miércoles, 4 de agosto de 2010

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez
  • AMLO Y SU CAMPAÑA DE MENTIRAS
Insulta a la inteligencia de los mexicanos el hecho de que el mesías tropical de Andrés Manuel López Obrador haya anunciado una vez más, en su mitin-asamblea-destape de hace unos días en el Zócalo de la Ciudad de México que competirá por segunda vez por la Presidencia de México en la elección de 2012.

La primera pregunta que surge es: ¿No que él ya era presidente “legítimo”? Si de verdad el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal fuera un demócrata como presume, lo primero que haría sería recordar una de las frases célebres más recordadas de Francisco I. Madero, quien proclamaba como lema de campaña presidencial el “sufragio efectivo, no reelección”.

Nadie sensato podría encontrar una pizca de seriedad en el discurso de López Obrador, quien ahora más que nunca se mostró mesiánico, incongruente, simplista y mentiroso. Engañó a su público, por cierto, un público más que predispuesto a ser engañado, con verdades a medias y mentiras completas, como nos tiene acostumbrados a todos los mexicanos.

Es imposible, leyendo y releyendo su discurso, que podamos encontrar en el tabasqueño a un político de izquierda, mucho menos a un estadista o a un aspirante serio al poder público. Lo que todos pudimos ver fue a un político que ha dejado crecer su encono y su resentimiento desde su derrota de 2006 y propone cambiar a México con medidas absurdas, ilógicas, irrealizables.

Sería bueno que el fracasado ex candidato presidencial tuviera al menos un poco de seriedad para informar cuánto costó el acarreo de personas desde varios puntos del país, quién pagó la organización, la logística, las mantas de apoyo, porque de otra forma sólo nos demuestra que no es honesto, que es incongruente al criticar por años el acarreo de otros y al no mirar la viga en el propio ojo.

López Obrador se siente el único capaz de ordenar, decidir y dictar a sus seguidores cuáles son sus designios para alcanzar sus deseos personalísimos, para saciar su sed de poder con el apoyo de una masa de acarreados que sólo decían sí a todo lo que decía el político recientemente evidenciado por sus reuniones con representantes del gobierno de Estados Unidos durante su campaña presidencial de hace unos años. ¿Esa es la democracia desde su perspectiva?

El mitin para autodestaparse nuevamente como aspirante a la Presidencia de la República se realizó frente al Palacio de Gobierno del Distrito Federal, a decir de analistas nacionales, con la intención de mandar un mensaje claro al actual jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, emanado también del PRD, en el sentido de afirmar que el único candidato posible de la izquierda mexicana es AMLO y al mismo tiempo desconocer los acuerdos de unidad y de civilidad que han pretendido realizar los diversos partidos de izquierda en el país.

Dice en el libro que como parte de su campaña presenta en diversos puntos del país, que existe un grupo de 30 potentados que son responsables de la “tragedia nacional” de que él no gobierne a México. ¿Se referirá sólo a políticos del PRI, del PAN y del PRD o también hará referencia a partidos familiares como el PT, el PVEM, Nueva Alianza y Convergencia, algunos de los cuáles lo han apoyado incondicionalmente por los pocos, pero seguros votos que representa actualmente?

Cuando de transparencia habla el señor López Obrador, lo primero que debería hacer sería transparentar los recursos de los que viven él y su familia en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, así como aquellos que utilizan tanto él como su hijo en viajes de placer y los recursos para mantener su campaña por todo el país.

En su discurso, el frustrado político propone una renovación tajante, una auténtica democracia y el renacimiento de México, al mismo tiempo que cuestiona el desempeño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que califica como un grupo de magistrados que se comportan como “jueces de consigna”.

Por eso, siguiendo las enseñanzas del dictador de Venezuela, Hugo Chávez, el mesías tropical propone que los integrantes de la Suprema Corte se elijan de manera democrática y fundar una nueva República con la gente más afín a su proyecto de gobierno, que no son más que su más cercano grupo de colaboradores. ¿Se referirá a su brazo derecho, René Bejarano; a su ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce; su chofer Nicolás Mollinedo Bastar; al ex delegado de Tlalpan, Carlos Imaz Gispert y a toda su parentela misteriosamente enriquecida?

Para seguir con su lista de locuras, Andrés Manuel López Obrador vuelve a parafrasear a su ídolo Hugo Chávez y amenaza con recuperar la riqueza y los bienes públicos que a su muy particular parecer han sido concesionados ilegalmente, como es el caso de la minería, la industria eléctrica y la petrolera. Es decir, que al igual que el dictador venezolano pretende arrebatar sus bienes a los particulares, lo que suena atractivo para quien no lo ha trabajado o no lo ha ahorrado y a estas alturas no tiene nada, pero preocupante no sólo para los grandes empresarios, sino para los particulares que por años trabajan de sol a sol para tener un patrimonio y generar algo que puedan heredar a sus hijos.

En tanto, a los medios de comunicación los amenaza con “democratizarlos”, que es otro término de Hugo Chávez que no quiere decir otra cosa que serán expropiados en beneficio del Estado para no sólo acabar con las libertades básicas de la democracia, sino hasta con la libertad de expresión, como pasa en Venezuela.

Pero el tabasqueño no se queda ahí, asegura que durante su gobierno no se venderá un solo barril de petróleo al extranjero, pues asume que será presidente, aunque no aclara si será electo constitucionalmente o sólo se autodesignará “presidente legítimo” por seis años más, pero también anticipa que México no ocupará de los mercados internacionales para mover su economía, que el petróleo se procesará sólo en las pocas refinerías que existen o que dejará de invertir en algún rubro importante del presupuesto para construir las refinerías que faltan en el país y que la nación puede vivir sin las divisas que generan los hidrocarburos.

Sumado a lo anterior, López Obrador promete no crear nuevos impuestos y a no elevar los ya existentes. ¿Cómo podría sobrevivir una economía basada en un proyecto de ese nivel de locura, sin ingresos petroleros, sin ingresos tributarios, sin medios de comunicación libres y sin empresas que compitan libremente en el mercado por ofrecer los mejores precios o los mejores servicios?

Por si eso fuera poco, asegura que parte de la causa de la crisis económica mundial es el hecho de que se haya convertido la codicia en virtud, que el dinero se ha elevado a rango supremo y se ha inducido la creencia de que se puede triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole.

¡Qué curioso que lo diga!, porque justamente es él quien codicia el poder, el que vive lujosamente a escondidas de sus seguidores, el que dice que es válido triunfar a cómo dé lugar, y si no gana por la buena, pues basta con autodesignarse ganador aún a costa de la estabilidad y gobernabilidad de un país.

¿Se habrá mordido la lengua al decir todo esto? ¿Por qué nunca ha aclarado de manera fehaciente de dónde saca los recursos con los que viven él, su familia y sus colaboradores más cercanos, quienes hacen las veces de managers de un profesional del mundo del espectáculo? ¿Por qué nunca dice de dónde saca los recursos para el acarreo de personas al Zócalo de la Ciudad de México?

¿Será que después de tantos bandazos que ha dado a lo largo de los últimos cinco años todavía hay quien le crea? Las encuestas dicen que sí, pero que son menos cada vez
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DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez
  • ¿AJUSTES O DESAJUSTES?

Los recientes relevos en el gabinete del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que constituyeron el ajuste número 18 en lo que va de la actual administración federal, han desatado una serie de especulaciones en los diferentes medios de comunicación nacionales, muchos de los cuáles especulan sobre las causas de las salidas y enroques en el gobierno federal.

El caso que más llama la atención, por supuesto, es el de la salida de Fernando Gómez Mont de la Secretaría de Gobernación, cuando en los hechos había sido tal vez el más solvente, serio y comprometido con la política interior de México de los secretarios de Gobernación con los que ha contado el país en los últimos años.

Sobre los motivos que originaron su renuncia, la mayoría de las especulaciones que se han vertido, con claros fines partidistas, son en el sentido de que había perdido su capacidad de interlocución con los distintos partidos políticos a raíz del incumplimiento hecho con la dirigente nacional del PRI y sus diputados federales para que se aprobaran el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de este año a cambio de que el PAN no hiciera alianzas con el PRD en aquellos estados en los que en 2004 hubo elecciones locales.

Algunos otros especulan respecto del fastidio que ya tenía el prominente abogado en torno a las presiones recibidas no sólo de los actores políticos de oposición, sino hasta del propio partido al que él mismo ayudó a fortalecer por varias décadas, lo que incluso derivó en su renuncia a su militancia panista.

Lo cierto es que ni los bandazos del dirigente nacional del PAN, César Nava Vázquez, ni la falta de respaldo que en ocasiones tuvo de la Presidencia de la República, sumados a la sistemática crítica de la oposición y los recientes procesos electorales que derivaron en una enfurecida reacción priísta que ya se regodeaba con la posibilidad de ganar las 14 elecciones locales del pasado 4 de julio, pusieron a Gómez Mont ya no a dos fuegos, sino en una encrucijada compleja que le restaba autoridad y la posibilidad de fomentar el diálogo para lograr la gobernabilidad en el país.

Así las cosas, quien más gana con el relevo en la Secretaría de Gobernación es el propio Fernando Gómez Mont, quien nunca ha sido del grupo calderonista y a quien se le veía sonriente en el acto donde el presidente Calderón anunció los relevos y enroques en su administración, porque con su trayectoria no tiene necesidad de un desgaste de tales dimensiones en el que incluso se puso en la mira hasta de grupos delincuenciales a los que institucionalmente tuvo que retar, enfrentar y advertir en diversas ocasiones, al mismo tiempo que algunos sectores de la población y actores políticos le vigilaban y criticaban cualquier paso que daba o postura que asumía.

El gran perdedor es México, porque en su lugar se designó, como cuarto secretario de Gobernación en lo que va de la administración de Felipe Calderón, a José Francisco Blake Mora, panista y amigo del presidente que hasta hace unos días se desempeñaba como secretario de Gobierno en Baja California, estado en el que deja el antecedente de que el PAN perdió no sólo el gobierno estatal, sino el Congreso del Estado y todos los ayuntamientos.

Si bien, entre los partidos de oposición hay desconcierto por el bajo perfil del nuevo secretario de Gobernación, los más preocupados son los propios militantes de Acción Nacional, quienes no se explican cuál es el motivo por el que se le designa en el cargo y sólo encuentran que es amigo del mandatario federal, con quien compartió la 58 Legislatura de 2000 a 2003.

El segundo enroque en importancia es la renuncia de Gerardo Ruiz Mateos a la Secretaría de Economía para reincorporarse a la Oficina de la Presidencia de la República. Su salida obedece más bien al otro ajuste por la salida de Patricia Flores Elizondo del círculo más cercano a Calderón Hinojosa.

De ella se menciona que es una especie de dictadora que llegó a tener tal control de la Oficina de la Presidencia que incluso se confrontó con un buen número de miembros del gabinete presidencial, porque trataba de mantenerlos lo más alejados posible del presidente de la República. Una labor ineficaz la de la funcionaria, sobre todo por darle trabajo a su esposo, quien cobraba incluso más que ella, y por tener a su madre y hermanas trabajando en puestos clave de la administración federal.

Contrario a lo ocurrido con Gómez Mont, a Patricia Flores se les observaba con el rostro desencajado en aquél acto que se anunciaron formalmente los ajustes en el gabinete de Felipe Calderón, mientras que Ruiz Mateos se mantiene en el primer círculo del presidente de la República y su regreso confirma que es una de las personas de mayor confianza del mandatario.

“Confianza” es justamente la palabra clave, motivo por el que Bruno Ferrari de Alba, compañero universitario de Calderón, ha sido nombrado como secretario de Economía, después de ser director de Pro México, organización de la sociedad civil que ha sido calificada como “fatua” y falta de compromiso.

Lo anterior ha despertado un marcado descontento entre el sector empresarial, donde se ha criticado su falta de perfil, igual que pasó en su momento con el propio Ruiz Mateos, aunque con la observación de que ahora los empresarios dicen que preferirían al ahora titular de la Oficina de la Presidencia porque ya había rebasado la curva de aprendizaje.

Hablando de la confianza, todo hace indicar que Felipe Calderón está claramente ávido de contar en su gabinete con la mayor cantidad de personajes de su confianza que lo rodeen y lo respalden. Sus motivos tendrá, pero ha sido muy criticado por ello.

Tal vez es por ello que en la residencia oficial de Los Pinos destacó las virtudes de Blake Mora al calificarlo como “político legal, práctico y eficaz”, a quien le encargó como papel fundamental el enfrentar de manera decidida el problema de la violencia y al crimen organizado, mientras que a Ruiz Mateos le pidió una revisión y reestructura puntual de la Oficina de la Presidencia para que incremente su eficiencia y a Ferrari de Alba le recomendó en todo momento apoyar la economía de las familias mexicanas y promover la inversión, además de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, sin descuidad la necesidad de profundizar en materia de comercio internacional.

DE AQUÍ DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez
  • ¿FUNCIONARON LAS ALIANZAS ELECTORALES?

En términos reales, las alianzas electorales entre el PAN y el PRD en distintos puntos del país funcionaron, al menos para lo que verdaderamente eran, pues su objetivo real era el de impedir la anunciada victoria arrolladora del PRI y sus gobernadores, encabezados por el mandatario del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

Muchos cuestionaron las alianzas entre la derecha, representada por Acción Nacional y encabezada por el moreliano César Nava Vázquez, y la izquierda, encabezada por el sol azteca y presidida por el nativo de Aguascalientes, Jesús Ortega Martínez, quienes en un hecho sin precedentes y aún contra las voces de líderes internos de sus partidos, decidieron coaligarse para reducir en la medida de lo posible ser aplastados electoralmente por el tricolor.

Para nadie es un secreto que lo que estuvo en juego en la jornada electoral del 4 de julio en 14 estados del país, no sólo fue la elección de 12 gobernadores, decenas de diputados locales y cientos de presidentes municipales, sino la reconfiguración del mapa político de cara a las campañas presidenciales de 2012.

El PRI apostaba a ser una aplanadora que dejara sin esperanzas a sus contrincantes políticos y que le planchara el camino para regresar victorioso a la Presidencia de la República que desocupó en el 2000; tenía amplias esperanzas de conservar los nueve estados que ya gobernaba y recuperar los tres que había perdido en elecciones anteriores.

Concentraron los priístas sus esfuerzos en Aguascalientes y Tlaxcala, dos estados gobernados por el PAN, así como en Zacatecas gobernado por el PRD; aprovecharon la inmejorable coyuntura que les brindaron los panistas en Aguascalientes, que con sus conflictos internos por la inconformidad del grupo en el poder con el candidato designado por la dirigencia nacional dejaron abierta la puerta a la oposición.

En Tlaxcala, las anteriores elecciones intermedias habían estado mucho muy reñidas, así que bastó la operación política de Peña Nieto y algunos de sus principales colaboradores, algunos de ellos gobernadores de estados vecinos, para inclinar la balanza a favor del tricolor y obtener un triunfo, aún con un muy cerrado margen.

Por lo que se refiere al caso de Zacatecas, la gobernadora perredista Amalia García Medina hizo un mal gobierno, al estilo del gobierno “que trabaja” en Michoacán, y tomó malas decisiones; su injerencia en la designación de su candidato en Zacatecas y sus pugnas con el ahora senador del PT, Ricardo Monreal Ávila, así como la solidez de la estructura priísta, fueron justamente lo que el PRI necesitaba para apoderarse de ese otro estado.

Hubo otros casos que llamaron la atención, como Durango, donde presuntos miembros de la Confederación Nacional Obrera y Popular (CNOP), organización de inminente filiación priísta, robaron 40 urnas que, a decir de Jesús Ortega, podrían inclinar los resultados a favor de la alianza conformada por el PAN y el PRD.

En Veracuz, el PRI, encabezado por su gobernador Fidel Herrera Beltrán, a quien se acusó constantemente de esperaba una aplastante victoria en contra de la alianza del PAN y PRD; en las semanas previas a la elección se sumaron apoyos a favor del candidato opositor y sus bonos subieron; se especuló sobre la posibilidad de que el candidato de Convergencia, el eterno Dante Delgado Rannauro, declinara también a favor de la campaña encabezada por el blanquiazul, pero no fue así.

Al término de la jornada electoral, eso no ocurrió y favoreció al candidato de la otra alianza, la del PRI y la del PVEM, así como de uno de los mandatarios estatales que se conducen a la vieja usanza priísta, quien semanas antes había sido denunciado en medios de comunicación nacional por presuntamente ordenar el desvío de recursos públicos a las campañas de los abanderados del tricolor, de lo cual existen supuestas grabaciones de conversaciones telefónicas que lo confirman.

La diferencia que tiene hasta el momento el PRI, respecto del PAN y del PRD es de 12 puntos, justo la cantidad de votos que obtuvo el candidato de Convergencia que en el último momento se negó a declinar como en su momento había ofrecido, según los enterados. Con lo habilidoso que es Dante Delgado, no sería de extrañar que desde un principio haya trabajado para los priístas, ¡claro!, a cambio de algo.

En contraparte, el tricolor perdió tres estados que por el número de votantes y por los cacicazgos imperantes desde principios del siglo pasado eran muy importantes para la estrategia de Enrique Peña Nieto rumbo a la Presidencia de la República.

Oaxaca, Puebla y Sinaloa, tres entidades que nunca en la historia había perdido el PRI, ya no serán más gobernadas por los Murat Casab, los Ulises Ruiz, los Mario Marín (“El Gober Precioso”), los Francisco Labastida, los Jesús Aguilar Padilla. Ahí es donde los efectos de las alianzas tan extrañas entre derecha e izquierda se hicieron más patentes y donde ahora César Nava y Jesús Ortega pretenden justificar sus decisiones.

En el caso de Oaxaca, encabezados por el candidato de Convergencia, Gabino Cué, quien durante 10 años ha buscado la gubernatura del estado, los aliancistas lograron derrocar al PRI después de más de ocho décadas, mientras que en Puebla el voto de castigo favoreció al abanderado del PAN y del PRD, Javier Moreno Valle; y, en Sinaloa, se registró un fenómeno similar al de Sonora, donde después de décadas de inmovilidad y de falta de resultados de los gobiernos priístas, la sociedad determinó votar por una opción distinta para gobernar.

En términos cuantitativos simples, todo parecería indicar que las cosas quedaron igual que antes de la elección para el PRI, pues llegó a la jornada electoral con nueve gubernaturas y se quedó con la misma cantidad; conservó seis, ganó tres y perdió otras tres. Sin embargo, al hacer un análisis más profundo y dejando de lago las declaraciones triunfalistas de la dirigente nacional del tricolor, Beatriz Paredes Rangel, y del propio gobernador mexiquense, Peña Nieto, es claro que el priísmo sufrió un ligero retroceso.

Las tres entidades federativas que perdió el PRI, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, cuentan con 9.8 millones de votantes potenciales, mientras que las tres que ganó, Tlaxcala, Aguascalientes y Zacatecas, aglutinan a sólo 2.7 millones de votantes. Es decir, que las alianzas entre el PAN, el PRD y alguno que otro partido pequeño, tuvieron un avance colectivo al gobernar a 7.1 millones de votantes más que antes de la jornada electoral, mientras que para el tricolor la misma cifra es negativa, gobernará 7.1 millones de votantes menos.

Incluso César Nava y Jesús Ortega se han aventurado a señalar que hay otros estados, como Durango, por ejemplo, en donde los resultados de la elección se podrían revertir en los tribunales, mientras que el PAN ha señalado que en la mayoría de los estados su porcentaje de votación ha estado cercano al 40 por ciento, lo que indica que a pesar de ser la segunda fuerza política tiene amplias posibilidades de competir en las siguientes elecciones.

El PRI sigue muy fuerte, pero ya no es tan intimidante y avasallador como se veía en los dos años anteriores. Ha alcanzado, dicen algunos analistas, su tope de crecimiento, mientras que otras fuerzas políticas, como el PAN y el PRD ven subir sus bonos, aunque sea ligeramente, de cara a la elección presidencial.

Hay quienes aún cuestionan si las alianzas entre derecha e izquierda funcionaron. Para las dirigencias esa pregunta ya ha sido respondida, al grado que incluso dejan entrever la posibilidad de nuevas alianzas para el próximo año, aunque la más viable, según se ha visto, será la del Estado de México, donde están dispuestos a complicar las cosas a las huestes de Peña Nieto, o de Arturo “La Rata” Montiel, que para el caso son las mismas.

Que nadie se confunda, las alianzas entre PAN y PRD tuvieron como objetivo principal el hacer un bloque en contra del que parecía un incontenible crecimiento del PRI. El objetivo se alcanzó y punto.

Ahora, habrá que ver cómo les va a los gobiernos que serán integrados con mandatarios de una filiación política, funcionarios de diferentes partidos, diputados de distintas fuerzas políticas y que, hasta donde se ve, no tienen planes concretos de gobierno que respondan a las formas de ver la problemática nacional tan diversas que tienen las diferentes ideologías en el país.

En resumen, las alianzas funcionaron para los partidos, pero será necesario ver en los próximos años si funcionaron para los ciudadanos de aquellos estados en los que éstas surtieron efectos. A final de cuentas, la próxima elección está a la vuelta de la esquina y es en la que toda la clase política está pensando, la contienda por la Presidencia de la República.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por. Alejandra Ortega Rodríguez

  • LOS TONTOS ÚTILES Y LOS DERECHOS HUMANOS

Durante los últimos días una gran polémica se ha suscitado en torno a las declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien durante la Jornada de Prevención contra la Tortura, realizada en el Archivo General de la Nación, instó varias veces a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a las comisiones estatales en la materia a ser perspicaces para distinguir qué huellas son producto de la tortura y cuáles son resultado del sometimiento de alguien que se niega a ser detenido.

En algún momento, el encargado de la política interna en el país señaló ante los ombudsman del país que: “Hay veces que en estas operaciones hay resistencia de los particulares al llamado legítimo de la autoridad y se tiene que entrar por vías de hechos a someterlos”.

Sin embargo, la aseveración más contundente, más directa y, por supuesto, más polémica, fue cuando llamó a los titulares de las comisiones protectoras de los derechos humanos a ser más perspicaces y menos suspicaces para evitar servir a los intereses contrarios a la sociedad.

“Esta es la difícil tarea que hoy nos congrega: ni ser cómplices ni encubridores de las anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad ni ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar, la acción de esa autoridad”, afirmó.

Lo anterior generó una serie de reacciones, tanto de los presidentes de las comisiones de derechos humanos en el país, así como de representantes de organizaciones no gubernamentales y puristas de los derechos humanos, además de los oportunistas adversarios políticos al partido en el poder, quienes calificaron a Gómez Mont de “autoritario”, “prepotente” y muchas cosas más.

Incluso el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, con la complacencia de los consejeros del organismo, envió una misiva que hizo pública en la que sarcástica y mordazmente responde a los señalamientos del secretario de Gobernación.

Pero pongamos todo en contexto. Tal vez las declaraciones de Fernando Gómez Mont han sido cuestionadas, criticadas y descalificadas por algunos sectores de la sociedad, pero sobre todo por gran parte de aquellos que hacen opinión pública en el país y que se sienten las “vacas sagradas” del periodismo, los mismos que siempre están en contra de todo, pero no ofrecen a cambio propuestas de cómo sí hacer las cosas bien.

Sin embargo, lo cierto es que entre la población en general, lo digan o no lo digan abiertamente, si existe una percepción generalizada de que se encuentran atrapados entre dos fuegos, primero por autoridades, principalmente municipales y estatales, que no hacen su trabajo como debieran y que no les garantizan la seguridad de sus familias en lo físico y en lo patrimonial, y después, por la delincuencia, tanto la común como la organizada, que se aprovechan de los grandes vacíos de autoridad que existen en grandes extensiones del territorio nacional y son los primeros, los que más y los que continuamente violentan los derechos humanos de los mexicanos.

Añadamos a eso que nuestras comisiones, la nacional y las estatales, para la defensa de los derechos humanos, han encontrado un prolífico y tentador foro mediático en vigilar, cuestionar, criticar y desvirtuar todo aquello que hacen y hagan las autoridades federales, el Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva (PFP) para tratar de cumplir con su cometido de garantizar la seguridad de los mexicanos. Han encontrado que es más fácil y conveniente señalar a los que están uniformados, a los que diariamente circulan uniformados por las calles y las carreteras del país, que a aquellos que se esconden vestidos de civiles entre las mujeres, los ancianos y los niños.

Los severos, y dicen algunos “descontextualizados” pronunciamientos del secretario de Gobernación se dieron en el marco de la más reciente recomendación del presidente de la CNDH en contra del Ejército Mexicano y respecto del caso de la lamentable muerte de los niños Almanza, asesinados en un retén militar en Tamaulipas, de la que familiares y organismos que se dicen protectores de los derechos humanos culpan a las fuerzas armadas mexicanas.

De acuerdo con los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que coinciden en mucho con lo dicho por la madre de los infantes, la muerte de los menores ocurrió cuando en un retén militar los soldados fueron atacados por sicarios que viajaban en seis camionetas que justamente rodeaban a la otra camioneta en la que viajaba la familia Almanza. Así, por las trayectorias de los proyectiles, se determinó que las balas fueron de armas activadas por los delincuentes.

Raúl Plascencia, como presidente de la CNDH lamentó, dijo él, “no haber tenido acceso a toda la información necesaria del caso” y mencionó la posibilidad de que la escena del crimen haya sido manipulada, lo que rechazó la Secretaría de Gobernación, pero además, concluyó que con base en que las balas utilizadas eran de las consideradas como de “uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Las anteriores afirmaciones que se basan en suposiciones, dan a entender que el organismo nacional es tan suspicaz como para concluir que los grupos de la delincuencia son respetuosos de la legalidad y se abstienen, o al menos en ese caso se abstuvieron de utilizar armas que son de uso exclusivo del Ejército. Lo anterior fueron elementos suficientes como para emitir la recomendación 36/2010 en contra del Ejército Mexicano.

A todo esto, hemos visto en los últimos días los comentarios irresponsables de políticos y supuestos defensores de los derechos humanos que destacan que desde que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra al crimen organizado son más de 3 mil las quejas por presuntas violaciones de las garantías individuales que se han presentado en contra de las fuerzas armadas mexicanas.

Lo que no han dicho es que cualquiera puede presentar una queja o denuncia, incluso un delincuente consumado, por lo que la presentación de las mismas no es referente para medir el grado de responsabilidad o irresponsabilidad del Ejército Mexicano en el cumplimiento de los derechos humanos y en el contexto de el combate a la delincuencia organizada; sólo en aquellos casos en los que hay elementos que permiten presumir que “podría haber una violación a las garantías individuales” se puede emitir una recomendación.

Dicho lo anterior, nos encontramos con que a la fecha la CNDH ha emitido sólo 58 recomendaciones contra el Ejército, mismas que han derivado de un gran total de más de 3 mil quejas; de esas 58 recomendaciones, 57 ya han sido aceptadas, la mayoría en su totalidad y algunas parcialmente, además de que en el mismo evento del que hemos hablado Fernando Gómez Mont anunció que en breve se responderá ésta última recomendación.

El secretario de Gobernación advirtió que en ocasiones pueden existir polémicas entre la CNDH y la Secretaría de Gobernación, porque el terreno es complejo, pero debe existir el compromiso de que esos desencuentros tengan como fruto garantizar y fomentar la perspicacia y dejas la suspicacia que debilita y sirve a intereses mezquinos. “Que nadie se alarme si de repente hay diferencia de opiniones”, anticipó.

Así que es de preverse que la más reciente recomendación, en la que algunos líderes de opinión ya han puesto la vista y han señalado que contiene elementos que permiten adelantar que está descontextualizada y carece de fundamentos, es muy probable que la respuesta del gobierno federal sea negativa o que sólo se acepte parcialmente lo dicho por el organismo defensor de los derechos humanos.

Ya en las últimas fechas y ante la enorme polémica suscitada, así como en virtud de la “más enérgica protesta” emitida por el consejo consultivo de la CNDH, Gómez Mont respondió que no buscó ofender a nadie y establece entre otras cosas lo siguiente:

“He leído con cuidado el texto del mensaje cuya versión estenográfica te anexo. En él no encuentro haber inferido ofensa ni a la Comisión Nacional ni a las estatales de Derechos Humanos. Sin perjuicio de lo anterior, reconozco que la expresión de ‘tontos útiles’, referida en dicho discurso, ha sido utilizada en el pasado por izquierdas y derechas con un tufo autoritario. Nada más lejos de mi formación y de las prácticas y principios a los que he sometido mi vida.”

Asimismo, agrega “ante los destellos de mordacidad de que hace gala” la CDNH es necesario aclarar que él es parte de la generación que durante más de 30 años ha participado en la construcción de instituciones que promueven y fortalecen el respeto de los derechos fundamentales.

Por ese motivo, pide al titular de la CNDH que le diga qué parte del discurso, pronunciado en el Archivo General de la Nación, le parece ofensiva, con el objetivo de “valorar si éstas (afirmaciones) merecen una disculpa o ratificación de mi parte”. “Me temo –agrega Gómez Mont– que no es a mí a quien debes reclamar, sino a quienes han hecho interpretaciones de lo que yo dije frente a ti”.

Pero a como están las cosas ahora, el ombudsman mexicano está valorando la posibilidad de exigir unas disculpas del secretario de Gobernación, mientras que los mexicanos seguimos entre la espada y la pared, sin recibir ninguna clase de disculpa, ni de las autoridades, principalmente las municipales y estatales, y mucho menos de los organismos defensores de los derechos humanos y hasta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que parecen sumamente entusiasmados ante la posibilidad de sacar a los criminales a las calles.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

  • CULPABLES DE LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

En honor a la verdad, y sin mayores rodeos, la autodenominada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que aglutina a nivel nacional a una gran cantidad de profesores que dicen identificarse con la izquierda y con los verdaderos intereses y demandas del pueblo, son en los hechos los responsables de las nuevas generaciones de mexicanos incompetentes, irresponsables, sin valores, flojos y sin cultura, proclives a delinquir ante la carencia de una educación básica de calidad.

No nos engañemos, todo eso es lo que millones de niños y jóvenes del país aprenden a diario en las aulas vacías o en las calles ante la falta de continuidad en las clases que se deberían impartir en los planteles de educación pública a lo largo y ancho de México.

Eso de que “el maestro marchando también está educando” es una falacia. No están educando, están demostrando cómo un grupo medianamente organizado de personas puede eludir sus responsabilidades y compromisos laborales, así como violentar las leyes y los derechos de terceros en la más detestable impunidad, ya sea porque son “camaradas” del partido en el poder en algunas entidades del país, o bien, porque amenazan a las autoridades federales y de otros estados de la República con el secuestro de la tranquilidad de los mexicanos en caso de sentirse “reprimidos”.

Hay muchos ejemplos de la barbarie en la que constantemente incurren quienes deberían de ser los educadores de la niñez y la juventud mexicanas. Apenas el pasado 3 de junio un grupo de presuntos maestros, entre ellos algunas delegaciones de profesores michoacanos, cometieron en la ciudad de México un acto que ejemplifica con claridad los alcances intelectuales de las actuales generaciones de docentes que se dicen “de izquierda” y “de avanzada”.

En las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), miles de supuestos profesores rompieron con diferentes herramientas e intentaron quemar, incluso con sopletes, la histórica puerta principal del edificio, misma que data del año de 1731 y que es catalogada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como patrimonio histórico de la humanidad.

De acuerdo con las autoridades competentes, el daño causado a la puerta, similar al que una vez hicieron, para variar, los docentes michoacanos en la puerta principal del Palacio de Gobierno en Morelia, se valúa en sólo 300 mil pesos, pero la verdad es que el perjuicio ocasionado a un monumento histórico es invaluable, incalculable e imperdonable.

Lamentablemente, la mayoría de los mexicanos que condenamos esos hechos nos vamos a quedar con las ganas de que los responsables sean sancionados, puesto que las alianzas políticas y las presiones de ese grupo de chantajistas no permitirán por enésima vez la aplicación de la ley. Ni siquiera en su momento hubo el interés de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal (SSPGDF) por salvaguardar el inmueble sede de la SEP.

De hecho, a pregunta expresa de los reporteros, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcero Ebrard Casaubón, salió a decir que manifestaciones como los hechos violentos protagonizados por los profesores son legítimas, son muestras de la pluralidad y deben ser permitidas, declaraciones con las que el perredista da a conocer su verdadero nivel de estadista y en qué lugar deja su promesa de cumplir y hacer cumplir la ley.

Si esas son las autoridades, si esos son los gobiernos con los que contamos en el país, entonces, ¿quién se va a hacer responsable de llevar a buen puerto al sector educativo mexicano?

¿Cómo será posible hacer cambios en las políticas públicas, en las políticas educativas, para mejorar la calidad y la competitividad, si tenemos sindicatos que funcionan como retrógradas grupos de choque que se oponen a todo de todo sistemáticamente?

La educación pública en Michoacán estará generando a quienes serán los trabajadores y subordinados de los jóvenes que hoy se preparan en escuelas particulares, con una educación más acorde a la realidad y las necesidades del país.

Pero al mismo tiempo que el magisterio michoacano denuncia lo que según él son intentos de privatizar la educación, son los mismos docentes quienes orillan a los padres de familia, preocupados por la educación de sus hijos, a buscar escuelas particulares con maestros responsables con programas actualizados y con calendarios escolares completos, lo que tácitamente no es más que dar un mayor impulso a esta tendencia de hacer privado el sector educativo en el país.

México se enfrenta a un reto muy grande para poder convertirse en una nación fuerte, con mejores niveles de cultura, con mejor educación, con mejor economía, con mejores niveles de bienestar social, mientras los gobiernos sigan tolerando y soportando a agrupaciones sindicales y porriles que no hacen más que mantener al país en el atraso, la ignorancia, la incultura y la incompetencia.

En otras épocas, los profesores eran verdaderos guías, eran ejemplo para la niñez y la juventud, eran pieza clave en la sociedad, líderes de las comunidades, de los pueblos. Pero todo eso se debía a que tenían una vocación de servicio genuina. Ahora todo eso se ha quedado en el olvido, cada vez son menos los docentes que cubren el perfil de los académicos de antaño, de los que transformaban a sus comunidades.

Resulta improbable que las nuevas generaciones de maestros se comprometan realmente con la educación, cuando a donde volteen la mirada, sea con los gobiernos, con las autoridades educativas o con sus compañeros de gremio, ven que es más fácil hacer como que trabajan y cobrar como si trabajaran.

Aún en el caso de que cumplieran con sus supuestos horarios de trabajo y con su calendario escolar, los profesores son privilegiados, porque en pocos, en muy pocos sindicatos, se tienen tan buenos sueldos y tan buenas prestaciones por tan sólo unas horas de labor al día. Pero si a lo anterior sumamos que pueden dejar de asistir a clases casi tanto como lo deseen y que tienen muchos más derechos que obligaciones laborales, entonces nos explicamos el por qué de las actitudes tan irresponsables que en las últimas décadas importantes grupos del sector educativo han asumido.

Las situaciones de salvajismo que el sector magisterial ha protagonizado en Michoacán y en el resto del país han sido ampliamente documentadas, lo que incluso le ha valido severas críticas ante la opinión pública.

Recientemente, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Juan Carlos Campos Ponce, hizo severos pronunciamientos por los lamentables hechos ocurridos en las oficinas centrales de la SEP, mientras que en la misma sesión el diputado único de Nueva Alianza, Juan Manuel Macedo Negrete, señaló varias deficiencias en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), donde la titular, Graciela Carmina Andrade García Peláez, no ha resuelto ni uno sólo de los problemas que le encargó el gobernador Leonel Godoy Rangel al nombrarla para relevar a Aída Sagrero Hernández.

Tristemente, esos y otros comentarios, incluso de figuras políticas y públicas no tendrán mayores repercusiones ante la protección y la grave impunidad de la que hacen gala los miembros de las corrientes izquierdistas del magisterio, por lo que a los medios de comunicación no nos queda más que responsablemente replicarlas para que lleguen a oídos de la opinión pública.

Lo cierto es que el sindicalismo en México se ha pervertido, puesto que en la mayoría de los casos sólo ha derivado en corrupción, en abusos del poder y en el olvido en el que han caído las que realmente eran las conquistas laborales de los sindicatos.

Así, hoy tenemos a un sindicato de profesores fraccionado, politizado, enviciado, que en lugar de educar a las nuevas generaciones de mexicanos sólo les imbuye la irresponsabilidad, la incompetencia, la ignorancia, la incultura y la falta de valores. A ese paso, México nunca dejará de estar destinado al atraso, al subdesarrollo y al fracaso.