DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por. Alejandra Ortega Rodríguez

• LOS TONTOS ÚTILES Y LOS DERECHOS HUMANOS
  
  

Durante los últimos días una gran polémica se ha suscitado en torno a las declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien durante la Jornada de Prevención contra la Tortura, realizada en el Archivo General de la Nación, instó varias veces a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a las comisiones estatales en la materia a ser perspicaces para distinguir qué huellas son producto de la tortura y cuáles son resultado del sometimiento de alguien que se niega a ser detenido.

En algún momento, el encargado de la política interna en el país señaló ante los ombudsman del país que: “Hay veces que en estas operaciones hay resistencia de los particulares al llamado legítimo de la autoridad y se tiene que entrar por vías de hechos a someterlos”.

Sin embargo, la aseveración más contundente, más directa y, por supuesto, más polémica, fue cuando llamó a los titulares de las comisiones protectoras de los derechos humanos a ser más perspicaces y menos suspicaces para evitar servir a los intereses contrarios a la sociedad.

“Esta es la difícil tarea que hoy nos congrega: ni ser cómplices ni encubridores de las anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad ni ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar, la acción de esa autoridad”, afirmó.

Lo anterior generó una serie de reacciones, tanto de los presidentes de las comisiones de derechos humanos en el país, así como de representantes de organizaciones no gubernamentales y puristas de los derechos humanos, además de los oportunistas adversarios políticos al partido en el poder, quienes calificaron a Gómez Mont de “autoritario”, “prepotente” y muchas cosas más.

Incluso el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, con la complacencia de los consejeros del organismo, envió una misiva que hizo pública en la que sarcástica y mordazmente responde a los señalamientos del secretario de Gobernación.

Pero pongamos todo en contexto. Tal vez las declaraciones de Fernando Gómez Mont han sido cuestionadas, criticadas y descalificadas por algunos sectores de la sociedad, pero sobre todo por gran parte de aquellos que hacen opinión pública en el país y que se sienten las “vacas sagradas” del periodismo, los mismos que siempre están en contra de todo, pero no ofrecen a cambio propuestas de cómo sí hacer las cosas bien.

Sin embargo, lo cierto es que entre la población en general, lo digan o no lo digan abiertamente, si existe una percepción generalizada de que se encuentran atrapados entre dos fuegos, primero por autoridades, principalmente municipales y estatales, que no hacen su trabajo como debieran y que no les garantizan la seguridad de sus familias en lo físico y en lo patrimonial, y después, por la delincuencia, tanto la común como la organizada, que se aprovechan de los grandes vacíos de autoridad que existen en grandes extensiones del territorio nacional y son los primeros, los que más y los que continuamente violentan los derechos humanos de los mexicanos.

Añadamos a eso que nuestras comisiones, la nacional y las estatales, para la defensa de los derechos humanos, han encontrado un prolífico y tentador foro mediático en vigilar, cuestionar, criticar y desvirtuar todo aquello que hacen y hagan las autoridades federales, el Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva (PFP) para tratar de cumplir con su cometido de garantizar la seguridad de los mexicanos. Han encontrado que es más fácil y conveniente señalar a los que están uniformados, a los que diariamente circulan uniformados por las calles y las carreteras del país, que a aquellos que se esconden vestidos de civiles entre las mujeres, los ancianos y los niños.

Los severos, y dicen algunos “descontextualizados” pronunciamientos del secretario de Gobernación se dieron en el marco de la más reciente recomendación del presidente de la CNDH en contra del Ejército Mexicano y respecto del caso de la lamentable muerte de los niños Almanza, asesinados en un retén militar en Tamaulipas, de la que familiares y organismos que se dicen protectores de los derechos humanos culpan a las fuerzas armadas mexicanas.

De acuerdo con los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que coinciden en mucho con lo dicho por la madre de los infantes, la muerte de los menores ocurrió cuando en un retén militar los soldados fueron atacados por sicarios que viajaban en seis camionetas que justamente rodeaban a la otra camioneta en la que viajaba la familia Almanza. Así, por las trayectorias de los proyectiles, se determinó que las balas fueron de armas activadas por los delincuentes.

Raúl Plascencia, como presidente de la CNDH lamentó, dijo él, “no haber tenido acceso a toda la información necesaria del caso” y mencionó la posibilidad de que la escena del crimen haya sido manipulada, lo que rechazó la Secretaría de Gobernación, pero además, concluyó que con base en que las balas utilizadas eran de las consideradas como de “uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Las anteriores afirmaciones que se basan en suposiciones, dan a entender que el organismo nacional es tan suspicaz como para concluir que los grupos de la delincuencia son respetuosos de la legalidad y se abstienen, o al menos en ese caso se abstuvieron de utilizar armas que son de uso exclusivo del Ejército. Lo anterior fueron elementos suficientes como para emitir la recomendación 36/2010 en contra del Ejército Mexicano.

A todo esto, hemos visto en los últimos días los comentarios irresponsables de políticos y supuestos defensores de los derechos humanos que destacan que desde que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra al crimen organizado son más de 3 mil las quejas por presuntas violaciones de las garantías individuales que se han presentado en contra de las fuerzas armadas mexicanas.

Lo que no han dicho es que cualquiera puede presentar una queja o denuncia, incluso un delincuente consumado, por lo que la presentación de las mismas no es referente para medir el grado de responsabilidad o irresponsabilidad del Ejército Mexicano en el cumplimiento de los derechos humanos y en el contexto de el combate a la delincuencia organizada; sólo en aquellos casos en los que hay elementos que permiten presumir que “podría haber una violación a las garantías individuales” se puede emitir una recomendación.

Dicho lo anterior, nos encontramos con que a la fecha la CNDH ha emitido sólo 58 recomendaciones contra el Ejército, mismas que han derivado de un gran total de más de 3 mil quejas; de esas 58 recomendaciones, 57 ya han sido aceptadas, la mayoría en su totalidad y algunas parcialmente, además de que en el mismo evento del que hemos hablado Fernando Gómez Mont anunció que en breve se responderá ésta última recomendación.

El secretario de Gobernación advirtió que en ocasiones pueden existir polémicas entre la CNDH y la Secretaría de Gobernación, porque el terreno es complejo, pero debe existir el compromiso de que esos desencuentros tengan como fruto garantizar y fomentar la perspicacia y dejas la suspicacia que debilita y sirve a intereses mezquinos. “Que nadie se alarme si de repente hay diferencia de opiniones”, anticipó.

Así que es de preverse que la más reciente recomendación, en la que algunos líderes de opinión ya han puesto la vista y han señalado que contiene elementos que permiten adelantar que está descontextualizada y carece de fundamentos, es muy probable que la respuesta del gobierno federal sea negativa o que sólo se acepte parcialmente lo dicho por el organismo defensor de los derechos humanos.

Ya en las últimas fechas y ante la enorme polémica suscitada, así como en virtud de la “más enérgica protesta” emitida por el consejo consultivo de la CNDH, Gómez Mont respondió que no buscó ofender a nadie y establece entre otras cosas lo siguiente:

“He leído con cuidado el texto del mensaje cuya versión estenográfica te anexo. En él no encuentro haber inferido ofensa ni a la Comisión Nacional ni a las estatales de Derechos Humanos. Sin perjuicio de lo anterior, reconozco que la expresión de ‘tontos útiles’, referida en dicho discurso, ha sido utilizada en el pasado por izquierdas y derechas con un tufo autoritario. Nada más lejos de mi formación y de las prácticas y principios a los que he sometido mi vida.”

Asimismo, agrega “ante los destellos de mordacidad de que hace gala” la CDNH es necesario aclarar que él es parte de la generación que durante más de 30 años ha participado en la construcción de instituciones que promueven y fortalecen el respeto de los derechos fundamentales.

Por ese motivo, pide al titular de la CNDH que le diga qué parte del discurso, pronunciado en el Archivo General de la Nación, le parece ofensiva, con el objetivo de “valorar si éstas (afirmaciones) merecen una disculpa o ratificación de mi parte”. “Me temo –agrega Gómez Mont– que no es a mí a quien debes reclamar, sino a quienes han hecho interpretaciones de lo que yo dije frente a ti”.

Pero a como están las cosas ahora, el ombudsman mexicano está valorando la posibilidad de exigir unas disculpas del secretario de Gobernación, mientras que los mexicanos seguimos entre la espada y la pared, sin recibir ninguna clase de disculpa, ni de las autoridades, principalmente las municipales y estatales, y mucho menos de los organismos defensores de los derechos humanos y hasta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que parecen sumamente entusiasmados ante la posibilidad de sacar a los criminales a las calles.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• CULPABLES DE LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

En honor a la verdad, y sin mayores rodeos, la autodenominada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que aglutina a nivel nacional a una gran cantidad de profesores que dicen identificarse con la izquierda y con los verdaderos intereses y demandas del pueblo, son en los hechos los responsables de las nuevas generaciones de mexicanos incompetentes, irresponsables, sin valores, flojos y sin cultura, proclives a delinquir ante la carencia de una educación básica de calidad.

No nos engañemos, todo eso es lo que millones de niños y jóvenes del país aprenden a diario en las aulas vacías o en las calles ante la falta de continuidad en las clases que se deberían impartir en los planteles de educación pública a lo largo y ancho de México.

Eso de que “el maestro marchando también está educando” es una falacia. No están educando, están demostrando cómo un grupo medianamente organizado de personas puede eludir sus responsabilidades y compromisos laborales, así como violentar las leyes y los derechos de terceros en la más detestable impunidad, ya sea porque son “camaradas” del partido en el poder en algunas entidades del país, o bien, porque amenazan a las autoridades federales y de otros estados de la República con el secuestro de la tranquilidad de los mexicanos en caso de sentirse “reprimidos”.

Hay muchos ejemplos de la barbarie en la que constantemente incurren quienes deberían de ser los educadores de la niñez y la juventud mexicanas. Apenas el pasado 3 de junio un grupo de presuntos maestros, entre ellos algunas delegaciones de profesores michoacanos, cometieron en la ciudad de México un acto que ejemplifica con claridad los alcances intelectuales de las actuales generaciones de docentes que se dicen “de izquierda” y “de avanzada”.

En las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), miles de supuestos profesores rompieron con diferentes herramientas e intentaron quemar, incluso con sopletes, la histórica puerta principal del edificio, misma que data del año de 1731 y que es catalogada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como patrimonio histórico de la humanidad.

De acuerdo con las autoridades competentes, el daño causado a la puerta, similar al que una vez hicieron, para variar, los docentes michoacanos en la puerta principal del Palacio de Gobierno en Morelia, se valúa en sólo 300 mil pesos, pero la verdad es que el perjuicio ocasionado a un monumento histórico es invaluable, incalculable e imperdonable.

Lamentablemente, la mayoría de los mexicanos que condenamos esos hechos nos vamos a quedar con las ganas de que los responsables sean sancionados, puesto que las alianzas políticas y las presiones de ese grupo de chantajistas no permitirán por enésima vez la aplicación de la ley. Ni siquiera en su momento hubo el interés de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal (SSPGDF) por salvaguardar el inmueble sede de la SEP.

De hecho, a pregunta expresa de los reporteros, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcero Ebrard Casaubón, salió a decir que manifestaciones como los hechos violentos protagonizados por los profesores son legítimas, son muestras de la pluralidad y deben ser permitidas, declaraciones con las que el perredista da a conocer su verdadero nivel de estadista y en qué lugar deja su promesa de cumplir y hacer cumplir la ley.

Si esas son las autoridades, si esos son los gobiernos con los que contamos en el país, entonces, ¿quién se va a hacer responsable de llevar a buen puerto al sector educativo mexicano?

¿Cómo será posible hacer cambios en las políticas públicas, en las políticas educativas, para mejorar la calidad y la competitividad, si tenemos sindicatos que funcionan como retrógradas grupos de choque que se oponen a todo de todo sistemáticamente?

La educación pública en Michoacán estará generando a quienes serán los trabajadores y subordinados de los jóvenes que hoy se preparan en escuelas particulares, con una educación más acorde a la realidad y las necesidades del país.

Pero al mismo tiempo que el magisterio michoacano denuncia lo que según él son intentos de privatizar la educación, son los mismos docentes quienes orillan a los padres de familia, preocupados por la educación de sus hijos, a buscar escuelas particulares con maestros responsables con programas actualizados y con calendarios escolares completos, lo que tácitamente no es más que dar un mayor impulso a esta tendencia de hacer privado el sector educativo en el país.

México se enfrenta a un reto muy grande para poder convertirse en una nación fuerte, con mejores niveles de cultura, con mejor educación, con mejor economía, con mejores niveles de bienestar social, mientras los gobiernos sigan tolerando y soportando a agrupaciones sindicales y porriles que no hacen más que mantener al país en el atraso, la ignorancia, la incultura y la incompetencia.

En otras épocas, los profesores eran verdaderos guías, eran ejemplo para la niñez y la juventud, eran pieza clave en la sociedad, líderes de las comunidades, de los pueblos. Pero todo eso se debía a que tenían una vocación de servicio genuina. Ahora todo eso se ha quedado en el olvido, cada vez son menos los docentes que cubren el perfil de los académicos de antaño, de los que transformaban a sus comunidades.

Resulta improbable que las nuevas generaciones de maestros se comprometan realmente con la educación, cuando a donde volteen la mirada, sea con los gobiernos, con las autoridades educativas o con sus compañeros de gremio, ven que es más fácil hacer como que trabajan y cobrar como si trabajaran.

Aún en el caso de que cumplieran con sus supuestos horarios de trabajo y con su calendario escolar, los profesores son privilegiados, porque en pocos, en muy pocos sindicatos, se tienen tan buenos sueldos y tan buenas prestaciones por tan sólo unas horas de labor al día. Pero si a lo anterior sumamos que pueden dejar de asistir a clases casi tanto como lo deseen y que tienen muchos más derechos que obligaciones laborales, entonces nos explicamos el por qué de las actitudes tan irresponsables que en las últimas décadas importantes grupos del sector educativo han asumido.

Las situaciones de salvajismo que el sector magisterial ha protagonizado en Michoacán y en el resto del país han sido ampliamente documentadas, lo que incluso le ha valido severas críticas ante la opinión pública.

Recientemente, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Juan Carlos Campos Ponce, hizo severos pronunciamientos por los lamentables hechos ocurridos en las oficinas centrales de la SEP, mientras que en la misma sesión el diputado único de Nueva Alianza, Juan Manuel Macedo Negrete, señaló varias deficiencias en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), donde la titular, Graciela Carmina Andrade García Peláez, no ha resuelto ni uno sólo de los problemas que le encargó el gobernador Leonel Godoy Rangel al nombrarla para relevar a Aída Sagrero Hernández.

Tristemente, esos y otros comentarios, incluso de figuras políticas y públicas no tendrán mayores repercusiones ante la protección y la grave impunidad de la que hacen gala los miembros de las corrientes izquierdistas del magisterio, por lo que a los medios de comunicación no nos queda más que responsablemente replicarlas para que lleguen a oídos de la opinión pública.

Lo cierto es que el sindicalismo en México se ha pervertido, puesto que en la mayoría de los casos sólo ha derivado en corrupción, en abusos del poder y en el olvido en el que han caído las que realmente eran las conquistas laborales de los sindicatos.

Así, hoy tenemos a un sindicato de profesores fraccionado, politizado, enviciado, que en lugar de educar a las nuevas generaciones de mexicanos sólo les imbuye la irresponsabilidad, la incompetencia, la ignorancia, la incultura y la falta de valores. A ese paso, México nunca dejará de estar destinado al atraso, al subdesarrollo y al fracaso.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• ¿CONOCE A SU DIPUTADO?
  

¿Conoce usted a su diputado local o federal? ¿Conoce a su senador, a su presidente municipal o a su gobernador? De acuerdo con recientes sondeos y estudios de opinión realizados en distintos puntos del país, si usted no es una persona altamente politizada contestará erróneamente al tratar de dar el nombre de tres o cuatro de los funcionarios que le he mencionado.

¿De quién es la culpa de que la mayoría de los mexicanos no sepan quién lo representa en el Ejecutivo estatal, en su ayuntamiento, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en el Congreso del Estado?

Hay quienes responsabilizan a los propios ciudadanos, por el desinterés que sistemáticamente muestran cuando de participar en la política o en las elecciones se trata. Llegan incluso a argumentar que “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”, con lo que pretenden endilgar parte de la culpa de los malos gobiernos, de los malos funcionarios y de los malos representantes populares a los electores, tanto a los que acuden como a los que se abstienen de participar en las urnas.

Sin embargo, existimos aquellos que creemos que el aparente desinterés de todo un pueblo por la política, por los políticos y por el sistema político de partidos que tenemos y que es obligatorio para poder participar como candidato a un puesto de elección popular, no se debe a que a los mexicanos nos dé lo mismo quién o qué partido nos gobierne o nos represente.

Por el contrario, después de casi 100 años de una democracia que sólo existía en el papel y que hasta los años recientes dio señas de vida, la inmensa mayoría del pueblo de México está desencantada con su clase política. El desánimo, el desaliento, la desazón han llegado a tales niveles que, aunque cada vez son más los recursos económicos y humanos que se invierten para promover el voto, son cada vez menores, mucho menores, los índices de participación ciudadana en las urnas.

Así las cosas, ¿es culpa de los ciudadanos no conocer los nombres de quienes le gobiernan o le representan ante el Poder Legislativo o es responsabilidad de los políticos y del sistema político mexicano la falta de interés de la gente común en la política?

Al paso que vamos, las elecciones federales y locales en un tiempo más y en muchos puntos del país terminarán siendo ganadas por aquellos candidatos que pertenezcan al partido con más militantes, quienes votarán no por convencimiento, sino porque en cierta forma los estatutos partidistas los inducen a trabajar y sufragar a favor de los candidatos de su instituto político, so pena de ser sancionados con la suspensión de derechos, entre otras cosas.

Con las más recientes reformas electorales federales y locales, los gobernantes y muchas veces los representantes populares, desde senadores hasta diputados federales, diputados locales, incluso regidores, han justificado en parte su inasistencia a informar y a atender a sus representados con el argumento de que la ley electoral les prohíbe informar permanentemente de sus acciones o incluso realizar acciones publicitadas de manera constante, porque ambos hechos pueden considerarse como actos anticipados de campaña y las sanciones de los órganos electorales les pueden cortar la que, ellos piensan, es una promisoria carrera política.

Las reformas electorales impulsadas para dar gusto al capricho del fracasado mesías de la izquierda mexicana han sido contrarias al espíritu de transparencia y rendición de cuentas que muchos candidatos a lo largo y ancho del país han pretendido vendernos.

Al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales se les han impuesto una serie de candados y reglas que llegan hasta el absurdo en muchos casos de interrumpir la entrega de programas sociales a los sectores más desprotegidos de la población durante las campañas electorales. Esto, en un país que por lo general tiene elecciones dos años sí y uno no.

En tanto, para evitar que senadores, diputados y otros funcionarios de designación o de elección popular brinquen de un puesto a otro, también se les han impuesto frenos para que no presenten informes, no rindan cuentas ni publiciten lo que sólo algunos de ellos han hecho. Como consecuencia, en plena era de la información la gran mayoría de los mexicanos no sabe quién lo gobierna o quién lo representa ante el Poder Legislativo.

La reforma electoral reciente va en contra de la transparencia y la rendición de cuentas, pero también de la libertad de expresión, puesto que en el transcurso de un proceso electoral cualquier particular que desee opinar en los medios de comunicación a favor o en contra de alguno de los candidatos corre el riesgo de ser censurado y sancionado por el órgano electoral que corresponda.

Habrá quien diga que entonces la culpa de la falta de conocimiento sobre el trabajo de los gobernantes y legisladores, ¡es más!, de su identidad, es responsabilidad directa de los órganos electorales por impedir que nuestra clase política nos rinda informes sobre lo que hacen en el desempeño de las funciones para las que fueron electos.

Pero aquellos que así piensen estarán equivocados, porque los institutos electorales, tanto el federal como los locales, lo único que hacen es apegarse a las leyes que emanan del Congreso de la Unión y de los congresos locales, de tal forma que todas aquellas disposiciones restrictivas contra la transparencia, la rendición de cuentas y la libertad de expresión, son impuestas ni más ni menos que por los senadores, diputados federales y diputados locales emanados de los partidos políticos y del sistema de partidos que tanto se aborrece en nuestro país.

Como consecuencia, si usted no sabe quién es su representante popular o su gobernante y qué han hecho en su representación, si no ha recibido un informe de sus actividades, si no conoce cuánto gana y con quién cabildea las reformas que a todos nos afectan…, entonces al menos ya tiene una idea respecto de quién es la responsabilidad.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• MÉXICO Y SU EXCESIVA DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO

Por responder a intereses políticos mezquinos, por seguirle el juego al fracasado mesías de las masas, por evitar el estallido social que desde hace años ha sido la amenaza de la izquierda, por preferir “la mejor reforma posible” y no “la reforma necesaria”, México perdió hace dos años la gran oportunidad de contar con un marco legal adecuado que le permitiera avanzar de manera sustancial en su política energética.

En nuestro país, como en otras partes del mundo, existen dos grandes problemas con la excesiva dependencia del petróleo, el primero, es que tenemos una economía petrolizada, que depende de manera excesiva de las ventas de hidrocarburos, mismos que en su gran mayoría se venden crudos.

Los derivados del petróleo, que podrían contar con un valor agregado, requieren de refinación, de petroquímica y otros procesos que con la muy limitada reforma energética que quisieron el PRD y el PRI, pero que además aceptó el PAN, tienen alcances muy limitados en México.

No funcionan las mezcolanzas de propuestas que se hicieron con puntos de vista políticos para resolver problemas que son más bien de carácter técnico, económico, fiscal y financiero. Por eso se siguen importando gasolinas, porque no hay suficiente refinación y eso disminuye las utilidades que recibe el país, por lo que el crudo sólo se sobreexplota sin tener proyección a futuro.

Las ganancias no se invierten, ni siquiera cuando hay alza de los precios, porque el nuevo poder fáctico denominado Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se avoraza sobre los denominados excedentes petroleros, cuando los hay, y exigen y se molestan cuando no reciben esos recursos que en realidad deberían contar como un ingreso adicional para sus gobiernos. En resumen, no se piensa a futuro.

Por si eso fuera poco, el Frankenstein que se aprobó con la rimbombante denominación de “Reforma Energética”, prácticamente no permite, sino que por el contrario, restringe la inversión en exploración para asegurar nuevos yacimientos que igualen la cantidad de los que ya se están explotando para garantizar la continuidad en la obtención de los hidrocarburos.

Mientras el PRI protegía sus intereses en el Sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), uno de los más corruptos de la administración pública y paraestatal en el país, el PRD defendía ante la opinión pública con un patriotismo, casi chauvinista lo que en ese partido se considera que es la soberanía nacional y mientras el PAN pretendía proteger sus bonos político-electorales y evitar desgastes o estallidos sociales, el otro gran problema de la excesiva dependencia del petróleo es que éste se está acabando, no sólo en México, sino en el mundo.

En toda la faz de la Tierra no existe un solo organismo regulador que garantice que los países que dicen tener una cierta cantidad de petróleo realmente lo tengan. Por ello no se sabe a ciencia cierta con cuánto hidrocarburo se cuenta en el mundo. Incluso en México tampoco se tiene claro cuáles y cuántas son las reservas probadas, probables y posibles, porque no existen parámetros que arrojen ese dato con certeza.

La posibilidad de encontrar grandes yacimientos del denominado “oro negro” es cada vez menor en el mundo. México cuenta con el segundo mayor depósito natural del hidrocarburo, que es Cantarell, sólo después de uno ubicado en Arabia Saudita, con la salvedad de que en los últimos años ha perdido su capacidad de producción, toda vez que se ha explotado de manera desmedida por mucho tiempo.

Para desgracia de la petrolizada economía nacional, la explotación nacional de crudo se base en gran parte en ese yacimiento y, actualmente, no hay manera alguna de saber cuánto va a durar en realidad y si en algún momento aparecerá algún otro depósito que lo sustituya, incluso, ni siquiera es posible saber si alguno de los yacimientos ya explotados podría sustituirlo.

Ahora lo ideal, si se piensa seguir por el camino de financiar el mantenimiento de las finanzas públicas mexicanas a través del petróleo, sería continuar con la exploración en aguas profundas, porque las aguas someras se han explorado sin que se hayan encontrado muchos yacimientos, pero el flamante marco legal aprobado por nuestra clase política contiene una serie de restricciones que lo dificulta.

Lo anterior, sin contar con el hecho de que aún con la mejor tecnología del mundo llegan a suceder desastres en la exploración marítima, como el que se ha registrado durante las últimas semanas en el Golfo de México, cerca de las costas de Luisiana, en Estados Unidos, que amenaza incluso con afectar la actividad pesquera estadounidense y mexicana, además del incuantificable daño ambiental que genera.

Hablando de esto, es también un hecho que la explotación y el consumo del petróleo van de la mano con la contaminación y a la vez con el cambio climático que es una realidad que la gran mayoría de los habitantes del mundo hemos podido percibir como algo tangible en nuestra propia experiencia en los últimos años.

Con todo este contexto, es increíble que en México, un país al que otros han calificado como con “enorme potencial” para la generación de energías alternativas, como la eólica y la solar, así como para la producción de bioenergéticos como el etanol, apenas comience a dar los primeros pasos para transformarse en un país que además de no depender de manera excesiva de los hidrocarburos, se prepare para convertirse en un país en el que se usen tecnologías, combustibles y energía más amigables con el medio ambiente.

Sólo fue hasta el 28 de noviembre de 2008 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, misma que gira en torno a principios como el fortalecimiento institucional en la materia mediante el otorgamiento de facultades explícitas a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Asimismo, se estableció un programa de aprovechamiento y una estrategia nacional de transición energética; se evalúan los beneficios económicos asociados a las energías renovables como criterio para su promoción; y, se otorgará financiamiento gubernamental en diversos aspectos, incluyendo desde la investigación hasta la misma promoción de proyectos.

Con este marco legal y los nuevos instrumentos que expedirá la CRE, se esperaría el desarrollo de muchos proyectos, permitiendo que el país aproveche una riqueza de recursos importantes y reduzca su dependencia de las energías fósiles.

Sin embargo, aquí cabría la pena preguntar si después de tener por casi 80 años una economía, una política y hasta una ideología petrolizada, en la que incluso nos atrevemos a idolatrar al hidrocarburo como si fuera un símbolo patrio o un emblema nacional, no habremos llegado tarde al inicio de esta carrera en la que países latinoamericanos como Brasil y Colombia nos llevan 30 años de ventaja.

Empresas consultoras internacionales especializadas como Baker y McKenzie, han hecho una valoración sobre los alcances de nuestro nuevo marco legal, y para como son las autoridades mexicanas de volátiles y de indispuestas a seguir planes de largo plazo, los pronósticos no son alentadores, los primeros resultados comenzaríamos a verlos no ahora ni el año próximo, sino de aquí a cinco años.

Yo creo que vale la pena perseverar, pero… ¿qué dirán nuestros representantes populares? ¿Qué opinan de esto el PRI, el PAN, el PRD y la chiquillada? ¿Les dará o les quitará votos una política de largo plazo para eventualmente reemplazar nuestro venerado petróleo?

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• ISLA DE LA PALMA, ¿NEGOCIO DE QUIÉN?
  

Después de casi dos años de jaloneos y de polémicas, todo pinta para que, como producto de la enorme presión que ha decidido imprimir el gobierno de Leonel Godoy Rangel, en los próximos días por fin se apruebe en el Congreso del Estado un dictamen en relación a la solicitud de desincorporar del patrimonio estatal un predio de 444 hectáreas conocido como Isla de la Palma, mismo que se encuentra adyacente al Puerto de Lázaro Cárdenas.

Según se ha podido entender, de entre las versiones encontradas y confusas que han surgido de un lado y de otro a lo largo de los dos últimos años, el proyecto consiste en otorgar a la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México (KCSM) un predio de 181 hectáreas para la construcción de un patio de maniobras.

El objetivo es maniobrar y trasladar miles de contenedores que diariamente llegan al que se ha convertido en el puerto del Pacífico con más potencial en América del Norte desde su desembarque y hasta distintos puntos del corredor conocido como NASCO, que comienza justamente en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, pasa por varias de las ciudades más industrializadas del país y también lo hace por algunas de las principales zonas industriales de Estados Unidos para desembocar en Canadá.

Se habla de un negocio de cientos de miles de millones de dólares, y tal vez hasta de más, por el cual inicialmente la transnacional KCSM estaba dispuesta a pagar alrededor de 27 millones de dólares, ya que con la propiedad del predio obtendría con instituciones financieras de Estados Unidos un crédito por algo así como 80 millones de dólares para la construcción del denominado “patio multimodal de maniobras”.

Ya son varios los intentos del gobierno del estado, desde que Eloy Vargas Arreola era el secretario de Desarrollo Económico, por agilizar la elaboración de un dictamen favorable en el Congreso del Estado, pero en el Poder Legislativo de Michoacán se prendieron los focos de alerta ante el hecho de que la LXXI Legislatura local cuenta con diputados de un perfil mucho mayor a los anteriores y no se dejaron engatusar fácilmente.

De inmediato se cuestionó que en noviembre de 2006 la LXX Legislatura recibió, dictaminó y aprobó en un solo día la iniciativa del gobernador Lázaro Cárdenas Batel para desincorporar del patrimonio estatal un predio de 183 hectáreas en la misma zona de la Isla de la Palma, a un costado de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (Apilac).

La idea era la creación de un parque industrial que impulsaría el desarrollo del área, pero hubo mucha opacidad en el proceso y no son pocos quienes dicen que Eloy Vargas salió muy beneficiado en ese proyecto, ya que consiguió para prestanombres y amigos una serie de terrenos que por su simple ubicación ahora valen millones y millones de pesos.

También se habla de que entre los entonces diputados locales algunos fueron beneficiados con vehículos, con la entrega de recursos en efectivo y hasta con terrenos en la zona para que cuenten con un espacio que les garantice una renta que les permita vivir cómodamente por el resto de sus vidas. Lo cierto, es que hasta la fecha nada se ha hecho en esos predios, están abandonados como una cosa perdida.

Cuando los nuevos diputados locales, éstos sí más experimentados en lo general, comenzaron a cuestionar a Eloy Vargas sobre el proyecto, sus evasivas, su manipulación de datos e insistencia con la urgencia de aprobar el proyecto despertaron más y más dudas, éstas crecieron a tal grado que finalmente Leonel Godoy debió ceder a la presión para cambiar al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Ya con Isidoro Ruiz Argáiz al frente del proyecto, las cosas comenzaron a caminar mejor y se avanzó en materia de transparencia, pero ya son varias las ocasiones en las que estando a punto de aprobar un dictamen, surgen nuevas dudas o desconfianza ante la falta de cumplimiento de acuerdos, principalmente del Ejecutivo estatal.

Hace poco más de un año el grupo parlamentario del PRI, encabezado por Wilfrido Lázaro Medina, dio a conocer la existencia de dos cartas compromiso signadas en su momento en Estados Unidos por el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel y el ahora mandatario estatal, Leonel Godoy, en los que ambos políticos emanados del PRD se comprometen a hacer lo que sea necesario para que el Congreso de Michoacán apruebe a entera satisfacción de la ferroviaria KCSM la desincorporación de la Isla de la Palma para la construcción del patio de maniobras.

El asunto fue una bomba en los medios de comunicación y se habló de él durante todo un día, pero por la tarde, antes de que las redacciones de los periódicos estatales publicaran el contenido de las cartas, se recibió una instrucción desde el gobierno del estado para parar la nota, y aquellos michoacanos que en su momento no se enteraron del tema, se quedaron sin saberlo.

Después de esto Leonel Godoy cedió más y ha comprometido una serie de cambios en el Fideicomiso 2112, encargado de la administración del recinto estratégico fiscalizado que se pretende implementar en la Isla de la Palma, así como una serie de medidas de transparencia, pero la falta de cumplimiento y indisposición que ha mostrado en varias ocasiones, además de los intereses políticos o económicos de algunos diputados del PRI, del PAN y hasta del propio PRD han frenado la emisión de un dictamen.

En virtud de que el tiempo apremia, y el Ejecutivo estatal nada tendrá que presumir de aquí a las elecciones de 2011, ante el hecho de que no se obtuvo la refinería para Michoacán ni se instaló la armadora de autos FAW en la entidad, como Eloy Vargas había presumido desde el sexenio anterior, desde la administración estatal se ha ordenado una nueva arremetida para ahora sí concretar la desincorporación a como dé lugar en los últimos días.

Ahora, según informan fuentes muy confiables del propio gobierno estatal, existe la posibilidad hasta de “echar la casa por la ventana” para que el negocio de concrete, aunque el negocio principal no sea precisamente para los michoacanos, sino para funcionarios estatales, diputados locales y por supuesto, la empresa transnacional KCSM.

Algo que no se ha dicho, pero que la opinión pública debería saber, es que a estas alturas ya no está en discusión si se vende o no a la ferroviaria. Eso está resuelto y hay unanimidad en cuanto a la negativa para enajenar esa parte del patrimonio nacional. De hecho, la idea es que la propiedad del predio una vez en operación el patio de maniobras pase al gobierno federal.

En los momentos en que éstas líneas se escriben, la bancada del PRI ha presentado ante el Congreso del Estado un posicionamiento en el que señala que la desincorporación de 183 hectáreas en 2006 se hizo para la creación del recinto estratégico fiscalizado, pero sólo 48 hectáreas se han aplicado al mismo, por lo que de acuerdo con el mismo decreto 83 en el que se validó la desincorporación, los predios que se aplican a fines distintos a los autorizados deberían haber regresado al patrimonio estatal desde hace mucho tiempo.

Además, argumentan los priístas, cuando se solicitó la inscripción del Comité Técnico del Fideicomiso 2112 a la Administración de Aduanas, sólo se registraron para el recinto 100 de las 183 hectáreas, lo que también es una incongruencia, sin contar con que el Ejecutivo estatal pide que se le autorice la desincorporación de la Isla de la Palma, cuando la desincorporación es una facultad constitucional exclusiva del Poder Legislativo.

A pesar de lo anterior, la discusión actual en el Congreso se centra sobre la posibilidad de que se vendan o no el resto de los terrenos que se destinarán al Parque Industrial y al Parque de la Pequeña y Mediana Industria. En el PRD la mayoría están a favor de la propuesta del gobierno estatal de que sí se vendan, en el PRI la mayoría están en contra y en el PAN están divididos en este único punto.

El dictamen podría salir por mayoría, pero la idea es alcanzar los consensos, pues sólo de esa forma los ganadores quedarán blindados, como pasó con la anterior Legislatura. De esa forma, todo parece indicar que lo que se requiere es llegarle al precio a la minoría.

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Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• ¿MÉXICO EN SU PEOR CRISIS?

Más allá de la veracidad o no de los datos con los que constantemente se nos bombardea en los medios de comunicación, principalmente inducidos con fines electorales por los partidos opositores, como el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), bien valdría la pena preguntarnos si, como se nos ha dicho, realmente estamos atravesando la peor crisis económica en la historia de México.

Tal vez sí, los indicadores internacionales hablan de que estamos enfrentando una recesión económica de impresionantes proporciones que habría acabado con el mundo financiero en la década de los treintas o en los sesentas, en el siglo pasado. Pero lo cierto es que en un mundo globalizado y en crecimiento, en donde casi todos los países tienen relaciones comerciales con sus vecinos y hasta con aquellos que están al otro lado del planeta, era lógico que una crisis se pudiera vivir de manera exponencialmente mayor a las de aquellos años en los que la gran mayoría de las naciones del mundo estaban aisladas.

Ahora bien, un punto que los conspicuos actores políticos han pretendido ignorar, con lógicas, muy lógicas intenciones, es que la crisis económica que ahora enfrenta México es la primera que no fue generada en el país por un gobierno priísta.

Si tenemos que asumir, como se nos ha dicho con insistencia y muchas veces sin mostrar datos concretos y contundentes, que la recesión económica que ahora enfrentamos los mexicanos es la peor en la historia del país, entonces también tendríamos que reconocer que justamente en este momento contamos con el gobierno y las autoridades federales que de mejor manera han sabido hacer frente a tan desproporcionada contingencia financiera.

Hay países del mundo en situaciones desastrosas ante la crisis económica mundial, son casos tan lamentables, como el de Zimbabwe en África o Islandia en Europa, cuyos gobiernos se han tenido que declarar en quiebra ante la espiral inflacionaria a la que se han enfrentado.

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer un lapidario informe de acuerdo con el cual, entre los países que menos resultados tendrán este año en cuanto a la recuperación de sus economías se encuentran Azerbaiján, Zimbabwe, las islas caribeñas de Sain Kitts y Antigua y hasta países europeos como Grecia, Portugal y España, además del considerado ejemplar por los perredistas, Venezuela, con su dictador Hugo Chávez al frente.

México no aparece ni por mucho en esa lista, y a pesar de que sí tenemos problemas muy graves en materia económica, entre otras, basta con hacer memoria de las crisis que se vivían con los gobiernos priístas de Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, para darnos cuenta que la recesión mundial no nos ha impactado en la misma medida que sí nos afectaron a millones de mexicanos las medidas económicas de nuestros propios gobiernos.

Tan sólo por recordar los casos más recientes, a finales de los ochentas y principios de los noventas los precios de los productos de la canasta básica no nada mas aumentaban todos los días, sino de una hora a otra. Usted, podía entrar al supermercado con la idea de comprar sus artículos con cierto presupuesto, pero pese a que estos ya tenían una serie de reetiquetaciones tremenda, de que lo tomaba en el anaquel a que lo pagaba en la caja ya había variado nuevamente el precio del producto.

¿Cuántos casos de suicidio no sucedieron a causa de los desplomes financieros de esas décadas, cuando muchos mexicanos se quedaron sin dinero al caer tan atrozmente la bolsa de valores, por ejemplo?

A partir de esos gobiernos que generaron grandes crisis y la enorme deuda exterior al país, el número de mexicanos pobres y en extrema pobreza aumentó. Sólo basta recordar cuántas familias afectó la crisis a finales del sexenio de Carlos Salinas, que de estar en la ya de por sí agónica “clase media”, de un día para otro entraban a la “clase pobre”. Al grado de que hasta hace unos pocos años, esta “clase media” estaba ya casi extinta.

Los mexicanos tenemos memoria, o al menos deberíamos tenerla, para evitar que se pretenda manipular nuestras mentes de una forma tan falaz y tan sólo para obedecer a los fines de algunos partidos y actores de la clase política.

El pasado 22 de abril, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, felicitó al gobierno mexicano de Felipe Calderón Hinojosa y lo puso como ejemplo a seguir en el plano internacional por la forma en la que enfrenta la crisis económica mundial, sobre todo al impulsar mediante estímulos programas sociales efectivos como Oportunidades, lo que permitió a las autoridades federales responder correctamente al fuerte impacto de la crisis, la emergencia sanitaria por el virus de la influenza humana AH1N1, la baja en las remesas, la caída en las exportaciones y la menor inversión.

También en los círculos internacionales han llamado la atención las medidas tomadas por un país en desarrollo como México que le han permitido deslindarse de los impactos de la crisis europea que se ha recrudecido con la marcada recesión de países como Grecia, que ponen al borde del colapso al viejo continente.

Incluso en publicaciones especializadas se ha felicitado abiertamente al gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens Carstens, anteriormente secretario de Hacienda, por las previsiones que se tomaron de manera oportuna en ese sentido.

En su informe trimestral sobre la inflación, presentado el 28 de abril, el gobernador del Banxico señaló que hay estrategias adecuadas para enfrentar la crisis en Europa, como la acumulación de reservas internacionales, la línea de crédito flexible con el FMI y el correcto manejo de la deuda, que en su conjunto han fortalecido la economía mexicana frente a posibles choques provenientes del exterior.

Mientras tanto, el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, ha dado cifras alentadoras en cuanto a la recuperación de la economía mexicana, al señalar que existen pronósticos en el sentido de que este año el crecimiento económico puede alcanzar cifras de entre 4 y 5 por ciento, a pesar de no contar con las reformas estructurales que proponía el presidente Felipe Calderón, contra el 1 por ciento al que aspiran países como Grecia, Portugal, España y hasta Venezuela.

De acuerdo con cifras oficiales, dadas a conocer en la LXXIII Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), el número de empleos generados en México en el primer trimestre de 2010 alcanzó la cifra de los 289 mil, y aunque advirtió que aún hay riesgos para la economía nacional, así como para la internacional, el funcionario federal manifestó que las cifras positivas se deben en gran medida al control que existe sobre la deuda pública, a los ajustes fiscales que derivaron en un ahorro federal del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y a las reformas al sistema de pensiones, que derivaron en un ahorro del 30%, además de los 42 mil millones de pesos que se ahorraron con la extinción de la ineficaz Luz y Fuerza del Centro.

Con todo esto, todos aquellos señalamientos del PRI, del PRD y de otros partidos en torno a que México enfrenta la peor crisis económica de su historia deberían ir acompañados con el reconocimiento de que la recesión se generó en el exterior, que fue la primera no originada por gobiernos priístas, que los precios no aumentan diariamente o de hora en hora como en antaño y en pocas palabras, que contamos con el gobierno que mejor ha sabido sortear la contingencia financiera que ha acabado con las economías de otros países del orbe.

Al hacer un resumen de lo que realmente ocurre, es de llamar la atención que ni el gobierno de Felipe Calderón, ni los dirigentes o legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) hayan tenido una estrategia eficaz para comunicar eficazmente a los ciudadanos sobre los planes implementados en materia económica, así como de contrarrestar las críticas que se les han hecho en respuesta a aviesos intereses. Es verdad que las malas noticias, los rumores y las notas rojas corren más rápido que la información real, pero teniendo a mano los recursos del Estado, lo lógico sería que algo pudieran hacer.

La crisis existe, eso es cierto. Yo dudaría de que fuera la peor que hemos tenido, pero de ser así, pues nos ha ido bien. ¿Cuántas veces a la semana compra tortillas, leche, agua embotellada, frijol, carne, pollo y otros productos de la canasta básica? ¿Los precios suben todos los días?

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Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• DESALENTADOR PANORAMA PARA MICHOACÁN
  

Los últimos gobiernos estatales de Michoacán, de Víctor Manuel Tinoco Rubí, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, cuando menos, se han quedado cortos en cuanto a las expectativas que en su momento generaron. Sin embargo, si de ver hacia el futuro se trata, nos encontramos con un panorama verdaderamente desalentador.

Cada candidato a gobernador nos ha ofrecido solución a los problemas más complejos que en la entidad se atraviesan desde hace muchos años, pero ninguno ha sido capaz de resolverlos. Por el contrario, estamos cada vez peor en materias como la educación, el desarrollo rural, la infraestructura, el transporte, seguridad y muchos más.

Ahora bien, si analizamos cuáles son los antecedentes y las trayectorias de aquellos que desde hace ya mucho tiempo se perfilan para buscar la gubernatura de Michoacán, pues queda más que confirmado que el panorama es francamente aflictivo para Michoacán.

Si comenzamos por el partido en el poder, el PRD, que ha fracasado de manera rotunda en sus dos administraciones, el más aventajado en la búsqueda del gobierno del estado es el senador Silvano Aureoles Conejo, a quien mucho le interesa que los michoacanos se olviden de su pasado.

Yo me pregunto, ¿cómo va a resolver los problemas de Michoacán un personaje cuya primera acción notoria fue defraudar a los mineros de Angangueo que pusieron en sus manos el patrimonio de sus familias?

Tal vez muchos ya no lo recuerden, pero el segundo hecho por el que se hizo famoso este personaje fue por aprovechar su relación sentimental con la ahora senadora Claudia Corichi García, hija de la lideresa nacional del Foro Nuevo Sol, después dirigente nacional del PRD y ahora gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina. De esa forma, obtuvo su primera diputación federal, de la que juró no renunciaría para buscar otro puesto.

La mayoría de los políticos no tienen palabra y Silvano es de esos, solicitó licencia al cargo de diputado para buscar la alcaldía de Zitácuaro; como candidato se negó a hacerse el examen antidoping al que sus contrarios lo retaban, se comprometió ahora ante notario a concluir su encargo de tres años como presidente municipal y ya como alcalde dejó al municipio endeudado antes de solicitar licencia para irse a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) en el gobierno de Cárdenas Batel.

Ahí la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) le detectó observaciones inicialmente por más de 200 millones de pesos, que después desaparecieron como por arte de magia, y ahora, como senador de la República, ha hecho más trabajo mediático que de fondo. Esa es la más viable carta para la gubernatura por el partido del sol azteca.

Entre el resto de los aspirantes a la candidatura por el PRD se encuentran el secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, de quien acabo de mencionar todo su currículum y trayectoria política, y el diputado local, ex diputado federal y ex secretario de Gobierno, Enrique Bautista Villegas, quien no cuenta con la ventaja que en Michoacán da el apellido Cárdenas. Pues para los michoacanos no es lo mismo ser cardenista, que apellidarse Cárdenas.

Asimismo, se habla con menos posibilidades del ex dirigente estatal del PRD, ex alcalde de Tumbiscatío, ex diputado local, ex diputado federal en dos ocasiones y ex senador de la República, Antonio Soto Sánchez, quien por primera vez en muchos años dejó de cobrar con cargo al erario público y lo está resintiendo, porque sus continuos comentarios y apariciones no tienen para nada la notoriedad de antes.

Si estos últimos aspirantes tienen escasas posibilidades, en el resto de los que se han apuntado no vale siquiera la pena gastar tinta.

Por lo que se refiere al Partido Acción Nacional (PAN), hasta el momento los más viables son el senador Marko Cortés Mendoza; la secretaria de Elecciones de la dirigencia estatal, Luisa María Calderón Hinojosa; y, el secretario de la Función Pública del gobierno federal, Salvador Vega Casillas.

En este sentido, a pesar de contar con mucho apoyo de panistas y no panistas en el estado, Marko Cortés aún tiene una escasa trayectoria política, en la que sólo ha sido secretario estatal de Acción Juvenil, diputado federal sin concluir el cargo y ahora senador de la República.

En tanto, Luisa María Calderón, quien ha sido diputada local, diputada federal y senadora de la República, tiene la enorme desventaja de ser hermana del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, lo que en automático haría que se le calificara como una imposición o que se especulara de presuntos desvíos de recursos federales, como ya lo ha hecho anteriormente la dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano.

Por su parte, Salvador Vega podría ser una muy buena opción para la gubernatura, con la salvedad de que tuvo la oportunidad de construir una estructura de apoyo fuerte y con liderazgo a partir de su participación en el respaldo a un candidato a la dirigencia estatal del PAN en la elección pasada, oportunidad que dejó pasar y difícilmente se le volverá a presentar.

Ha sido diputado local, diputado federal, subsecretario de la Función Pública y actualmente titular de la misma dependencia federal, pero sin el apoyo de la militancia panista sería complicado que pudiera conseguir la candidatura deseada.

Pasando al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el alcalde de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, es la carta fuerte, pero cada vez más débil. En su cuarta oportunidad al frente de la comuna moreliana, se esperaba que la experiencia adquirida diera para más, pero en los hechos son muchos los habitantes de la capital del estado que están decepcionados de su gestión.

Si a eso le sumamos que Morelia es el punto fuerte de Fausto Vallejo, político de carrera y quien en su vida no ha hecho otra cosa que política, pues entonces ya nos imaginamos lo que le depara en el interior del estado, donde ya tuvo la amarga experiencia de irse al tercer lugar en la elección por el Senado de la República en 2006.

Sobre los funcionarios municipales faustistas pesan muchos señalamientos de corrupción, que incluso han alcanzado al propio alcalde en algunos momentos. La mayoría de su gestión ha sido más mediática que de hechos, como lo hacen los políticos modernos. Entonces su viabilidad es limitada y sus posibilidades reales se reducen.

Entre los políticos priístas, uno de impecable trayectoria, aunque no ha mencionado tener interés por la gubernatura, es Jaime Rodríguez López, ex alcalde de Penjamillo, dos veces diputado federal y actualmente diputado local por segunda ocasión, sin contar su paso por la dirigencia estatal del PRI y su gestión como titular de la Sedagro en el gobierno de Tinoco Rubí.

El “Vale” tiene una carrera sólida, fue coordinador de la precampaña de Arturo Montiel Rojas en Michoacán y, por lo tanto, tiene muy buena relación con Enrique Peña Nieto, de lo que Fausto Vallejo no puede presumir, sin embargo, no cuenta con grupo propio al interior del tricolor y a la larga eso le puede pesar.

Además, el ex senador J. Ascención “Chon” Orihuela Bárcenas tiene interés, pero la detención de su sobrino Antonio Ixtláhuac Orihuela en “el michoacanazo”, le restó ímpetu al trabajo que venía realizando.

Por cierto, que la reciente liberación de Antonio Ixtláhuac y su reinstalación como alcalde de Zitácuaro ha hecho que algunos de sus simpatizantes lo pretendan impulsar a al gubernatura, lo que tampoco parece viable, pues sólo ha sido un diputado local intrascendente y un alcalde con corto e interrumpido periodo de gestión.

También hay quienes hablan del ex diputado local, ex diputado federal en dos ocasiones, ex dirigente estatal del PRI, ex candidato a gobernador y líder de grupo, Jesús Reyna García, pero la elección pasada lo castigó severamente, por lo que se menciona que él podría tratar de impulsar al ex alcalde de Morelia, Salvador Galván Infante, de triste memoria entre los morelianos por su pésima administración.

Y acerca de la presunta precandidatura de Víctor Silva Tejeda, quien ha sido diputado local y federal hace ya muchos años, de no ser por los compendios de trabajo legislativo y alguna que otra publicación periodística, la gran mayoría de los michoacanos menores a los 35 años de edad ni lo conocen.

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Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• ECOS DEL “MICHOACANAZO”
  
  
  Después de la espectacularidad del operativo de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno federal para detener a 32 ex funcionarios estatales y municipales de Michoacán, en una acción que fue titulada por algunos medios de comunicación como “el michoacanazo”, todo pinta para terminar en el ámbito político en una simple anécdota que se recordará con insistencia en los próximos años.
  
  En sí la acción fue espectacular por la meticulosidad con que se actuó en el operativo que permitió en un primer momento la captura casi simultánea de tres presidentes municipales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), así como de colaboradores muy cercanos al gobernador Leonel Godoy Rangel por su presunta vinculación con el crimen organizado.
  
  Para bien de unos y para mal de otros, todo esto aconteció el 26 de mayo del año pasado, muy cercano al proceso electoral federal del año pasado en el que se renovó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo que de inmediato generó suspicacias y acusaciones muy directas contra el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa, a quien se le endilgó el tema como un asunto de carácter netamente electorero.
  
  Sobre todo, la presidenta estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano, así como el dirigente estatal del PRI, Mauricio Montoya Manzo, respaldaron a sus ex funcionarios y presidentes municipales, y aseguraron que todo era una estratagema, un ardid político desde el sistema de impartición de justicia para desacreditar, según los perredistas al gobierno de Leonel Godoy, y según los priístas al otrora hegemónico partido tricolor.
  
  Mientras tanto, la opinión pública en Michoacán, pero sobre todo a nivel nacional y en el extranjero, hicieron eco de la acción, al ver confirmado lo que por décadas se ha comentado en voz baja por todo el territorio nacional, “la política y la delincuencia están muy ligados y van muy de la mano”.
  
  Ni tanto digirieron la información los ciudadanos mexicanos, hubo políticos que vieron la posibilidad de aprovechar política y mediáticamente los acontecimientos, el primero, el senador perredista Silvano Aureoles Conejo, quien casi de manera inmediata subió a la tribuna del Congreso de la Unión a demandar la creación de una Comisión Especial de seguimiento, pero sobre todo de defensa, de los detenidos.
  
  Casi de manera simultánea se conformaron comisiones especiales en la Cámara de Diputados del Legislativo federal y en el Congreso del Estado de Michoacán, por cierto, ésta última impulsada por el medio hermano de Silvano, el diputado local, también perredista, Antonio García Conejo.
  
  Leonel Godoy pasó por uno de los momentos más difíciles de la que ya de por sí ha sido una corta pero problemática gestión, cuando mediáticamente fue linchado por los medios de comunicación, principalmente los nacionales, así como cuando su medio hermano Julio César Godoy Toscano, huyó aún siendo diputado federal electo, al saber que había también una orden de aprehensión en su contra.
  
  Por cierto, no se sabe quién le avisó, pero se presume que el pitazo habría llegado o del Ejecutivo estatal o del Secretariado Estatal del PRD, que poco antes habían sido atendidos en su exigencia de recibir información de la PGR sobre las acciones realizadas y la estrategia a seguir en los próximos días.
  
  De hecho, se comenta que la desaparición del aún prófugo se registró al día siguiente de la reunión en la que funcionarios de la dependencia federal informaron al secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, y los líderes de los partidos políticos con presencia en Michoacán.
  
  En tanto, el dirigente estatal del PAN, Germán Tena Fernández, y los diputados federales y locales del mismo partido político, se encontraron en una difícil situación, prácticamente entre la espada y la pared, y tras algunos titubeos de algunos días, optaron por darle la espalda a sus alcaldes, Antonio González Rodríguez, de Uruapan, y José Luis Ávila Franco, de Hidalgo, para respaldar las acciones del gobierno de Felipe Calderón.
  
  Después de todos estos acontecimientos iniciales, vinieron las reuniones de las comisiones especiales de los poderes legislativos con los familiares, pero también con las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, visitas a los penales de Tepic, Nayarit, a donde fueron trasladados los detenidos, y una guerra de declaraciones, que fueron desde los tintes electorales del asunto, hasta la ineficacia de varios aspectos de la Reforma Judicial recientemente aprobada.
  
  Vinieron las primeras liberaciones de tres alcaldes, en el mes de agosto, después el traslado de los ex funcionarios al Penal de Mil Cumbres en Michoacán y casi de manera inmediata, pero también sospechosa, la liberación de casi la mitad de los mismos.
  
  “Quedaron libres por falta de pruebas”, rezaban las autoridades federales, mientras los perredistas y priístas trataron de hacer eco a todo lo que daban sus pulmones de la injusticia cometida en un principio y de la necesidad de liberar a todos los demás. También demandaron que el gobierno federal ofreciera disculpas públicas y reparara el daño hecho a los liberados.
  
  Sin embargo, la respuesta del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, fue lapidaria, “no se les pueden ofrecer disculpas porque salieron libres bajo las reservas de ley, es decir que la investigación continúan y podrían encontrarse nuevos elementos que obligaran a reanudar los procesos legales que se les seguían”.
  
  Mientras tanto, en el Congreso del Estado, el líder parlamentario del PAN, Francisco Morelos Borja, y el presidente de la Comisión de Justicia, Antonio Salas Valencia, también panista, manifestaban su recelo en torno a la decisión de liberar a tantos de los detenidos, pero jamás admitieron que se hubiera cometido una injusticia, por el contrario, demandaron que se investigue al Ministerio Público Federal porque existen elementos para pensar que la liberación de los ex funcionarios ha sido más por la mala integración de las averiguaciones previas y errores procedimentales, que porque se haya demostrado la inocencia de los inculpados.
  
  Ahora que se ha logrado la liberación de tantos de los detenidos, el tema sigue teniendo mucha tela de dónde cortar, algunos han señalado que figuras como el arraigo, los testigos protegidos y los cateos deben desaparecer, o cuando menos ser revisadas a profundidad, pero los efectos políticos son mucho más evidentes.
  
  Silvano Aureoles se considera el artífice de la liberación, por lo que ha procurado que su nombre se mencione junto con el tema del “michoacanazo”, y también le ha inconformado el protagonismo que ha asumido el presidente de la Comisión Especial del Senado, Carlos Sotelo, quien también es perredista, porque siente que le roba el rol para el cual trabajó.
  
  En Uruapan, Mary Dóddoli Murguía, inició un procedimiento para intentar quedarse con el cargo de alcaldesa sustituta, luego de una serie de desencuentros que incluso provocaron la expulsión de casi la mitad del Cabildo. Por el momento, la experimentada panista no pudo quedarse y Antonio González regresó tras su liberación, pero el asunto por la vía legal continúa.
  
  Además, la detención del alcalde de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac Orihuela, derribó los planes por la gubernatura que ya esbozaba el ex casi de todo Ascensión Orihuela Bárcenas, su tío. La liberación en cierta forma le abriría las puertas de nuevo al ex gobernador, pero ya hay algunos zalameros que pretenden meterle la idea al novel Ixláhuac Orihuela de que puede aprovechar su condición como “víctima de una injusticia” para potenciar su carrera política, ¿y por qué no?, buscar en 2011 el Solio de Ocampo.
  
  Después de todo, las renuncias de presidentes municipales de Zitácuaro para buscar nuevos puestos políticos no es una historia nueva, que le pregunten al propio Aureoles Conejo.
  
  Las dirigencias nacionales del PRD y del PRI tienen como uno de sus principales temas de contracampañas para las elecciones de 2011 y 2012, el asunto del “michoacanazo”, mientras que en el PAN existe incertidumbre en la estrategia para responder. El único panista que pareció apostar hasta el momento al bando ganador fue el senador Marko Cortés Mendoza, quien por cierto, fue incluso reconocido y aplaudido por Citlalli Fernández González y por el Consejo Estatal del PRD.
  
  El “michoacanazo” trae mucho más de fondo y seguramente dará mucho más de qué hablar en los próximos meses, sobre todo cuando se sepa quiénes salen, quiénes entran y quiénes reingresan al Penal de Mil Cumbres en Morelia. Lo más relevante que surja lo iremos comentando.

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Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• IZQUIERDA, ¿INTOLERANTE O INCONGRUENTE?

Cuando están en la búsqueda del poder, los grupos, organizaciones o partidos políticos se quejan constantemente por lo que hacen aquellos que están en el gobierno, pero después, cuando los que eran oposición llegan a ocupar los cargos gubernamentales, es común que adopten las mismas prácticas que criticaban en sus contrarios.

Por tradición, la izquierda en México se ha dicho reprimida, pero a la vez defensora intachable de los derechos de las masas, sobre todo del derecho a la libre manifestación política pública, con todos los privilegios y hasta los excesos que las marchas y plantones suelen implicar.

Sin embargo, también hemos visto a líderes de la izquierda mexicana que se sienten perfectos y personajes incuestionables. Ya en el poder, sea público o fáctico, esos mesías se sienten intachables y no aceptan la crítica, sobre todo cuando viene de grupos y organizaciones que no son precisamente afines a sus intereses políticos.

Ejemplos existen muchos, tan sólo en México, para no abundar con casos tan patéticos como el de Fidel Castro en Cuba o el de Hugo Chávez en Venezuela, tenemos a un Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, endiosado por algunos sectores del perredismo y de la izquierda en el país, quien luego de una carrera política que se transformó y potenció a base de marchas y movilizaciones, usó la fuerza pública para reprimir las primeras manifestaciones que se dieron durante su periodo como jefe de Gobierno del Distrito Federal.

¿Y qué decir de todas las ocurrencias y anécdotas que existen de su sucesor, Andrés López Obrador? Después de lo ocurrido en 2006, la palabra “intolerancia” se aplica de manera muy directa en el ideario colectivo con la figura del tabasqueño hoy venido a menos.

Ahora aterricemos en Michoacán, donde un Lázaro Cárdenas Batel, hijo por cierto del primer personaje que mencionamos en este mismo espacio, dio manga ancha a casi todos los grupos y organizaciones sociales que se manifestaron públicamente durante su gobierno, causando serios estropicios a los morelianos y a muchos otros michoacanos en otros puntos del estado.

Para no ser atacados por la fuerza pública bastaba con ser de una organización afín a la izquierda, aún y cuando los reclamos e insultos fueran contra el gobernante en turno. Pero muy sonado fue el caso en que las flamantes fuerzas del orden del gobierno estatal reprimieron a un grupo de padres de familia y con sus niños que demandaban, frente a Palacio de Gobierno, solución a un problema en una escuela primaria.

En el actual gobierno de Leonel Godoy Rangel esa justicia selectiva se ha seguido aplicando. Si los manifestantes son pocos y no pertenecen a una agrupación afín el PRD, entonces se hace uso de la fuerza pública y se les impide bloquear las calles de Morelia, pero si son identificados con el partido del sol azteca, entonces las autoridades estatales argumentan que hacen hasta lo imposible por agotar el diálogo y, de no ser porque los manifestantes se hartan, bien podrían tener secuestrado al estado por lo que resta de la administración estatal.

Recientemente en Morelia fuimos testigos de una detestable movilización del Frente Auténtico de Transportistas del Estado de Michoacán (FATEM), que encabeza el diputado priísta José Trinidad Martínez Pasalagua, que consistió en bloqueos a varias de las principales arterias de la ciudad, así como las entradas y salidas de la ciudad, lo que entorpeció las actividades cotidianas de los morelianos, pero también afectó de manera severa al sector turístico en pleno periodo vacacional de Semana Santa.

La afectación fue grave, y la forma de manifestarse de los transportistas reprobable, pero no se comparó ni con mucho al daño que han hecho los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante los últimos 20 años, con sus constantes paros, plantones, bloqueos, peleas, insultos y pintas en edificios públicos, entre muchas otras tropelías.

A pesar de ello, para el gobierno de Michoacán ahora sí valió la pena la implementación de un operativo de las corporaciones de seguridad pública para levantar los bloqueos, recoger las unidades de transporte público y enviar a la cárcel a los trabajadores del volante que cometieron el pecado de no simpatizar con el PRD.

Estoicamente, el gobierno de Leonel Godoy Rangel ha pretendido ignorar o ha aceptado las constantes burlas, los frecuentes desaires, los insultos, las descalificaciones y las declaraciones en las que los maestros que se dicen “democráticos”, encabezados primero por Artemio Ortiz Hurtado y después por Jorge Cázares Torres, gritan a los cuatro vientos que han roto el diálogo que se han levantado de la mesa de negociaciones.

Entonces, ¿por qué con ellos no se ha aplicado la misma justicia? Precisamente hace un año, en el marco del inicio del periodo vacacional de Semana Santa, los maestros de la CNTE instalaron un plantón de 26 días, hasta con casas de madera, en pleno Centro Histórico de Morelia, justamente frente a Palacio de Gobierno.

¿Cómo olvidar las crónicas periodísticas de aquél entonces, cuando decenas de maestros, empezando por Jorge Cázares, se crucificaron frente a la Catedral de Morelia (lamentablemente sin utilizar clavos) a manera de mofa de las autoridades, de los ciudadanos, de los turistas y de los creyentes?

Por eso, hoy vale la pena preguntar: ¿Qué le pasa a la izquierda en México y en este caso en Michoacán? ¿Se trata de una izquierda que es intolerante o simplemente es incongruente? ¿Está bien cuando se manifiestan los grupos, organizaciones sociales y sindicatos que se dicen izquierdistas y está mal cuando lo hagan todos los demás? Hasta ahora las respuestas, simple y sencillamente, no convencen.