.

Por esto, no es de extrañar que a últimas fechas veamos oleadas de información, productos y actividades que son ajenas a nuestra cultura, como la práctica del yoga, el feng shui, el horóscopo chino, las prácticas tántricas, etcétera, que son instrumentos para alejar a los individuos de la parte occidental del planeta, donde además existe una mayoría de creyentes católicos y cristianos, de sus tradiciones y costumbres para adoptar unas nuevas.

El objetivo final es adoptar una mentalidad aparentemente más mística. Pero si observamos con detenimiento, nos damos cuenta de que son prácticas que vienen de países como China, que buscan contar con mayores adeptos a sus costumbres y mercancías. ¿Cómo lograr penetrar de forma más efectiva en países potencialmente consumidores de sus productos? Pues construyendo una relación ideológicamente más estrecha y similar.

Algo parecido sucede con nuestros vecinos de Estados Unidos, que son los principales promotores de anti valores desde hace años. Muchos aseguran que es clara su intención de adentrarse a los países de América Latina para su explotación y convertirlos en mercado de sus productos y abastecedores de materia prima y mano de obra baratas.

Ocupan para ello, entre otras medidas, la incursión de distintas sectas religiosas que ofrecen a los mexicanos católicos atractivas soluciones, no sólo a sus necesidades espirituales, sino también a las materiales, pues en algunas de éstas sectas los convierten en prácticamente trabajadores asalariados para conseguir más adeptos.

Una sociedad dividida y sin una cultura y moral sólidas es peligrosamente vulnerable a los intereses políticos y económicos de entes tanto nacionales como extranjeros.

Todo esto demuestra también que ni una derecha anquilosada, ni una izquierda radical resuelven de fondo los problemas que esconde toda la confusión que deriva de la maraña pseudo ideológica impulsada desde uno y otro lado.

Una izquierda que aparentemente critica y denosta modelos económicos como el capitalismo y el neoliberalismo, pero que a final de cuentas parece que trabaja en su favor al promover muchas de las ideas y estrategias que ocultan la realidad a los ojos del ciudadano común y les reditúa enormes dividendos políticos y económicos tanto en el país como en el extranjero.

Por otra parte, la derecha más rancia no ha mostrado capacidad para incidir de manera positiva y eficaz en convencer a la sociedad sobre los valores que promueven y las ventajas que tiene su aplicación en la vida diaria, pues ahora parecen más interesados en buscar posiciones políticas y de poder.