DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por. Alejandra Ortega Rodríguez

• LOS TONTOS ÚTILES Y LOS DERECHOS HUMANOS
  
  

Durante los últimos días una gran polémica se ha suscitado en torno a las declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien durante la Jornada de Prevención contra la Tortura, realizada en el Archivo General de la Nación, instó varias veces a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a las comisiones estatales en la materia a ser perspicaces para distinguir qué huellas son producto de la tortura y cuáles son resultado del sometimiento de alguien que se niega a ser detenido.

En algún momento, el encargado de la política interna en el país señaló ante los ombudsman del país que: “Hay veces que en estas operaciones hay resistencia de los particulares al llamado legítimo de la autoridad y se tiene que entrar por vías de hechos a someterlos”.

Sin embargo, la aseveración más contundente, más directa y, por supuesto, más polémica, fue cuando llamó a los titulares de las comisiones protectoras de los derechos humanos a ser más perspicaces y menos suspicaces para evitar servir a los intereses contrarios a la sociedad.

“Esta es la difícil tarea que hoy nos congrega: ni ser cómplices ni encubridores de las anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad ni ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar, la acción de esa autoridad”, afirmó.

Lo anterior generó una serie de reacciones, tanto de los presidentes de las comisiones de derechos humanos en el país, así como de representantes de organizaciones no gubernamentales y puristas de los derechos humanos, además de los oportunistas adversarios políticos al partido en el poder, quienes calificaron a Gómez Mont de “autoritario”, “prepotente” y muchas cosas más.

Incluso el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, con la complacencia de los consejeros del organismo, envió una misiva que hizo pública en la que sarcástica y mordazmente responde a los señalamientos del secretario de Gobernación.

Pero pongamos todo en contexto. Tal vez las declaraciones de Fernando Gómez Mont han sido cuestionadas, criticadas y descalificadas por algunos sectores de la sociedad, pero sobre todo por gran parte de aquellos que hacen opinión pública en el país y que se sienten las “vacas sagradas” del periodismo, los mismos que siempre están en contra de todo, pero no ofrecen a cambio propuestas de cómo sí hacer las cosas bien.

Sin embargo, lo cierto es que entre la población en general, lo digan o no lo digan abiertamente, si existe una percepción generalizada de que se encuentran atrapados entre dos fuegos, primero por autoridades, principalmente municipales y estatales, que no hacen su trabajo como debieran y que no les garantizan la seguridad de sus familias en lo físico y en lo patrimonial, y después, por la delincuencia, tanto la común como la organizada, que se aprovechan de los grandes vacíos de autoridad que existen en grandes extensiones del territorio nacional y son los primeros, los que más y los que continuamente violentan los derechos humanos de los mexicanos.

Añadamos a eso que nuestras comisiones, la nacional y las estatales, para la defensa de los derechos humanos, han encontrado un prolífico y tentador foro mediático en vigilar, cuestionar, criticar y desvirtuar todo aquello que hacen y hagan las autoridades federales, el Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva (PFP) para tratar de cumplir con su cometido de garantizar la seguridad de los mexicanos. Han encontrado que es más fácil y conveniente señalar a los que están uniformados, a los que diariamente circulan uniformados por las calles y las carreteras del país, que a aquellos que se esconden vestidos de civiles entre las mujeres, los ancianos y los niños.

Los severos, y dicen algunos “descontextualizados” pronunciamientos del secretario de Gobernación se dieron en el marco de la más reciente recomendación del presidente de la CNDH en contra del Ejército Mexicano y respecto del caso de la lamentable muerte de los niños Almanza, asesinados en un retén militar en Tamaulipas, de la que familiares y organismos que se dicen protectores de los derechos humanos culpan a las fuerzas armadas mexicanas.

De acuerdo con los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que coinciden en mucho con lo dicho por la madre de los infantes, la muerte de los menores ocurrió cuando en un retén militar los soldados fueron atacados por sicarios que viajaban en seis camionetas que justamente rodeaban a la otra camioneta en la que viajaba la familia Almanza. Así, por las trayectorias de los proyectiles, se determinó que las balas fueron de armas activadas por los delincuentes.

Raúl Plascencia, como presidente de la CNDH lamentó, dijo él, “no haber tenido acceso a toda la información necesaria del caso” y mencionó la posibilidad de que la escena del crimen haya sido manipulada, lo que rechazó la Secretaría de Gobernación, pero además, concluyó que con base en que las balas utilizadas eran de las consideradas como de “uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Las anteriores afirmaciones que se basan en suposiciones, dan a entender que el organismo nacional es tan suspicaz como para concluir que los grupos de la delincuencia son respetuosos de la legalidad y se abstienen, o al menos en ese caso se abstuvieron de utilizar armas que son de uso exclusivo del Ejército. Lo anterior fueron elementos suficientes como para emitir la recomendación 36/2010 en contra del Ejército Mexicano.

A todo esto, hemos visto en los últimos días los comentarios irresponsables de políticos y supuestos defensores de los derechos humanos que destacan que desde que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra al crimen organizado son más de 3 mil las quejas por presuntas violaciones de las garantías individuales que se han presentado en contra de las fuerzas armadas mexicanas.

Lo que no han dicho es que cualquiera puede presentar una queja o denuncia, incluso un delincuente consumado, por lo que la presentación de las mismas no es referente para medir el grado de responsabilidad o irresponsabilidad del Ejército Mexicano en el cumplimiento de los derechos humanos y en el contexto de el combate a la delincuencia organizada; sólo en aquellos casos en los que hay elementos que permiten presumir que “podría haber una violación a las garantías individuales” se puede emitir una recomendación.

Dicho lo anterior, nos encontramos con que a la fecha la CNDH ha emitido sólo 58 recomendaciones contra el Ejército, mismas que han derivado de un gran total de más de 3 mil quejas; de esas 58 recomendaciones, 57 ya han sido aceptadas, la mayoría en su totalidad y algunas parcialmente, además de que en el mismo evento del que hemos hablado Fernando Gómez Mont anunció que en breve se responderá ésta última recomendación.

El secretario de Gobernación advirtió que en ocasiones pueden existir polémicas entre la CNDH y la Secretaría de Gobernación, porque el terreno es complejo, pero debe existir el compromiso de que esos desencuentros tengan como fruto garantizar y fomentar la perspicacia y dejas la suspicacia que debilita y sirve a intereses mezquinos. “Que nadie se alarme si de repente hay diferencia de opiniones”, anticipó.

Así que es de preverse que la más reciente recomendación, en la que algunos líderes de opinión ya han puesto la vista y han señalado que contiene elementos que permiten adelantar que está descontextualizada y carece de fundamentos, es muy probable que la respuesta del gobierno federal sea negativa o que sólo se acepte parcialmente lo dicho por el organismo defensor de los derechos humanos.

Ya en las últimas fechas y ante la enorme polémica suscitada, así como en virtud de la “más enérgica protesta” emitida por el consejo consultivo de la CNDH, Gómez Mont respondió que no buscó ofender a nadie y establece entre otras cosas lo siguiente:

“He leído con cuidado el texto del mensaje cuya versión estenográfica te anexo. En él no encuentro haber inferido ofensa ni a la Comisión Nacional ni a las estatales de Derechos Humanos. Sin perjuicio de lo anterior, reconozco que la expresión de ‘tontos útiles’, referida en dicho discurso, ha sido utilizada en el pasado por izquierdas y derechas con un tufo autoritario. Nada más lejos de mi formación y de las prácticas y principios a los que he sometido mi vida.”

Asimismo, agrega “ante los destellos de mordacidad de que hace gala” la CDNH es necesario aclarar que él es parte de la generación que durante más de 30 años ha participado en la construcción de instituciones que promueven y fortalecen el respeto de los derechos fundamentales.

Por ese motivo, pide al titular de la CNDH que le diga qué parte del discurso, pronunciado en el Archivo General de la Nación, le parece ofensiva, con el objetivo de “valorar si éstas (afirmaciones) merecen una disculpa o ratificación de mi parte”. “Me temo –agrega Gómez Mont– que no es a mí a quien debes reclamar, sino a quienes han hecho interpretaciones de lo que yo dije frente a ti”.

Pero a como están las cosas ahora, el ombudsman mexicano está valorando la posibilidad de exigir unas disculpas del secretario de Gobernación, mientras que los mexicanos seguimos entre la espada y la pared, sin recibir ninguna clase de disculpa, ni de las autoridades, principalmente las municipales y estatales, y mucho menos de los organismos defensores de los derechos humanos y hasta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que parecen sumamente entusiasmados ante la posibilidad de sacar a los criminales a las calles.