DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• LA INSEGURIDAD QUE LACERA A LOS MEXICANOS

Michoacán está hoy ensombrecido e indignado por la tragedia, la infamia y el terror que sembraron en todos los ciudadanos un grupo de criminales que atacaron sin piedad a niños, mujeres y hombres en medio de los festejos del Grito de Independencia en pleno Centro Histórico de Morelia.

Con estos hechos, es claro que los criminales han tomado el control de más y más espacios y que han perdido, incluso, lo que el propio crimen organizado llamaba su código de ética criminal y que tenía definidos los objetivos y las formas de llevar a cabo sus acciones, entre las que procuraban no atentar contra la vida de inocentes.

Es mas, incluso había en ellos un rasgo social, es decir, cooperaban y hacían obras públicas que beneficiaban a sus comunidades y pueblos, con ello, los habitantes estaban agradecidos y a cambio les ofrecían discreción y apoyo.

Actualmente, cada acto de terrorismo y de inseguridad pública, cada caso de secuestro, de extorsión y asesinato, que se registra como parte de la ola de violencia de los últimos años, es un hecho que lacera gravemente a todos los mexicanos, pues además de que hace evidente la inoperatividad de los cuerpos policíacos e instituciones encargadas de la procuración de justicia, ahora los grupos delincuenciales se han ocupado de sembrar el terror en toda la población.

Ya no sólo las clases sociales más acomodadas temen la posibilidad de un secuestro o de ser extorsionadas, sino que ahora, como consecuencia de la confusión que ha generado entre el crimen organizado el ataque del gobierno federal, cualquier persona puede ser víctima u objeto de éstos delitos cometidos por pequeñas células que estaban al servicio del narco y que ahora quedan huérfanas o desempleadas por el desmembramiento de sus organizaciones.

Hasta hace algún tiempo los grupos de la delincuencia organizada se enfrentaban entre ellos por el control de las rutas y por buscar la preponderancia o supremacía en determinados territorios. Muy pocos eran los embates contra los encargados de la seguridad pública, lo que daba a entender que los cuerpos policíacos no se entrometían en los asuntos de los criminales.

Hoy, sin embargo, a partir de que el gobierno federal anunció una lucha frontal contra la inseguridad, lo que vemos es una lucha cruenta entre las bandas, pero también de éstas contra los ciudadanos, funcionarios y policías que sí trabajan para detenerlos y hasta contra el Ejército Mexicano, que en esta última etapa ha entrado al combate como la última opción ante la corrupción, falta de capacidad e inoperatividad de la mayor parte de los otros cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales del país.

Si antes las ejecuciones eran entre miembros de los propios grupos, o hacia personas que de algún modo se encontraban relacionadas con las mafias, ahora esto ha sido rebasado, pues cualquier ciudadano puede perder su vida o su patrimonio como producto de los secuestros y ataques, mientras que comerciantes y empresarios se han vuelto víctimas cotidianas de los delincuentes que les cobran el “derecho de piso”, con el riesgo de ser asesinados de no cumplir con el pago.

Esto es consecuencia de que varios de los operativos realizados por el gobierno federal y el Ejército Mexicano han orillado a esos grupos a dejar su actividad, ya que les representa un mayor peligro por la persecución de la que están siendo objeto, y ahora han cambiado su giro hacia el secuestro y la extorsión principalmente.

Por ello, las formas son mucho más violentas, sanguinarias y beligerantes de operar de los grupos de secuestradores, ya que se trata muchas veces de grupos de antiguos sicarios del narco que se han quedado sin su acostumbrada fuente de ingresos.

Varios de los últimos casos de secuestros que han tenido resonancia a nivel nacional han dejado en claro dos cosas, la infiltración del crimen organizado en varios de los cuerpos policíacos, y al mismo tiempo la falta de coordinación entre las diferentes instancias encargadas de brindar seguridad pública a los mexicanos.

Es muy sintomático el muy sonado caso de la familia Martí, pues el secuestro del menor que posteriormente fue asesinado por sus captores, se operó a través de una mujer que formaba parte de la policía, mediante un retén falso, a plena luz del día y en una avenida importante de la ciudad de México.

Cuando el operativo apócrifo fue detectado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, quienes en lugar de verificar la legalidad y autenticidad de la acción, ofrecieron ayuda a sus colegas para una mejor ejecución de esa tarea.

La indignación se acumula en el sentir de los ciudadanos y en días pasado generó una movilización en varios puntos del país para exigir a los gobiernos de los tres niveles y a las instituciones mejores resultados y castigos ejemplares contra los criminales.

Aún queda la duda sobre el efecto real que tendrán las demandas que se hacen en estas marchas de ciudadanos comunes contra la inseguridad, pero lo cierto es que evidencian el sentir de todo un pueblo y el hartazgo al que se ha llegando.

Eso fue lo que generó las reacciones de los ciudadanos que salieron a las calles a manifestar abiertamente y con todo orden su inconformidad. Pero no hay que olvidar que en nuestro país lo que vale no es lo que diga o sienta un pueblo, porque los gobiernos y las autoridades funcionan a través de las acciones rentables políticamente para ellos. En otras palabras, funcionan de acuerdo con los votos que le represente tal o cual medida.

Hay que ver si las detenciones de algunas de las cabezas importantes de estas bandas no se quedan en una simple llamarada de petate, sólo para ofrecer a los ciudadanos que exigieron efectividad, un resultado visible que les deje satisfechos por el momento.

La marcha mereció muchos espacios en los medios de comunicación, y reunió a una cantidad importante de personas de todos los estratos sociales, por lo que no debería quedar en el olvido para las autoridades, como ha ocurrido tantas veces, cuando las manifestaciones populares carentes de fines políticos no representan algo más allá de una presión difusa, porque no se precisan demandas concretas a objetivos concretos, lo que disminuye las posibilidades de eficacia.

Con este panorama, parece más que justificada la entrada del Ejército Mexicano al combate contra la delincuencia organizada. Los resultados son contundentes en cuanto al número de aseguramientos de armas, de drogas, de vehículos, pero además, con los enfrentamientos que las fuerzas armadas han tenido con los delincuentes, en los que la mayoría de los casos los militares han salido airosos.

Por eso llama la atención que michoacanos como la dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano y el coordinador de los diputados perredistas en el Congreso del Estado, Raúl Morón Orozco, salgan con insistencia a fustigar el trabajo del Ejército, argumentando que los soldados deben permanecer en sus cuarteles porque con acusaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos ponen en riesgo el prestigio de la institución de la que forman parte.

En un contexto como el que vivimos en México y en Michoacán, queda la duda sobre el por qué de tanta resistencia de estos personajes a que el Ejército se involucre y tome en sus manos un asunto tan delicado que requiere de una ejecución certera, ordenada y efectiva.

No hay que olvidad que el Ejército Mexicano es la institución del país más respetada y que goza del mayor prestigio entre los mexicanos, y que la mayoría de los ciudadanos se sienten seguros con su presencia.

Entonces no sería descabellada la idea de que pareciera que algo temen aquellos que se oponen tan afanosamente a que nuestras fuerzas armadas salgan a las calles y se unan a la cruzada para detener el crimen organizado, pues cabe recordar que dentro del mismo gobierno y en otras instituciones existen evidencias que llevan a pensar que hay funcionarios que han tenido o tienen nexos con algunos de estos grupos criminales y que sólo a través del fuero, y de la protección que les brindan sus propias investiduras, quedan exonerados de la aplicación de la justicia.

Lo cierto es que a pesar de estos señalamientos es importante aclarar que a pesar de los casos de supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por la milicia, varias de estas denuncias deberían ser duramente cuestionadas, pues hay que ver de quién vienen y qué intereses tienen detrás realmente.

Hace algunas semanas, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, convocó de urgencia a una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la participación de gobernadores, autoridades policíacas y representantes de casi todos los sectores de la sociedad, del que surgieron 74 compromisos que forman parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Una semana después, en Michoacán se realizó un acto similar, durante una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el que también las autoridades y los diferentes sectores de la sociedad signaron acuerdos para buscar la seguridad de los michoacanos.

Entre los compromisos, que coinciden con parte de lo que se demandó en la marcha contra la inseguridad, realizada unos días después, se encuentra la urgente necesidad de depurar los cuerpos policíacos, lo que eventualmente ayudará a atacar de manera más efectiva a los criminales, pues no se puede hacer un trabajo real con buenos resultados cuando dentro de los mismos cuerpos e instituciones se encuentran inmersos los delincuentes.

Tampoco se puede hacer mucho cuando la procuración de justicia está plagada de hechos de corrupción, de compra de testigos, de erróneas integraciones de las averiguaciones previas, que dejan imprecisiones muy importantes que derivan en la pronta liberación de los delincuentes.

En tales circunstancias, la profesionalización y el cuidado con el que se recluta a los policías son indispensables, así como el contar con un registro único de quienes han pasado por esas corporaciones, con el objetivo de tener uniformidad de información y de los criterios con los que se puedan iniciar las investigaciones y su seguimiento.

Otro tema que tiene mucha relación con todo lo anteriormente expresado es la propuesta del presidente Felipe Calderón en el sentido de invitar al Congreso de la Unión a retomar su iniciativa para endurecer las penas contra los criminales que secuestran y atentan contra la vida de sus víctimas.

Sin embargo, esta iniciativa que causó tanto revuelo entre la clase política y los medios de comunicación, es ciertamente muy cuestionable, pues se propone aplicar la pena de cadena perpetua a los secuestradores, mientras que los expertos en el tema aseguran que esto no inhibe de ninguna manera los índices de criminalidad.

Lo anterior queda de manifiesto en países donde la pena de muerte y la cadena perpetua están en uso, mientras que todo hace suponer que en México esta medida más que favorecer a la lucha por la inseguridad podría tener consecuencias negativas, porque de todos es sabido que las cárceles que tenemos en el país son escuelas para la delincuencia y centros de operación protegidos para los criminales.

Si se aplican las sanciones como se debe, seguramente no habría necesidad de decretar una cadena perpetua, pues criminales como ellos, alcanzarían condenas equiparables a la cadena perpetua. Por ello tal parece que la medida no es más que un asunto mediático para calmar los ánimos de los ciudadanos que exigen más y mejores resultados.

Además, se debe valorar en su justa dimensión el costo que tiene para todos los mexicanos el mantener a una persona en la cárcel, que es muy alto, por lo que lo ideal sería que se reformara verdaderamente el sistema penitenciario y que se normaran los criterios para mantener en ciertas áreas de los penales a los delincuentes de alta peligrosidad, para no revolver a los delincuentes con los criminales de alta peligrosidad.

Ese es un tema que ya se prevé en la reforma judicial que este año aprobó el Congreso de la Unión y en la cual los estados tienen ocho años para reformar todo el sistema de seguridad pública y justicia penal.

Y ante los hechos terroristas de este pasado martes en la capital michoacana, todos esos operativos y esas reformas no podrán esperar mucho, pues los michoacanos estamos viviendo el pánico de que una bomba o una bala puedan alcanzarnos o a nuestras familias.