DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• ¿MÉXICO EN SU PEOR CRISIS?

Más allá de la veracidad o no de los datos con los que constantemente se nos bombardea en los medios de comunicación, principalmente inducidos con fines electorales por los partidos opositores, como el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), bien valdría la pena preguntarnos si, como se nos ha dicho, realmente estamos atravesando la peor crisis económica en la historia de México.

Tal vez sí, los indicadores internacionales hablan de que estamos enfrentando una recesión económica de impresionantes proporciones que habría acabado con el mundo financiero en la década de los treintas o en los sesentas, en el siglo pasado. Pero lo cierto es que en un mundo globalizado y en crecimiento, en donde casi todos los países tienen relaciones comerciales con sus vecinos y hasta con aquellos que están al otro lado del planeta, era lógico que una crisis se pudiera vivir de manera exponencialmente mayor a las de aquellos años en los que la gran mayoría de las naciones del mundo estaban aisladas.

Ahora bien, un punto que los conspicuos actores políticos han pretendido ignorar, con lógicas, muy lógicas intenciones, es que la crisis económica que ahora enfrenta México es la primera que no fue generada en el país por un gobierno priísta.

Si tenemos que asumir, como se nos ha dicho con insistencia y muchas veces sin mostrar datos concretos y contundentes, que la recesión económica que ahora enfrentamos los mexicanos es la peor en la historia del país, entonces también tendríamos que reconocer que justamente en este momento contamos con el gobierno y las autoridades federales que de mejor manera han sabido hacer frente a tan desproporcionada contingencia financiera.

Hay países del mundo en situaciones desastrosas ante la crisis económica mundial, son casos tan lamentables, como el de Zimbabwe en África o Islandia en Europa, cuyos gobiernos se han tenido que declarar en quiebra ante la espiral inflacionaria a la que se han enfrentado.

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer un lapidario informe de acuerdo con el cual, entre los países que menos resultados tendrán este año en cuanto a la recuperación de sus economías se encuentran Azerbaiján, Zimbabwe, las islas caribeñas de Sain Kitts y Antigua y hasta países europeos como Grecia, Portugal y España, además del considerado ejemplar por los perredistas, Venezuela, con su dictador Hugo Chávez al frente.

México no aparece ni por mucho en esa lista, y a pesar de que sí tenemos problemas muy graves en materia económica, entre otras, basta con hacer memoria de las crisis que se vivían con los gobiernos priístas de Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, para darnos cuenta que la recesión mundial no nos ha impactado en la misma medida que sí nos afectaron a millones de mexicanos las medidas económicas de nuestros propios gobiernos.

Tan sólo por recordar los casos más recientes, a finales de los ochentas y principios de los noventas los precios de los productos de la canasta básica no nada mas aumentaban todos los días, sino de una hora a otra. Usted, podía entrar al supermercado con la idea de comprar sus artículos con cierto presupuesto, pero pese a que estos ya tenían una serie de reetiquetaciones tremenda, de que lo tomaba en el anaquel a que lo pagaba en la caja ya había variado nuevamente el precio del producto.

¿Cuántos casos de suicidio no sucedieron a causa de los desplomes financieros de esas décadas, cuando muchos mexicanos se quedaron sin dinero al caer tan atrozmente la bolsa de valores, por ejemplo?

A partir de esos gobiernos que generaron grandes crisis y la enorme deuda exterior al país, el número de mexicanos pobres y en extrema pobreza aumentó. Sólo basta recordar cuántas familias afectó la crisis a finales del sexenio de Carlos Salinas, que de estar en la ya de por sí agónica “clase media”, de un día para otro entraban a la “clase pobre”. Al grado de que hasta hace unos pocos años, esta “clase media” estaba ya casi extinta.

Los mexicanos tenemos memoria, o al menos deberíamos tenerla, para evitar que se pretenda manipular nuestras mentes de una forma tan falaz y tan sólo para obedecer a los fines de algunos partidos y actores de la clase política.

El pasado 22 de abril, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, felicitó al gobierno mexicano de Felipe Calderón Hinojosa y lo puso como ejemplo a seguir en el plano internacional por la forma en la que enfrenta la crisis económica mundial, sobre todo al impulsar mediante estímulos programas sociales efectivos como Oportunidades, lo que permitió a las autoridades federales responder correctamente al fuerte impacto de la crisis, la emergencia sanitaria por el virus de la influenza humana AH1N1, la baja en las remesas, la caída en las exportaciones y la menor inversión.

También en los círculos internacionales han llamado la atención las medidas tomadas por un país en desarrollo como México que le han permitido deslindarse de los impactos de la crisis europea que se ha recrudecido con la marcada recesión de países como Grecia, que ponen al borde del colapso al viejo continente.

Incluso en publicaciones especializadas se ha felicitado abiertamente al gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens Carstens, anteriormente secretario de Hacienda, por las previsiones que se tomaron de manera oportuna en ese sentido.

En su informe trimestral sobre la inflación, presentado el 28 de abril, el gobernador del Banxico señaló que hay estrategias adecuadas para enfrentar la crisis en Europa, como la acumulación de reservas internacionales, la línea de crédito flexible con el FMI y el correcto manejo de la deuda, que en su conjunto han fortalecido la economía mexicana frente a posibles choques provenientes del exterior.

Mientras tanto, el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, ha dado cifras alentadoras en cuanto a la recuperación de la economía mexicana, al señalar que existen pronósticos en el sentido de que este año el crecimiento económico puede alcanzar cifras de entre 4 y 5 por ciento, a pesar de no contar con las reformas estructurales que proponía el presidente Felipe Calderón, contra el 1 por ciento al que aspiran países como Grecia, Portugal, España y hasta Venezuela.

De acuerdo con cifras oficiales, dadas a conocer en la LXXIII Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), el número de empleos generados en México en el primer trimestre de 2010 alcanzó la cifra de los 289 mil, y aunque advirtió que aún hay riesgos para la economía nacional, así como para la internacional, el funcionario federal manifestó que las cifras positivas se deben en gran medida al control que existe sobre la deuda pública, a los ajustes fiscales que derivaron en un ahorro federal del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y a las reformas al sistema de pensiones, que derivaron en un ahorro del 30%, además de los 42 mil millones de pesos que se ahorraron con la extinción de la ineficaz Luz y Fuerza del Centro.

Con todo esto, todos aquellos señalamientos del PRI, del PRD y de otros partidos en torno a que México enfrenta la peor crisis económica de su historia deberían ir acompañados con el reconocimiento de que la recesión se generó en el exterior, que fue la primera no originada por gobiernos priístas, que los precios no aumentan diariamente o de hora en hora como en antaño y en pocas palabras, que contamos con el gobierno que mejor ha sabido sortear la contingencia financiera que ha acabado con las economías de otros países del orbe.

Al hacer un resumen de lo que realmente ocurre, es de llamar la atención que ni el gobierno de Felipe Calderón, ni los dirigentes o legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) hayan tenido una estrategia eficaz para comunicar eficazmente a los ciudadanos sobre los planes implementados en materia económica, así como de contrarrestar las críticas que se les han hecho en respuesta a aviesos intereses. Es verdad que las malas noticias, los rumores y las notas rojas corren más rápido que la información real, pero teniendo a mano los recursos del Estado, lo lógico sería que algo pudieran hacer.

La crisis existe, eso es cierto. Yo dudaría de que fuera la peor que hemos tenido, pero de ser así, pues nos ha ido bien. ¿Cuántas veces a la semana compra tortillas, leche, agua embotellada, frijol, carne, pollo y otros productos de la canasta básica? ¿Los precios suben todos los días?

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• DESALENTADOR PANORAMA PARA MICHOACÁN
  

Los últimos gobiernos estatales de Michoacán, de Víctor Manuel Tinoco Rubí, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, cuando menos, se han quedado cortos en cuanto a las expectativas que en su momento generaron. Sin embargo, si de ver hacia el futuro se trata, nos encontramos con un panorama verdaderamente desalentador.

Cada candidato a gobernador nos ha ofrecido solución a los problemas más complejos que en la entidad se atraviesan desde hace muchos años, pero ninguno ha sido capaz de resolverlos. Por el contrario, estamos cada vez peor en materias como la educación, el desarrollo rural, la infraestructura, el transporte, seguridad y muchos más.

Ahora bien, si analizamos cuáles son los antecedentes y las trayectorias de aquellos que desde hace ya mucho tiempo se perfilan para buscar la gubernatura de Michoacán, pues queda más que confirmado que el panorama es francamente aflictivo para Michoacán.

Si comenzamos por el partido en el poder, el PRD, que ha fracasado de manera rotunda en sus dos administraciones, el más aventajado en la búsqueda del gobierno del estado es el senador Silvano Aureoles Conejo, a quien mucho le interesa que los michoacanos se olviden de su pasado.

Yo me pregunto, ¿cómo va a resolver los problemas de Michoacán un personaje cuya primera acción notoria fue defraudar a los mineros de Angangueo que pusieron en sus manos el patrimonio de sus familias?

Tal vez muchos ya no lo recuerden, pero el segundo hecho por el que se hizo famoso este personaje fue por aprovechar su relación sentimental con la ahora senadora Claudia Corichi García, hija de la lideresa nacional del Foro Nuevo Sol, después dirigente nacional del PRD y ahora gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina. De esa forma, obtuvo su primera diputación federal, de la que juró no renunciaría para buscar otro puesto.

La mayoría de los políticos no tienen palabra y Silvano es de esos, solicitó licencia al cargo de diputado para buscar la alcaldía de Zitácuaro; como candidato se negó a hacerse el examen antidoping al que sus contrarios lo retaban, se comprometió ahora ante notario a concluir su encargo de tres años como presidente municipal y ya como alcalde dejó al municipio endeudado antes de solicitar licencia para irse a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) en el gobierno de Cárdenas Batel.

Ahí la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) le detectó observaciones inicialmente por más de 200 millones de pesos, que después desaparecieron como por arte de magia, y ahora, como senador de la República, ha hecho más trabajo mediático que de fondo. Esa es la más viable carta para la gubernatura por el partido del sol azteca.

Entre el resto de los aspirantes a la candidatura por el PRD se encuentran el secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, de quien acabo de mencionar todo su currículum y trayectoria política, y el diputado local, ex diputado federal y ex secretario de Gobierno, Enrique Bautista Villegas, quien no cuenta con la ventaja que en Michoacán da el apellido Cárdenas. Pues para los michoacanos no es lo mismo ser cardenista, que apellidarse Cárdenas.

Asimismo, se habla con menos posibilidades del ex dirigente estatal del PRD, ex alcalde de Tumbiscatío, ex diputado local, ex diputado federal en dos ocasiones y ex senador de la República, Antonio Soto Sánchez, quien por primera vez en muchos años dejó de cobrar con cargo al erario público y lo está resintiendo, porque sus continuos comentarios y apariciones no tienen para nada la notoriedad de antes.

Si estos últimos aspirantes tienen escasas posibilidades, en el resto de los que se han apuntado no vale siquiera la pena gastar tinta.

Por lo que se refiere al Partido Acción Nacional (PAN), hasta el momento los más viables son el senador Marko Cortés Mendoza; la secretaria de Elecciones de la dirigencia estatal, Luisa María Calderón Hinojosa; y, el secretario de la Función Pública del gobierno federal, Salvador Vega Casillas.

En este sentido, a pesar de contar con mucho apoyo de panistas y no panistas en el estado, Marko Cortés aún tiene una escasa trayectoria política, en la que sólo ha sido secretario estatal de Acción Juvenil, diputado federal sin concluir el cargo y ahora senador de la República.

En tanto, Luisa María Calderón, quien ha sido diputada local, diputada federal y senadora de la República, tiene la enorme desventaja de ser hermana del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, lo que en automático haría que se le calificara como una imposición o que se especulara de presuntos desvíos de recursos federales, como ya lo ha hecho anteriormente la dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano.

Por su parte, Salvador Vega podría ser una muy buena opción para la gubernatura, con la salvedad de que tuvo la oportunidad de construir una estructura de apoyo fuerte y con liderazgo a partir de su participación en el respaldo a un candidato a la dirigencia estatal del PAN en la elección pasada, oportunidad que dejó pasar y difícilmente se le volverá a presentar.

Ha sido diputado local, diputado federal, subsecretario de la Función Pública y actualmente titular de la misma dependencia federal, pero sin el apoyo de la militancia panista sería complicado que pudiera conseguir la candidatura deseada.

Pasando al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el alcalde de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, es la carta fuerte, pero cada vez más débil. En su cuarta oportunidad al frente de la comuna moreliana, se esperaba que la experiencia adquirida diera para más, pero en los hechos son muchos los habitantes de la capital del estado que están decepcionados de su gestión.

Si a eso le sumamos que Morelia es el punto fuerte de Fausto Vallejo, político de carrera y quien en su vida no ha hecho otra cosa que política, pues entonces ya nos imaginamos lo que le depara en el interior del estado, donde ya tuvo la amarga experiencia de irse al tercer lugar en la elección por el Senado de la República en 2006.

Sobre los funcionarios municipales faustistas pesan muchos señalamientos de corrupción, que incluso han alcanzado al propio alcalde en algunos momentos. La mayoría de su gestión ha sido más mediática que de hechos, como lo hacen los políticos modernos. Entonces su viabilidad es limitada y sus posibilidades reales se reducen.

Entre los políticos priístas, uno de impecable trayectoria, aunque no ha mencionado tener interés por la gubernatura, es Jaime Rodríguez López, ex alcalde de Penjamillo, dos veces diputado federal y actualmente diputado local por segunda ocasión, sin contar su paso por la dirigencia estatal del PRI y su gestión como titular de la Sedagro en el gobierno de Tinoco Rubí.

El “Vale” tiene una carrera sólida, fue coordinador de la precampaña de Arturo Montiel Rojas en Michoacán y, por lo tanto, tiene muy buena relación con Enrique Peña Nieto, de lo que Fausto Vallejo no puede presumir, sin embargo, no cuenta con grupo propio al interior del tricolor y a la larga eso le puede pesar.

Además, el ex senador J. Ascención “Chon” Orihuela Bárcenas tiene interés, pero la detención de su sobrino Antonio Ixtláhuac Orihuela en “el michoacanazo”, le restó ímpetu al trabajo que venía realizando.

Por cierto, que la reciente liberación de Antonio Ixtláhuac y su reinstalación como alcalde de Zitácuaro ha hecho que algunos de sus simpatizantes lo pretendan impulsar a al gubernatura, lo que tampoco parece viable, pues sólo ha sido un diputado local intrascendente y un alcalde con corto e interrumpido periodo de gestión.

También hay quienes hablan del ex diputado local, ex diputado federal en dos ocasiones, ex dirigente estatal del PRI, ex candidato a gobernador y líder de grupo, Jesús Reyna García, pero la elección pasada lo castigó severamente, por lo que se menciona que él podría tratar de impulsar al ex alcalde de Morelia, Salvador Galván Infante, de triste memoria entre los morelianos por su pésima administración.

Y acerca de la presunta precandidatura de Víctor Silva Tejeda, quien ha sido diputado local y federal hace ya muchos años, de no ser por los compendios de trabajo legislativo y alguna que otra publicación periodística, la gran mayoría de los michoacanos menores a los 35 años de edad ni lo conocen.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• ECOS DEL “MICHOACANAZO”
  
  
  Después de la espectacularidad del operativo de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno federal para detener a 32 ex funcionarios estatales y municipales de Michoacán, en una acción que fue titulada por algunos medios de comunicación como “el michoacanazo”, todo pinta para terminar en el ámbito político en una simple anécdota que se recordará con insistencia en los próximos años.
  
  En sí la acción fue espectacular por la meticulosidad con que se actuó en el operativo que permitió en un primer momento la captura casi simultánea de tres presidentes municipales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), así como de colaboradores muy cercanos al gobernador Leonel Godoy Rangel por su presunta vinculación con el crimen organizado.
  
  Para bien de unos y para mal de otros, todo esto aconteció el 26 de mayo del año pasado, muy cercano al proceso electoral federal del año pasado en el que se renovó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo que de inmediato generó suspicacias y acusaciones muy directas contra el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa, a quien se le endilgó el tema como un asunto de carácter netamente electorero.
  
  Sobre todo, la presidenta estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano, así como el dirigente estatal del PRI, Mauricio Montoya Manzo, respaldaron a sus ex funcionarios y presidentes municipales, y aseguraron que todo era una estratagema, un ardid político desde el sistema de impartición de justicia para desacreditar, según los perredistas al gobierno de Leonel Godoy, y según los priístas al otrora hegemónico partido tricolor.
  
  Mientras tanto, la opinión pública en Michoacán, pero sobre todo a nivel nacional y en el extranjero, hicieron eco de la acción, al ver confirmado lo que por décadas se ha comentado en voz baja por todo el territorio nacional, “la política y la delincuencia están muy ligados y van muy de la mano”.
  
  Ni tanto digirieron la información los ciudadanos mexicanos, hubo políticos que vieron la posibilidad de aprovechar política y mediáticamente los acontecimientos, el primero, el senador perredista Silvano Aureoles Conejo, quien casi de manera inmediata subió a la tribuna del Congreso de la Unión a demandar la creación de una Comisión Especial de seguimiento, pero sobre todo de defensa, de los detenidos.
  
  Casi de manera simultánea se conformaron comisiones especiales en la Cámara de Diputados del Legislativo federal y en el Congreso del Estado de Michoacán, por cierto, ésta última impulsada por el medio hermano de Silvano, el diputado local, también perredista, Antonio García Conejo.
  
  Leonel Godoy pasó por uno de los momentos más difíciles de la que ya de por sí ha sido una corta pero problemática gestión, cuando mediáticamente fue linchado por los medios de comunicación, principalmente los nacionales, así como cuando su medio hermano Julio César Godoy Toscano, huyó aún siendo diputado federal electo, al saber que había también una orden de aprehensión en su contra.
  
  Por cierto, no se sabe quién le avisó, pero se presume que el pitazo habría llegado o del Ejecutivo estatal o del Secretariado Estatal del PRD, que poco antes habían sido atendidos en su exigencia de recibir información de la PGR sobre las acciones realizadas y la estrategia a seguir en los próximos días.
  
  De hecho, se comenta que la desaparición del aún prófugo se registró al día siguiente de la reunión en la que funcionarios de la dependencia federal informaron al secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, y los líderes de los partidos políticos con presencia en Michoacán.
  
  En tanto, el dirigente estatal del PAN, Germán Tena Fernández, y los diputados federales y locales del mismo partido político, se encontraron en una difícil situación, prácticamente entre la espada y la pared, y tras algunos titubeos de algunos días, optaron por darle la espalda a sus alcaldes, Antonio González Rodríguez, de Uruapan, y José Luis Ávila Franco, de Hidalgo, para respaldar las acciones del gobierno de Felipe Calderón.
  
  Después de todos estos acontecimientos iniciales, vinieron las reuniones de las comisiones especiales de los poderes legislativos con los familiares, pero también con las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, visitas a los penales de Tepic, Nayarit, a donde fueron trasladados los detenidos, y una guerra de declaraciones, que fueron desde los tintes electorales del asunto, hasta la ineficacia de varios aspectos de la Reforma Judicial recientemente aprobada.
  
  Vinieron las primeras liberaciones de tres alcaldes, en el mes de agosto, después el traslado de los ex funcionarios al Penal de Mil Cumbres en Michoacán y casi de manera inmediata, pero también sospechosa, la liberación de casi la mitad de los mismos.
  
  “Quedaron libres por falta de pruebas”, rezaban las autoridades federales, mientras los perredistas y priístas trataron de hacer eco a todo lo que daban sus pulmones de la injusticia cometida en un principio y de la necesidad de liberar a todos los demás. También demandaron que el gobierno federal ofreciera disculpas públicas y reparara el daño hecho a los liberados.
  
  Sin embargo, la respuesta del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, fue lapidaria, “no se les pueden ofrecer disculpas porque salieron libres bajo las reservas de ley, es decir que la investigación continúan y podrían encontrarse nuevos elementos que obligaran a reanudar los procesos legales que se les seguían”.
  
  Mientras tanto, en el Congreso del Estado, el líder parlamentario del PAN, Francisco Morelos Borja, y el presidente de la Comisión de Justicia, Antonio Salas Valencia, también panista, manifestaban su recelo en torno a la decisión de liberar a tantos de los detenidos, pero jamás admitieron que se hubiera cometido una injusticia, por el contrario, demandaron que se investigue al Ministerio Público Federal porque existen elementos para pensar que la liberación de los ex funcionarios ha sido más por la mala integración de las averiguaciones previas y errores procedimentales, que porque se haya demostrado la inocencia de los inculpados.
  
  Ahora que se ha logrado la liberación de tantos de los detenidos, el tema sigue teniendo mucha tela de dónde cortar, algunos han señalado que figuras como el arraigo, los testigos protegidos y los cateos deben desaparecer, o cuando menos ser revisadas a profundidad, pero los efectos políticos son mucho más evidentes.
  
  Silvano Aureoles se considera el artífice de la liberación, por lo que ha procurado que su nombre se mencione junto con el tema del “michoacanazo”, y también le ha inconformado el protagonismo que ha asumido el presidente de la Comisión Especial del Senado, Carlos Sotelo, quien también es perredista, porque siente que le roba el rol para el cual trabajó.
  
  En Uruapan, Mary Dóddoli Murguía, inició un procedimiento para intentar quedarse con el cargo de alcaldesa sustituta, luego de una serie de desencuentros que incluso provocaron la expulsión de casi la mitad del Cabildo. Por el momento, la experimentada panista no pudo quedarse y Antonio González regresó tras su liberación, pero el asunto por la vía legal continúa.
  
  Además, la detención del alcalde de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac Orihuela, derribó los planes por la gubernatura que ya esbozaba el ex casi de todo Ascensión Orihuela Bárcenas, su tío. La liberación en cierta forma le abriría las puertas de nuevo al ex gobernador, pero ya hay algunos zalameros que pretenden meterle la idea al novel Ixláhuac Orihuela de que puede aprovechar su condición como “víctima de una injusticia” para potenciar su carrera política, ¿y por qué no?, buscar en 2011 el Solio de Ocampo.
  
  Después de todo, las renuncias de presidentes municipales de Zitácuaro para buscar nuevos puestos políticos no es una historia nueva, que le pregunten al propio Aureoles Conejo.
  
  Las dirigencias nacionales del PRD y del PRI tienen como uno de sus principales temas de contracampañas para las elecciones de 2011 y 2012, el asunto del “michoacanazo”, mientras que en el PAN existe incertidumbre en la estrategia para responder. El único panista que pareció apostar hasta el momento al bando ganador fue el senador Marko Cortés Mendoza, quien por cierto, fue incluso reconocido y aplaudido por Citlalli Fernández González y por el Consejo Estatal del PRD.
  
  El “michoacanazo” trae mucho más de fondo y seguramente dará mucho más de qué hablar en los próximos meses, sobre todo cuando se sepa quiénes salen, quiénes entran y quiénes reingresan al Penal de Mil Cumbres en Morelia. Lo más relevante que surja lo iremos comentando.

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Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• IZQUIERDA, ¿INTOLERANTE O INCONGRUENTE?

Cuando están en la búsqueda del poder, los grupos, organizaciones o partidos políticos se quejan constantemente por lo que hacen aquellos que están en el gobierno, pero después, cuando los que eran oposición llegan a ocupar los cargos gubernamentales, es común que adopten las mismas prácticas que criticaban en sus contrarios.

Por tradición, la izquierda en México se ha dicho reprimida, pero a la vez defensora intachable de los derechos de las masas, sobre todo del derecho a la libre manifestación política pública, con todos los privilegios y hasta los excesos que las marchas y plantones suelen implicar.

Sin embargo, también hemos visto a líderes de la izquierda mexicana que se sienten perfectos y personajes incuestionables. Ya en el poder, sea público o fáctico, esos mesías se sienten intachables y no aceptan la crítica, sobre todo cuando viene de grupos y organizaciones que no son precisamente afines a sus intereses políticos.

Ejemplos existen muchos, tan sólo en México, para no abundar con casos tan patéticos como el de Fidel Castro en Cuba o el de Hugo Chávez en Venezuela, tenemos a un Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, endiosado por algunos sectores del perredismo y de la izquierda en el país, quien luego de una carrera política que se transformó y potenció a base de marchas y movilizaciones, usó la fuerza pública para reprimir las primeras manifestaciones que se dieron durante su periodo como jefe de Gobierno del Distrito Federal.

¿Y qué decir de todas las ocurrencias y anécdotas que existen de su sucesor, Andrés López Obrador? Después de lo ocurrido en 2006, la palabra “intolerancia” se aplica de manera muy directa en el ideario colectivo con la figura del tabasqueño hoy venido a menos.

Ahora aterricemos en Michoacán, donde un Lázaro Cárdenas Batel, hijo por cierto del primer personaje que mencionamos en este mismo espacio, dio manga ancha a casi todos los grupos y organizaciones sociales que se manifestaron públicamente durante su gobierno, causando serios estropicios a los morelianos y a muchos otros michoacanos en otros puntos del estado.

Para no ser atacados por la fuerza pública bastaba con ser de una organización afín a la izquierda, aún y cuando los reclamos e insultos fueran contra el gobernante en turno. Pero muy sonado fue el caso en que las flamantes fuerzas del orden del gobierno estatal reprimieron a un grupo de padres de familia y con sus niños que demandaban, frente a Palacio de Gobierno, solución a un problema en una escuela primaria.

En el actual gobierno de Leonel Godoy Rangel esa justicia selectiva se ha seguido aplicando. Si los manifestantes son pocos y no pertenecen a una agrupación afín el PRD, entonces se hace uso de la fuerza pública y se les impide bloquear las calles de Morelia, pero si son identificados con el partido del sol azteca, entonces las autoridades estatales argumentan que hacen hasta lo imposible por agotar el diálogo y, de no ser porque los manifestantes se hartan, bien podrían tener secuestrado al estado por lo que resta de la administración estatal.

Recientemente en Morelia fuimos testigos de una detestable movilización del Frente Auténtico de Transportistas del Estado de Michoacán (FATEM), que encabeza el diputado priísta José Trinidad Martínez Pasalagua, que consistió en bloqueos a varias de las principales arterias de la ciudad, así como las entradas y salidas de la ciudad, lo que entorpeció las actividades cotidianas de los morelianos, pero también afectó de manera severa al sector turístico en pleno periodo vacacional de Semana Santa.

La afectación fue grave, y la forma de manifestarse de los transportistas reprobable, pero no se comparó ni con mucho al daño que han hecho los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante los últimos 20 años, con sus constantes paros, plantones, bloqueos, peleas, insultos y pintas en edificios públicos, entre muchas otras tropelías.

A pesar de ello, para el gobierno de Michoacán ahora sí valió la pena la implementación de un operativo de las corporaciones de seguridad pública para levantar los bloqueos, recoger las unidades de transporte público y enviar a la cárcel a los trabajadores del volante que cometieron el pecado de no simpatizar con el PRD.

Estoicamente, el gobierno de Leonel Godoy Rangel ha pretendido ignorar o ha aceptado las constantes burlas, los frecuentes desaires, los insultos, las descalificaciones y las declaraciones en las que los maestros que se dicen “democráticos”, encabezados primero por Artemio Ortiz Hurtado y después por Jorge Cázares Torres, gritan a los cuatro vientos que han roto el diálogo que se han levantado de la mesa de negociaciones.

Entonces, ¿por qué con ellos no se ha aplicado la misma justicia? Precisamente hace un año, en el marco del inicio del periodo vacacional de Semana Santa, los maestros de la CNTE instalaron un plantón de 26 días, hasta con casas de madera, en pleno Centro Histórico de Morelia, justamente frente a Palacio de Gobierno.

¿Cómo olvidar las crónicas periodísticas de aquél entonces, cuando decenas de maestros, empezando por Jorge Cázares, se crucificaron frente a la Catedral de Morelia (lamentablemente sin utilizar clavos) a manera de mofa de las autoridades, de los ciudadanos, de los turistas y de los creyentes?

Por eso, hoy vale la pena preguntar: ¿Qué le pasa a la izquierda en México y en este caso en Michoacán? ¿Se trata de una izquierda que es intolerante o simplemente es incongruente? ¿Está bien cuando se manifiestan los grupos, organizaciones sociales y sindicatos que se dicen izquierdistas y está mal cuando lo hagan todos los demás? Hasta ahora las respuestas, simple y sencillamente, no convencen.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• PENSIONES VITALICIAS, OTRO FRACASO DEL GOBIERNO

La falta de capacidad del gobierno michoacano se ha visto confirmada una vez más con el revuelo ocasionado por aquella iniciativa que envió al Congreso del Estado el titular del Ejecutivo Estatal, Leonel Godoy Rangel, para otorgar pensiones vitalicias a los más afectados por los atentados registrados en Morelia durante el Grito de Independencia, misma que se ha convertido en la comidilla de los corrillos políticos porque en los próximos días podría ser desechada por inconstitucional.

Es increíble como en unos pocos días la administración estatal pasó de aparecer mediáticamente como una institución sensible y solidaria con las víctimas de un hecho tan deleznable a ser seriamente cuestionada en sus procedimientos por toda la clase política del estado, porque a pesar de lo justa que inicialmente puede parecer la propuesta de ayudar a paliar en parte el daño causado a tantas familias inocentes, ha sido ridícula la forma de plantearlo ante el Poder Legislativo de Michoacán.

Habían pasado sólo unos días de la tragedia que finalmente derivó en la sensible muerte de ocho personas, así como en la mutilación de dos más y en el registro de más de 130 heridos con lesiones de diversa magnitud, cuando en un acto público realizado en Palacio de Gobierno, al que se citó a todos los dirigentes de los partidos políticos, los diputados locales y presidentes municipales del estado, Leonel Godoy hizo un anuncio que estremeció a todos los presentes y al día siguiente ocupó grandes espacios en los medios de comunicación.

El mandatario estatal se comprometió a presentar una propuesta formal al Congreso del Estado para que se autorizara el otorgamiento de una pensión vitalicia a los familiares de las ocho personas fallecidas, así como a aquellas dos mujeres que sufrieron la pérdida o inutilización de alguna de sus extremidades.

Hasta ahí, las cosas iban bien para el gobernador, pues la opinión pública y hasta los líderes de los grupos parlamentarios en la 71 Legislatura local se sumaron al espíritu de tan noble propuesta.

Nadie dijo no. Todos la apoyaron, pero fue entonces cuando el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Legislativo local, Juan Carlos Campos Ponce, presentó un punto de acuerdo en el que proponía entre muchas cosas más, que el gobierno del estado otorgara una indemnización por responsabilidad civil, que es distinta a la pensión vitalicia, de acuerdo con el Código Penal de Michoacán.

La propuesta del diputado priísta no fue aceptada por las bancadas del PRD y del PAN, que decidieron turnarla a comisiones para su estudio, análisis y dictamen y el tema se olvidó por dos semanas, pero después llegó al pleno del Congreso la multicitada iniciativa que tiene por objetivo solicitar las mencionadas pensiones vitalicias y con ella, la andanada de cuestionamientos hacia el titular del Ejecutivo Estatal y su secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca.

El primero en aparecer en público para destacar la ilegalidad del documento remitido por el gobierno estatal fue el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Francisco Morelos Borja, quien en pocas palabras aseguró estar de acuerdo con el fondo de la iniciativa del mandatario estatal, aunque llamó a cuidar las formas, porque el articulo 44 de la Constitución local sí faculta al Legislativo a otorgar pensiones vitalicias, pero sólo en los casos de aquellas personas que hayan prestado servicios prominentes al país o al estado.

Siguieron el priísta Juan Carlos Campos, el perredista Antonio Cruz Lucatero y varios más, que a pesar de la voluntad confirmada por los líderes de las bancadas perredista, Raúl Morón Orozco, y priísta, Wilfrido Lázaro Medina, se sumaron a los cuestionamientos e incluso fueron mucho más allá, ya que el primero de ellos recordó que desde un principio sugirió la indemnización por responsabilidad civil como la figura legal adecuada.

Además, manifestó su extrañeza de que el secretario de Gobierno, supuesto maestro en Derecho, no haya orientado al mandatario estatal sobre la inconstitucionalidad de la propuesta que presentaron, misma que por cierto, fue firmada por ambos y hasta por el secretario de Finanzas y Administración, Humberto Suárez López.

En tanto, Antonio Cruz aseguró que desde que Godoy Rangel hizo el anuncio él sugirió a su coordinador parlamentario que hiciera saber al titular del Ejecutivo Estatal que la propuesta que anunció públicamente, ante toda la clase política, representantes de la sociedad civil y representantes de los medios de comunicación, simple y sencillamente no procedería en esos términos por contravenir ciertos principios constitucionales. Ese llamado, de acuerdo con el diputado, no fue escuchado.

Las opiniones a favor y en contra del proyecto del Ejecutivo continuaron por algunos días, hasta que se fueron consolidando los consensos en torno a la inconstitucionalidad del mismo.

Ahora la gran mayoría de los diputados se pronuncian ya no a favor de dicha iniciativa, sino que se busquen mecanismos que permitan apoyar a las familias afectadas por los arteros atentados, sobre todo, medidas que funcionen de manera similar a las pensiones, puesto que una indemnización, aunque por monto superior, se haría en un solo pago y por única ocasión.

A todo esto debe sumarse la reciente reunión de las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia para analizar el punto de acuerdo presentado desde el 25 de septiembre por Juan Carlos Campos, sesión en la que no estuvo presente ningún diputado del PRD, partido al que pertenece el mandatario estatal, y en la que diputados como el priísta José Trinidad Martínez Pasalagua, el panista Jesús Ávalos Plata y el nuevo aliancista, Juan Manuel Macedo Negrete expresaron su inconformidad con la actitud del gobernador.

En ese sentido, los mencionados representantes populares se dijeron cansados de que el mandatario estatal no respete la división de poderes y remita al Congreso del Estado todos aquellos asuntos que su administración no es capaz de resolver de manera eficiente y oportuna, como por ejemplo, el caso Cherán que fue advertido por la dirigencia estatal del PRI con meses de anticipación y que nunca fue atendido por la Secretaría de Gobierno.

Como se mencionó en este espacio periodístico con anterioridad, Leonel Godoy tiene una estrategia mediante la cual pretende tener el control de todo cuando ocurre en el estado. De ahí su interés por mantener como miembros de su gabinete solamente a bajos perfiles que, en concordancia con sus capacidades, han ofrecido sólo pobres resultados.

De ahí la intención de instalar una Mesa de Concertación Política con los dirigentes estatales de los partidos políticos, para mantenerse al tanto de todas sus demandas y evitar en la medida de lo posible escándalos mediáticos, que dañen aún más su imagen y la de su administración, y de ahí su constante presencia en los eventos de su partido, tanto a nivel estatal como a nivel nacional.

El hecho de que muy a su pesar el Congreso del Estado, tanto propios como extraños, se vea obligado a rechazar por inconstitucional una iniciativa remitida por el titular del Ejecutivo Estatal, es simplemente el reflejo de la incapacidad que existe en la gran mayoría de las áreas del gobierno del estado, así como de la falta de conocimientos básicos constitucionales y de pericia en la negociación política, pero sobre todo, de coordinación entre el mandatario estatal del PRD y el grupo parlamentario también del sol azteca.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• EL PENOSO COMIENZO DE LA 71 LEGISLATURA
  

El Congreso del Estado es la caja de resonancia de todo lo que ocurre en Michoacán. En esa institución se encuentran representados los 24 distritos electorales y siete de las ocho fuerzas políticas con presencia en la entidad. Por consecuencia lógica, el Poder Legislativo es el reflejo de todo lo que hacemos y lo que nos pasa en la vida cotidiana a los michoacanos.

Así, en la que es conocida como la “casa del pueblo”, donde se cocina gran parte de la vida política, nos encontramos con diversas problemáticas, dificultades, vicisitudes y hasta ocurrencias, que de manera directa o indirecta inciden de una forma muy importante, tanto de manera positiva como negativa, en la vida de todos los habitantes de este estado.

La 71 Legislatura local ha transitado por sus primeros ocho meses, todavía ni siquiera la cuarta parte de los cuatro años que tendrá de ejercicio, y ya ha generado una serie de conflictos y situaciones que han puesto en duda su credibilidad, así como la capacidad y honestidad de nuestros representantes populares.

Entre estos asuntos se encuentran en particular algunos que han llamado la atención por las implicaciones que tienen en cuanto a la probidad y conocimiento de sus atribuciones por parte de nuestros diputados locales de todos los partidos, como el caso del escándalo por la falta de transparencia y malos manejos en el presupuesto que maneja la Coordinación de Comunicación Social para destinar a convenios publicitarios con los medios de comunicación.

De acuerdo con la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, existe un Comité de Comunicación Social conformado por diputados que entre sus funciones tiene la de aprobar las estrategias de medios por parte del Poder Legislativo.

Sin embargo, hace unas semanas se hizo pública una lista que contiene las cantidades que se destinan a los diversos medios de comunicación, un listado que en lugar de dejar en claro los criterios para la contratación de espacios publicitarios sembró muchas dudas sobre el manejo y la distribución de los más de 5 millones de pesos que se aprobaron para ese efecto en este año.

Algunos medios, inconformes con las inexplicables disparidades, infirieron que aquellos periódicos, televisoras y programas de radio que apoyaron a Laura Yadira Marín Rosas para que permaneciera al frente del área son precisamente los más beneficiados con el reparto que se hizo, pues mientras la mayoría de los periódicos de circulación estatal reciben alrededor de 31 mil pesos mensuales, a uno en particular se le otorgan 222 mil pesos mensuales, cifra que no equivale en nada al tiraje, distribución y penetración de cada uno de esos medios.

En tanto, la casa televisora por cable de la que la comunicadora fue parte, tiene un contrato de 200 mil pesos, mientras que otra empresa del ramo que tiene cobertura estatal y antena aérea, lo que implica un mayor auditorio, recibe sólo la cuarta parte de eso.

Lo delicado y criticable de este caso es que los diputados integrantes del Comité de Comunicación Social, Macarena Chávez Flores, Antonio Cruz Lucatero y Epigmenio Jiménez Rojas, obligados por la ley a aprobar las estrategias de comunicación y a garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, no conocieron ese listado hasta que apareció en un diario estatal y en portales de internet.

No conforme con eso, la presidenta del Comité reconoció que el listado es real y que no tuvieron conocimiento del procedimiento que se siguió para distribuir el presupuesto de esa área, cuando se supone que ese equipo de trabajo es precisamente el encargado de delinear las estrategias para que la difusión de las acciones y los logros del Congreso del Estado se haga de forma eficiente, efectiva y transparente.

Para este año, el presupuesto de los convenios para los medios de comunicación fue autorizado por la Junta de Coordinación Política, según reconocieron los coordinadores parlamentarios del PRD y del PRI, Raúl Morón Orozco y Wilfrido Lázaro Medina, respectivamente.

Sin embargo, ambos diputados admitieron que desconocen los criterios que aplicó la que fuera coordinadora de Comunicación Social con la70 Legislatura, la de peor imagen en toda la historia de Michoacán. Eso deja mucho que desear sobe nuestros diputados locales.

Entre otros temas controvertidos que están vigentes en el Congreso del Estado se encuentra la iniciativa de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tema impulsado por la diputada perredista Gabriela Molina Aguilar y la secretaria de la Mujer del Ejecutivo Estatal, Cristina Portillo Ayala.

Todos, o casi todos, en Michoacán estamos de acuerdo en que se deben proteger los derechos de las mujeres, pero con el argumento de que existe una Ley General en la materia a nivel nacional y que casi todos los estados del país ya cuentan con sus respectiva legislación, ambas perredistas pretendían la aprobación ipso facto de la mencionada propuesta, que no es más que una copia fiel de la norma federal.

En la Comisión de Grupos Vulnerables, Equidad y Género todas las integrantes, perredistas, panistas y priístas, estaban de acuerdo en aceptar los argumentos, sobre todo porque se les dijo que de no aprobarse a la brevedad la nueva ley se corría el riesgo de perder los 3.2 millones de pesos asignados por el gobierno federal para Michoacán con el objetivo de implementar programas de protección a las féminas.

A sólo unos días de la presentación del dictamen de la iniciativa tuvo que llegar el coordinador parlamentario del PAN, Francisco Morelos Borja, a hacer una serie de observaciones a la propuesta, a la vez que reconvino a las panistas Macarena Chávez y Lourdes Torres Vargas, que ingenuamente no se habían percatado de lo que en apariencia el proyecto trae de fondo.

Para el líder de la bancada panista, la iniciativa de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es discriminatoria del resto de la sociedad, porque es de aplicación exclusiva al beneficio de ese sector de la población, dejando fuera otros grupos que también son susceptibles de padecer violencia, particularmente los grupos vulnerables de la población, como ancianos, niños, discapacitados, entre otros.

Efectivamente, la mayoría de los congresos locales han aprobado las iniciativas de ley en la materia, simplemente como copias de la Ley General, pero porque aparentemente han caído en el juego de quienes la han impulsado con el argumento de que si no entra pronto en vigor se perderán los millonarios recursos federales.

Pero para nadie es un secreto que estamos entrando a un proceso electoral en el que habría que analizar todo el entorno para darse cuenta de que la intención es no sólo recibir recursos del gobierno federal, sino hasta de organismos mundiales como el Fondo Monetario Internacional, que promueven esta clase de iniciativas en todo el orbe. En resumen, recursos frescos que bien podrían ser empleados para las campañas del próximo año.

Sólo así se explica tanta desesperación de algunas políticas por aprobar a la brevedad esta propuesta en los términos que se encuentra, aún a sabiendas, porque ya se les aclaró, que los recursos federales no están en riesgo si en el transcurso de este año Michoacán armoniza su legislación local con la federal. Es decir, que bastaría con que se adecúe algún ordenamiento legal de los ya existentes para que el estado hubiera cumplido con el requisito.

Otro asunto que está causando mucha polémica es la ampliación presupuestal que se autoaprobó el Congreso del Estado por el orden de los 66 millones de pesos con el objetivo de cubrir una serie de gastos en los que ya se incurrió o se comprometió la 71 Legislatura, así como el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2009 por 444 millones de pesos que también ya se aprobaron y que podrían ser ratificados en los próximos meses.

Los primeros 66 millones de pesos se suman a los 288 millones que la anterior Legislatura aprobó en su momento para este año. Es decir que los recursos por ejercer para este año por el Legislativo ascenderán por primera vez a 354 millones de pesos, cuando en 2007 rondaron los 320 millones, también después de dos ampliaciones presupuestales que sumaron poco más de 60 millones de pesos.

Con esa dinámica de incrementos que se ha autorizado el Congreso cada año desde hace varios ejercicios fiscales, no es de extrañar que esta vez también haya ocurrido, lo criticable es que en esta ocasión se incluyan en el presupuesto gastos como el pago de sueldos a una nómina inflada que contiene en sólo unos meses a 101 trabajadores más que aquellos con los que cerró la anterior Legislatura, así como el pago de vehículos de lujo para cada grupo parlamentario y gastos de gestión ya ejercidos por varios diputados.

Lo más criticable es que haciendo alarde de sus atribuciones como el Poder del Estado encargado de aprobar los presupuestos, se hayan autorizado recursos por 444 millones en los que los diputados incluyen otra vez los sueldos y honorarios de los 101 trabajadores que tienen de más, entre los que se encuentran muchos que son amigos y familiares, así como incrementos en los gastos de gestoría, que ahora denominan “atención ciudadana”, desde los 25 mil hasta los 40 mil pesos mensuales, según ha trascendido.

Y eso no es todo, había propuestas descabelladas como la del diputado Antonio Cruz Lucatero la cual pretendía que los recursos para gestión se elevaran hasta los 120 mil pesos al mes, porque según el representante popular, hay secretarios de estado que cuentan con mucho más recursos y no fueron electos por el pueblo.

Por eso se entiende que a la hora de las postulaciones los partidos y los políticos se aferran por obtener las mayores y mejores posiciones posibles, porque está visto que ya en esos puestos, nuestros legisladores aspiran a obtener ganancias que les permitan vivir bien por el resto de sus vidas.

La 71 Legislatura apenas comienza y estos son sólo ejemplos de muchas cosas que han ocurrido y un ejemplo de las malas decisiones que se toman en la institución, en ocasiones por desconocimiento y otras veces por mala fe y por personas que abusan de su posición. Y si este es el inicio de un periodo de cuatro años, ya podremos imaginar lo que nos resta por ver a los michoacanos.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• LA INSEGURIDAD QUE LACERA A LOS MEXICANOS

Michoacán está hoy ensombrecido e indignado por la tragedia, la infamia y el terror que sembraron en todos los ciudadanos un grupo de criminales que atacaron sin piedad a niños, mujeres y hombres en medio de los festejos del Grito de Independencia en pleno Centro Histórico de Morelia.

Con estos hechos, es claro que los criminales han tomado el control de más y más espacios y que han perdido, incluso, lo que el propio crimen organizado llamaba su código de ética criminal y que tenía definidos los objetivos y las formas de llevar a cabo sus acciones, entre las que procuraban no atentar contra la vida de inocentes.

Es mas, incluso había en ellos un rasgo social, es decir, cooperaban y hacían obras públicas que beneficiaban a sus comunidades y pueblos, con ello, los habitantes estaban agradecidos y a cambio les ofrecían discreción y apoyo.

Actualmente, cada acto de terrorismo y de inseguridad pública, cada caso de secuestro, de extorsión y asesinato, que se registra como parte de la ola de violencia de los últimos años, es un hecho que lacera gravemente a todos los mexicanos, pues además de que hace evidente la inoperatividad de los cuerpos policíacos e instituciones encargadas de la procuración de justicia, ahora los grupos delincuenciales se han ocupado de sembrar el terror en toda la población.

Ya no sólo las clases sociales más acomodadas temen la posibilidad de un secuestro o de ser extorsionadas, sino que ahora, como consecuencia de la confusión que ha generado entre el crimen organizado el ataque del gobierno federal, cualquier persona puede ser víctima u objeto de éstos delitos cometidos por pequeñas células que estaban al servicio del narco y que ahora quedan huérfanas o desempleadas por el desmembramiento de sus organizaciones.

Hasta hace algún tiempo los grupos de la delincuencia organizada se enfrentaban entre ellos por el control de las rutas y por buscar la preponderancia o supremacía en determinados territorios. Muy pocos eran los embates contra los encargados de la seguridad pública, lo que daba a entender que los cuerpos policíacos no se entrometían en los asuntos de los criminales.

Hoy, sin embargo, a partir de que el gobierno federal anunció una lucha frontal contra la inseguridad, lo que vemos es una lucha cruenta entre las bandas, pero también de éstas contra los ciudadanos, funcionarios y policías que sí trabajan para detenerlos y hasta contra el Ejército Mexicano, que en esta última etapa ha entrado al combate como la última opción ante la corrupción, falta de capacidad e inoperatividad de la mayor parte de los otros cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales del país.

Si antes las ejecuciones eran entre miembros de los propios grupos, o hacia personas que de algún modo se encontraban relacionadas con las mafias, ahora esto ha sido rebasado, pues cualquier ciudadano puede perder su vida o su patrimonio como producto de los secuestros y ataques, mientras que comerciantes y empresarios se han vuelto víctimas cotidianas de los delincuentes que les cobran el “derecho de piso”, con el riesgo de ser asesinados de no cumplir con el pago.

Esto es consecuencia de que varios de los operativos realizados por el gobierno federal y el Ejército Mexicano han orillado a esos grupos a dejar su actividad, ya que les representa un mayor peligro por la persecución de la que están siendo objeto, y ahora han cambiado su giro hacia el secuestro y la extorsión principalmente.

Por ello, las formas son mucho más violentas, sanguinarias y beligerantes de operar de los grupos de secuestradores, ya que se trata muchas veces de grupos de antiguos sicarios del narco que se han quedado sin su acostumbrada fuente de ingresos.

Varios de los últimos casos de secuestros que han tenido resonancia a nivel nacional han dejado en claro dos cosas, la infiltración del crimen organizado en varios de los cuerpos policíacos, y al mismo tiempo la falta de coordinación entre las diferentes instancias encargadas de brindar seguridad pública a los mexicanos.

Es muy sintomático el muy sonado caso de la familia Martí, pues el secuestro del menor que posteriormente fue asesinado por sus captores, se operó a través de una mujer que formaba parte de la policía, mediante un retén falso, a plena luz del día y en una avenida importante de la ciudad de México.

Cuando el operativo apócrifo fue detectado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, quienes en lugar de verificar la legalidad y autenticidad de la acción, ofrecieron ayuda a sus colegas para una mejor ejecución de esa tarea.

La indignación se acumula en el sentir de los ciudadanos y en días pasado generó una movilización en varios puntos del país para exigir a los gobiernos de los tres niveles y a las instituciones mejores resultados y castigos ejemplares contra los criminales.

Aún queda la duda sobre el efecto real que tendrán las demandas que se hacen en estas marchas de ciudadanos comunes contra la inseguridad, pero lo cierto es que evidencian el sentir de todo un pueblo y el hartazgo al que se ha llegando.

Eso fue lo que generó las reacciones de los ciudadanos que salieron a las calles a manifestar abiertamente y con todo orden su inconformidad. Pero no hay que olvidar que en nuestro país lo que vale no es lo que diga o sienta un pueblo, porque los gobiernos y las autoridades funcionan a través de las acciones rentables políticamente para ellos. En otras palabras, funcionan de acuerdo con los votos que le represente tal o cual medida.

Hay que ver si las detenciones de algunas de las cabezas importantes de estas bandas no se quedan en una simple llamarada de petate, sólo para ofrecer a los ciudadanos que exigieron efectividad, un resultado visible que les deje satisfechos por el momento.

La marcha mereció muchos espacios en los medios de comunicación, y reunió a una cantidad importante de personas de todos los estratos sociales, por lo que no debería quedar en el olvido para las autoridades, como ha ocurrido tantas veces, cuando las manifestaciones populares carentes de fines políticos no representan algo más allá de una presión difusa, porque no se precisan demandas concretas a objetivos concretos, lo que disminuye las posibilidades de eficacia.

Con este panorama, parece más que justificada la entrada del Ejército Mexicano al combate contra la delincuencia organizada. Los resultados son contundentes en cuanto al número de aseguramientos de armas, de drogas, de vehículos, pero además, con los enfrentamientos que las fuerzas armadas han tenido con los delincuentes, en los que la mayoría de los casos los militares han salido airosos.

Por eso llama la atención que michoacanos como la dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano y el coordinador de los diputados perredistas en el Congreso del Estado, Raúl Morón Orozco, salgan con insistencia a fustigar el trabajo del Ejército, argumentando que los soldados deben permanecer en sus cuarteles porque con acusaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos ponen en riesgo el prestigio de la institución de la que forman parte.

En un contexto como el que vivimos en México y en Michoacán, queda la duda sobre el por qué de tanta resistencia de estos personajes a que el Ejército se involucre y tome en sus manos un asunto tan delicado que requiere de una ejecución certera, ordenada y efectiva.

No hay que olvidad que el Ejército Mexicano es la institución del país más respetada y que goza del mayor prestigio entre los mexicanos, y que la mayoría de los ciudadanos se sienten seguros con su presencia.

Entonces no sería descabellada la idea de que pareciera que algo temen aquellos que se oponen tan afanosamente a que nuestras fuerzas armadas salgan a las calles y se unan a la cruzada para detener el crimen organizado, pues cabe recordar que dentro del mismo gobierno y en otras instituciones existen evidencias que llevan a pensar que hay funcionarios que han tenido o tienen nexos con algunos de estos grupos criminales y que sólo a través del fuero, y de la protección que les brindan sus propias investiduras, quedan exonerados de la aplicación de la justicia.

Lo cierto es que a pesar de estos señalamientos es importante aclarar que a pesar de los casos de supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por la milicia, varias de estas denuncias deberían ser duramente cuestionadas, pues hay que ver de quién vienen y qué intereses tienen detrás realmente.

Hace algunas semanas, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, convocó de urgencia a una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la participación de gobernadores, autoridades policíacas y representantes de casi todos los sectores de la sociedad, del que surgieron 74 compromisos que forman parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Una semana después, en Michoacán se realizó un acto similar, durante una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el que también las autoridades y los diferentes sectores de la sociedad signaron acuerdos para buscar la seguridad de los michoacanos.

Entre los compromisos, que coinciden con parte de lo que se demandó en la marcha contra la inseguridad, realizada unos días después, se encuentra la urgente necesidad de depurar los cuerpos policíacos, lo que eventualmente ayudará a atacar de manera más efectiva a los criminales, pues no se puede hacer un trabajo real con buenos resultados cuando dentro de los mismos cuerpos e instituciones se encuentran inmersos los delincuentes.

Tampoco se puede hacer mucho cuando la procuración de justicia está plagada de hechos de corrupción, de compra de testigos, de erróneas integraciones de las averiguaciones previas, que dejan imprecisiones muy importantes que derivan en la pronta liberación de los delincuentes.

En tales circunstancias, la profesionalización y el cuidado con el que se recluta a los policías son indispensables, así como el contar con un registro único de quienes han pasado por esas corporaciones, con el objetivo de tener uniformidad de información y de los criterios con los que se puedan iniciar las investigaciones y su seguimiento.

Otro tema que tiene mucha relación con todo lo anteriormente expresado es la propuesta del presidente Felipe Calderón en el sentido de invitar al Congreso de la Unión a retomar su iniciativa para endurecer las penas contra los criminales que secuestran y atentan contra la vida de sus víctimas.

Sin embargo, esta iniciativa que causó tanto revuelo entre la clase política y los medios de comunicación, es ciertamente muy cuestionable, pues se propone aplicar la pena de cadena perpetua a los secuestradores, mientras que los expertos en el tema aseguran que esto no inhibe de ninguna manera los índices de criminalidad.

Lo anterior queda de manifiesto en países donde la pena de muerte y la cadena perpetua están en uso, mientras que todo hace suponer que en México esta medida más que favorecer a la lucha por la inseguridad podría tener consecuencias negativas, porque de todos es sabido que las cárceles que tenemos en el país son escuelas para la delincuencia y centros de operación protegidos para los criminales.

Si se aplican las sanciones como se debe, seguramente no habría necesidad de decretar una cadena perpetua, pues criminales como ellos, alcanzarían condenas equiparables a la cadena perpetua. Por ello tal parece que la medida no es más que un asunto mediático para calmar los ánimos de los ciudadanos que exigen más y mejores resultados.

Además, se debe valorar en su justa dimensión el costo que tiene para todos los mexicanos el mantener a una persona en la cárcel, que es muy alto, por lo que lo ideal sería que se reformara verdaderamente el sistema penitenciario y que se normaran los criterios para mantener en ciertas áreas de los penales a los delincuentes de alta peligrosidad, para no revolver a los delincuentes con los criminales de alta peligrosidad.

Ese es un tema que ya se prevé en la reforma judicial que este año aprobó el Congreso de la Unión y en la cual los estados tienen ocho años para reformar todo el sistema de seguridad pública y justicia penal.

Y ante los hechos terroristas de este pasado martes en la capital michoacana, todos esos operativos y esas reformas no podrán esperar mucho, pues los michoacanos estamos viviendo el pánico de que una bomba o una bala puedan alcanzarnos o a nuestras familias.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL OCULTA EN LAS LEYES

El acalorado debate que sostienen hoy en día grupos de izquierda y de derecha, así como representantes populares de todos los partidos políticos sobre la despenalización del aborto, la aprobación de leyes como la de Sociedades en Convivencia, o las reformas al Código Civil del Distrito Federal que permiten el divorcio de forma unilateral, es decir, el divorcio exprés, dejan al descubierto una serie de conveniencias y de intereses ocultos que van más allá de una mera posición política en beneficio de ciertos sectores de la sociedad.

Así, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaraba como constitucional la despenalización del aborto en el Distrito Federal, originando oleadas de reacciones y de críticas tanto a favor como en contra, científicos de la NASA descubrían vida en Marte, lo cual es un hecho de enorme trascendencia para la humanidad pues cambian con ello muchas de las teorías sobre el origen del Universo y del propio devenir de la humanidad.

La relación entre ambos hechos es notable, puesto que para los magistrados, diputados, jueces, organizaciones sociales, y hasta para el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la vida de un ser humano no inicia sino hasta la doceava semana de gestación en el vientre de una madre, para los científicos, astrónomos, ingenieros, y todos los anteriormente señalados, la molécula de agua encontrada en Marte es un vestigio válido de la existencia de vida en ese planeta.

Las incongruencias e inconsistencias son muchas. No es posible afirmar que lo que hay dentro del cuerpo de una mujer embarazada de 12 semanas no es una vida, cuando existen innumerables evidencias científicas de que desde los primeros días de gestación, un corazón empieza ya a latir por sí solo y en un ritmo muy distinto al de la madre.

La ética, la moral y los valores humanos están cada vez en mayor peligro pues leyes y reformas como estas generan una sociedad irresponsable, una sociedad a la que se le ofrecen soluciones prontas a sus problemas, sin reparar en los daños intrínsecos que éstas generan.

Ello motiva además, a que los ciudadanos no asuman las consecuencias de sus actos, pues el propio Estado les está otorgando soluciones fáciles y rápidas so pretexto de hacer leyes más justas y a favor de la libertad. Y no hay que olvidar que en el ejercicio de la libertad debe existir también la responsabilidad y el compromiso por parte de la sociedad.

Pero no es sólo la legalización del aborto lo que preocupa a muchos mexicanos, lo es también la Ley de Sociedades en Convivencia, la cual otorga beneficios legales a las parejas de homosexuales que deciden vivir juntos, en un marco jurídico y legal que no es muy claro y convincente.

Esta nueva Ley deja abierta además, la posibilidad de que en un futuro los convivientes puedan adoptar menores, sin embargo, a pesar de que la intención es elevarlos al rango de “familia”, lo cierto es que por muchos derechos que se les pretenda otorgar, nunca podrán conformar una familia como tal, y esas situaciones son las que deberían estar muy claras y delimitadas jurídicamente.

Queda claro que todas las personas tienen derecho de vivir en pareja, ya sea como una unión libre o en matrimonio, sin embargo, aunque mediante una legislación se pretenda proteger el patrimonio de esas minorías, no es indispensable considerarlos y elevarlos a la calidad de familia para que ello surta efecto, pues existen en México figuras jurídicas y normas que cumplen con el propósito de garantizar el derecho sobre los bienes generados entre personas.

Asimismo, los divorcios unilaterales es un asunto que merece ser revisado, pues basta con que alguno de los cónyuges lo solicite, y sin pruebas y de forma rápida se lleva a cabo la disolución del matrimonio.

Así, el propio Estado promueve que la unión entre dos personas sea, de alguna manera, un vínculo efímero que se pueda interrumpir en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia.

Parece ser que el objetivo de todas estas leyes es propiciar la desvalorización en el seno de una sociedad tradicionalista y creyente como la mexicana para, finalmente, minar y poner en riesgo la permanencia del núcleo más importante de toda sociedad: la familia.

No cabe duda que uno de los motivos que impulsan estos cambios es el materialismo exacerbado que envuelve a todos los países del mundo, en donde lo que importa es consumir bienes materiales para satisfacer necesidades inducidas y creadas por el propio sistema que nos rige, bajo la motivación de ascender, a través del consumismo, en el escalafón social y económico que garantice al individuo el reconocimiento de la sociedad.

El sistema capitalista, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la teoría malthusiana, los grupos feministas, la izquierda radical y la derecha más dura, así como el hedonismo, el pragmatismo de la cultura oriental y el consumismo estadounidense, son factores que inciden en la descomposición social de los últimos años, no sólo en México, sino en casi todos los países del mundo.

Esta descomposición social ha conducido a sociedades como la nuestra a que se eleve el número de divorcios y de abortos, asimismo, ha generado que los índices de delincuencia aumenten a un ritmo vertiginoso, que el número de familias desintegradas crezca también, provocando generaciones de individuos cada vez más vulnerables y necesitados de cubrir carencias emocionales, a través del consumismo.

En este sentido, mucho se ha especulado sobre la intención que tiene el FMI para que los países en vías de desarrollo detengan los altos índices de natalidad por considerarlos una carga económica para los desarrollados, y que sean menores los recursos que la institución les inyecte.

La teoría malthusiana que algunos intelectuales y economistas aseguran, se ha aplicado en diversos países con el fin de reducir también el crecimiento poblacional para que los recursos materiales sean suficientes, pues su autor Thomas Malthus, señalaba que mientras la economía crecía de forma aritmética, la población crecía de forma geométrica, lo que tendría como resultado que en el largo plazo, escases de alimentos y productos para derivar en una catástrofe.

Sobre los grupos feministas, que cada vez son mas y más radicales, promueven ideas que a la postre han incidido de manera negativa en la consolidación de los principios y valores que son el sustento de la vida familiar.

Entre las medidas que han impulsado está la del aborto, como una solución a un problema socio económico bajo el pretexto de que la mujer es libre de decidir sobre su propio cuerpo; promueven además, la equidad de género que muchas han mal interpretado para abandonar responsabilidades tan importantes como el cuidado de los hijos y de la familia.

Y no es que las mujeres tengan que dedicarse únicamente al hogar, sino que dicho asunto lo han desvirtuado y con el afán de competir con los hombres por una igualdad absurda, olvidan que son ellas, por antonomasia, las principales promotoras y responsables de reafirmar los valores éticos y morales en los hijos.

Mas allá de esto, el propio sistema imprime en los sujetos la idea de que para ser feliz y vivir mejor, el padre y la madre deben trabajar por igual, tanto dentro, como fuera del hogar y contar con mayores recursos económicos, es decir, que en las familias haya más dinero y menos hijos para adquirir más bienes y servicios en detrimento de la estabilidad y permanencia de la familia.

Todo ello es reflejo de una estrategia mundial de desestabilización, cuyo objetivo último es el consumo y el gasto.

Por esto, no es de extrañar que a últimas fechas veamos oleadas de información, productos y actividades que son ajenas a nuestra cultura, como la práctica del yoga, el feng shui, el horóscopo chino, las prácticas tántricas, etcétera, que son instrumentos para alejar a los individuos de la parte occidental del planeta, donde además existe una mayoría de creyentes católicos y cristianos, de sus tradiciones y costumbres para adoptar unas nuevas.

El objetivo final es adoptar una mentalidad aparentemente más mística. Pero si observamos con detenimiento, nos damos cuenta de que son prácticas que vienen de países como China, que buscan contar con mayores adeptos a sus costumbres y mercancías. ¿Cómo lograr penetrar de forma más efectiva en países potencialmente consumidores de sus productos? Pues construyendo una relación ideológicamente más estrecha y similar.

Algo parecido sucede con nuestros vecinos de Estados Unidos, que son los principales promotores de anti valores desde hace años. Muchos aseguran que es clara su intención de adentrarse a los países de América Latina para su explotación y convertirlos en mercado de sus productos y abastecedores de materia prima y mano de obra baratas.

Ocupan para ello, entre otras medidas, la incursión de distintas sectas religiosas que ofrecen a los mexicanos católicos atractivas soluciones, no sólo a sus necesidades espirituales, sino también a las materiales, pues en algunas de éstas sectas los convierten en prácticamente trabajadores asalariados para conseguir más adeptos.

Una sociedad dividida y sin una cultura y moral sólidas es peligrosamente vulnerable a los intereses políticos y económicos de entes tanto nacionales como extranjeros.

Todo esto demuestra también que ni una derecha anquilosada, ni una izquierda radical resuelven de fondo los problemas que esconde toda la confusión que deriva de la maraña pseudo ideológica impulsada desde uno y otro lado.

Una izquierda que aparentemente critica y denosta modelos económicos como el capitalismo y el neoliberalismo, pero que a final de cuentas parece que trabaja en su favor al promover muchas de las ideas y estrategias que ocultan la realidad a los ojos del ciudadano común y les reditúa enormes dividendos políticos y económicos tanto en el país como en el extranjero.

Por otra parte, la derecha más rancia no ha mostrado capacidad para incidir de manera positiva y eficaz en convencer a la sociedad sobre los valores que promueven y las ventajas que tiene su aplicación en la vida diaria, pues ahora parecen más interesados en buscar posiciones políticas y de poder.

DE AQUI Y DE ALLA

Por Alejandra Ortega Rodríguez

• VELAN ARMAS LOS PARTIDOS PARA EL 2009

Las elecciones federales intermedias de 2009, en las que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, serán determinantes para que los partidos políticos midan fuerzas, pero también para conocer la evaluación que de los diferentes institutos políticos haga el electorado mexicano.

Esto cobra aún más relevancia si tomamos como base la atípica elección presidencial, que por el escaso margen con el que obtuvo el triunfo el vencedor, generó una serie de problemas y de movimientos que aún siguen teniendo repercusiones tanto en la vida interna de los partidos como en la vida cotidiana de los habitantes de este país.

Para el proceso electoral que comenzará formalmente en el mes de octubre de este año, el Partido de la Revolución Democrática PRD llega muy disminuido y mermado en todos los sentidos, ya que no aprovecharon su momento histórico y a partir de entonces han seguido una pésima estrategia que se caracteriza por destacar la irresponsabilidad de sus principales figuras, empezando por Andrés Manuel López Obrador.

Este personaje, que vivió sus mejores momentos en cuanto a popularidad cuando se erigió como mártir porque el gobierno federal pretendía desaforarlo por la comisión de varios delitos, se convirtió en el 2006 en el principal activo político de su partido, pero paradójicamente, su falta de mesura, de conciencia y de inteligencia política es también la principal responsable de la grave situación de deterioro en la que se encuentran el sol azteca y su militancia.

El intento de López Obrador por apoderarse de las principales posiciones en esa fuerza política, la necedad de dejar al margen de las mismas al fundador Cuauhtémoc Cárdenas y familia, y la soberbia de pretender dictar línea a mandatarios, a gobernadores, a militantes, a simpatizantes, a no simpatizantes, a ciudadanos y a medios de comunicación, son algunas de las causas por las que el PRD está perdiendo terreno de manera acelerada.

También es responsable de la problemática partidista el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, quien hasta hace unos meses obedecía los dictados de su antecesor al pie de la letra y que hoy, ya con el poder en la mano, hace y deshace en la capital del país con el único y exclusivo fin de alcanzar sus intereses personales, de los que no se escapa, por cierto, la posibilidad de la candidatura presidencial en el 2012.

Tan delicada es la situación para el PRD, que ya hasta el gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, reconoció en un encuentro con la cúpula de ese instituto político que su partido está en peligro de pasar del segundo al tercer lugar en cuanto al número de representantes en la próxima Cámara de Diputados, y eso, de una forma muy disminuida.

Pero no sólo los perredistas, sino todos los partidos políticos, se están preparando para hacer suyo ese botín político que es el Congreso de la Unión, porque a final de cuentas es en la máxima tribuna del país donde se discuten y determinan los asuntos de vital importancia para el devenir del país.

Además, es en ese espacio donde se hacen los amarres y enjuagues que pueden permitirle a las distintas fuerzas políticas buscar la preponderancia en los temas más relevantes para el país y, sobre todo y muy especialmente, el ejercicio del poder público.

Por ese motivo vemos que todos los partidos políticos se empiezan a mover. Y en este contexto en el Partido Acción Nacional (PAN) se registra la reaparición del ex presidente de la República, Vicente Fox Quesada, y del ex dirigente nacional del blanquiazul, Manuel Espino Barrientos.

A simple vista, lo anterior podría parecer muy extraño y paradójico para muchos, sobre todo después de que el propio Manuel Espino haya acusado, hace unas semanas, al actual presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, también de extracción panista, de espiarlo a través de sus “capos”.

Es un secreto a voces que en el equipo político calderonista no existen cuadros que sean altamente atractivos o rentables para el debate, para responder a los constantes ataques de la oposición y para salir airosos de esos enfrentamientos mediáticos.

De ahí la nueva estrategia del dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, para reincorporar a la palestra y poner nuevamente bajo los reflectores a figuras importantes como Fox y Espino, quienes han tenido, sin duda, proyección dentro del partido y que son quienes ahora pueden hacer frente a las críticas contra la segunda administración federal panista.

Por supuesto que ellos, que al interior de Acción Nacional forman parte del grupo contrario al de Calderón, deben haber negociado bien por sus servicios y lo más probable es que los acuerdos con la dirigencia nacional ahora les garanticen un buen número de posiciones en las próximas elecciones federales.

Y es que el PRD cuenta con piezas importantes para la estrategia y figurar públicamente durante el proceso electoral, como el propio López Obrador, Marcelo Ebrard y hasta Alejandro Encinas, así como en menor medida Leonel Godoy, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuenta con cuadros de la talla de su dirigente nacional, Beatriz Paredes Rangel; el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, así como en Michoacán con el diputado federal, Ascensión Orihuela Bárcenas.

Con ese panorama al frente, al PAN necesita responder a los ataques y cuestionamientos que seguramente se darán como parte natura del proceso electoral y como el blanquiazul es además gobierno, era evidente que tenía que buscar a algún actor político con la fuerza y el peso suficiente para responder.

En ese sentido, tanto Vicente Fox como Manuel Espino son figuras que pueden jugar muy bien ese papel, sobre todo porque antes ya lo habían hecho, y de esa forma evitan un desgaste innecesario a los otros panistas del equipo calderonista que ocupan puestos clave en el gobierno, en el partido y en el Congreso de la Unión.

Por su parte, el PRI también tiene mucho en juego para estas elecciones federales, pero a diferencia del PRD y del PAN, los priístas han demostrado ser expertos en el manejo de los tiempos político-electorales, pues no hay que olvidar que a final de cuentas es ese partido el que construyó el sistema político que rige a nuestro país.

Aún hoy, y en muchos sentidos, esa experiencia les resulta muy útil, pues saben perfectamente que “el que se mueve, no sale en la foto”, y es precisamente por eso que actúan con una disciplina que debería ser ejemplo para los otros partidos políticos, que proceden con cautela y de manera mesurada van acomodando sus piezas, así, sus adversarios políticos, enfrascados en las luchas internas y externas, ni los sientan.

Los tricolores se trabajan con un bajo perfil, sin captar los reflectores más allá de lo estrictamente necesario y sin entender el bajo perfil como la incapacidad y la inoperancia que ha demostrado el gabinete de Leonel Godoy, sino que operan de una forma muy dirigida, lo que les permite ganar en buena medida el capital político que los otros partidos pierden.

Hasta ahora, el panorama político general del país coloca al PAN y al PRI como partidos que están buscando de manera intensa la mayoría en el Congreso de la Unión, mientras que el PRD se perfila como el gran perdedor, porque no ha sido capaz de organizarse y reinventarse, aún teniendo entre sus figuras a quien hace dos años los condujo hasta niveles antes inalcanzables.

Está claro que mientras el blanquiazul y el tricolor ya mueven sus piezas para el proceso electoral del próximo año, el partido del sol azteca sigue absorto en sus pugnas internas por la dirigencia nacional, y aunque su movilización contra la reforma energética los ha podido unir en algunos momentos, además de que se ha convertido en su principal bandera política en los últimos meses, lo cierto es que pesa más en esa fuerza política el fantasma de la división.

Por lo que se refiere a Michoacán, el complejo panorama político-electoral que se vislumbra para el PRD incidirá en el ánimo de sus militantes. Las recientes declaraciones del gobernador Leonel Godoy se pueden interpretar como un síntoma de debilidad y preocupación entre la militancia del partido del sol azteca, pues es grave el tener que reconocer de manera tan abierta que se necesita de una recomposición interna, para evitar ser la tercera fuerza en la máxima tribuna del país.

Las declaraciones del ejecutivo michoacano se pueden interpretar como un síntoma de debilidad y preocupación entre los perredistas, pues el reconocer de forma tan abierta que se necesita de una recomposición interna, ello en boca del propio representante del ejecutivo estatal resulta muy curioso, además de que llamó a sus correligionarios a tomar en sus manos los trabajos del partido y fortalecer e incrementar el trabajo territorial.

Cabe señalar, que en otros tiempos ese llamado “trabajo territorial” no quería decir mas que la operación político-electoral en los diferentes distritos electorales, que traducido en términos más coloquiales no es más que la “mapachería”. En este sentido, habría que estar muy atentos para ver cuáles son las estrategias que emplean los militantes del sol azteca para, cuando menos, recuperar esos votos que tenían.

De esa forma, el gobernador parece estar hablando de manera clara y directa de que el PRD debe aprovechar su posición de ser gobierno de Michoacán para “bajar recursos estatales y federales” como dijo él a fin de trabajar en los municipios y colonias más marginadas en la gestión con tales fines electoreros, para capitalizarlos más tarde en votos contantes y sonantes.

Todos sabemos que estas acciones llevan a cabo normalmente, pero el hecho de decirlo abiertamente y de boca de quien salió, hay mucha diferencia.