DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• ISLA DE LA PALMA, ¿NEGOCIO DE QUIÉN?
  

Después de casi dos años de jaloneos y de polémicas, todo pinta para que, como producto de la enorme presión que ha decidido imprimir el gobierno de Leonel Godoy Rangel, en los próximos días por fin se apruebe en el Congreso del Estado un dictamen en relación a la solicitud de desincorporar del patrimonio estatal un predio de 444 hectáreas conocido como Isla de la Palma, mismo que se encuentra adyacente al Puerto de Lázaro Cárdenas.

Según se ha podido entender, de entre las versiones encontradas y confusas que han surgido de un lado y de otro a lo largo de los dos últimos años, el proyecto consiste en otorgar a la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México (KCSM) un predio de 181 hectáreas para la construcción de un patio de maniobras.

El objetivo es maniobrar y trasladar miles de contenedores que diariamente llegan al que se ha convertido en el puerto del Pacífico con más potencial en América del Norte desde su desembarque y hasta distintos puntos del corredor conocido como NASCO, que comienza justamente en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, pasa por varias de las ciudades más industrializadas del país y también lo hace por algunas de las principales zonas industriales de Estados Unidos para desembocar en Canadá.

Se habla de un negocio de cientos de miles de millones de dólares, y tal vez hasta de más, por el cual inicialmente la transnacional KCSM estaba dispuesta a pagar alrededor de 27 millones de dólares, ya que con la propiedad del predio obtendría con instituciones financieras de Estados Unidos un crédito por algo así como 80 millones de dólares para la construcción del denominado “patio multimodal de maniobras”.

Ya son varios los intentos del gobierno del estado, desde que Eloy Vargas Arreola era el secretario de Desarrollo Económico, por agilizar la elaboración de un dictamen favorable en el Congreso del Estado, pero en el Poder Legislativo de Michoacán se prendieron los focos de alerta ante el hecho de que la LXXI Legislatura local cuenta con diputados de un perfil mucho mayor a los anteriores y no se dejaron engatusar fácilmente.

De inmediato se cuestionó que en noviembre de 2006 la LXX Legislatura recibió, dictaminó y aprobó en un solo día la iniciativa del gobernador Lázaro Cárdenas Batel para desincorporar del patrimonio estatal un predio de 183 hectáreas en la misma zona de la Isla de la Palma, a un costado de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (Apilac).

La idea era la creación de un parque industrial que impulsaría el desarrollo del área, pero hubo mucha opacidad en el proceso y no son pocos quienes dicen que Eloy Vargas salió muy beneficiado en ese proyecto, ya que consiguió para prestanombres y amigos una serie de terrenos que por su simple ubicación ahora valen millones y millones de pesos.

También se habla de que entre los entonces diputados locales algunos fueron beneficiados con vehículos, con la entrega de recursos en efectivo y hasta con terrenos en la zona para que cuenten con un espacio que les garantice una renta que les permita vivir cómodamente por el resto de sus vidas. Lo cierto, es que hasta la fecha nada se ha hecho en esos predios, están abandonados como una cosa perdida.

Cuando los nuevos diputados locales, éstos sí más experimentados en lo general, comenzaron a cuestionar a Eloy Vargas sobre el proyecto, sus evasivas, su manipulación de datos e insistencia con la urgencia de aprobar el proyecto despertaron más y más dudas, éstas crecieron a tal grado que finalmente Leonel Godoy debió ceder a la presión para cambiar al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Ya con Isidoro Ruiz Argáiz al frente del proyecto, las cosas comenzaron a caminar mejor y se avanzó en materia de transparencia, pero ya son varias las ocasiones en las que estando a punto de aprobar un dictamen, surgen nuevas dudas o desconfianza ante la falta de cumplimiento de acuerdos, principalmente del Ejecutivo estatal.

Hace poco más de un año el grupo parlamentario del PRI, encabezado por Wilfrido Lázaro Medina, dio a conocer la existencia de dos cartas compromiso signadas en su momento en Estados Unidos por el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel y el ahora mandatario estatal, Leonel Godoy, en los que ambos políticos emanados del PRD se comprometen a hacer lo que sea necesario para que el Congreso de Michoacán apruebe a entera satisfacción de la ferroviaria KCSM la desincorporación de la Isla de la Palma para la construcción del patio de maniobras.

El asunto fue una bomba en los medios de comunicación y se habló de él durante todo un día, pero por la tarde, antes de que las redacciones de los periódicos estatales publicaran el contenido de las cartas, se recibió una instrucción desde el gobierno del estado para parar la nota, y aquellos michoacanos que en su momento no se enteraron del tema, se quedaron sin saberlo.

Después de esto Leonel Godoy cedió más y ha comprometido una serie de cambios en el Fideicomiso 2112, encargado de la administración del recinto estratégico fiscalizado que se pretende implementar en la Isla de la Palma, así como una serie de medidas de transparencia, pero la falta de cumplimiento y indisposición que ha mostrado en varias ocasiones, además de los intereses políticos o económicos de algunos diputados del PRI, del PAN y hasta del propio PRD han frenado la emisión de un dictamen.

En virtud de que el tiempo apremia, y el Ejecutivo estatal nada tendrá que presumir de aquí a las elecciones de 2011, ante el hecho de que no se obtuvo la refinería para Michoacán ni se instaló la armadora de autos FAW en la entidad, como Eloy Vargas había presumido desde el sexenio anterior, desde la administración estatal se ha ordenado una nueva arremetida para ahora sí concretar la desincorporación a como dé lugar en los últimos días.

Ahora, según informan fuentes muy confiables del propio gobierno estatal, existe la posibilidad hasta de “echar la casa por la ventana” para que el negocio de concrete, aunque el negocio principal no sea precisamente para los michoacanos, sino para funcionarios estatales, diputados locales y por supuesto, la empresa transnacional KCSM.

Algo que no se ha dicho, pero que la opinión pública debería saber, es que a estas alturas ya no está en discusión si se vende o no a la ferroviaria. Eso está resuelto y hay unanimidad en cuanto a la negativa para enajenar esa parte del patrimonio nacional. De hecho, la idea es que la propiedad del predio una vez en operación el patio de maniobras pase al gobierno federal.

En los momentos en que éstas líneas se escriben, la bancada del PRI ha presentado ante el Congreso del Estado un posicionamiento en el que señala que la desincorporación de 183 hectáreas en 2006 se hizo para la creación del recinto estratégico fiscalizado, pero sólo 48 hectáreas se han aplicado al mismo, por lo que de acuerdo con el mismo decreto 83 en el que se validó la desincorporación, los predios que se aplican a fines distintos a los autorizados deberían haber regresado al patrimonio estatal desde hace mucho tiempo.

Además, argumentan los priístas, cuando se solicitó la inscripción del Comité Técnico del Fideicomiso 2112 a la Administración de Aduanas, sólo se registraron para el recinto 100 de las 183 hectáreas, lo que también es una incongruencia, sin contar con que el Ejecutivo estatal pide que se le autorice la desincorporación de la Isla de la Palma, cuando la desincorporación es una facultad constitucional exclusiva del Poder Legislativo.

A pesar de lo anterior, la discusión actual en el Congreso se centra sobre la posibilidad de que se vendan o no el resto de los terrenos que se destinarán al Parque Industrial y al Parque de la Pequeña y Mediana Industria. En el PRD la mayoría están a favor de la propuesta del gobierno estatal de que sí se vendan, en el PRI la mayoría están en contra y en el PAN están divididos en este único punto.

El dictamen podría salir por mayoría, pero la idea es alcanzar los consensos, pues sólo de esa forma los ganadores quedarán blindados, como pasó con la anterior Legislatura. De esa forma, todo parece indicar que lo que se requiere es llegarle al precio a la minoría.