DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• INCONGRUENCIA “LEGÍTIMA”
  

Es enfermiza la obsesión del frustrado ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, por arribar al poder a como dé lugar, aún a costa de seguir dividiendo a los mexicanos en el momento en que más deberían estar unidos, tanto por la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana, como por los graves problemas de crisis financiera, de valores y de seguridad que prevalecen en el país.

A esa maniquea actitud que no ha cesado desde hace casi 10 años se le podría calificar como una “incongruencia legítima” característica del ex dirigente del PRI en Tabasco, del ex dirigente nacional del PRD y del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien ante su inesperada derrota de 2006 –y digo inesperada para él y para los suyos- perdió la razón, y en su locuaz soberbia de no aceptar la realidad no ha vuelto a tocar el piso.

Las incongruencias del señor López Obrador comenzó desde hace muchos años, cuando como jefe de gobierno capitalino consideró –a la Hugo Chávez- que el haber sido electo como gobernante del Distrito Federal equivalía a una patente de corso para violar cuantas leyes se atravesaran en su camino.

De ahí surgió la polémica por el desafuero, del que los perredistas culparon al entonces presidente Vicente Fox, a quien por ser del PAN suponían que le interesaba –y por supuesto que así era- sacar del camino al tabasqueño para hacer más fácil el triunfo para su partido en la elección presidencial de 2006. Lo que nunca quisieron reconocer es lopezobradoristas es que el intento de desafuero que por presiones políticas y sociales nunca se llevó a efecto, no hubiera tenido razón de ser si antes el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal no hubiera violado las leyes en perjuicio de particulares. Había “un compló”, decía él.

También como encargado del gobierno en la capital del país, fue exhibido de manera indirecta porque su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, era viajero frecuente a Las Vegas, donde apostaba y daba jugosas propinas presuntamente con dinero del erario público, mientras que otro de sus más cercanos, el entonces delegado Carlos Imaz y el entonces asambleísta René Bejarano, fueron captados también en sendos videos recibiendo dinero del corrupto empresario de origen argentino, Carlos Ahumada Kurtz.

Su campaña a la Presidencia de la República comenzó cuando menos cuatro años antes que la del ahora presidente, Felipe Calderón Hinojosa, pero a nadie se le ocurrió acusarlo de actos anticipados de campaña, so pena de haber sido linchado por sus incondicionales, tan irascibles, irracionales e intolerantes como su propio líder.

Como candidato presidencial, López Obrador no admitió nunca consejos ni de sus más cercanos ni de las dirigencias nacionales de los partidos que se dicen de izquierda que lo apoyaban. Siempre se creyó por encima de todo y de todos. Por eso en algún momento se dio el lujo de no atender invitaciones a distintos medios de comunicación y fue el único de los aspirantes presidenciales que en televisión nacional se negó a contestar un muy simple cuestionario sobre la historia de México con el argumento de que esa entrevista no formaba parte de su estrategia.

Por eso, el autodenominado “rayito de esperanza” también rechazó acudir al primer debate entre los candidatos presidenciales, pues aseguraba que su ventaja en las encuestas, las que él mandó hacer, era de 10 puntos y ya nada más debía conservarlos; poco después, a regañadientes accedió a acudir al segundo debate, donde fue superado por Felipe Calderón y al final dio una serie de pataleos con acusaciones escandalosas que después se demostró, eran verdades a medias y mentiras completas.

Usted recordará, que la dirigencia nacional del PRD ofreció entregar las pruebas de la supuesta vinculación de la familia de la esposa de Calderón, Margarita Zavala en negocios con la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos (Pemex). El día pactado, López Obrador envió al Comité Ejecutivo Nacional del PAN varias cajas de archivo que sólo contenían unos cuantos folders y un disco compacto, con copias sin ningún valor legal. Los panistas tuvieron el buen tino de abrir las cajas en el mismo momento ante la prensa.

Ya el día de la elección, el candidato del PRD, del PT y de Convergencia se declaró virtual ganador antes de tiempo. En la madrugada el conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) le dio un revés del que nunca se recuperó. Su respuesta, acusaciones de fraude, manifestaciones, tomas, bloqueos y la intención de no permitir la toma de protesta de Calderón Hinojosa.

En aquella ocasión, hasta sus propios representantes de casilla en un municipio de Guanajuato fueron acusados de supuestamente introducir votos a favor del PAN en dos urnas. Después se confirmó que no existió anomalía alguna y el tabasqueño perdió a los primeros cuatro o cinco desencantados ex simpatizantes, de los millones que ha perdido en los años subsecuentes.

Los berrinches de López Obrador y sus incondicionales llegaron al extremo de ordenar callar las campanas de la Catedral de la Ciudad de México y golpear a los feligreses, porque desde su perspectiva, formaban parte de un “compló” en su contra porque tañieron las campanas para evitar que se escuchara su discurso en el Zócalo capitalino. Siendo ex jefe de Gobierno del Distrito Federal por más de cinco años, nunca reparó en pensar que era el tradicional llamado a la misa de las 12:00 horas.

Tal fue la cerrazón de un grupo cada vez menor de personas, así como la exigencia de un recuento “voto por voto” que no existía en la ley y que de llevarse a cabo implicaría la anulación de la elección, que malamente, PAN y PRI aceptaron, pocos meses después, una reforma electoral con las exigencias del frustrado aspirante a presidente, entre ellas, la de adelantar de manera injustificada el relevo de los miembros del Consejo General del IFE.

Dichas reformas derivaron en una especie de “ley mordaza” que desde entonces ha sido fuertemente criticada como un grave ataque contra la libertad de expresión, y es que el tabasqueño se quejaba del daño que le hicieron las campañas pagadas por empresarios para calificarlo como “un peligro para México”. La respuesta del Poder Legislativo, plagado entonces de simpatizantes del tabasqueño, fue prohibir de manera tajante que particulares que no pertenezcan a los partidos políticos o sean candidatos de alguno de ellos puedan expresar libremente su opinión a favor o en contra de determinados candidatos en los medios de comunicación.

En tanto, el aludido se autoproclamó como “presidente legítimo” de México, en un ridículo acto con sus incondicionales y se fijó, según dice él, un sueldo de 50 mil pesos mensuales, sin contar con que obligó a los senadores y diputados del PRD, del PT y de Convergencia, así como a gran parte de la militancia de dichos partidos a colaborar para el sostenimiento de él y su patético gabinete.

La ilusa idea de López Obrador resultó de plano un fracaso, mismo que ha reconocido de manera tácita al anunciar que nuevamente buscará la Presidencia de la República en 2012, una incongruencia más en su ya muy larga lista de falacias. ¿Pues no que ya era “presidente legítimo”? ¿Será que ahora ya está a favor de la reelección? ¿Va a pedir licencia al supuesto cargo público que ahora ostenta y por el que cobra, para contender por un puesto al que él mismo pretendió restarle legitimidad?

Cosas muy extrañas suceden en la cabeza de este señor, pues todo indica que con tal de cumplir su capricho del momento es incluso capaz de faltar al respeto a sus propias proclamas.

Sin embargo, las inconsistencias de su actuar y su decir no paran ahí. Ahora resulta que después de que fue directa, indirectamente también, impulsor de las cuestionadas reformas electorales hoy vigentes que tienen hoy al IFE en el peor momento de su historia, el supuesto “presidente legítimo” se ha anunciado abiertamente como candidato presidencial por el PT, algo que en la legislación electoral actual está sumamente penado, más penado que nunca.

Lo peor del caso es que el nuevo Consejo General del IFE, tal vez por el miedo de la posibilidad de caer, igual que sus antecesores en la viperina lengua del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, no determinaron aplicar sanciones contra éste por los evidentes actos anticipados de campaña como candidato presidencial del PT, lo que se supone que debería ser sancionado con la pérdida automática del registro.

Ya existen antecedentes de esto, a Freyda Maribel Villegas Canché, candidata del PAN a la diputación federal por el Distrito 3 de Quintana Roo, se le canceló su registro como candidata porque promovió su imagen en radio y televisión antes del inicio del proceso electoral. ¿Entonces porque los consejeros electorales del IFE se aterraron con las amenazas de López Obrador y no lo sancionaron?

Si la absurda legislación electoral que supuestamente tendría por objeto evitar “campañas negras” se aplica, tal como en su momento lo pidió el ahora candidato petista, entonces lo lógico sería que éste pierda el registro antes de la elección presidencial de 2012, lo que seguramente implicaría una vez más en una intentona del mesiánico personaje por desestabilizar al país. ¿Con su “legítima incongruencia”, será que éste señor ha dejado de ser un peligro para México?

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Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• LOS GOBIERNOS DE LAS DEUDAS
  

Caótico fin de año se anticipa para el gobierno de Michoacán y el Congreso del Estado. Como un acto más que confirma la desvergüenza con que en el plano financiero han trabajado los gobiernos perredistas en la entidad, el secretario de Finanzas y Administración, Humberto Suárez López, acaba de solicitar un nuevo endeudamiento público que se ha denominado con el rimbombante nombre de “reestructuración de la deuda”.

De acuerdo con fuentes del Poder Legislativo, el monto que se solicita es por la nada despreciable suma de los 5 mil millones de pesos, para casi duplicar la deuda pública que actualmente tiene Michoacán y que suma pasivos por 6 mil millones de pesos a mediano y largo plazo y deudas por otros mil millones de pesos a corto plazo con proveedores.

Es decir, hasta la fecha los gobiernos perredistas de Michoacán han endeudado al estado con 7 mil millones de pesos, y no conformes con ello, ahora pretenden elevar la suma hasta los casi 12 mil millones de pesos, para un estado que en este 2010 ejerce un presupuesto por 41 mil 150 millones de pesos.

Ya fue bastante complicado el fin del año pasado, cuando ni el Ejecutivo estatal ni varios ayuntamientos del estado contaban para los pagos de los aguinaldos de sus muy infladas nóminas, en algunos casos ni para los pagos de las quincenas de sus trabajadores, ya sea de base o de confianza, para el mes de diciembre.

El pretexto en aquella ocasión fue que las participaciones federales no llegaron ni en el tiempo ni en los montos que se esperaban, sobre todo por la caída en la producción petrolera y la prácticamente total inexistencia de los excedentes petroleros a los que los gobiernos de todos los niveles se habían acostumbrado en años anteriores.

Con el argumento de salir a la defensa de los pobres municipios con sus inexpertos tesoreros y contralores municipales que no supieron prever ni atender la contingencia, el gobierno de Michoacán encabezó una suma de esfuerzos con el Congreso del Estado y la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) para buscar mecanismos que permitieran resolver las graves adversidades financieras que enfrentaban los ayuntamientos michoacanos.

El resultado fue una solicitud de un crédito por 1 mil 500 millones de pesos para que los novatos presidentes municipales pudieran pagar desde aguinaldos hasta nóminas. Lo curioso del caso es que de esa suma sólo 300 millones eran para los ayuntamientos y los otros mil 200 para la administración estatal, que hizo hasta lo imposible para tratar de ocultar a los medios de comunicación que su situación era similar, pero peor a la de los gobiernos municipales.

No conformes con la amarga experiencia de diciembre de 2009, en los primeros meses de 2010 el Ejecutivo estatal, otra vez con su grupo de “expertos” encabezados por Humberto Suárez, se inventó otro mecanismo para apoyar a los ayuntamientos que venían arrastrando deudas del pago de aguinaldo y de la falta de pago a proveedores de finales del año anterior.

Así, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa para adelantar a los municipios hasta el 25 por ciento de sus recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), pagaderos, igual que los 1 mil 500 millones de pesos anteriores, a más tardar el 31 de diciembre del próximo año, con la noble intención de no dejar deuda a las próximas administraciones, ni a la estatal ni a las municipales.

Y ahora resulta que tan sólo unos meses después, cuando aún no se hace el balance del impacto que tuvieron en las finanzas estatales y municipales los créditos y anticipos de aportaciones federales, pero tampoco se ha revisado por parte de la ASM cómo, dónde y de qué manera se aplicaron los recursos obtenidos por esos medios, el gobierno de Michoacán apareció casi de manera intempestiva para en los últimos meses del año decirle al Poder Legislativo que otra vez los recursos no le alcanzan.

En el colmo de la desvergüenza, y como si las experiencias anteriores de nada les hubieran servido, Humberto Suárez, secretario de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal por nueve años consecutivos, citó a reuniones extra-urgentes a los grupos parlamentarios del PRD, del PAN y del PRI en el Congreso del Estado, así como a los diputados únicos del PVEM, del PT, de Convergencia y de Nueva Alianza, para informarles que otra vez la administración estatal está en dificultades económicas.

Ahora lo que no conocemos aún es el pretexto. Este año no ha habido dificultades con las participaciones federales, tampoco las ha habido con los excedentes petroleros que por errores de planeación, por irresponsabilidad, por inconsciencia, de gobiernos estatales y municipales son desgraciadamente utilizados para inflar el gasto corriente, y no para la inversión en obras y acciones pública, que era su supuesto objetivo.

El funcionario estatal pidió total discreción a los diputados locales sobre los motivos del nuevo desastre financiero del gobierno del estado de Michoacán, pero como es sabido, ni todos los políticos, ni todos los diputados, ni todos los funcionarios estatales tienen palabra de honor, y lo que se ha logrado filtrar en los pasillos del Palacio Legislativo es que el Ejecutivo estatal tiene deudas a pagar en el corto plazo que dificultan su operación financiera para los próximos meses.

De ahí surgió el argumento de que habrá una reestructuración supuesta de la deuda, con la solicitud de un nuevo empréstito por 5 mil millones de pesos y la redefinición de los plazos a 25 años, con lo que supuestamente la carga financiera sería menor para los próximos gobiernos estatales. Lo que nunca dicen, es que igual que pasa con la compra de un auto o de una casa, entre más largo sea el plazo para pagar mayor será el monto real a erogar. A veces se paga el doble o más del valor real del crédito obtenido originalmente.

Por si todo lo anterior fuera poco, cada determinado lapso de tiempo entre los partidos políticos de oposición, tanto en sus dirigencias como en sus grupos parlamentarios, surgen comentarios y dudas muy bien fundadas acerca de cómo ha aplicado el Ejecutivo estatal los 6 mil millones de pesos que la LXX Legislatura le aprobó al “gobierno diferente” del perredista Lázaro Cárdenas Batel.

En aras de la continuidad, el también gobierno perredista de Leonel Godoy Rangel, que ahora dice que “trabaja”, no sólo no ha disminuido la deuda pública de Michoacán, sino que ha logrado incrementarla a los alrededor de 7 mil millones de pesos que suma actualmente.

Tal vez en la lógica del PRD esa es la continuidad en las acciones de gobierno, y si se aprueban los otros 5 mil millones de pesos que ahora han solicitado, convertirán a Michoacán en una de las 5 entidades federativas más endeudadas del país. Ello no sería malo si el número de recursos con que el estado cuenta en su presupuesto estuviera también entre los 5 mayores del país. Desgraciadamente no es así, y Michoacán no está ni entre los 15 estados con los mayores ingresos de México.

A estas alturas y en las actuales circunstancias, la lógica (no la perredista, sino la común) indicaría que los diputados locales inteligentes, decentes y responsables se opondrían de manera tajante a la posibilidad de aprobar un nuevo y multimillonario endeudamiento público del estado que les vio nacer, que pensarían en las futuras generaciones y se opondrían a la realidad de no heredar ni leyes de vanguardia, ni obra pública ni una deuda que les implicaría una severa parálisis parcial de su gobierno estatal.

Lamentablemente todo indica que no será así. Si es que puede haber un nuevo colmo para la desgracia financiera que acompaña a Michoacán en los últimos nueve años de gobiernos emanados del PRD, en el Congreso del Estado también existe un grave problema financiero que aunque no alcanza las dimensiones de la contingencia en el Ejecutivo si es delicado para la operatividad del Poder Legislativo.

Estamos a unas horas de que en la LXXI Legislatura se presente una solicitud de ampliación presupuestal, porque ahora resulta que a los diputados tampoco les alcanzaron los recursos que ellos mismos se aprobaron para este 2010 por el orden de los 430 millones 646 mil pesos, y que representan solo un poco más del 1 por ciento de los recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos de Michoacán para este año.

También les ocurrió a los legisladores de todos los partidos a finales del año pasado, que por quedar bien con la opinión pública, que los condenaba por pedir un presupuesto superior a los 460 millones de pesos, decidieron recortar sin mayor análisis 30 millones de pesos que ahora les hacen falta y otros 20 con los que se han comprometido, de manera inexplicable en estos momentos, para homologar sueldos de sus trabajadores de confianza con los empleados estatales.

Deben pensar que los michoacanos no tenemos memoria, pero los representantes populares se comprometieron a hacer recortes de personal, sobre todo de personal de confianza, porque en su plantilla de personal que ronda por las 700 plazas, sobraban alrededor de 100 trabajadores. Hasta la fecha no han cumplido, de la misma forma que no lo ha hecho el gobierno de Michoacán justamente con su compromiso de principios de año en el mismo sentido.

En resumen, el Congreso del Estado está prácticamente comprometido a aprobar el desmedido endeudamiento del gobierno perredista de Michoacán para que logre pagar las elevadas deudas que de manera por lo menos sospechosa ha contraído, porque de no hacerlo corre el enorme riesgo de tampoco tener recursos para solventar sus gastos de octubre en adelante.

No cabe duda, con las malas administraciones y pésimas decisiones, Michoacán vive hoy el peor desastre financiero de su historia.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• AMLO Y SU CAMPAÑA DE MENTIRAS
  

Insulta a la inteligencia de los mexicanos el hecho de que el mesías tropical de Andrés Manuel López Obrador haya anunciado una vez más, en su mitin-asamblea-destape de hace unos días en el Zócalo de la Ciudad de México que competirá por segunda vez por la Presidencia de México en la elección de 2012.

La primera pregunta que surge es: ¿No que él ya era presidente “legítimo”? Si de verdad el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal fuera un demócrata como presume, lo primero que haría sería recordar una de las frases célebres más recordadas de Francisco I. Madero, quien proclamaba como lema de campaña presidencial el “sufragio efectivo, no reelección”.

Nadie sensato podría encontrar una pizca de seriedad en el discurso de López Obrador, quien ahora más que nunca se mostró mesiánico, incongruente, simplista y mentiroso. Engañó a su público, por cierto, un público más que predispuesto a ser engañado, con verdades a medias y mentiras completas, como nos tiene acostumbrados a todos los mexicanos.

Es imposible, leyendo y releyendo su discurso, que podamos encontrar en el tabasqueño a un político de izquierda, mucho menos a un estadista o a un aspirante serio al poder público. Lo que todos pudimos ver fue a un político que ha dejado crecer su encono y su resentimiento desde su derrota de 2006 y propone cambiar a México con medidas absurdas, ilógicas, irrealizables.

Sería bueno que el fracasado ex candidato presidencial tuviera al menos un poco de seriedad para informar cuánto costó el acarreo de personas desde varios puntos del país, quién pagó la organización, la logística, las mantas de apoyo, porque de otra forma sólo nos demuestra que no es honesto, que es incongruente al criticar por años el acarreo de otros y al no mirar la viga en el propio ojo.

López Obrador se siente el único capaz de ordenar, decidir y dictar a sus seguidores cuáles son sus designios para alcanzar sus deseos personalísimos, para saciar su sed de poder con el apoyo de una masa de acarreados que sólo decían sí a todo lo que decía el político recientemente evidenciado por sus reuniones con representantes del gobierno de Estados Unidos durante su campaña presidencial de hace unos años. ¿Esa es la democracia desde su perspectiva?

El mitin para autodestaparse nuevamente como aspirante a la Presidencia de la República se realizó frente al Palacio de Gobierno del Distrito Federal, a decir de analistas nacionales, con la intención de mandar un mensaje claro al actual jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, emanado también del PRD, en el sentido de afirmar que el único candidato posible de la izquierda mexicana es AMLO y al mismo tiempo desconocer los acuerdos de unidad y de civilidad que han pretendido realizar los diversos partidos de izquierda en el país.

Dice en el libro que como parte de su campaña presenta en diversos puntos del país, que existe un grupo de 30 potentados que son responsables de la “tragedia nacional” de que él no gobierne a México. ¿Se referirá sólo a políticos del PRI, del PAN y del PRD o también hará referencia a partidos familiares como el PT, el PVEM, Nueva Alianza y Convergencia, algunos de los cuáles lo han apoyado incondicionalmente por los pocos, pero seguros votos que representa actualmente?

Cuando de transparencia habla el señor López Obrador, lo primero que debería hacer sería transparentar los recursos de los que viven él y su familia en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, así como aquellos que utilizan tanto él como su hijo en viajes de placer y los recursos para mantener su campaña por todo el país.

En su discurso, el frustrado político propone una renovación tajante, una auténtica democracia y el renacimiento de México, al mismo tiempo que cuestiona el desempeño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que califica como un grupo de magistrados que se comportan como “jueces de consigna”.

Por eso, siguiendo las enseñanzas del dictador de Venezuela, Hugo Chávez, el mesías tropical propone que los integrantes de la Suprema Corte se elijan de manera democrática y fundar una nueva República con la gente más afín a su proyecto de gobierno, que no son más que su más cercano grupo de colaboradores. ¿Se referirá a su brazo derecho, René Bejarano; a su ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce; su chofer Nicolás Mollinedo Bastar; al ex delegado de Tlalpan, Carlos Imaz Gispert y a toda su parentela misteriosamente enriquecida?

Para seguir con su lista de locuras, Andrés Manuel López Obrador vuelve a parafrasear a su ídolo Hugo Chávez y amenaza con recuperar la riqueza y los bienes públicos que a su muy particular parecer han sido concesionados ilegalmente, como es el caso de la minería, la industria eléctrica y la petrolera. Es decir, que al igual que el dictador venezolano pretende arrebatar sus bienes a los particulares, lo que suena atractivo para quien no lo ha trabajado o no lo ha ahorrado y a estas alturas no tiene nada, pero preocupante no sólo para los grandes empresarios, sino para los particulares que por años trabajan de sol a sol para tener un patrimonio y generar algo que puedan heredar a sus hijos.

En tanto, a los medios de comunicación los amenaza con “democratizarlos”, que es otro término de Hugo Chávez que no quiere decir otra cosa que serán expropiados en beneficio del Estado para no sólo acabar con las libertades básicas de la democracia, sino hasta con la libertad de expresión, como pasa en Venezuela.

Pero el tabasqueño no se queda ahí, asegura que durante su gobierno no se venderá un solo barril de petróleo al extranjero, pues asume que será presidente, aunque no aclara si será electo constitucionalmente o sólo se autodesignará “presidente legítimo” por seis años más, pero también anticipa que México no ocupará de los mercados internacionales para mover su economía, que el petróleo se procesará sólo en las pocas refinerías que existen o que dejará de invertir en algún rubro importante del presupuesto para construir las refinerías que faltan en el país y que la nación puede vivir sin las divisas que generan los hidrocarburos.

Sumado a lo anterior, López Obrador promete no crear nuevos impuestos y a no elevar los ya existentes. ¿Cómo podría sobrevivir una economía basada en un proyecto de ese nivel de locura, sin ingresos petroleros, sin ingresos tributarios, sin medios de comunicación libres y sin empresas que compitan libremente en el mercado por ofrecer los mejores precios o los mejores servicios?

Por si eso fuera poco, asegura que parte de la causa de la crisis económica mundial es el hecho de que se haya convertido la codicia en virtud, que el dinero se ha elevado a rango supremo y se ha inducido la creencia de que se puede triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole.

¡Qué curioso que lo diga!, porque justamente es él quien codicia el poder, el que vive lujosamente a escondidas de sus seguidores, el que dice que es válido triunfar a cómo dé lugar, y si no gana por la buena, pues basta con autodesignarse ganador aún a costa de la estabilidad y gobernabilidad de un país.

¿Se habrá mordido la lengua al decir todo esto? ¿Por qué nunca ha aclarado de manera fehaciente de dónde saca los recursos con los que viven él, su familia y sus colaboradores más cercanos, quienes hacen las veces de managers de un profesional del mundo del espectáculo? ¿Por qué nunca dice de dónde saca los recursos para el acarreo de personas al Zócalo de la Ciudad de México?

¿Será que después de tantos bandazos que ha dado a lo largo de los últimos cinco años todavía hay quien le crea? Las encuestas dicen que sí, pero que son menos cada vez.

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Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• ¿AJUSTES O DESAJUSTES?
  

Los recientes relevos en el gabinete del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que constituyeron el ajuste número 18 en lo que va de la actual administración federal, han desatado una serie de especulaciones en los diferentes medios de comunicación nacionales, muchos de los cuáles especulan sobre las causas de las salidas y enroques en el gobierno federal.

El caso que más llama la atención, por supuesto, es el de la salida de Fernando Gómez Mont de la Secretaría de Gobernación, cuando en los hechos había sido tal vez el más solvente, serio y comprometido con la política interior de México de los secretarios de Gobernación con los que ha contado el país en los últimos años.

Sobre los motivos que originaron su renuncia, la mayoría de las especulaciones que se han vertido, con claros fines partidistas, son en el sentido de que había perdido su capacidad de interlocución con los distintos partidos políticos a raíz del incumplimiento hecho con la dirigente nacional del PRI y sus diputados federales para que se aprobaran el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de este año a cambio de que el PAN no hiciera alianzas con el PRD en aquellos estados en los que en 2004 hubo elecciones locales.

Algunos otros especulan respecto del fastidio que ya tenía el prominente abogado en torno a las presiones recibidas no sólo de los actores políticos de oposición, sino hasta del propio partido al que él mismo ayudó a fortalecer por varias décadas, lo que incluso derivó en su renuncia a su militancia panista.

Lo cierto es que ni los bandazos del dirigente nacional del PAN, César Nava Vázquez, ni la falta de respaldo que en ocasiones tuvo de la Presidencia de la República, sumados a la sistemática crítica de la oposición y los recientes procesos electorales que derivaron en una enfurecida reacción priísta que ya se regodeaba con la posibilidad de ganar las 14 elecciones locales del pasado 4 de julio, pusieron a Gómez Mont ya no a dos fuegos, sino en una encrucijada compleja que le restaba autoridad y la posibilidad de fomentar el diálogo para lograr la gobernabilidad en el país.

Así las cosas, quien más gana con el relevo en la Secretaría de Gobernación es el propio Fernando Gómez Mont, quien nunca ha sido del grupo calderonista y a quien se le veía sonriente en el acto donde el presidente Calderón anunció los relevos y enroques en su administración, porque con su trayectoria no tiene necesidad de un desgaste de tales dimensiones en el que incluso se puso en la mira hasta de grupos delincuenciales a los que institucionalmente tuvo que retar, enfrentar y advertir en diversas ocasiones, al mismo tiempo que algunos sectores de la población y actores políticos le vigilaban y criticaban cualquier paso que daba o postura que asumía.

El gran perdedor es México, porque en su lugar se designó, como cuarto secretario de Gobernación en lo que va de la administración de Felipe Calderón, a José Francisco Blake Mora, panista y amigo del presidente que hasta hace unos días se desempeñaba como secretario de Gobierno en Baja California, estado en el que deja el antecedente de que el PAN perdió no sólo el gobierno estatal, sino el Congreso del Estado y todos los ayuntamientos.

Si bien, entre los partidos de oposición hay desconcierto por el bajo perfil del nuevo secretario de Gobernación, los más preocupados son los propios militantes de Acción Nacional, quienes no se explican cuál es el motivo por el que se le designa en el cargo y sólo encuentran que es amigo del mandatario federal, con quien compartió la 58 Legislatura de 2000 a 2003.

El segundo enroque en importancia es la renuncia de Gerardo Ruiz Mateos a la Secretaría de Economía para reincorporarse a la Oficina de la Presidencia de la República. Su salida obedece más bien al otro ajuste por la salida de Patricia Flores Elizondo del círculo más cercano a Calderón Hinojosa.

De ella se menciona que es una especie de dictadora que llegó a tener tal control de la Oficina de la Presidencia que incluso se confrontó con un buen número de miembros del gabinete presidencial, porque trataba de mantenerlos lo más alejados posible del presidente de la República. Una labor ineficaz la de la funcionaria, sobre todo por darle trabajo a su esposo, quien cobraba incluso más que ella, y por tener a su madre y hermanas trabajando en puestos clave de la administración federal.

Contrario a lo ocurrido con Gómez Mont, a Patricia Flores se les observaba con el rostro desencajado en aquél acto que se anunciaron formalmente los ajustes en el gabinete de Felipe Calderón, mientras que Ruiz Mateos se mantiene en el primer círculo del presidente de la República y su regreso confirma que es una de las personas de mayor confianza del mandatario.

“Confianza” es justamente la palabra clave, motivo por el que Bruno Ferrari de Alba, compañero universitario de Calderón, ha sido nombrado como secretario de Economía, después de ser director de Pro México, organización de la sociedad civil que ha sido calificada como “fatua” y falta de compromiso.

Lo anterior ha despertado un marcado descontento entre el sector empresarial, donde se ha criticado su falta de perfil, igual que pasó en su momento con el propio Ruiz Mateos, aunque con la observación de que ahora los empresarios dicen que preferirían al ahora titular de la Oficina de la Presidencia porque ya había rebasado la curva de aprendizaje.

Hablando de la confianza, todo hace indicar que Felipe Calderón está claramente ávido de contar en su gabinete con la mayor cantidad de personajes de su confianza que lo rodeen y lo respalden. Sus motivos tendrá, pero ha sido muy criticado por ello.

Tal vez es por ello que en la residencia oficial de Los Pinos destacó las virtudes de Blake Mora al calificarlo como “político legal, práctico y eficaz”, a quien le encargó como papel fundamental el enfrentar de manera decidida el problema de la violencia y al crimen organizado, mientras que a Ruiz Mateos le pidió una revisión y reestructura puntual de la Oficina de la Presidencia para que incremente su eficiencia y a Ferrari de Alba le recomendó en todo momento apoyar la economía de las familias mexicanas y promover la inversión, además de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, sin descuidad la necesidad de profundizar en materia de comercio internacional.

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Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• ¿FUNCIONARON LAS ALIANZAS ELECTORALES?

En términos reales, las alianzas electorales entre el PAN y el PRD en distintos puntos del país funcionaron, al menos para lo que verdaderamente eran, pues su objetivo real era el de impedir la anunciada victoria arrolladora del PRI y sus gobernadores, encabezados por el mandatario del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

Muchos cuestionaron las alianzas entre la derecha, representada por Acción Nacional y encabezada por el moreliano César Nava Vázquez, y la izquierda, encabezada por el sol azteca y presidida por el nativo de Aguascalientes, Jesús Ortega Martínez, quienes en un hecho sin precedentes y aún contra las voces de líderes internos de sus partidos, decidieron coaligarse para reducir en la medida de lo posible ser aplastados electoralmente por el tricolor.

Para nadie es un secreto que lo que estuvo en juego en la jornada electoral del 4 de julio en 14 estados del país, no sólo fue la elección de 12 gobernadores, decenas de diputados locales y cientos de presidentes municipales, sino la reconfiguración del mapa político de cara a las campañas presidenciales de 2012.

El PRI apostaba a ser una aplanadora que dejara sin esperanzas a sus contrincantes políticos y que le planchara el camino para regresar victorioso a la Presidencia de la República que desocupó en el 2000; tenía amplias esperanzas de conservar los nueve estados que ya gobernaba y recuperar los tres que había perdido en elecciones anteriores.

Concentraron los priístas sus esfuerzos en Aguascalientes y Tlaxcala, dos estados gobernados por el PAN, así como en Zacatecas gobernado por el PRD; aprovecharon la inmejorable coyuntura que les brindaron los panistas en Aguascalientes, que con sus conflictos internos por la inconformidad del grupo en el poder con el candidato designado por la dirigencia nacional dejaron abierta la puerta a la oposición.

En Tlaxcala, las anteriores elecciones intermedias habían estado mucho muy reñidas, así que bastó la operación política de Peña Nieto y algunos de sus principales colaboradores, algunos de ellos gobernadores de estados vecinos, para inclinar la balanza a favor del tricolor y obtener un triunfo, aún con un muy cerrado margen.

Por lo que se refiere al caso de Zacatecas, la gobernadora perredista Amalia García Medina hizo un mal gobierno, al estilo del gobierno “que trabaja” en Michoacán, y tomó malas decisiones; su injerencia en la designación de su candidato en Zacatecas y sus pugnas con el ahora senador del PT, Ricardo Monreal Ávila, así como la solidez de la estructura priísta, fueron justamente lo que el PRI necesitaba para apoderarse de ese otro estado.

Hubo otros casos que llamaron la atención, como Durango, donde presuntos miembros de la Confederación Nacional Obrera y Popular (CNOP), organización de inminente filiación priísta, robaron 40 urnas que, a decir de Jesús Ortega, podrían inclinar los resultados a favor de la alianza conformada por el PAN y el PRD.

En Veracuz, el PRI, encabezado por su gobernador Fidel Herrera Beltrán, a quien se acusó constantemente de esperaba una aplastante victoria en contra de la alianza del PAN y PRD; en las semanas previas a la elección se sumaron apoyos a favor del candidato opositor y sus bonos subieron; se especuló sobre la posibilidad de que el candidato de Convergencia, el eterno Dante Delgado Rannauro, declinara también a favor de la campaña encabezada por el blanquiazul, pero no fue así.

Al término de la jornada electoral, eso no ocurrió y favoreció al candidato de la otra alianza, la del PRI y la del PVEM, así como de uno de los mandatarios estatales que se conducen a la vieja usanza priísta, quien semanas antes había sido denunciado en medios de comunicación nacional por presuntamente ordenar el desvío de recursos públicos a las campañas de los abanderados del tricolor, de lo cual existen supuestas grabaciones de conversaciones telefónicas que lo confirman.

La diferencia que tiene hasta el momento el PRI, respecto del PAN y del PRD es de 12 puntos, justo la cantidad de votos que obtuvo el candidato de Convergencia que en el último momento se negó a declinar como en su momento había ofrecido, según los enterados. Con lo habilidoso que es Dante Delgado, no sería de extrañar que desde un principio haya trabajado para los priístas, ¡claro!, a cambio de algo.

En contraparte, el tricolor perdió tres estados que por el número de votantes y por los cacicazgos imperantes desde principios del siglo pasado eran muy importantes para la estrategia de Enrique Peña Nieto rumbo a la Presidencia de la República.

Oaxaca, Puebla y Sinaloa, tres entidades que nunca en la historia había perdido el PRI, ya no serán más gobernadas por los Murat Casab, los Ulises Ruiz, los Mario Marín (“El Gober Precioso”), los Francisco Labastida, los Jesús Aguilar Padilla. Ahí es donde los efectos de las alianzas tan extrañas entre derecha e izquierda se hicieron más patentes y donde ahora César Nava y Jesús Ortega pretenden justificar sus decisiones.

En el caso de Oaxaca, encabezados por el candidato de Convergencia, Gabino Cué, quien durante 10 años ha buscado la gubernatura del estado, los aliancistas lograron derrocar al PRI después de más de ocho décadas, mientras que en Puebla el voto de castigo favoreció al abanderado del PAN y del PRD, Javier Moreno Valle; y, en Sinaloa, se registró un fenómeno similar al de Sonora, donde después de décadas de inmovilidad y de falta de resultados de los gobiernos priístas, la sociedad determinó votar por una opción distinta para gobernar.

En términos cuantitativos simples, todo parecería indicar que las cosas quedaron igual que antes de la elección para el PRI, pues llegó a la jornada electoral con nueve gubernaturas y se quedó con la misma cantidad; conservó seis, ganó tres y perdió otras tres. Sin embargo, al hacer un análisis más profundo y dejando de lago las declaraciones triunfalistas de la dirigente nacional del tricolor, Beatriz Paredes Rangel, y del propio gobernador mexiquense, Peña Nieto, es claro que el priísmo sufrió un ligero retroceso.

Las tres entidades federativas que perdió el PRI, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, cuentan con 9.8 millones de votantes potenciales, mientras que las tres que ganó, Tlaxcala, Aguascalientes y Zacatecas, aglutinan a sólo 2.7 millones de votantes. Es decir, que las alianzas entre el PAN, el PRD y alguno que otro partido pequeño, tuvieron un avance colectivo al gobernar a 7.1 millones de votantes más que antes de la jornada electoral, mientras que para el tricolor la misma cifra es negativa, gobernará 7.1 millones de votantes menos.

Incluso César Nava y Jesús Ortega se han aventurado a señalar que hay otros estados, como Durango, por ejemplo, en donde los resultados de la elección se podrían revertir en los tribunales, mientras que el PAN ha señalado que en la mayoría de los estados su porcentaje de votación ha estado cercano al 40 por ciento, lo que indica que a pesar de ser la segunda fuerza política tiene amplias posibilidades de competir en las siguientes elecciones.

El PRI sigue muy fuerte, pero ya no es tan intimidante y avasallador como se veía en los dos años anteriores. Ha alcanzado, dicen algunos analistas, su tope de crecimiento, mientras que otras fuerzas políticas, como el PAN y el PRD ven subir sus bonos, aunque sea ligeramente, de cara a la elección presidencial.

Hay quienes aún cuestionan si las alianzas entre derecha e izquierda funcionaron. Para las dirigencias esa pregunta ya ha sido respondida, al grado que incluso dejan entrever la posibilidad de nuevas alianzas para el próximo año, aunque la más viable, según se ha visto, será la del Estado de México, donde están dispuestos a complicar las cosas a las huestes de Peña Nieto, o de Arturo “La Rata” Montiel, que para el caso son las mismas.

Que nadie se confunda, las alianzas entre PAN y PRD tuvieron como objetivo principal el hacer un bloque en contra del que parecía un incontenible crecimiento del PRI. El objetivo se alcanzó y punto.

Ahora, habrá que ver cómo les va a los gobiernos que serán integrados con mandatarios de una filiación política, funcionarios de diferentes partidos, diputados de distintas fuerzas políticas y que, hasta donde se ve, no tienen planes concretos de gobierno que respondan a las formas de ver la problemática nacional tan diversas que tienen las diferentes ideologías en el país.

En resumen, las alianzas funcionaron para los partidos, pero será necesario ver en los próximos años si funcionaron para los ciudadanos de aquellos estados en los que éstas surtieron efectos. A final de cuentas, la próxima elección está a la vuelta de la esquina y es en la que toda la clase política está pensando, la contienda por la Presidencia de la República.

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Por. Alejandra Ortega Rodríguez

• LOS TONTOS ÚTILES Y LOS DERECHOS HUMANOS
  
  

Durante los últimos días una gran polémica se ha suscitado en torno a las declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien durante la Jornada de Prevención contra la Tortura, realizada en el Archivo General de la Nación, instó varias veces a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a las comisiones estatales en la materia a ser perspicaces para distinguir qué huellas son producto de la tortura y cuáles son resultado del sometimiento de alguien que se niega a ser detenido.

En algún momento, el encargado de la política interna en el país señaló ante los ombudsman del país que: “Hay veces que en estas operaciones hay resistencia de los particulares al llamado legítimo de la autoridad y se tiene que entrar por vías de hechos a someterlos”.

Sin embargo, la aseveración más contundente, más directa y, por supuesto, más polémica, fue cuando llamó a los titulares de las comisiones protectoras de los derechos humanos a ser más perspicaces y menos suspicaces para evitar servir a los intereses contrarios a la sociedad.

“Esta es la difícil tarea que hoy nos congrega: ni ser cómplices ni encubridores de las anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad ni ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar, la acción de esa autoridad”, afirmó.

Lo anterior generó una serie de reacciones, tanto de los presidentes de las comisiones de derechos humanos en el país, así como de representantes de organizaciones no gubernamentales y puristas de los derechos humanos, además de los oportunistas adversarios políticos al partido en el poder, quienes calificaron a Gómez Mont de “autoritario”, “prepotente” y muchas cosas más.

Incluso el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, con la complacencia de los consejeros del organismo, envió una misiva que hizo pública en la que sarcástica y mordazmente responde a los señalamientos del secretario de Gobernación.

Pero pongamos todo en contexto. Tal vez las declaraciones de Fernando Gómez Mont han sido cuestionadas, criticadas y descalificadas por algunos sectores de la sociedad, pero sobre todo por gran parte de aquellos que hacen opinión pública en el país y que se sienten las “vacas sagradas” del periodismo, los mismos que siempre están en contra de todo, pero no ofrecen a cambio propuestas de cómo sí hacer las cosas bien.

Sin embargo, lo cierto es que entre la población en general, lo digan o no lo digan abiertamente, si existe una percepción generalizada de que se encuentran atrapados entre dos fuegos, primero por autoridades, principalmente municipales y estatales, que no hacen su trabajo como debieran y que no les garantizan la seguridad de sus familias en lo físico y en lo patrimonial, y después, por la delincuencia, tanto la común como la organizada, que se aprovechan de los grandes vacíos de autoridad que existen en grandes extensiones del territorio nacional y son los primeros, los que más y los que continuamente violentan los derechos humanos de los mexicanos.

Añadamos a eso que nuestras comisiones, la nacional y las estatales, para la defensa de los derechos humanos, han encontrado un prolífico y tentador foro mediático en vigilar, cuestionar, criticar y desvirtuar todo aquello que hacen y hagan las autoridades federales, el Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva (PFP) para tratar de cumplir con su cometido de garantizar la seguridad de los mexicanos. Han encontrado que es más fácil y conveniente señalar a los que están uniformados, a los que diariamente circulan uniformados por las calles y las carreteras del país, que a aquellos que se esconden vestidos de civiles entre las mujeres, los ancianos y los niños.

Los severos, y dicen algunos “descontextualizados” pronunciamientos del secretario de Gobernación se dieron en el marco de la más reciente recomendación del presidente de la CNDH en contra del Ejército Mexicano y respecto del caso de la lamentable muerte de los niños Almanza, asesinados en un retén militar en Tamaulipas, de la que familiares y organismos que se dicen protectores de los derechos humanos culpan a las fuerzas armadas mexicanas.

De acuerdo con los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que coinciden en mucho con lo dicho por la madre de los infantes, la muerte de los menores ocurrió cuando en un retén militar los soldados fueron atacados por sicarios que viajaban en seis camionetas que justamente rodeaban a la otra camioneta en la que viajaba la familia Almanza. Así, por las trayectorias de los proyectiles, se determinó que las balas fueron de armas activadas por los delincuentes.

Raúl Plascencia, como presidente de la CNDH lamentó, dijo él, “no haber tenido acceso a toda la información necesaria del caso” y mencionó la posibilidad de que la escena del crimen haya sido manipulada, lo que rechazó la Secretaría de Gobernación, pero además, concluyó que con base en que las balas utilizadas eran de las consideradas como de “uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Las anteriores afirmaciones que se basan en suposiciones, dan a entender que el organismo nacional es tan suspicaz como para concluir que los grupos de la delincuencia son respetuosos de la legalidad y se abstienen, o al menos en ese caso se abstuvieron de utilizar armas que son de uso exclusivo del Ejército. Lo anterior fueron elementos suficientes como para emitir la recomendación 36/2010 en contra del Ejército Mexicano.

A todo esto, hemos visto en los últimos días los comentarios irresponsables de políticos y supuestos defensores de los derechos humanos que destacan que desde que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra al crimen organizado son más de 3 mil las quejas por presuntas violaciones de las garantías individuales que se han presentado en contra de las fuerzas armadas mexicanas.

Lo que no han dicho es que cualquiera puede presentar una queja o denuncia, incluso un delincuente consumado, por lo que la presentación de las mismas no es referente para medir el grado de responsabilidad o irresponsabilidad del Ejército Mexicano en el cumplimiento de los derechos humanos y en el contexto de el combate a la delincuencia organizada; sólo en aquellos casos en los que hay elementos que permiten presumir que “podría haber una violación a las garantías individuales” se puede emitir una recomendación.

Dicho lo anterior, nos encontramos con que a la fecha la CNDH ha emitido sólo 58 recomendaciones contra el Ejército, mismas que han derivado de un gran total de más de 3 mil quejas; de esas 58 recomendaciones, 57 ya han sido aceptadas, la mayoría en su totalidad y algunas parcialmente, además de que en el mismo evento del que hemos hablado Fernando Gómez Mont anunció que en breve se responderá ésta última recomendación.

El secretario de Gobernación advirtió que en ocasiones pueden existir polémicas entre la CNDH y la Secretaría de Gobernación, porque el terreno es complejo, pero debe existir el compromiso de que esos desencuentros tengan como fruto garantizar y fomentar la perspicacia y dejas la suspicacia que debilita y sirve a intereses mezquinos. “Que nadie se alarme si de repente hay diferencia de opiniones”, anticipó.

Así que es de preverse que la más reciente recomendación, en la que algunos líderes de opinión ya han puesto la vista y han señalado que contiene elementos que permiten adelantar que está descontextualizada y carece de fundamentos, es muy probable que la respuesta del gobierno federal sea negativa o que sólo se acepte parcialmente lo dicho por el organismo defensor de los derechos humanos.

Ya en las últimas fechas y ante la enorme polémica suscitada, así como en virtud de la “más enérgica protesta” emitida por el consejo consultivo de la CNDH, Gómez Mont respondió que no buscó ofender a nadie y establece entre otras cosas lo siguiente:

“He leído con cuidado el texto del mensaje cuya versión estenográfica te anexo. En él no encuentro haber inferido ofensa ni a la Comisión Nacional ni a las estatales de Derechos Humanos. Sin perjuicio de lo anterior, reconozco que la expresión de ‘tontos útiles’, referida en dicho discurso, ha sido utilizada en el pasado por izquierdas y derechas con un tufo autoritario. Nada más lejos de mi formación y de las prácticas y principios a los que he sometido mi vida.”

Asimismo, agrega “ante los destellos de mordacidad de que hace gala” la CDNH es necesario aclarar que él es parte de la generación que durante más de 30 años ha participado en la construcción de instituciones que promueven y fortalecen el respeto de los derechos fundamentales.

Por ese motivo, pide al titular de la CNDH que le diga qué parte del discurso, pronunciado en el Archivo General de la Nación, le parece ofensiva, con el objetivo de “valorar si éstas (afirmaciones) merecen una disculpa o ratificación de mi parte”. “Me temo –agrega Gómez Mont– que no es a mí a quien debes reclamar, sino a quienes han hecho interpretaciones de lo que yo dije frente a ti”.

Pero a como están las cosas ahora, el ombudsman mexicano está valorando la posibilidad de exigir unas disculpas del secretario de Gobernación, mientras que los mexicanos seguimos entre la espada y la pared, sin recibir ninguna clase de disculpa, ni de las autoridades, principalmente las municipales y estatales, y mucho menos de los organismos defensores de los derechos humanos y hasta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que parecen sumamente entusiasmados ante la posibilidad de sacar a los criminales a las calles.

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Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• CULPABLES DE LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

En honor a la verdad, y sin mayores rodeos, la autodenominada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que aglutina a nivel nacional a una gran cantidad de profesores que dicen identificarse con la izquierda y con los verdaderos intereses y demandas del pueblo, son en los hechos los responsables de las nuevas generaciones de mexicanos incompetentes, irresponsables, sin valores, flojos y sin cultura, proclives a delinquir ante la carencia de una educación básica de calidad.

No nos engañemos, todo eso es lo que millones de niños y jóvenes del país aprenden a diario en las aulas vacías o en las calles ante la falta de continuidad en las clases que se deberían impartir en los planteles de educación pública a lo largo y ancho de México.

Eso de que “el maestro marchando también está educando” es una falacia. No están educando, están demostrando cómo un grupo medianamente organizado de personas puede eludir sus responsabilidades y compromisos laborales, así como violentar las leyes y los derechos de terceros en la más detestable impunidad, ya sea porque son “camaradas” del partido en el poder en algunas entidades del país, o bien, porque amenazan a las autoridades federales y de otros estados de la República con el secuestro de la tranquilidad de los mexicanos en caso de sentirse “reprimidos”.

Hay muchos ejemplos de la barbarie en la que constantemente incurren quienes deberían de ser los educadores de la niñez y la juventud mexicanas. Apenas el pasado 3 de junio un grupo de presuntos maestros, entre ellos algunas delegaciones de profesores michoacanos, cometieron en la ciudad de México un acto que ejemplifica con claridad los alcances intelectuales de las actuales generaciones de docentes que se dicen “de izquierda” y “de avanzada”.

En las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), miles de supuestos profesores rompieron con diferentes herramientas e intentaron quemar, incluso con sopletes, la histórica puerta principal del edificio, misma que data del año de 1731 y que es catalogada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como patrimonio histórico de la humanidad.

De acuerdo con las autoridades competentes, el daño causado a la puerta, similar al que una vez hicieron, para variar, los docentes michoacanos en la puerta principal del Palacio de Gobierno en Morelia, se valúa en sólo 300 mil pesos, pero la verdad es que el perjuicio ocasionado a un monumento histórico es invaluable, incalculable e imperdonable.

Lamentablemente, la mayoría de los mexicanos que condenamos esos hechos nos vamos a quedar con las ganas de que los responsables sean sancionados, puesto que las alianzas políticas y las presiones de ese grupo de chantajistas no permitirán por enésima vez la aplicación de la ley. Ni siquiera en su momento hubo el interés de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal (SSPGDF) por salvaguardar el inmueble sede de la SEP.

De hecho, a pregunta expresa de los reporteros, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcero Ebrard Casaubón, salió a decir que manifestaciones como los hechos violentos protagonizados por los profesores son legítimas, son muestras de la pluralidad y deben ser permitidas, declaraciones con las que el perredista da a conocer su verdadero nivel de estadista y en qué lugar deja su promesa de cumplir y hacer cumplir la ley.

Si esas son las autoridades, si esos son los gobiernos con los que contamos en el país, entonces, ¿quién se va a hacer responsable de llevar a buen puerto al sector educativo mexicano?

¿Cómo será posible hacer cambios en las políticas públicas, en las políticas educativas, para mejorar la calidad y la competitividad, si tenemos sindicatos que funcionan como retrógradas grupos de choque que se oponen a todo de todo sistemáticamente?

La educación pública en Michoacán estará generando a quienes serán los trabajadores y subordinados de los jóvenes que hoy se preparan en escuelas particulares, con una educación más acorde a la realidad y las necesidades del país.

Pero al mismo tiempo que el magisterio michoacano denuncia lo que según él son intentos de privatizar la educación, son los mismos docentes quienes orillan a los padres de familia, preocupados por la educación de sus hijos, a buscar escuelas particulares con maestros responsables con programas actualizados y con calendarios escolares completos, lo que tácitamente no es más que dar un mayor impulso a esta tendencia de hacer privado el sector educativo en el país.

México se enfrenta a un reto muy grande para poder convertirse en una nación fuerte, con mejores niveles de cultura, con mejor educación, con mejor economía, con mejores niveles de bienestar social, mientras los gobiernos sigan tolerando y soportando a agrupaciones sindicales y porriles que no hacen más que mantener al país en el atraso, la ignorancia, la incultura y la incompetencia.

En otras épocas, los profesores eran verdaderos guías, eran ejemplo para la niñez y la juventud, eran pieza clave en la sociedad, líderes de las comunidades, de los pueblos. Pero todo eso se debía a que tenían una vocación de servicio genuina. Ahora todo eso se ha quedado en el olvido, cada vez son menos los docentes que cubren el perfil de los académicos de antaño, de los que transformaban a sus comunidades.

Resulta improbable que las nuevas generaciones de maestros se comprometan realmente con la educación, cuando a donde volteen la mirada, sea con los gobiernos, con las autoridades educativas o con sus compañeros de gremio, ven que es más fácil hacer como que trabajan y cobrar como si trabajaran.

Aún en el caso de que cumplieran con sus supuestos horarios de trabajo y con su calendario escolar, los profesores son privilegiados, porque en pocos, en muy pocos sindicatos, se tienen tan buenos sueldos y tan buenas prestaciones por tan sólo unas horas de labor al día. Pero si a lo anterior sumamos que pueden dejar de asistir a clases casi tanto como lo deseen y que tienen muchos más derechos que obligaciones laborales, entonces nos explicamos el por qué de las actitudes tan irresponsables que en las últimas décadas importantes grupos del sector educativo han asumido.

Las situaciones de salvajismo que el sector magisterial ha protagonizado en Michoacán y en el resto del país han sido ampliamente documentadas, lo que incluso le ha valido severas críticas ante la opinión pública.

Recientemente, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Juan Carlos Campos Ponce, hizo severos pronunciamientos por los lamentables hechos ocurridos en las oficinas centrales de la SEP, mientras que en la misma sesión el diputado único de Nueva Alianza, Juan Manuel Macedo Negrete, señaló varias deficiencias en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), donde la titular, Graciela Carmina Andrade García Peláez, no ha resuelto ni uno sólo de los problemas que le encargó el gobernador Leonel Godoy Rangel al nombrarla para relevar a Aída Sagrero Hernández.

Tristemente, esos y otros comentarios, incluso de figuras políticas y públicas no tendrán mayores repercusiones ante la protección y la grave impunidad de la que hacen gala los miembros de las corrientes izquierdistas del magisterio, por lo que a los medios de comunicación no nos queda más que responsablemente replicarlas para que lleguen a oídos de la opinión pública.

Lo cierto es que el sindicalismo en México se ha pervertido, puesto que en la mayoría de los casos sólo ha derivado en corrupción, en abusos del poder y en el olvido en el que han caído las que realmente eran las conquistas laborales de los sindicatos.

Así, hoy tenemos a un sindicato de profesores fraccionado, politizado, enviciado, que en lugar de educar a las nuevas generaciones de mexicanos sólo les imbuye la irresponsabilidad, la incompetencia, la ignorancia, la incultura y la falta de valores. A ese paso, México nunca dejará de estar destinado al atraso, al subdesarrollo y al fracaso.

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Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• ¿CONOCE A SU DIPUTADO?
  

¿Conoce usted a su diputado local o federal? ¿Conoce a su senador, a su presidente municipal o a su gobernador? De acuerdo con recientes sondeos y estudios de opinión realizados en distintos puntos del país, si usted no es una persona altamente politizada contestará erróneamente al tratar de dar el nombre de tres o cuatro de los funcionarios que le he mencionado.

¿De quién es la culpa de que la mayoría de los mexicanos no sepan quién lo representa en el Ejecutivo estatal, en su ayuntamiento, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en el Congreso del Estado?

Hay quienes responsabilizan a los propios ciudadanos, por el desinterés que sistemáticamente muestran cuando de participar en la política o en las elecciones se trata. Llegan incluso a argumentar que “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”, con lo que pretenden endilgar parte de la culpa de los malos gobiernos, de los malos funcionarios y de los malos representantes populares a los electores, tanto a los que acuden como a los que se abstienen de participar en las urnas.

Sin embargo, existimos aquellos que creemos que el aparente desinterés de todo un pueblo por la política, por los políticos y por el sistema político de partidos que tenemos y que es obligatorio para poder participar como candidato a un puesto de elección popular, no se debe a que a los mexicanos nos dé lo mismo quién o qué partido nos gobierne o nos represente.

Por el contrario, después de casi 100 años de una democracia que sólo existía en el papel y que hasta los años recientes dio señas de vida, la inmensa mayoría del pueblo de México está desencantada con su clase política. El desánimo, el desaliento, la desazón han llegado a tales niveles que, aunque cada vez son más los recursos económicos y humanos que se invierten para promover el voto, son cada vez menores, mucho menores, los índices de participación ciudadana en las urnas.

Así las cosas, ¿es culpa de los ciudadanos no conocer los nombres de quienes le gobiernan o le representan ante el Poder Legislativo o es responsabilidad de los políticos y del sistema político mexicano la falta de interés de la gente común en la política?

Al paso que vamos, las elecciones federales y locales en un tiempo más y en muchos puntos del país terminarán siendo ganadas por aquellos candidatos que pertenezcan al partido con más militantes, quienes votarán no por convencimiento, sino porque en cierta forma los estatutos partidistas los inducen a trabajar y sufragar a favor de los candidatos de su instituto político, so pena de ser sancionados con la suspensión de derechos, entre otras cosas.

Con las más recientes reformas electorales federales y locales, los gobernantes y muchas veces los representantes populares, desde senadores hasta diputados federales, diputados locales, incluso regidores, han justificado en parte su inasistencia a informar y a atender a sus representados con el argumento de que la ley electoral les prohíbe informar permanentemente de sus acciones o incluso realizar acciones publicitadas de manera constante, porque ambos hechos pueden considerarse como actos anticipados de campaña y las sanciones de los órganos electorales les pueden cortar la que, ellos piensan, es una promisoria carrera política.

Las reformas electorales impulsadas para dar gusto al capricho del fracasado mesías de la izquierda mexicana han sido contrarias al espíritu de transparencia y rendición de cuentas que muchos candidatos a lo largo y ancho del país han pretendido vendernos.

Al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales se les han impuesto una serie de candados y reglas que llegan hasta el absurdo en muchos casos de interrumpir la entrega de programas sociales a los sectores más desprotegidos de la población durante las campañas electorales. Esto, en un país que por lo general tiene elecciones dos años sí y uno no.

En tanto, para evitar que senadores, diputados y otros funcionarios de designación o de elección popular brinquen de un puesto a otro, también se les han impuesto frenos para que no presenten informes, no rindan cuentas ni publiciten lo que sólo algunos de ellos han hecho. Como consecuencia, en plena era de la información la gran mayoría de los mexicanos no sabe quién lo gobierna o quién lo representa ante el Poder Legislativo.

La reforma electoral reciente va en contra de la transparencia y la rendición de cuentas, pero también de la libertad de expresión, puesto que en el transcurso de un proceso electoral cualquier particular que desee opinar en los medios de comunicación a favor o en contra de alguno de los candidatos corre el riesgo de ser censurado y sancionado por el órgano electoral que corresponda.

Habrá quien diga que entonces la culpa de la falta de conocimiento sobre el trabajo de los gobernantes y legisladores, ¡es más!, de su identidad, es responsabilidad directa de los órganos electorales por impedir que nuestra clase política nos rinda informes sobre lo que hacen en el desempeño de las funciones para las que fueron electos.

Pero aquellos que así piensen estarán equivocados, porque los institutos electorales, tanto el federal como los locales, lo único que hacen es apegarse a las leyes que emanan del Congreso de la Unión y de los congresos locales, de tal forma que todas aquellas disposiciones restrictivas contra la transparencia, la rendición de cuentas y la libertad de expresión, son impuestas ni más ni menos que por los senadores, diputados federales y diputados locales emanados de los partidos políticos y del sistema de partidos que tanto se aborrece en nuestro país.

Como consecuencia, si usted no sabe quién es su representante popular o su gobernante y qué han hecho en su representación, si no ha recibido un informe de sus actividades, si no conoce cuánto gana y con quién cabildea las reformas que a todos nos afectan…, entonces al menos ya tiene una idea respecto de quién es la responsabilidad.

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Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• MÉXICO Y SU EXCESIVA DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO

Por responder a intereses políticos mezquinos, por seguirle el juego al fracasado mesías de las masas, por evitar el estallido social que desde hace años ha sido la amenaza de la izquierda, por preferir “la mejor reforma posible” y no “la reforma necesaria”, México perdió hace dos años la gran oportunidad de contar con un marco legal adecuado que le permitiera avanzar de manera sustancial en su política energética.

En nuestro país, como en otras partes del mundo, existen dos grandes problemas con la excesiva dependencia del petróleo, el primero, es que tenemos una economía petrolizada, que depende de manera excesiva de las ventas de hidrocarburos, mismos que en su gran mayoría se venden crudos.

Los derivados del petróleo, que podrían contar con un valor agregado, requieren de refinación, de petroquímica y otros procesos que con la muy limitada reforma energética que quisieron el PRD y el PRI, pero que además aceptó el PAN, tienen alcances muy limitados en México.

No funcionan las mezcolanzas de propuestas que se hicieron con puntos de vista políticos para resolver problemas que son más bien de carácter técnico, económico, fiscal y financiero. Por eso se siguen importando gasolinas, porque no hay suficiente refinación y eso disminuye las utilidades que recibe el país, por lo que el crudo sólo se sobreexplota sin tener proyección a futuro.

Las ganancias no se invierten, ni siquiera cuando hay alza de los precios, porque el nuevo poder fáctico denominado Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se avoraza sobre los denominados excedentes petroleros, cuando los hay, y exigen y se molestan cuando no reciben esos recursos que en realidad deberían contar como un ingreso adicional para sus gobiernos. En resumen, no se piensa a futuro.

Por si eso fuera poco, el Frankenstein que se aprobó con la rimbombante denominación de “Reforma Energética”, prácticamente no permite, sino que por el contrario, restringe la inversión en exploración para asegurar nuevos yacimientos que igualen la cantidad de los que ya se están explotando para garantizar la continuidad en la obtención de los hidrocarburos.

Mientras el PRI protegía sus intereses en el Sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), uno de los más corruptos de la administración pública y paraestatal en el país, el PRD defendía ante la opinión pública con un patriotismo, casi chauvinista lo que en ese partido se considera que es la soberanía nacional y mientras el PAN pretendía proteger sus bonos político-electorales y evitar desgastes o estallidos sociales, el otro gran problema de la excesiva dependencia del petróleo es que éste se está acabando, no sólo en México, sino en el mundo.

En toda la faz de la Tierra no existe un solo organismo regulador que garantice que los países que dicen tener una cierta cantidad de petróleo realmente lo tengan. Por ello no se sabe a ciencia cierta con cuánto hidrocarburo se cuenta en el mundo. Incluso en México tampoco se tiene claro cuáles y cuántas son las reservas probadas, probables y posibles, porque no existen parámetros que arrojen ese dato con certeza.

La posibilidad de encontrar grandes yacimientos del denominado “oro negro” es cada vez menor en el mundo. México cuenta con el segundo mayor depósito natural del hidrocarburo, que es Cantarell, sólo después de uno ubicado en Arabia Saudita, con la salvedad de que en los últimos años ha perdido su capacidad de producción, toda vez que se ha explotado de manera desmedida por mucho tiempo.

Para desgracia de la petrolizada economía nacional, la explotación nacional de crudo se base en gran parte en ese yacimiento y, actualmente, no hay manera alguna de saber cuánto va a durar en realidad y si en algún momento aparecerá algún otro depósito que lo sustituya, incluso, ni siquiera es posible saber si alguno de los yacimientos ya explotados podría sustituirlo.

Ahora lo ideal, si se piensa seguir por el camino de financiar el mantenimiento de las finanzas públicas mexicanas a través del petróleo, sería continuar con la exploración en aguas profundas, porque las aguas someras se han explorado sin que se hayan encontrado muchos yacimientos, pero el flamante marco legal aprobado por nuestra clase política contiene una serie de restricciones que lo dificulta.

Lo anterior, sin contar con el hecho de que aún con la mejor tecnología del mundo llegan a suceder desastres en la exploración marítima, como el que se ha registrado durante las últimas semanas en el Golfo de México, cerca de las costas de Luisiana, en Estados Unidos, que amenaza incluso con afectar la actividad pesquera estadounidense y mexicana, además del incuantificable daño ambiental que genera.

Hablando de esto, es también un hecho que la explotación y el consumo del petróleo van de la mano con la contaminación y a la vez con el cambio climático que es una realidad que la gran mayoría de los habitantes del mundo hemos podido percibir como algo tangible en nuestra propia experiencia en los últimos años.

Con todo este contexto, es increíble que en México, un país al que otros han calificado como con “enorme potencial” para la generación de energías alternativas, como la eólica y la solar, así como para la producción de bioenergéticos como el etanol, apenas comience a dar los primeros pasos para transformarse en un país que además de no depender de manera excesiva de los hidrocarburos, se prepare para convertirse en un país en el que se usen tecnologías, combustibles y energía más amigables con el medio ambiente.

Sólo fue hasta el 28 de noviembre de 2008 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, misma que gira en torno a principios como el fortalecimiento institucional en la materia mediante el otorgamiento de facultades explícitas a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Asimismo, se estableció un programa de aprovechamiento y una estrategia nacional de transición energética; se evalúan los beneficios económicos asociados a las energías renovables como criterio para su promoción; y, se otorgará financiamiento gubernamental en diversos aspectos, incluyendo desde la investigación hasta la misma promoción de proyectos.

Con este marco legal y los nuevos instrumentos que expedirá la CRE, se esperaría el desarrollo de muchos proyectos, permitiendo que el país aproveche una riqueza de recursos importantes y reduzca su dependencia de las energías fósiles.

Sin embargo, aquí cabría la pena preguntar si después de tener por casi 80 años una economía, una política y hasta una ideología petrolizada, en la que incluso nos atrevemos a idolatrar al hidrocarburo como si fuera un símbolo patrio o un emblema nacional, no habremos llegado tarde al inicio de esta carrera en la que países latinoamericanos como Brasil y Colombia nos llevan 30 años de ventaja.

Empresas consultoras internacionales especializadas como Baker y McKenzie, han hecho una valoración sobre los alcances de nuestro nuevo marco legal, y para como son las autoridades mexicanas de volátiles y de indispuestas a seguir planes de largo plazo, los pronósticos no son alentadores, los primeros resultados comenzaríamos a verlos no ahora ni el año próximo, sino de aquí a cinco años.

Yo creo que vale la pena perseverar, pero… ¿qué dirán nuestros representantes populares? ¿Qué opinan de esto el PRI, el PAN, el PRD y la chiquillada? ¿Les dará o les quitará votos una política de largo plazo para eventualmente reemplazar nuestro venerado petróleo?

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Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• ISLA DE LA PALMA, ¿NEGOCIO DE QUIÉN?
  

Después de casi dos años de jaloneos y de polémicas, todo pinta para que, como producto de la enorme presión que ha decidido imprimir el gobierno de Leonel Godoy Rangel, en los próximos días por fin se apruebe en el Congreso del Estado un dictamen en relación a la solicitud de desincorporar del patrimonio estatal un predio de 444 hectáreas conocido como Isla de la Palma, mismo que se encuentra adyacente al Puerto de Lázaro Cárdenas.

Según se ha podido entender, de entre las versiones encontradas y confusas que han surgido de un lado y de otro a lo largo de los dos últimos años, el proyecto consiste en otorgar a la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México (KCSM) un predio de 181 hectáreas para la construcción de un patio de maniobras.

El objetivo es maniobrar y trasladar miles de contenedores que diariamente llegan al que se ha convertido en el puerto del Pacífico con más potencial en América del Norte desde su desembarque y hasta distintos puntos del corredor conocido como NASCO, que comienza justamente en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, pasa por varias de las ciudades más industrializadas del país y también lo hace por algunas de las principales zonas industriales de Estados Unidos para desembocar en Canadá.

Se habla de un negocio de cientos de miles de millones de dólares, y tal vez hasta de más, por el cual inicialmente la transnacional KCSM estaba dispuesta a pagar alrededor de 27 millones de dólares, ya que con la propiedad del predio obtendría con instituciones financieras de Estados Unidos un crédito por algo así como 80 millones de dólares para la construcción del denominado “patio multimodal de maniobras”.

Ya son varios los intentos del gobierno del estado, desde que Eloy Vargas Arreola era el secretario de Desarrollo Económico, por agilizar la elaboración de un dictamen favorable en el Congreso del Estado, pero en el Poder Legislativo de Michoacán se prendieron los focos de alerta ante el hecho de que la LXXI Legislatura local cuenta con diputados de un perfil mucho mayor a los anteriores y no se dejaron engatusar fácilmente.

De inmediato se cuestionó que en noviembre de 2006 la LXX Legislatura recibió, dictaminó y aprobó en un solo día la iniciativa del gobernador Lázaro Cárdenas Batel para desincorporar del patrimonio estatal un predio de 183 hectáreas en la misma zona de la Isla de la Palma, a un costado de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (Apilac).

La idea era la creación de un parque industrial que impulsaría el desarrollo del área, pero hubo mucha opacidad en el proceso y no son pocos quienes dicen que Eloy Vargas salió muy beneficiado en ese proyecto, ya que consiguió para prestanombres y amigos una serie de terrenos que por su simple ubicación ahora valen millones y millones de pesos.

También se habla de que entre los entonces diputados locales algunos fueron beneficiados con vehículos, con la entrega de recursos en efectivo y hasta con terrenos en la zona para que cuenten con un espacio que les garantice una renta que les permita vivir cómodamente por el resto de sus vidas. Lo cierto, es que hasta la fecha nada se ha hecho en esos predios, están abandonados como una cosa perdida.

Cuando los nuevos diputados locales, éstos sí más experimentados en lo general, comenzaron a cuestionar a Eloy Vargas sobre el proyecto, sus evasivas, su manipulación de datos e insistencia con la urgencia de aprobar el proyecto despertaron más y más dudas, éstas crecieron a tal grado que finalmente Leonel Godoy debió ceder a la presión para cambiar al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Ya con Isidoro Ruiz Argáiz al frente del proyecto, las cosas comenzaron a caminar mejor y se avanzó en materia de transparencia, pero ya son varias las ocasiones en las que estando a punto de aprobar un dictamen, surgen nuevas dudas o desconfianza ante la falta de cumplimiento de acuerdos, principalmente del Ejecutivo estatal.

Hace poco más de un año el grupo parlamentario del PRI, encabezado por Wilfrido Lázaro Medina, dio a conocer la existencia de dos cartas compromiso signadas en su momento en Estados Unidos por el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel y el ahora mandatario estatal, Leonel Godoy, en los que ambos políticos emanados del PRD se comprometen a hacer lo que sea necesario para que el Congreso de Michoacán apruebe a entera satisfacción de la ferroviaria KCSM la desincorporación de la Isla de la Palma para la construcción del patio de maniobras.

El asunto fue una bomba en los medios de comunicación y se habló de él durante todo un día, pero por la tarde, antes de que las redacciones de los periódicos estatales publicaran el contenido de las cartas, se recibió una instrucción desde el gobierno del estado para parar la nota, y aquellos michoacanos que en su momento no se enteraron del tema, se quedaron sin saberlo.

Después de esto Leonel Godoy cedió más y ha comprometido una serie de cambios en el Fideicomiso 2112, encargado de la administración del recinto estratégico fiscalizado que se pretende implementar en la Isla de la Palma, así como una serie de medidas de transparencia, pero la falta de cumplimiento y indisposición que ha mostrado en varias ocasiones, además de los intereses políticos o económicos de algunos diputados del PRI, del PAN y hasta del propio PRD han frenado la emisión de un dictamen.

En virtud de que el tiempo apremia, y el Ejecutivo estatal nada tendrá que presumir de aquí a las elecciones de 2011, ante el hecho de que no se obtuvo la refinería para Michoacán ni se instaló la armadora de autos FAW en la entidad, como Eloy Vargas había presumido desde el sexenio anterior, desde la administración estatal se ha ordenado una nueva arremetida para ahora sí concretar la desincorporación a como dé lugar en los últimos días.

Ahora, según informan fuentes muy confiables del propio gobierno estatal, existe la posibilidad hasta de “echar la casa por la ventana” para que el negocio de concrete, aunque el negocio principal no sea precisamente para los michoacanos, sino para funcionarios estatales, diputados locales y por supuesto, la empresa transnacional KCSM.

Algo que no se ha dicho, pero que la opinión pública debería saber, es que a estas alturas ya no está en discusión si se vende o no a la ferroviaria. Eso está resuelto y hay unanimidad en cuanto a la negativa para enajenar esa parte del patrimonio nacional. De hecho, la idea es que la propiedad del predio una vez en operación el patio de maniobras pase al gobierno federal.

En los momentos en que éstas líneas se escriben, la bancada del PRI ha presentado ante el Congreso del Estado un posicionamiento en el que señala que la desincorporación de 183 hectáreas en 2006 se hizo para la creación del recinto estratégico fiscalizado, pero sólo 48 hectáreas se han aplicado al mismo, por lo que de acuerdo con el mismo decreto 83 en el que se validó la desincorporación, los predios que se aplican a fines distintos a los autorizados deberían haber regresado al patrimonio estatal desde hace mucho tiempo.

Además, argumentan los priístas, cuando se solicitó la inscripción del Comité Técnico del Fideicomiso 2112 a la Administración de Aduanas, sólo se registraron para el recinto 100 de las 183 hectáreas, lo que también es una incongruencia, sin contar con que el Ejecutivo estatal pide que se le autorice la desincorporación de la Isla de la Palma, cuando la desincorporación es una facultad constitucional exclusiva del Poder Legislativo.

A pesar de lo anterior, la discusión actual en el Congreso se centra sobre la posibilidad de que se vendan o no el resto de los terrenos que se destinarán al Parque Industrial y al Parque de la Pequeña y Mediana Industria. En el PRD la mayoría están a favor de la propuesta del gobierno estatal de que sí se vendan, en el PRI la mayoría están en contra y en el PAN están divididos en este único punto.

El dictamen podría salir por mayoría, pero la idea es alcanzar los consensos, pues sólo de esa forma los ganadores quedarán blindados, como pasó con la anterior Legislatura. De esa forma, todo parece indicar que lo que se requiere es llegarle al precio a la minoría.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Por: Alejandra Ortega Rodríguez

• ¿MÉXICO EN SU PEOR CRISIS?

Más allá de la veracidad o no de los datos con los que constantemente se nos bombardea en los medios de comunicación, principalmente inducidos con fines electorales por los partidos opositores, como el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), bien valdría la pena preguntarnos si, como se nos ha dicho, realmente estamos atravesando la peor crisis económica en la historia de México.

Tal vez sí, los indicadores internacionales hablan de que estamos enfrentando una recesión económica de impresionantes proporciones que habría acabado con el mundo financiero en la década de los treintas o en los sesentas, en el siglo pasado. Pero lo cierto es que en un mundo globalizado y en crecimiento, en donde casi todos los países tienen relaciones comerciales con sus vecinos y hasta con aquellos que están al otro lado del planeta, era lógico que una crisis se pudiera vivir de manera exponencialmente mayor a las de aquellos años en los que la gran mayoría de las naciones del mundo estaban aisladas.

Ahora bien, un punto que los conspicuos actores políticos han pretendido ignorar, con lógicas, muy lógicas intenciones, es que la crisis económica que ahora enfrenta México es la primera que no fue generada en el país por un gobierno priísta.

Si tenemos que asumir, como se nos ha dicho con insistencia y muchas veces sin mostrar datos concretos y contundentes, que la recesión económica que ahora enfrentamos los mexicanos es la peor en la historia del país, entonces también tendríamos que reconocer que justamente en este momento contamos con el gobierno y las autoridades federales que de mejor manera han sabido hacer frente a tan desproporcionada contingencia financiera.

Hay países del mundo en situaciones desastrosas ante la crisis económica mundial, son casos tan lamentables, como el de Zimbabwe en África o Islandia en Europa, cuyos gobiernos se han tenido que declarar en quiebra ante la espiral inflacionaria a la que se han enfrentado.

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer un lapidario informe de acuerdo con el cual, entre los países que menos resultados tendrán este año en cuanto a la recuperación de sus economías se encuentran Azerbaiján, Zimbabwe, las islas caribeñas de Sain Kitts y Antigua y hasta países europeos como Grecia, Portugal y España, además del considerado ejemplar por los perredistas, Venezuela, con su dictador Hugo Chávez al frente.

México no aparece ni por mucho en esa lista, y a pesar de que sí tenemos problemas muy graves en materia económica, entre otras, basta con hacer memoria de las crisis que se vivían con los gobiernos priístas de Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, para darnos cuenta que la recesión mundial no nos ha impactado en la misma medida que sí nos afectaron a millones de mexicanos las medidas económicas de nuestros propios gobiernos.

Tan sólo por recordar los casos más recientes, a finales de los ochentas y principios de los noventas los precios de los productos de la canasta básica no nada mas aumentaban todos los días, sino de una hora a otra. Usted, podía entrar al supermercado con la idea de comprar sus artículos con cierto presupuesto, pero pese a que estos ya tenían una serie de reetiquetaciones tremenda, de que lo tomaba en el anaquel a que lo pagaba en la caja ya había variado nuevamente el precio del producto.

¿Cuántos casos de suicidio no sucedieron a causa de los desplomes financieros de esas décadas, cuando muchos mexicanos se quedaron sin dinero al caer tan atrozmente la bolsa de valores, por ejemplo?

A partir de esos gobiernos que generaron grandes crisis y la enorme deuda exterior al país, el número de mexicanos pobres y en extrema pobreza aumentó. Sólo basta recordar cuántas familias afectó la crisis a finales del sexenio de Carlos Salinas, que de estar en la ya de por sí agónica “clase media”, de un día para otro entraban a la “clase pobre”. Al grado de que hasta hace unos pocos años, esta “clase media” estaba ya casi extinta.

Los mexicanos tenemos memoria, o al menos deberíamos tenerla, para evitar que se pretenda manipular nuestras mentes de una forma tan falaz y tan sólo para obedecer a los fines de algunos partidos y actores de la clase política.

El pasado 22 de abril, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, felicitó al gobierno mexicano de Felipe Calderón Hinojosa y lo puso como ejemplo a seguir en el plano internacional por la forma en la que enfrenta la crisis económica mundial, sobre todo al impulsar mediante estímulos programas sociales efectivos como Oportunidades, lo que permitió a las autoridades federales responder correctamente al fuerte impacto de la crisis, la emergencia sanitaria por el virus de la influenza humana AH1N1, la baja en las remesas, la caída en las exportaciones y la menor inversión.

También en los círculos internacionales han llamado la atención las medidas tomadas por un país en desarrollo como México que le han permitido deslindarse de los impactos de la crisis europea que se ha recrudecido con la marcada recesión de países como Grecia, que ponen al borde del colapso al viejo continente.

Incluso en publicaciones especializadas se ha felicitado abiertamente al gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens Carstens, anteriormente secretario de Hacienda, por las previsiones que se tomaron de manera oportuna en ese sentido.

En su informe trimestral sobre la inflación, presentado el 28 de abril, el gobernador del Banxico señaló que hay estrategias adecuadas para enfrentar la crisis en Europa, como la acumulación de reservas internacionales, la línea de crédito flexible con el FMI y el correcto manejo de la deuda, que en su conjunto han fortalecido la economía mexicana frente a posibles choques provenientes del exterior.

Mientras tanto, el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, ha dado cifras alentadoras en cuanto a la recuperación de la economía mexicana, al señalar que existen pronósticos en el sentido de que este año el crecimiento económico puede alcanzar cifras de entre 4 y 5 por ciento, a pesar de no contar con las reformas estructurales que proponía el presidente Felipe Calderón, contra el 1 por ciento al que aspiran países como Grecia, Portugal, España y hasta Venezuela.

De acuerdo con cifras oficiales, dadas a conocer en la LXXIII Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), el número de empleos generados en México en el primer trimestre de 2010 alcanzó la cifra de los 289 mil, y aunque advirtió que aún hay riesgos para la economía nacional, así como para la internacional, el funcionario federal manifestó que las cifras positivas se deben en gran medida al control que existe sobre la deuda pública, a los ajustes fiscales que derivaron en un ahorro federal del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y a las reformas al sistema de pensiones, que derivaron en un ahorro del 30%, además de los 42 mil millones de pesos que se ahorraron con la extinción de la ineficaz Luz y Fuerza del Centro.

Con todo esto, todos aquellos señalamientos del PRI, del PRD y de otros partidos en torno a que México enfrenta la peor crisis económica de su historia deberían ir acompañados con el reconocimiento de que la recesión se generó en el exterior, que fue la primera no originada por gobiernos priístas, que los precios no aumentan diariamente o de hora en hora como en antaño y en pocas palabras, que contamos con el gobierno que mejor ha sabido sortear la contingencia financiera que ha acabado con las economías de otros países del orbe.

Al hacer un resumen de lo que realmente ocurre, es de llamar la atención que ni el gobierno de Felipe Calderón, ni los dirigentes o legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) hayan tenido una estrategia eficaz para comunicar eficazmente a los ciudadanos sobre los planes implementados en materia económica, así como de contrarrestar las críticas que se les han hecho en respuesta a aviesos intereses. Es verdad que las malas noticias, los rumores y las notas rojas corren más rápido que la información real, pero teniendo a mano los recursos del Estado, lo lógico sería que algo pudieran hacer.

La crisis existe, eso es cierto. Yo dudaría de que fuera la peor que hemos tenido, pero de ser así, pues nos ha ido bien. ¿Cuántas veces a la semana compra tortillas, leche, agua embotellada, frijol, carne, pollo y otros productos de la canasta básica? ¿Los precios suben todos los días?