Por: Alejandra Ortega Rodríguez
- MÉXICO Y SU EXCESIVA DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO
Por responder a intereses políticos mezquinos, por seguirle el juego al fracasado mesías de las masas, por evitar el estallido social que desde hace años ha sido la amenaza de la izquierda, por preferir “la mejor reforma posible” y no “la reforma necesaria”, México perdió hace dos años la gran oportunidad de contar con un marco legal adecuado que le permitiera avanzar de manera sustancial en su política energética.
En nuestro país, como en otras partes del mundo, existen dos grandes problemas con la excesiva dependencia del petróleo, el primero, es que tenemos una economía petrolizada, que depende de manera excesiva de las ventas de hidrocarburos, mismos que en su gran mayoría se venden crudos.
Los derivados del petróleo, que podrían contar con un valor agregado, requieren de refinación, de petroquímica y otros procesos que con la muy limitada reforma energética que quisieron el PRD y el PRI, pero que además aceptó el PAN, tienen alcances muy limitados en México.
No funcionan las mezcolanzas de propuestas que se hicieron con puntos de vista políticos para resolver problemas que son más bien de carácter técnico, económico, fiscal y financiero. Por eso se siguen importando gasolinas, porque no hay suficiente refinación y eso disminuye las utilidades que recibe el país, por lo que el crudo sólo se sobreexplota sin tener proyección a futuro.
Las ganancias no se invierten, ni siquiera cuando hay alza de los precios, porque el nuevo poder fáctico denominado Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se avoraza sobre los denominados excedentes petroleros, cuando los hay, y exigen y se molestan cuando no reciben esos recursos que en realidad deberían contar como un ingreso adicional para sus gobiernos. En resumen, no se piensa a futuro.
Por si eso fuera poco, el Frankenstein que se aprobó con la rimbombante denominación de “Reforma Energética”, prácticamente no permite, sino que por el contrario, restringe la inversión en exploración para asegurar nuevos yacimientos que igualen la cantidad de los que ya se están explotando para garantizar la continuidad en la obtención de los hidrocarburos.
Mientras el PRI protegía sus intereses en el Sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), uno de los más corruptos de la administración pública y paraestatal en el país, el PRD defendía ante la opinión pública con un patriotismo, casi chauvinista lo que en ese partido se considera que es la soberanía nacional y mientras el PAN pretendía proteger sus bonos político-electorales y evitar desgastes o estallidos sociales, el otro gran problema de la excesiva dependencia del petróleo es que éste se está acabando, no sólo en México, sino en el mundo.
En toda la faz de la Tierra no existe un solo organismo regulador que garantice que los países que dicen tener una cierta cantidad de petróleo realmente lo tengan. Por ello no se sabe a ciencia cierta con cuánto hidrocarburo se cuenta en el mundo. Incluso en México tampoco se tiene claro cuáles y cuántas son las reservas probadas, probables y posibles, porque no existen parámetros que arrojen ese dato con certeza.
La posibilidad de encontrar grandes yacimientos del denominado “oro negro” es cada vez menor en el mundo. México cuenta con el segundo mayor depósito natural del hidrocarburo, que es Cantarell, sólo después de uno ubicado en Arabia Saudita, con la salvedad de que en los últimos años ha perdido su capacidad de producción, toda vez que se ha explotado de manera desmedida por mucho tiempo.
Para desgracia de la petrolizada economía nacional, la explotación nacional de crudo se base en gran parte en ese yacimiento y, actualmente, no hay manera alguna de saber cuánto va a durar en realidad y si en algún momento aparecerá algún otro depósito que lo sustituya, incluso, ni siquiera es posible saber si alguno de los yacimientos ya explotados podría sustituirlo.
Ahora lo ideal, si se piensa seguir por el camino de financiar el mantenimiento de las finanzas públicas mexicanas a través del petróleo, sería continuar con la exploración en aguas profundas, porque las aguas someras se han explorado sin que se hayan encontrado muchos yacimientos, pero el flamante marco legal aprobado por nuestra clase política contiene una serie de restricciones que lo dificulta.
Lo anterior, sin contar con el hecho de que aún con la mejor tecnología del mundo llegan a suceder desastres en la exploración marítima, como el que se ha registrado durante las últimas semanas en el Golfo de México, cerca de las costas de Luisiana, en Estados Unidos, que amenaza incluso con afectar la actividad pesquera estadounidense y mexicana, además del incuantificable daño ambiental que genera.
Hablando de esto, es también un hecho que la explotación y el consumo del petróleo van de la mano con la contaminación y a la vez con el cambio climático que es una realidad que la gran mayoría de los habitantes del mundo hemos podido percibir como algo tangible en nuestra propia experiencia en los últimos años.
Con todo este contexto, es increíble que en México, un país al que otros han calificado como con “enorme potencial” para la generación de energías alternativas, como la eólica y la solar, así como para la producción de bioenergéticos como el etanol, apenas comience a dar los primeros pasos para transformarse en un país que además de no depender de manera excesiva de los hidrocarburos, se prepare para convertirse en un país en el que se usen tecnologías, combustibles y energía más amigables con el medio ambiente.
Sólo fue hasta el 28 de noviembre de 2008 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, misma que gira en torno a principios como el fortalecimiento institucional en la materia mediante el otorgamiento de facultades explícitas a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Asimismo, se estableció un programa de aprovechamiento y una estrategia nacional de transición energética; se evalúan los beneficios económicos asociados a las energías renovables como criterio para su promoción; y, se otorgará financiamiento gubernamental en diversos aspectos, incluyendo desde la investigación hasta la misma promoción de proyectos.
Con este marco legal y los nuevos instrumentos que expedirá la CRE, se esperaría el desarrollo de muchos proyectos, permitiendo que el país aproveche una riqueza de recursos importantes y reduzca su dependencia de las energías fósiles.
Sin embargo, aquí cabría la pena preguntar si después de tener por casi 80 años una economía, una política y hasta una ideología petrolizada, en la que incluso nos atrevemos a idolatrar al hidrocarburo como si fuera un símbolo patrio o un emblema nacional, no habremos llegado tarde al inicio de esta carrera en la que países latinoamericanos como Brasil y Colombia nos llevan 30 años de ventaja.
Empresas consultoras internacionales especializadas como Baker y McKenzie, han hecho una valoración sobre los alcances de nuestro nuevo marco legal, y para como son las autoridades mexicanas de volátiles y de indispuestas a seguir planes de largo plazo, los pronósticos no son alentadores, los primeros resultados comenzaríamos a verlos no ahora ni el año próximo, sino de aquí a cinco años.
Yo creo que vale la pena perseverar, pero… ¿qué dirán nuestros representantes populares? ¿Qué opinan de esto el PRI, el PAN, el PRD y la chiquillada? ¿Les dará o les quitará votos una política de largo plazo para eventualmente reemplazar nuestro venerado petróleo?