DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• ECOS DEL “MICHOACANAZO”
  
  
  Después de la espectacularidad del operativo de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno federal para detener a 32 ex funcionarios estatales y municipales de Michoacán, en una acción que fue titulada por algunos medios de comunicación como “el michoacanazo”, todo pinta para terminar en el ámbito político en una simple anécdota que se recordará con insistencia en los próximos años.
  
  En sí la acción fue espectacular por la meticulosidad con que se actuó en el operativo que permitió en un primer momento la captura casi simultánea de tres presidentes municipales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), así como de colaboradores muy cercanos al gobernador Leonel Godoy Rangel por su presunta vinculación con el crimen organizado.
  
  Para bien de unos y para mal de otros, todo esto aconteció el 26 de mayo del año pasado, muy cercano al proceso electoral federal del año pasado en el que se renovó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo que de inmediato generó suspicacias y acusaciones muy directas contra el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa, a quien se le endilgó el tema como un asunto de carácter netamente electorero.
  
  Sobre todo, la presidenta estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano, así como el dirigente estatal del PRI, Mauricio Montoya Manzo, respaldaron a sus ex funcionarios y presidentes municipales, y aseguraron que todo era una estratagema, un ardid político desde el sistema de impartición de justicia para desacreditar, según los perredistas al gobierno de Leonel Godoy, y según los priístas al otrora hegemónico partido tricolor.
  
  Mientras tanto, la opinión pública en Michoacán, pero sobre todo a nivel nacional y en el extranjero, hicieron eco de la acción, al ver confirmado lo que por décadas se ha comentado en voz baja por todo el territorio nacional, “la política y la delincuencia están muy ligados y van muy de la mano”.
  
  Ni tanto digirieron la información los ciudadanos mexicanos, hubo políticos que vieron la posibilidad de aprovechar política y mediáticamente los acontecimientos, el primero, el senador perredista Silvano Aureoles Conejo, quien casi de manera inmediata subió a la tribuna del Congreso de la Unión a demandar la creación de una Comisión Especial de seguimiento, pero sobre todo de defensa, de los detenidos.
  
  Casi de manera simultánea se conformaron comisiones especiales en la Cámara de Diputados del Legislativo federal y en el Congreso del Estado de Michoacán, por cierto, ésta última impulsada por el medio hermano de Silvano, el diputado local, también perredista, Antonio García Conejo.
  
  Leonel Godoy pasó por uno de los momentos más difíciles de la que ya de por sí ha sido una corta pero problemática gestión, cuando mediáticamente fue linchado por los medios de comunicación, principalmente los nacionales, así como cuando su medio hermano Julio César Godoy Toscano, huyó aún siendo diputado federal electo, al saber que había también una orden de aprehensión en su contra.
  
  Por cierto, no se sabe quién le avisó, pero se presume que el pitazo habría llegado o del Ejecutivo estatal o del Secretariado Estatal del PRD, que poco antes habían sido atendidos en su exigencia de recibir información de la PGR sobre las acciones realizadas y la estrategia a seguir en los próximos días.
  
  De hecho, se comenta que la desaparición del aún prófugo se registró al día siguiente de la reunión en la que funcionarios de la dependencia federal informaron al secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, y los líderes de los partidos políticos con presencia en Michoacán.
  
  En tanto, el dirigente estatal del PAN, Germán Tena Fernández, y los diputados federales y locales del mismo partido político, se encontraron en una difícil situación, prácticamente entre la espada y la pared, y tras algunos titubeos de algunos días, optaron por darle la espalda a sus alcaldes, Antonio González Rodríguez, de Uruapan, y José Luis Ávila Franco, de Hidalgo, para respaldar las acciones del gobierno de Felipe Calderón.
  
  Después de todos estos acontecimientos iniciales, vinieron las reuniones de las comisiones especiales de los poderes legislativos con los familiares, pero también con las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, visitas a los penales de Tepic, Nayarit, a donde fueron trasladados los detenidos, y una guerra de declaraciones, que fueron desde los tintes electorales del asunto, hasta la ineficacia de varios aspectos de la Reforma Judicial recientemente aprobada.
  
  Vinieron las primeras liberaciones de tres alcaldes, en el mes de agosto, después el traslado de los ex funcionarios al Penal de Mil Cumbres en Michoacán y casi de manera inmediata, pero también sospechosa, la liberación de casi la mitad de los mismos.
  
  “Quedaron libres por falta de pruebas”, rezaban las autoridades federales, mientras los perredistas y priístas trataron de hacer eco a todo lo que daban sus pulmones de la injusticia cometida en un principio y de la necesidad de liberar a todos los demás. También demandaron que el gobierno federal ofreciera disculpas públicas y reparara el daño hecho a los liberados.
  
  Sin embargo, la respuesta del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, fue lapidaria, “no se les pueden ofrecer disculpas porque salieron libres bajo las reservas de ley, es decir que la investigación continúan y podrían encontrarse nuevos elementos que obligaran a reanudar los procesos legales que se les seguían”.
  
  Mientras tanto, en el Congreso del Estado, el líder parlamentario del PAN, Francisco Morelos Borja, y el presidente de la Comisión de Justicia, Antonio Salas Valencia, también panista, manifestaban su recelo en torno a la decisión de liberar a tantos de los detenidos, pero jamás admitieron que se hubiera cometido una injusticia, por el contrario, demandaron que se investigue al Ministerio Público Federal porque existen elementos para pensar que la liberación de los ex funcionarios ha sido más por la mala integración de las averiguaciones previas y errores procedimentales, que porque se haya demostrado la inocencia de los inculpados.
  
  Ahora que se ha logrado la liberación de tantos de los detenidos, el tema sigue teniendo mucha tela de dónde cortar, algunos han señalado que figuras como el arraigo, los testigos protegidos y los cateos deben desaparecer, o cuando menos ser revisadas a profundidad, pero los efectos políticos son mucho más evidentes.
  
  Silvano Aureoles se considera el artífice de la liberación, por lo que ha procurado que su nombre se mencione junto con el tema del “michoacanazo”, y también le ha inconformado el protagonismo que ha asumido el presidente de la Comisión Especial del Senado, Carlos Sotelo, quien también es perredista, porque siente que le roba el rol para el cual trabajó.
  
  En Uruapan, Mary Dóddoli Murguía, inició un procedimiento para intentar quedarse con el cargo de alcaldesa sustituta, luego de una serie de desencuentros que incluso provocaron la expulsión de casi la mitad del Cabildo. Por el momento, la experimentada panista no pudo quedarse y Antonio González regresó tras su liberación, pero el asunto por la vía legal continúa.
  
  Además, la detención del alcalde de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac Orihuela, derribó los planes por la gubernatura que ya esbozaba el ex casi de todo Ascensión Orihuela Bárcenas, su tío. La liberación en cierta forma le abriría las puertas de nuevo al ex gobernador, pero ya hay algunos zalameros que pretenden meterle la idea al novel Ixláhuac Orihuela de que puede aprovechar su condición como “víctima de una injusticia” para potenciar su carrera política, ¿y por qué no?, buscar en 2011 el Solio de Ocampo.
  
  Después de todo, las renuncias de presidentes municipales de Zitácuaro para buscar nuevos puestos políticos no es una historia nueva, que le pregunten al propio Aureoles Conejo.
  
  Las dirigencias nacionales del PRD y del PRI tienen como uno de sus principales temas de contracampañas para las elecciones de 2011 y 2012, el asunto del “michoacanazo”, mientras que en el PAN existe incertidumbre en la estrategia para responder. El único panista que pareció apostar hasta el momento al bando ganador fue el senador Marko Cortés Mendoza, quien por cierto, fue incluso reconocido y aplaudido por Citlalli Fernández González y por el Consejo Estatal del PRD.
  
  El “michoacanazo” trae mucho más de fondo y seguramente dará mucho más de qué hablar en los próximos meses, sobre todo cuando se sepa quiénes salen, quiénes entran y quiénes reingresan al Penal de Mil Cumbres en Morelia. Lo más relevante que surja lo iremos comentando.